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Viernes, 27 de julio de 2012 | 9:27 am Diario La República
Ex ministro Herrera Descalzi
advirtió que la negociación de los lotes 56 y 88 son el tema de fondo ante la
posible resolución del contrato del lote 56. El Estado debe velar por intereses
nacionales
Carlos Bessombes.
Tras la denuncia de Perupetro
sobre la mala práctica del Consorcio
Camisea por reexportar el gas del Lote 56 y no informar ni pagar las
respectivas regalías al Estado, que llevará al Estado a un litigio
internacional, el problema es mayor.
Según el ex ministro de
Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, el problema de fondo son los
contratos firmados con el Consorcio que desde que se suscribieron, se advirtió
eran perjudiciales para el Estado peruano.
"Fue negociado en
desmedro de los intereses del país", enfatizó Herrera Descalzi a La
República. Indicó que el marco legal del contrato nos ampara, por lo que el Estado peruano
tiene todas las de ganar ante el Tribunal Arbitral Internacional (Ciadi).
En tal sentido, apuntó que no
sólo el Lote 56 podría volver al Estado sino que además el Consorcio
tendría que pagar las regalías que debe (US$ 50 millones) más los intereses,
gastos del proceso arbitral e incluso una penalidad. "El Consorcio Camisea
rompió las reglas del contrato del Lote 56", manifestó.
El ex ministro explicó que si
el Lote 56 retorna a manos del Estado, sería decisión de la nueva
administración de Perupetro sacarlo a licitación tal y como ocurrirá con
los próximos 22 lotes de explotación y exploración.
Jorge Manco Zaconetti, investigador de la UNMSM, reconoció
que si bien el gas comprado a precio Henry Hub a US$ 2,50 por millón de BTU,
era reexportado un precio tres veces mayor, señaló que se debieron agotar los
esfuerzos para llegar a una conciliación antes de ir al arbitraje
internacional. "Hay que respetar los
contratos firmados. No podemos patear el tablero porque a lo que apunta este
gobierno es a traer más inversión", anotó.
Herrera Descalzi precisó que
las acciones legales que se vienen no son un desincentivo para los
inversionistas privados, porque más bien el Estado con su accionar está dejando
en claro que se rige con base en los contratos suscritos y se ampara en el
marco jurídico.
El Consorcio respondió que se
trata de una discrepancia con respecto a la interpretación de una cláusula que
prevé cómo se determina el valor de referencia del gas natural para efectos de
las regalías, lo cual en su posición debe ser resuelto por un árbitro
internacional.
PETROPERÚ UNA OPCIÓN
Según Alejandro Narváez
Liceras, ex presidente de la empresa estatal Petroperú, lo que le corresponde
hoy a las autoridades es preservar los intereses del Estado peruano, lo cual es
técnica y económicamente defendible.
"Yo creo que el Consorcio
va a litigar hasta donde le sea posible, porque además tiene recursos para
hacerlo, pero si el lote en disputa vuelve al país, una opción sería que
Petroperú pueda ingresar", dijo.
En tal sentido, Narváez manifestó que el ingreso de la petrolera estatal no sería descabellado en función a que hoy está buscando ganar rentabilidad para salir al mercado de valores.
En tal sentido, Narváez manifestó que el ingreso de la petrolera estatal no sería descabellado en función a que hoy está buscando ganar rentabilidad para salir al mercado de valores.
EL CONSORCIO DEBERÁ PAGAR
El ex presidente de Perupetro,
Aurelio Ochoa, afirmó a La República que más allá de su presencia en la
administración pública, el arbitraje internacional es la única vía posible para
resolver la diferencia con el Consorcio y que no hay marcha atrás. "Es un
tema irreversible, no hay vuelta que darle. El Consorcio o paga o el contrato
se rompe", afirmó.
Pese a ello, estimó que el
Consorcio teminará pagando las regalías que debe al Estado por re exportar el
gas de Camisea, porque el contrato es claro al señalar que se paga por concepto
de destino de consumo y no de consumo final.
Aurelio Ochoa apuntó que el
fallo sobre el Lote 56 no interferirá con el contrato del Lote 88, donde está
asegurada la devolución de los 2,5 TCF de gas que se destinarán al mercado
interno.
LAS CLAVES
El Gobierno aceptó la renuncia
de Aurelio Ochoa en la presidencia de Perupetro y nombró en el cargo a Isabel
Mercedes Tafur Marín, quien se desempeñaba como gerente de la entidad.
El congresista Rubén Coa dejó
entrever que hubo presiones para la salida de Ochoa por su firme posición en
defensa de los intereses del país. Pedirá explicación a ministro de Energía y
Minas.
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