viernes, 31 de agosto de 2012

PETROPERÚ: Aprobación Mayoritaria Pese a la Derecha Bruta y Achorada


 
 
 
Escribe: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador Universidad Nacional Mayor de San Marcos)

Pese a la campaña infame contra la modernización y fortalecimiento empresarial de PetroPerú de parte de los felipillos de la DBA (Derecha Bruta y Achorada), un mayoritario 72% de los encuestados por Ipsos Apoyo está de acuerdo con el fortalecimiento empresarial y se identifica con la empresa por representar la esencia de la peruanidad que no se contrapone con la globalización de las relaciones sociales. Ello coloca como problema esencial las relaciones del Estado y mercado, es decir ¿cómo resolver y administrar el conflicto entre el interés público y privado?

Con refinados métodos estadísticos de muestreo y teoría de probabilidades, con una muestra representativa en todos los niveles socioeconómicos se puede estimar con un mínimo de error más o menos cinco por ciento, la aprobación, la aceptación o rechazo a una propuesta. Es como si al ser humano con el análisis de una célula se le puede diagnosticar el tipo de enfermedad que adolece.

Así, la última encuesta de Ipsos Apoyo Opinión y Mercado S.A. ante la pregunta a 1,200 ciudadanos, a lo largo y ancho del país, sobre si está de acuerdo o en desacuerdo con el fortalecimiento de PetroPerú, el 72% de la muestra respondió positivamente, siendo en el norte del Perú donde se alcanzó el porcentaje más alto un 79% y el centro aprobó con el 64%, mientras Lima expresó un 71% de aprobación.

Es más, fue el nivel socioeconómico B, es decir la llamada clase media que tiene ingresos menores a los 3,000 nuevos soles mensuales y un mayor acceso a la información, el que expresó la aprobación más alta 79%, ello refuerza la tesis de la identidad con el sentido de lo nacional, como sucede en la identificación del ecuatoriano con Petroecuador, el chileno con ENAP, el colombiano con Ecopetrol, el brasileño con Petrobras, todas empresas petroleras estatales en América Latina.

En la opinión pública se ha internalizado la idea legítima sobre la presencia en nuestro país de eficientes empresas estatales de hidrocarburos y de la energía de terceros países que operan desde hace años, a pesar del discurso liberal y dogmático que se impuso en América Latina en los años noventa del siglo pasado, que dicho sea de paso Brasil, Colombia, Ecuador y Chile no asumieron, a diferencia de Argentina, Bolivia y el Perú.

Una lectura crítica de los resultados de la encuesta empezaría por cuestionar la misma identidad de la empresa consultora, Apoyo S.A., identificada desde los años noventa del siglo pasado con la privatización de la actividad empresarial del Estado al igual que Macroconsult y otras consultoras que realizaron pingues negocios con la dictadura fujimontesinista, pues no solamente asesoraban a las instituciones públicas, en especial a la COPRI responsable de la privatización sino también a los intereses privados, todo en nombre de la modernidad y libertad de los mercados.

Sin embargo el rigor estadístico aplicado en la encuesta permite reconocer una objetividad, una realidad sobre cómo es percibida la petrolera estatal a nivel nacional, a pesar de las limitaciones impuestas por la privatización y los principios constitucionales vigentes sobre el rol subsidiario del Estado en la economía que constituyen una camisa de fuerza para el fortalecimiento de PetroPerú y ElectroPerú.

La privatización de los activos de PetroPerú, tales como lotes petroleros, filiales (Petromar, Solgás, Transoceánica, grifos, Petrolube, etc.), refinería La Pampilla, terminales etc. empezó en 1991 con la transferencia de los llamados lotes marginales de Talara al sector privado, alcanzando su punto más alto en 1996 cuando se privatizaron los lotes de hidrocarburos 8/8X (Trompeteros) y X (Talara), y la refinería La Pampilla, la más importante unidad de procesamiento de crudo que abastece preferentemente al mercado de la capital.

En tal sentido, es urgente y necesario realizar un balance económico financiero y social de la privatización de los lotes de hidrocarburos que fueron privatizados en especial de los contratos próximos a su vencimiento. De igual forma se debe estimar cuál fue el monto de las regalías y del impuesto a la renta pagado al Estado, las inversiones efectuadas en las unidades privatizadas y los volúmenes de reservas de hidrocarburos existentes a la fecha.

Ello es más urgente y necesario en razón del interés de la transnacional Repsol de España de transferir sus activos en América Latina, luego de la estatización de YPF por el gobierno argentino, que representaba el 50% de los activos de la transnacional en la región. Si a ello se suma los problemas financieros de España y los fabulosos niveles de endeudamiento público privado de empresas y bancos afectando a los principales accionistas de la transnacional española.

Como inferencia habría el interés de Repsol de vender los grifos de bandera que tienen en el Perú y su participación en la Refinería La Pampilla que fue privatizada a precio vil en 1996. En tal sentido, las inversiones necesarias para reducir el azufre en el diesel a 50 partes por millón costarían más de US$ 1,000 millones de dólares en la refinería, por ello las mismas no estarían en los planes de la empresa a pesar del discurso de sus más altos funcionarios.

¿POR QUÉ EL APOYO?

A pesar del tiempo transcurrido la encuesta de Apoyo debe ser analizada desde varios enfoques. Uno de ellos tiene que ver con la identidad nacional y la peruanidad. La empresa PetroPerú a pesar de sus 43 años de permanencia disminuida en el mercado de combustibles pues no extrae ningún barril de crudo ni produce una molécula de gas natural, está ligada a la peruanidad, a la forma y esencia de ser peruano, con todas sus virtudes y defectos.

Es una de las pocas empresas peruanas con las cuales se identifica la población, después de la defección de las tiendas Wong adquirida por capitales chilenos, o la captura de la Inka Kola por capitales transnacionales. En cierta medida está en el subconsciente colectivo como el cebiche, de allí la defensa y/o identificación con una empresa que en los últimos tiempos quiere resurgir como el ave fénix, con lotes petroleros, terminales, grifos y buques propios, a pesar de la oposición del pensamiento liberal.

