Se ha hecho público que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene en sus manos una petición de los familiares de dos víctimas de desaparición forzada, ocurridas en las cercanías de la Base Militar de Madre Mía en el poblado de Pucayacu, Huánuco en 1992. Esta denuncia, presentada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, resulta trascendente debido a la gravedad de lo ocurrido y porque uno de los investigados a nivel interno fue el Presidente de la República. Al respecto hay que señalar lo siguiente:
1. La petición de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos tiene como finalidad que el Estado peruano cumpla con la obligación de investigar adecuadamente las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la base militar Madre Mía, las que nadie niega que existieron.
2. Debe tomarse en cuenta que las decisiones del Sistema Interamericano están relacionadas solo con las responsabilidades de los Estados y no de las personas individuales. En caso se termine con un fallo condenatorio a favor de los peticionarios, el Estado tendrá la obligación de investigar las denuncias.
3. La petición fue presentada el 22 de junio de 2010, debido a que la Comisión Interamericana solo da seis meses de plazo, a partir de notificada la decisión que agota los recursos internos, para que las víctimas o familiares presenten un caso (artículo 32 del reglamento de la Comisión). Como se recordará la resolución de la Corte Suprema que archivó esta causa fue emitida el 21 de diciembre del 2009. El único criterio que movió la demanda fue el de obtener justicia para las víctimas.
4. En relación al caso, a nivel de la Comisión, solo existe dicha petición, sin que todavía se haya pasado a la siguiente etapa, en la que dicho órgano debe decidir si la admite o no. De ahí quedan tres etapas: (i) la posibilidad que el Estado y los peticionarios lleguen a una solución amistosa, en base a que el Perú acepte su responsabilidad por los delitos de lesa humanidad y la mala investigación de los hechos en Madre Mía, (ii) de no darse solución amistosa, que la Comisión Interamericana evalúe los hechos y decida presentar una demanda ante la Corte Interamericana o decida no presentar la demanda, y (iii) la Corte Interamericana, luego de un proceso, decidirá si el Estado peruano debe o no reabrir el caso para investigar adecuadamente estos hechos o puede fallar en contra de los peticionarios y las cosas podrían quedar tal como están.
5. Más allá de cómo termine esta causa, el Instituto de Defensa Legal reitera su convicción que los hechos ocurridos en la Base Militar de Madre Mía deben ser investigados de forma eficiente por el sistema de justicia peruano, que hasta la fecha no ha cumplido un rol adecuado.
6. Esa siempre ha sido siempre nuestra posición, tal como en retirada ocasiones lo dijimos durante el proceso electoral. Preferir a Ollanta Humala que al fujimorismo, no implicaba la renuncia a investigar el caso Madre Mía. En esa misma línea, recientemente el IDL ha pedido por escrito al Ministerio de Defensa que diga quién es el “capitán Carlos”, responsable de ocurrido en Madre Mía.
7. Así también creemos que, ante esta demanda, al presidente Ollanta Humala y a todas las autoridades les corresponde ayudar a esclarecer estos hechos. Constituye una obligación y al mismo tiempo es la gran oportunidad para despejar cualquier tipo de duda.
8. Sería absurdo que en lugar de actuarse de esta manera, se le haga caso a los sectores que, a través de una información distorsionada, quieren que se opte, equivocadamente, por la estrategia del ataque contra la Comisión Interamericana. Ello sería contrario al derecho internacional (los tratados se respetan), y levantaría sospechas a nivel nacional e internacional.
Exigimos la inmediata liberación de los trabajadores secuestrados y condenamos la violación a los derechos humanos
Frente al secuestro de 40 trabajadores del Proyecto de Camisea por parte de lo que queda de Sendero Luminoso, el Instituto de Defensa Legal plantea lo siguiente:
- Expresamos nuestra condena e indignación frente a este accionar delictivo. El IDL reitera su rechazo a la violencia de corte terrorista tal como lo hemos hecho a lo largo de nuestra vida institucional.
- El proceder de la columna senderista liderada por los hermanos Quispe Palomino atenta especialmente contra los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables y no tiene ninguna justificación. Con este tipo de actos se revelan ante el país como mercenarios y delincuentes aliados del narcotráfico.
- Expresamos nuestra solidaridad con los trabajadores secuestrados y exigimos su liberación de manera incondicional.
- Por otro lado, instamos a que se realice una profunda investigación. No puede ser que en una zona en la que se encuentran militares y policías se sigan sucintado este tipo de hechos.
- La lucha contra la subversión se debe llevar con energía, eficacia e inteligencia, para que nuestro país pueda salir, de una vez por todas, de estos nefastos episodios.
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