30-07-2012 Ideeleradio.pe
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Abogado
del Estado, Julio Arbizu, sostuvo que el Congreso debe tomar medidas inmediatas
favor de la imprescriptibilidad.
Ideeleradio.- El Congreso
de la República debe tomar medidas inmediatas contra la prescripción de los
delitos de corrupción, porque en los próximos meses se irán venciendo los
plazos de investigación de los corruptos de la década pasada y estos podrían
salir en libertad sin pagar la reparación civil, planteó el procurador
anticorrupción Julio Arbizu.
Fue el comentar el
mensaje a la Nación del jefe de Estado, Ollanta Humala, quien defendió la
imprescriptibilidad de los delitos de corrupción en agravio del Estado y la
inhabilitación a perpetuidad contra sus autores y cómplices en perjuicio futuro
de la gestión pública.
“En el Congreso está
pendiente todavía la discusión en comisiones y, luego, en el Pleno el proyecto
de ley de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Esto hay que
decirlo claramente en este año, en los próximos meses se van a cumplir los
plazos de prescripción de muchas personas que fueron condenadas en la década
pasada y esto hay que tenerlo en cuenta. Es decir, estas personas van a salir
de prisión sin haber cancelado su reparación civil y, en ese momento se van de
viaje y no vuelven más, hay que tener en cuenta eso”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
“Nosotros esperamos
que el Congreso tome medidas inmediatas, en relación a este problema, […]
habría que proponer una reforma en el Código Penal para que la duplicidad del
plazo de prescripción no solamente alcance a aquellos delitos en los que
efectivamente se ha vulnerado el fisco, los delitos de corrupción no son
delitos contra el patrimonio del Estado que se entienda eso […] basta con que
haya una defraudación de la confianza depositada en el funcionario público para
que el delito esté consumado”, puntualizó.
Sostuvo, por otra
parte, que las transferencias de bienes realizados por los investigados o
sentenciados por delitos de corrupción serán declaradas nulas y precisó que
estas se pueden embargar sin importar en manos de qué persona natural o
jurídica sea propietario de dichos bienes
“Si esos bienes estuvieron
registrados a nombre de estas personas, antes, durante y también después de la
comisión de estos delitos, la trasferencia que se hace posteriormente es nula y
vamos a solicitar la nulidad de todas estas transferencias y vamos a ir tras
esos bienes, también, sin importar en manos de quién esté en este momento
porque hay una sospecha que estas transferencias fueron simuladas […] cuando se
trasfieren bienes con gravámenes, se transfieren con todo y gravámenes,
entonces la persona que compra debe saber eso [que se los pueden quitar] porque
no podían comprar ese bien”, explicó.
En otro momento,
reveló que de alguna forma el exministro de Economía, Carlos Boloña se enteró
del proceso vigente de embargo en su contra. Expresó su preocupación por la
existencia de ciertas redes vinculadas aún al fujimorismo estén en el Poder
Judicial.
“Si es verdad y lo que
ha pasado con Carlos Boloña revela que estas personas todavía tienen vínculos,
tienen redes, tienen sus tentáculos extendidos a nivel de algunas instituciones
o de personas que están vinculadas a la red anticorrupción y digo esto porque
el día previo al embargo, recién se había dictado la orden del juzgado de la
Vocalía de Instrucción para proceder al embargo. No lo sabían más que algunas
personas de la propia vocalía, los policías, obviamente, que apoyaron la
diligencia y tres abogados de la Procuraduría”, precisó.
“Los tres abogados de
la Procuraduría, por supuesto estuvimos todo el tiempo juntos, es decir, yo
descarto plenamente que la información hubiese podido salir de ahí, pero nos
preocupa muchísimo que otras instancias, relacionadas seguramente a redes
infames que se constituyeron antes y que hoy permanecen puedan haber dado aviso
al señor Boloña […] esto puede estar ocurriendo con otros casos también”,
advirtió.
Por otro lado, aclaró
que el trabajo de la Procuraduría Anticorrupción no se centra únicamente en
investigar los ilícitos penales ocurridos en la década de los noventa. Expresó
su preocupación por la lentitud del Poder Judicial y el Ministerio Público en
determinar responsabilidades penales en el caso de los “petroaudios”.
“La Procuraduría no
puede descansar únicamente en ese trabajo [en buscar que se pague las
reparaciones civiles de los casos de corrupción de los años noventa]. El
trabajo es bastante más amplio, estamos haciendo investigación desde el inicio,
en investigaciones preliminares, siguiendo además las instancias judiciales y
siguiendo las condenas de estas personas, estos son casos que todavía están en
giro, me refiero a los casos que se cometieron después de la década de los
noventa”, informó.
“Hay un caso
particular que todos recordamos que es el caso este de ‘Petroaudios’; yo aquí
quiero expresar nuestra preocupación por la dilación con la que está actuando
el Poder Judicial y el Ministerio Público en sus momento. Pero de ese caso que
todavía no tiene fecha del juicio oral […] se investiga la posibilidad de la
comisión de delito, de las personas que participaron en el audio y de otras
personas de las que se habla en esos audios y de las que además se ha tenido
información que hay comunicación entre estas personas, me refiero al señor
Rómulo León y Alberto Químper en relación a presuntos favores que habrían entregado
a otras empresas”, añadió.
Finalmente, dijo que
el Ministerio Público formalizó una denuncia contra Miguel Chehade hermano del
exvicepresidente de la República Omar Chehade. Adelantó que la Procuraduría ha
solicitado que se incluya también en la investigación preparatoria al comando
policial que se reunió con los hermanos Chehade en el restaurant Brujas del
Cachiche.
“Lo que ha decido el
fiscal provincial es efectivamente formalizar denuncia contra el hermano del
señor Chehade, entonces la investigación ha entrado a una etapa de investigación
preparatoria, que es muy importante, que ya es otra etapa”, puntualizó.
“El fiscal no se ha
pronunciado respecto a las otras personas [los policías] nosotros hemos
solicitado que se pronuncie respecto a las otras personas en esta cena. El
fiscal sostiene que hay una participación colateral que no hubo mayor
intervención de estas personas, nosotros no estamos de acuerdo y así se lo
hemos hecho saber al fiscal”, explicó.
Como se recuerda, la
Tercera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción
de Funcionarios, a cargo de Hamilton Castro, inició el pasado 23 de junio una
investigación preparatoria contra Miguel Chehade, hermano del congresista
oficialista Omar Chehade.
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