Al satisfacer el 48 por ciento del mercado de combustibles la opinión pública percibe que la petrolera estatal regula los precios evitando los abusos de mercado de parte de los privados, de allí que estrictas razones económicas expliquen la necesidad de su fortalecimiento. La petrolera estatal con sus limitaciones abastece en recónditos lugares donde no resulta atractiva la venta para la competencia.
 
Que solamente un 12% de los interrogados desaprueben su fortalecimiento no significa necesariamente que apuesten por su privatización, y que un 16% no precisa una opinión, demuestra la necesidad de explicar mejor las ventajas para el país y al ciudadano de a pie, de tener una empresa petrolera integrada, con producción de crudo y gas por un lado, es decir con participación en los lotes de hidrocarburos, y de otro lado, con estaciones de servicios de combustibles (grifos).

El fortalecimiento y modernización de PetroPerú no solamente está ligado a la producción de combustibles limpios en la Refinería de Talara que permitirá ganancias ambientales al conjunto de la población del país, ni a la posibilidad de refinar los crudos pesados provenientes de la selva norte, que hoy se exportan. También se relaciona con su participación directa en la producción de crudo y en los nuevos negocios como el gas natural y el gas licuado de petróleo (GLP), con la posibilidad de envasar y comercializar el gas licuado a través de grifos propios.

En síntesis, el fortalecimiento de PetroPerú significa su integración vertical con producción propia y distribución minorista y su participación en los nuevos negocios. Ello supone una renovación de su plana gerencial pues no se puede ser gerente por acumulación de servicios sino por sus resultados y buenas prácticas. Implica la mayor transparencia en sus actividades de compra y venta, en especial de la adquisición de crudo que se prestan a suspicacias empresariales.

Esta encuesta aprobatoria debiera servir a la nueva administración para cortar de una vez por todas con las “manzanas podridas” que aún se mantienen en PetroPerú. Constituye un voto de confianza que debe ser aprovechado para acelerar su fortalecimiento y modernización con transparencia como es el deseo de la mayoría de peruanos.
 

PRIMER PROCESO DE CONSULTA PREVIA SE EFECTUARÁ ENTRE PUEBLOS INDÍGENAS DE LORETO PARA INICIAR EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS


 
PerúPetro lanzará licitación pública del Lote 1AB

El Ejecutivo pondrá en marcha la primera consulta previa entre las comunidades indígenas de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes y Tigres, en la Región Loreto, antes de la suscripción del contrato de explotación de hidrocarburos del lote 1AB. Previamente, PerúPetro procederá a la licitación pública del referido lote para elegir al operador.
El anuncio fue realizado en la Presidencia del Consejo de Ministros durante la reunión de trabajo entre representantes del Gobierno y los dirigentes de las federaciones indígenas FECONACO, FEDIQUEP, FECONAT y ACODECOSPAT.
El Viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra Quispe, dijo que la aplicación de la Ley de Derecho a Consulta Previa, pone de manifiesto el compromiso del Gobierno de consolidar una nueva relación del Estado con los pueblos indígenas del país.
Asimismo, invocó a los representantes de las federaciones indígenas de Loreto a trabajar desde este momento sobre el Plan de Consulta que incluirá la identificación de las comunidades indígenas a ser consultadas, los plazos, idiomas, representantes y otros que son necesarias para un adecuado proceso de consulta.
A su turno, la presidenta de PERUPETRO, Rosa Ortiz Ríos, expuso sobre el proceso de licitación. Indicó que la consulta se desarrollará antes de la suscripción del contrato de operaciones. Ello con el propósito de asegurar que los acuerdos alcanzados en el proceso de consulta, formen parte de la medida administrativa que adopte el Estado, en cumplimiento del Convenio 169 de la OIT y la Ley N° 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u originarios.
En esta reunión, también se informó sobre los avances de los grupos de trabajo ambiental y social de la Comisión Multisectorial de naturaleza temporal adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, encargada de analizar, diseñar y proponer medidas que permitan mejorar las condiciones sociales y ambientales de las poblaciones de las cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón del departamento de Loreto.
Los dirigentes indígenas Andrés Sandi (FECONACO), Alfonso López (ACODECOSPAT), David Chino (FEDIQUEP) y Froilán Pizango (FECONAT) expresaron su satisfacción con la política del actual gobierno de reconocer a los pueblos indígenas que se manifiesta a través de la implementación de la Ley de consulta y se comprometen a seguir dialogando para la construcción de un país intercultural e incluyente.

El Departamento de Defensa de EEUU: el mayor contaminador del planeta


El ejército estadounidense es responsable de la contaminación más atroz y extendida del planeta. Aun así, esta información y los documentos que la acreditan prácticamente no se publican. A pesar de las evidencias, el impacto del ejército estadounidense sobre el medioambiente para nada es un tema tratado por las organizaciones medioambientalistas; tampoco fue el centro de ninguna de las discusiones o de las propuestas de restricciones en la reciente Conferencia sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas en Copenhague.

Red Voltaire | 29 de agosto 2012

Este impacto incluye el uso indiscriminado de combustibles fósiles, gran producción de gases de efecto invernadero y una gigantesca emisión de contaminantes radiactivos y químicos en el aire, agua y suelo.
Las extensas operaciones militares globales de EEUU (guerras, intervenciones y operaciones secretas, más de 1,000 bases en todo el mundo y 6,000 instalaciones en EEUU) están exentas de limitaciones para el vertido de gases de efecto invernadero. La investigadora política Sara Flounders escribió: «De cualquier forma que se mida, el Pentágono es el más grande consumidor de productos petroleros y de energía en general. Aun así, el Pentágono sale totalmente exonerado en todos los acuerdos internacionales sobre el clima».

Mientras los informes oficiales de EEUU reportan el uso militar de 320,000 barriles diarios de petróleo (50,9 millones de litros), ésa cantidad no incluye el combustible consumido por los contratistas, o en instalaciones arrendadas o privadas, o en la producción de armas.
El aparato militar de EEUU es el principal generador de dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero que la mayoría de los científicos consideran responsable de provocar del cambio climático. Steve Kretzmann, director de Oil Change International, informó que «la guerra de Iraq fue responsable de por lo menos el equivalente a 141 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono (MMTCO2e) desde marzo de 2003 a diciembre de 2007. (…) Esa guerra emite más del 60 por ciento de lo que el resto de los países… A esta información no se puede acceder con facilidad, pues las emisiones del ejército en el extranjero están exentas de incluirse en el reporte nacional bajo la ley estadounidense y la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático».

De acuerdo con Barry Sanders, autor del libro The Green Zone: The Environmental Costs of Militarism (La zona verde: costos medioambientales del militarismo): «la más grande agresión contra el medioambiente, contra todos nosotros alrededor del mundo, proviene de una sola agencia: las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos».

A través de una larga historia de preparativos militares, acciones y guerras, el militarismo de EEUU no ha sido señalado como responsable de los efectos de sus actividades sobre el medioambiente, las personas o los animales. Durante las negociaciones de los Acuerdos de Kyoto, en diciembre de 1997, EEUU exigió como condición para su firma esta exenta de límites o reducciones para todas sus operaciones militares por todo el mundo, incluyendo acciones con participación de la ONU y la OTAN.
Después de lograr esta concesión, la administración Bush rechazó firmar los acuerdos y el Congreso de EEUU aprobó una disposición explícita que garantizaba que el ejército de EEUU no estaría limitado por reducciones o limitaciones para el uso de la energía.


El documental Baraka (1992) muestra las aberraciones del ser humano con relación a nosotros mismos, con nuestros semejantes, la falta de conciencia hacia nuestro medio ambiente, vital para nuestra supervivencia. El capítulo empieza con la invasión de Irak por EEUU y la destrucción de los campos petrolíferos.

Los informes de la periodista especializada en temas medioambientales Johanna Peace divulgaron que las actividades militares continuarán estando exentas, al contar con el apoyo de un decreto firmado por el presidente Barack Obama que pide reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero antes de 2020 a otras agencias federales. Peace aseguró que «El ejército es responsable del 80 por ciento de la demanda de energía del gobierno federal».

Tal como están las cosas, el Departamento de Defensa es el contaminador más grande del mundo, produciendo desechos más peligrosos que las cinco más grandes compañías químicas de EEUU juntas. Uranio empobrecido, petróleo, combustibles, pesticidas, agentes defoliantes –como el Agente Naranja–, plomo y grandes cantidades de radiación derivadas de la producción, prueba y uso de armas, son solo algunos de los agentes contaminantes con los cuales el ejército estadounidense está contaminando el medio ambiente. Flounders identifica algunos ejemplos claves:

Algunos ejemplos claves:

Uranio empobrecido: decenas de miles de libras de micropartículas de residuos radioactivos y altamente tóxicos contaminan el Medio Oriente, Asia Central y los Balcanes.

• Las minas terrestres y las bombas de racimo de fabricación estadounidense diseminadas en grandes áreas de África, Asia, Latinoamérica y el Medio Oriente continúan provocando muerte y destrucción, incluso después del fin de las guerras.

• Treinta y cinco años después de la Guerra en Vietnam, la contaminación por dioxina es tres a cuatro veces más alta que los niveles «seguros», trayendo como consecuencia severos defectos de nacimiento y cáncer que llegan hasta la tercera generación de las personas afectadas.

• Las políticas militares estadounidense y la guerra en Irak han provocado severos niveles de desertificación en el 90% de las tierras de este país, antiguo exportador de alimentos convirtiéndolo en un importador del 80% de sus productos alimenticios.

• En los EEUU, las bases militares encabezan la lista Superfund que incluye los sitios más contaminantes, mientras el perclorato y el tricloroetileno se van filtrando en el agua potable, en los acuíferos y en el suelo.

• Las pruebas nucleares realizadas en el suroeste de los EEUU y en las Islas del Pacífico han contaminado miles de acres de tierra y agua con radiación, en tanto los desechos de uranio dañan las reservas de los Navajos.

• Los barriles de químicos y solventes herrumbrosos y millones de municiones son abandonados ilegalmente por el Pentágono en bases militares alrededor del mundo.

EEUU planea una enorme concentración de fuerzas militares, por 15 mil millones de dólares, en la isla Guam, en el Pacífico. El proyecto, que transformaría a la isla de 50 km de largo en un centro importante para las operaciones militares de EEUU en el Pacífico, se ha descrito como la concentración de fuerzas militares más grande de la historia más reciente y podría conllevar a la llegada de nada menos que a 50,000 personas a esa pequeña isla. El abogado de derechos civiles Julian Aguon, de la etnia chamoru –nativa de Guam–, advirtió que esta operación militar traerá a la isla consecuencias sociales y ambientales irreversibles. Como un territorio no incorporado, o colonia de EEUU, la gente no tiene derecho a la autodeterminación, ni posee ningún medio gubernamental para oponerse a una ocupación impopular y destructiva.


Ensayos nucleares del ejército de EEUU en las islas Bikini, Polinesia.

Entre 1946 y 1958, EEUU arrojó más de 60 armas nucleares sobre Islas Marshall. La cercana población chamoru de Guam, que además está en la dirección del viento, todavía experimenta alarmantes tasas de cáncer asociado.

En el Capitolio, las conversaciones se han limitado a decidir si los trabajos de construcción militar planificados deben otorgarse a estadounidenses del continente, a trabajadores extranjeros o a residentes de Guam. Pero raramente se escuchan las preocupaciones sobre los indígenas de Guam (la etnia chamoru), que constituyen más de un tercio de la población de la isla. Entretanto, como si el mundo ya no estuviera bastante contaminado por el ejército de EEUU, un nuevo plan estratégico quinquenal de la marina de guerra esboza la militarización del Ártico para defender la seguridad nacional, las riquezas submarinas potenciales y otros intereses marítimos, anticipándose a que el océano Ártico tendrá vías seguras de acceso y abrirá sus aguas hacia 2030. Este es un plan estratégico para las operaciones de ampliación de la flota, desarrollo de recursos, investigación, turismo, y posiblemente podría reformular de nuevo el transporte global.

Mientras el plan propone «asociaciones fuertes» con otras naciones (Canadá, Noruega, Dinamarca y Rusia, que también han hecho inversiones sustanciales en armamento militar apto para el Ártico), es muy evidente que EEUU se ha tomado en serio el aumento de su presencia militar y capacidad naval de combate. Además del rearme naval previsto, EEUU estacionó en Anchorage, Alaska, 36 aviones de combate F-22 Raptor stealth fighter (indetectables por radar), lo que constituye el 20% de su flota en este tipo de armamento. Algunos «Puntos de Acción» del documento Hoja de ruta (roadmap) Ártico de la Marina estadounidense incluyen:

● Evaluación de la capacidad actual y requerida para ejecutar guerra submarina, guerra expedicionaria, guerra relámpago, sistema de transportación estratégico y cooperación de seguridad regional.

● Evaluación de las amenazas actuales y pronosticadas para determinar las amenazas más peligrosas y probables en la región ártica en 2010, 2015 y 2025.

● Brindar atención a las amenazas para la seguridad nacional de EEUU, aunque también pueden considerarse las amenazas para la seguridad marítima. Detrás de la apariencia pública que ofrece la cooperación ártica internacional, Rob Heubert, director adjunto del Centro de Estudios Militares y Estratégicos de la Universidad de Calgary, señaló: «Si leen el documento cuidadosamente observarán un dualidad en el lenguaje, por una parte dicen: tenemos que comenzar a trabajar juntos… y por otra: tenemos que conseguir nueva instrumentación para nuestros oficiales de combate … Están entendiendo claramente que el futuro no es tan agradable como plantean todas las declaraciones de carácter público».

Más allá de las preocupaciones por los conflictos humanos en el Ártico, ni siquiera se están considerando las consecuencias de la militarización para el medio ambiente. Y, teniendo en cuenta los antecedentes de devastación ambiental que ha causado el ejército de EEUU, este silencio es inaceptable.

Actualización de Mickey Z.


Mientras escribo esta «actualización», los drones (aviones teledirigidos) vuelan sobre Afganistán, Iraq y Paquistán, el petróleo se derrama en el Golfo de México y el 53,3% de nuestros aportes en impuestos es destinado al ejército de EEUU. Más sencillo, no se siente la diferencia entre la esperanza y el cambio y el shock y el miedo… sin embargo, los grandes medios continuarán difundiendo mentiras bipartidistas. Vincular a los movimientos pacifistas y con los medioambientales sigue siendo un paso muy necesario. Como me dijo recientemente Cindy Sheehan, «pienso que una de las mejores cosas que podemos hacer es mirar la transformación económica de la industria de defensa hacia la industria verde, trabajando en formas de energía sustentables y renovables, y/o a través de la comunicación con los indígenas que están intentando reclamar por la contaminación del complejo militar-industrial en sus tierras. Lo mejor sería comenzar a niveles locales el reclamo por un planeta sano para la vida».

Todo es cuestión de reconocer las conexiones, cómo nos manipulan a apoyar las guerras y cómo esas guerras están matando a nuestro ecosistema. También debemos reconocer nuestra conexión al mundo natural, ya que si miramos todas las cosas vivas, incluyéndonos a nosotros mismos, como parte de un alma colectiva, ¿cómo no vamos a defender lo que necesita esa alma colectiva con todos los medios disponibles?

Estamos al borde del hundimiento económico, social y ambiental. En otras palabras, ésta es la mejor época de la historia para ser un activista.

Actualización de Julian Aguon


En 2010, el pueblo de Guam se prepara para una militarización catastrófica, casi sin paralelo en la historia más reciente. Planificada para comenzar formalmente este año, esta concentración de tropas le está pisando los talones a la decisión de EEUU de fortalecer su presencia militar en la región Asia-Pacífico. En el centro del esquema de realineamiento militar de EEUU se encuentra el reñidísimo acuerdo entre Washington y Japón para el traslado de miles de infantes de marina estadounidenses desde Okinawa a Guam. Este fatal desenlace, ligado a la percepción estadounidense de China como amenaza a su seguridad, augura grandes daños a la población y al medioambiente de Guam, y sin embargo, continúa siendo prácticamente desconocido para los estadounidenses y el resto de la comunidad internacional.

Lo ocurre en Guam es interesante, pues mientras EEUU envía a sus soldados y ciudadanos a la guerra con el pretexto de «diseminar la democracia» en su propia patio, toda una civilización de supuestos estadounidenses miran con ansiedad como la gente por las cuales no podemos votar y que están a miles de millas de distancia, toman decisiones en nuestro nombre a costos etnocidas.

Aunque esta concentración de tropas signifique el cambio demográfico más volátil de la historia reciente de Guam, la población de la isla nunca ha tenido una oportunidad de participación significativa en ninguna discusión sobre el tema. Hasta la fecha, la escasa cobertura periodística del rearme militar se ha centrado casi exclusivamente alrededor de EEUU y Japón, ignorando la oposición de los habitantes de Guam. De hecho, el reportaje de Democracy Now! «Residentes de Guam se organizan contra planes de emplazamiento militar por 15 mil millones de dólares en la isla del Pacífico» fue el primer informe de los medios estadounidenses de consideración en relación con este emplazamiento desde 2005. Mucho menos entonces se ha tenido en cuenta la oposición de este pueblo.

El quid de esta historia no está tanto en los detalles más agudos del emplazamiento militar, más bien en el contexto político más grande del colonialismo del siglo XXI. Bajo la ley de EEUU, Guam es un territorio no incorporado. Lo cual significa que Guam es un territorio que pertenece a EEUU, pero no forma parte de este. Como territorio no incorporado la Constitución de EEUU no procede automáticamente. Lo que sucede en realidad es que, el Congreso de EEUU tiene amplios poderes sobre los territorios no incorporados, incluyendo el poder de elegir qué partes de la Constitución se aplican a estos. Realmente, Guam aún está bajo el mandato de la Oficina de Asuntos Insulares del Ministerio del Interior de EEUU.

Bajo el derecho internacional, Guam es un territorio sin gobierno propio, o colonia reconocida por la ONU, cuya población todavía tiene el más elemental derecho a la autodeterminación. El artículo 73 de la Carta de Naciones Unidas, que instituye los derechos de las poblaciones de territorios no autónomos, establece que aquellos estados que los gobiernan «reconozcan que el principio de que los intereses de los habitantes son supremos». Estos «poderes de administración» aceptan como «creencia sagrada» la obligación de desarrollar gobiernos autónomos en los territorios, teniendo en cuenta las aspiraciones políticas del pueblo. Como indican los tratados internacionales y las leyes habituales, la población colonizada de Guam tiene derecho a la autodeterminación bajo el derecho internacional que EEUU reconoce, por lo menos en teoría.

El despliegue de fuerzas militares, sin embargo, revela el fracaso de EEUU en cumplir su obligación legal internacional. Esto es particularmente preocupante ante el hecho de que este mismo año 2010 marca el término formal del plazo –no de una, sino de dos décadas– establecido internacionalmente por la ONU para erradicar el colonialismo.

En 1990, la Asamblea General de la ONU proclamó 1990-2000 como la Década Internacional para la Erradicación Definitiva del Colonialismo. Hacia el fin de ese plazo, la Asamblea General adoptó un plan de acción detallado para acelerar el fin de todas las formas de colonialismo.
En 2001, argumentando la falta de progreso real durante la primera década, la Asamblea General proclamó una segunda década para hacer efectiva esta meta. Y esta década está terminando, y sólo Timor Oriental (o Timor Leste) ha logrado alcanzar la independencia de Indonesia en 2002.

En noviembre de 2009 –un mes después de la aparición del reportaje «Residentes de Guam se organizan contra planes de emplazamiento militar por 15 mil millones de dólares en la isla del Pacífico»–, el departamento de Defensa de EEUU lanzó una «Declaración de Impacto Ambiental» (DEIS, por su sigla en inglés) sin precedentes, detallando por primera vez en 11.000 páginas la verdadera connotación de la total militarización para Guam.

En su punto más crítico, este emplazamiento militar llevará a más de 80.000 nuevos residentes a Guam, incluyendo más de 8.600 infantes de marina de EEUU y a sus 9.000 acompañantes, a 7.000 supuestos empleados flotantes de la marina de guerra de EEUU, de 600 a 1.000 personal del ejército y a unos 20.000 trabajadores extranjeros contratados para las construcciones militares.

Este «tsunami humano», como se le está llamando, representa un grueso aumento del 47% de la población total de Guam en un período de cuatro a seis años. Hoy, la población total de Guam asciende a 178.000 personas, donde los indígenas chamoru son solamente el 37% de esta población. Estamos siendo testigos de un cambio demográfico volátil y casi repentino, de la composición de esta isla; incluso el ejército de EEUU admite que esto conllevará al desalojo político de la etnia chamoru. Para poner en contexto este etnocidio, digamos que justo antes de la Segunda Guerra Mundial, el pueblo chamoru constituía más del 90% de la población de Guam.

Como núcleo de esta concentración de tropas se proponen tres acciones importantes:
1) la construcción de instalaciones permanentes y de infraestructura para apoyar la totalidad del espectro del entrenamiento de guerra de miles de infantes de marina reubicados;
2) la construcción de un nuevo muelle de aguas profunda en el único puerto de la isla para dar paso a portaaviones nucleares; y
3) la construcción de una Fuerza de Tarea Conjunta para la Defensa Antimisil - modelada en la Base de Pruebas de Mísiles Balísticos Ronald Reagan en las Islas Marshall- para la intercepción de misiles balísticos intercontinentales.

En cuanto a los impactos negativos, estas construcciones significarán, entre otras cosas: la destrucción de mesetas de caliza arbolada y la profanación de sitios de enterramiento de unos 3.500 años; también la restricción para el acceso a áreas ricas en plantas indispensables para la práctica de la medicina indígena; la negación de acceso a lugares de culto y zonas de pesca tradicionales; la destrucción de unas 28 hectáreas de arrecife de coral florecientes, que hoy sirven de hábitat indispensable para muchas especies en peligro de extinción; y el sobreconsumo de las reservas de agua de Guam, incluyendo la perforación de otros 22 pozos adicionales. Además, aumentará enormemente la probabilidad de accidentes relacionados con la actividad militar. Ya ocurrieron sietes accidentes aéreos durante el entrenamiento militar desde agosto de 2007 a julio de 2008, el más reciente fue el bombardero B-52, en el cual murió toda la tripulación.
La presencia creciente de fuerzas militares de EEUU en Guam también aumenta la vulnerabilidad de la isla como blanco de los enemigos de EEUU.

Finalmente, un tema que ha conllevado a discusiones más acaloradas sobre Guam ha sido el anuncio de que el Departamento de Defensa, en caso necesario, sacrificará otras 890 hectáreas de tierra de Guam para la futura construcción de nuevas instalaciones militares. Este nuevo atraco de tierras ha sido enfrentado con crecientes protestas por parte de los residentes de la isla, principalmente debido a que el ejército de EEUU posee ya cerca de una tercera parte de la pequeña isla, que en su mayoría fue ocupada ilegalmente después de la Segunda Guerra Mundial.

En febrero de 2010, tras realizar la revisión de la DEIS, la Agencia de Protección Ambiental de EEUU (EPA, por sus siglas en inglés) la evaluó de «insuficiente» y «ambientalmente insatisfactoria», otorgándole el grado más bajo posible para una DEIS. Entre otras cosas, las investigaciones de la EPA sugieren que la infraestructura hidráulica de Guam no pueda aguantar el boom poblacional y que recursos de agua dulce estarán en alto riesgo de contaminación.
La EPA predice que si no se mejora la infraestructura del sistema hidráulico, la población que reside en las afueras de las bases experimentará un déficit de agua de 49,6 millones de litros diarios en 2014.

La agencia indicó que los planes masivos de emplazamiento militar del Pentágono en Guam «no deben proceder de la forma propuesta». A la población de Guam le dieron apenas 90 días para leer el voluminoso documento de 11.000 páginas y comentar sobre su contenido; el período de 90 días para estos comentarios culminó el 17 de febrero de 2010, con una fecha de registro de puesta en marcha de inmediato.

La respuesta a este tema en los grandes medios de EEUU ha sido un silencio ensordecedor. Desde que se anuncio por primera vez el emplazamiento militar en 2005, han pasado tres años y ningún medio de comunicación de EEUU se ha pronunciado sobre el tema. En realidad, la entrevista en Democracy Now! de octubre de 2009 fue la primera cobertura informativa nacional de peso sobre el emplazamiento militar.

jueves, 30 de agosto de 2012

“Negacionismo’ y desatino”


Reproducción de la columna 'Las Palabras' publicada en la edición 2247 de la revista 'Caretas'.
Por: Gustavo Gorritti
Gustavo Gorriti
Director de Ideele Reporteros
TODA democracia tiene el deber de defenderse. Especialmente de quienes intentan utilizar sus derechos y libertades para destruirla. La devastación histórica del fascismo y el nazismo, que marcó el siglo XX, trajo, entre otras amargas lecciones, la conciencia de la necesidad imperativa de defenderse a tiempo de los enemigos de la libertad.

Mussolini y Hitler llegaron al poder mediante mecanismos electorales mezclados con violencia callejera y sin guardar secreto respecto del profundo desprecio que sentían hacia la democracia y sus mecanismos de delegación del poder.

Una vez que tomaron el gobierno no tardaron en destrozar la democracia mediante la más organizada y sistemática brutalidad. Años después, luego de decenas de millones de muertos, sobre los escombros del nazismo derrotado en la más grande guerra de la Historia, el consenso entre los aliados occidentales abocados a la tarea de construir una nueva Alemania fue hacer imposible que en el futuro se pudiera utilizar la democracia contra sí misma.

Así, los partidos y los grupos opuestos a la democracia o enemigos de ella, fueron marginados del sistema. El ejercicio de la democracia, incluyendo la competencia por el poder mediante el voto, quedó reservado a las mayorías leales a ella.

Pero todo esto se realizó bajo la premisa de que la respuesta razonable a cualquier circunstancia de peligro es asegurar que la severidad de las medidas de defensa corresponda a la severidad de la amenaza. Un peligro grave requiere una respuesta fuerte; y una amenaza leve demanda una respuesta proporcional

"Así como la democracia aprendió que tiene el deber de defenderse, la lección complementaria es que las medidas de defensa deben ser pocas, limitadas y solo ejecutadas cuando resulte indispensable".

Este largo exordio es para discutir la iniciativa legal del Ejecutivo que intenta penalizar con cárcel el supuesto delito de “negacionismo”, definido por el primer ministro Juan Jiménez como el castigo penal a “aquellas personas que nieguen los delitos de terrorismo cometidos por organizaciones subversivas como Sendero Luminoso y el MRTA […] Quienes nieguen que en el Perú hubo una masacre por parte de estas organizaciones criminales, serán sancionados porque incurrirán en el delito del negacionismo”.

La ministra de Justicia Eda Rivas dijo a su turno que el proyecto antinegacionista del gobierno, “…busca penalizar a aquellas personas que públicamente y por medios idóneos, en este caso públicos, aprueben, justifiquen, nieguen o minimicen los delitos de terrorismo”.

El proyecto de ley del Gobierno ha recibido críticas de todos lados: desde la derecha, la izquierda, el centro y hasta dentro de sí mismo. La vicepresidenta Marisol Espinoza, por ejemplo, advirtió en RPP sobre los peligros de ese proyecto de ley.

Hasta Aldo Mariátegui, en un editorial el lunes 27, escribió que “la iniciativa me parece una reverenda bobada”.

En su artículo semanal en La República, Rocío Silva Santisteban, hace notar –igual que otros– que el proyecto de ley es uno que, antes que nombre propio tiene siglas propias (léase Movadef), pero que no considera los crímenes cometidos por grupos estatales o paraestatales.

Al margen de esas fallas, Silva Santisteban considera que con ese proyecto, “el peligro que se abre es catastrófico: se podría usar esta ley más adelante, ampliándola, para penalizar el pensamiento o el debate cuando el Estado peruano reconoce que no hay delitos de opinión”.

CARLOS Tapia es de parecida opinión. Tapia dijo, en La Primera, el día lunes, que hay una “Delgada línea que separaría la apología a favor de la subversión terrorista, de la libertad de investigación y aclaración de lo sucedido durante esos aciagos años”.

En un artículo – “Caza de brujas”– publicado el domingo en La República, Augusto Álvarez refuta con elocuencia la presunta utilidad de la ley “antinegacionista”: “¿Quién va a definir, por ejemplo, qué es “lenguaje de odio que afecta a la democracia”? ¿Habrá una sola interpretación de lo ocurrido en las dos décadas de violencia? ¿Quién determinará las razones del surgimiento de Sendero? ¿Qué se podrá decir sobre el papel de las Fuerzas Armadas? ¿Qué se deberá callar sobre el grupo Colina? ¿Habrá que cambiar la interpretación según el gobierno de turno? […] ¿Podrá alguien opinar, con su criterio personal, que una dictadura o una monarquía producen mejor resultado que una democracia?”

Finalmente, en su columna semanal en Diario16, Ernesto de la Jara precisa su oposición al proyecto, no solo porque “viola la libertad de expresión y puede ser fuente de abusos”, sino por los peligros de hacer una ‘comisión especial’ que puede usurpar funciones judiciales, sino porque en el futuro podría terminar reexaminando la memoria colectiva “desde una perspectiva fujimorista”.

Creo que ni el adivino más despistado le auguraría longevidad al proyecto de Jiménez y Rivas. Aunque se apoye en referencias históricas a medidas no solo defendibles en su circunstancia sino plenamente justificadas, en este caso el proyecto está mal planteado, pobremente pensado y termina siendo peligroso.

Es correcto argumentar, como lo hace Eda Rivas, que la “propia libertad de expresión tiene los límites expresados…”. Tiene, en efecto, ciertos límites, y está bien que sea así.

NADIE tiene, por ejemplo, el derecho de gritar “¡fuego!” o “¡terremoto!” en un lugar cerrado sin que exista el peligro. Nadie tiene, tampoco, el derecho a incitar al odio y menos a la violencia, especialmente si estos tienen como objetivo de su hostilidad la raza, la religión, el pensamiento o el tipo de actividades eróticas o copulatorias entre adultos.

La radio Hutu en Ruanda, instando el genocidio de los Tutsi, por ejemplo, usó en forma monstruosamente criminal el derecho a la libertad de expresión y si hubiera sido prontamente reprimida en lugar de alentada, se hubiera prevenido una de las mayores tragedias contemporáneas en África y el mundo.

Pero, como se ve, todos los casos mencionados como ejemplo, son extremos y gravemente criminales.

Así como la democracia aprendió que tiene el deber de defenderse y que eso puede suponer limitar en algunos casos la libertad de expresión; la lección complementaria es que esas medidas de defensa deben ser, por su propia naturaleza, pocas, muy limitadas y solo puestas en práctica cuando resulte indispensable.

En la inmensa, la abrumadora mayoría de casos, el debate, la discusión libre, fortalecen y no debilitan el sistema democrático.

Los hechos de la insurrección senderista y la guerra interna que vivió el país no han sufrido por el debate sino por el olvido, por la falta de esclarecimiento, de precisión en el detalle de los hechos y procesos, en el examen de estrategias, de actos de guerra y medidas de supervivencia, de crueldad o de empatía, en las miles de historias de pueblos, villorrios y comarcas donde transcurrieron los años de tragedia.

El ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, que en la CVR estuvo a cargo de las investigaciones especiales, sabe que, por razones diversas y condenables, el trabajo de la CVR fue sometido desde el comienzo a un sostenido ataque, que buscó desprestigiarla y descalificarla, mucho antes de conocer su informe.

Todos esos intentos de descalificación a priori, con la participación de individuos como Rafael Rey, no tuvieron otro objetivo que perpetuar la amnesia, impedir el recuerdo, para poder impostar eventualmente las etiquetas dogmáticas de una seudo historia sobre la realidad de lo ocurrido.

¿Qué le pasó a Pedraza que no le dijo a sus colegas de gabinete que el trabajo de la CVR apenas había empezado el proceso de conocimiento, aclaración, crónica, historiografía e interpretación de la guerra interna? ¿No pudo él, o el propio Presidente, a partir de su experiencia, hacerles saber que lo último que necesitamos, y lo último que aceptaremos, es que una instancia oficial nos quiera imponer verdades oficiales, dogmas burocráticos, que cierren el debate, la investigación y su interpretación de lo que pasó en nuestro país?

El gobierno debe evitarse una vergüenza, un bochorno mayor y retirar, calladito y en puntas de pie, el superlativamente desatinado proyecto. Y luego de eso, la ministra de Salud debiera repartir megadosis de complejo B entre sus colegas. Hay varios que lo necesitan con premura.

 

IDL: Fujimori mostró interés en fallo de Villa Stein al enviar a Nakazaki a audiencia de Corte IDH


Ideeleradio.- El expresidente Alberto Fujimori estuvo presente en la audiencia de seguimiento que realizó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a través de César Nakazaki, y con ello mostró un interés de utilizar jurídicamente a su favor el fallo que emitió la Sala Penal Permanente que benefició particularmente a los miembros del grupo Colina, opinó Carlos Rivera, director adjunto del Instituto de Defensa Legal (IDL).

“Hay un hecho relevante que nadie advirtió; César Nakazaki había solicitado informar como tercero interviniente, la Corte no le permitió porque no es parte del caso. Él ha presentado un amicus [curie] y estuvo presente en la audiencia. […] Yo diría que Fujimori estuvo presente a través del doctor Nakazaki y mostrando un interés absolutamente relevante. La Corte no queda acá a la vuelta de la esquina, hay que hacer un esfuerzo logístico para irse [a Costa Rica], pero demostró su interés en seguir el debate en términos personales”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Y, obviamente, [Fujimori y Nakazaki] están no particularmente interesados en que la Corte se traiga abajo esta sentencia [de Villa Stein], sino particularmente interesados en que esta sentencia permanezca en términos vigentes para que eventualmente, como el ya lo advirtió, pueda utilizarlo en términos de documento referencia y jurisprudencia; ese me parece un hecho muy importante”, anotó.

Rivera Paz dijo que este hecho resulta curioso porque Nakazaki Servigón fue el único abogado de los implicados que estuvo presente en esa diligencia de la Corte IDH. “Creo que eso revela un hecho muy importante, que es que la defensa de Fujimori y el propio Fujimori están particularmente interesados en el destino de esta sentencia”, aseveró.

“Villa Stein estaba trabajando en esta dirección [de favorecer a Fujimori] y no nos equivocamos en el balance inicial que tuvimos, que tal vez el principal objetivo de la sentencia es darle una logística jurisprudencial a la defensa de Fujimori para intentar un nuevo camino para anular la sentencia contra él”, apuntó.

Publicado por Blog de Ideeleradio en 15:49
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García Toma: Hay que negar Ley de Negacionismo porque jurídica y políticamente es incorrecta


Ideeleradio.- Hay que negar la ley de Negacionismo porque desde el punto de vista jurídico, violenta derechos fundamentales, y desde el ámbito político es incorrecta porque no va a cumplir el propósito que persigue, sostuvo el expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Víctor García Toma.

Fue al comentar el proyecto de ley sobre el ‘negacionismo’, propuesta por el Ejecutivo que busca penalizar las conductas que justifiquen o nieguen los delitos de terrorismo en el país.

“Yo diría que había que negar el negacionismo por varias razones, sin decir previamente que me parece loable la preocupación del Poder Ejecutivo por tratar medidas de precaución, a efectos de prevenir para que el fenómeno senderista no rebrote, eso me parece acertado. Lo que no me parece acertado es la solución que plantea”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
 
“El negacionismo tiene que ser cuestionado porque violenta derechos fundamentales, como son el de libertad de conciencia, libertad de expresión, la libertad de opinión y porque además implica que la sociedad política y la sociedad civil le quiten el cuerpo a lo que es su plena responsabilidad, que es defender los valores democráticos”, puntualizó.

García Toma comentó que en el Perú se debe tomar en cuenta que las cosas no funcionan por la vía de la imitación y que si en otros países se aplica un dispositivo o mecanismo, no necesariamente debe ser considerado en el país.
 
“En primer lugar [hay que negar esa ley] porque nuevamente volvemos a incurrir en el viejo vicio de el trasplante y la copia, porque como ya hay en Alemania, porque ya hay en Austria, porque hay en tal o cual país, tenemos que trasladar la institución, en esa misma idea tendríamos que trasladar la figura del rey, estado federal o la Cámara de los Lores”, ironizó.

Ley de Negacionismo podría ser represiva

El exministro de Justicia advirtió, en ese sentido, que el proyecto de Ley de Negacionismo podría ser muy perjudicial para la libertad de expresión, debido a que podría caer en el terreno de la represión. Calificó la iniciativa del Ejecutivo de parcializada al no reconocer que en la década de la violencia interna también hubo terrorismo por parte del Estado.

“[Este proyecto de ley] jurídicamente presenta serias dificultades por la afectación a derechos básicos, políticamente es incorrecta la medida y no va a cumplir el propósito que persigue, porque las ideas se combaten con ideas y, por el contrario, podríamos más bien ingresar en un terreno de represión de creencias y convicciones ya no vinculadas con el tema del terrorismo porque vamos abriendo la cancha para otros espacios, lo cual es peligroso”, señaló.

“El proyecto erraría porque tendría una visión muy parcial del fenómeno de violencia que se vivió en la década de los ochenta y noventa. Ciertamente los que originaron este tema fueron los de Sendero Luminoso, pero desde el Estado Peruano hubo respuestas insulares de grupos de paramilitares que actuaron con la misma demencia […] negar que no existió el Grupo Colina o negar que el Grupo Colina no reprimió de manera salvaje a personas que fueron acusadas sin orden judicial de senderistas tendrían que estar también vinculados a este proyecto de ley”, concluyó.

Publicado por Blog de Ideeleradio en 16:21
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Hildebrandt: Ley del negacionismo atenta contra la libertad de expresión


Ideeleradio.- No estoy de acuerdo con ninguna ley del negacionismo porque el derecho a emitir una opinión es inalienable, afirmó el periodista y director del semanario Hildebrandt en sus Trece, César Hildebrandt Pérez-Treviño, tras considerar que el Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef) es un seudónimo de Sendero Luminoso (SL) con el que hay que tener una actitud cauta, pero no reprimirlos.

“Yo no estoy de acuerdo con ninguna ley sobre el negacionismo, me parece un atentado contra la libertad de expresión, que es aquella que emiten nuestros adversarios, los que nos disgustan, sino no hay libertad de expresión, es monotonía. No estoy de acuerdo con ninguna ley en torno a ningún negacionismo porque el derecho a emitir una opinión tiene que ser un derecho inalienable”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

 
“Yo sí creo que Movadef es un seudónimo de Sendero Luminoso y hay que tratarlo como tal y eso no significa que tengamos que reprimirlos, sino cuidarnos de esa expresión. En general, yo creo que fue un error no darle a Movadef el pase respectivo para que se inscribiera ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) porque es mucho mejor tenerlos en el redil de la formalidad, que tenerlos ahora como quiere el señor Alfredo Crespo [subsecretario de Movadef], perseguidos, atenazados por el sistema, despreciados por la democracia formal que es tan chiquita que ellos no caben ahí”, anotó 

El periodista se pronunció, asimismo, en torno a la incautación de 33 ediciones de la revista Vórtice, medio que plantea una "amnistía política en Perú" y que coincide con el pensamiento del cabecilla terrorista de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. Estimó que es una represión estúpida y suicida, y que se podría estar creando mártires donde lo que hay son rezagos extraviados del senderismo.

“Es una represión estúpida y suicida [lo de la revista Vórtice] porque vamos a crear mártires donde lo que hay es rezagos extraviados del senderismo […] Por lo tanto, con el Movadef tendría una actitud sumamente cauta, hay que cerrarle los pasos a la violencia, pero no hay que cerrarles los pasos a quienes quieren justamente ser parte de un sistema electoral donde ellos tendrían cabida”, expresó.

Se construye por enésima vez un foco violento

Hildebrandt Pérez-Treviño cuestionó, igualmente, a los que se oponen al debate o discusión del tema de una eventual amnistía tanto para los militares como para los terroristas, la misma que fue planteada por el Movadef. Al respecto, sostuvo que habría que tener cuidado con la exasperación y los mensajes de derecha de que con ellos no se negocian.

“¿Y por qué no la amnistía general puede ser un tema de debate? ¿Qué me impide a mí que la amnistía sea un tema de debate? ¿No puedo discutir sobre eso? ¿Me siento impotente y tengo que reprimir eso? Mucho cuidado con la exasperación, con esos mensajes de la derecha de que con ellos nada y no se negocia. La pregunta es: ¿Y quiénes son ellos?”, aseveró.

“La conclusión para mí es que en el Perú se construye por enésima vez un foco violento, autodestructivo gracias a esta política de tomar distancia de todo aquello que resulte inaceptable, de condenar todo aquello que resulte hereje y de considerar que todas las personas que están lejos del sistema son enemigos irreconciliables”, argumentó.

Opinó, además, que si bien los hermanos Quispe Palomino, quienes lideran un clan del narcotráfico en el Vraem, han perdido la capacidad de seducir y convencer, lo que se puede generar son las condiciones para que alguien más inteligente cree en el país una alternativa violentista distinta 

“No olvidemos que ya hemos pasado por eso, en los años 60 una sociedad brutal derrotó a la guerrilla, primero a Blanco, luego a Lucho de la Puente, al MIR y al Apra rebelde. Nos ensañamos con esa gente, los enterramos y los baleamos antes y murió Javier Heraud y creíamos que habíamos vencido esa especie de cáncer social que no era ningún cáncer, sino la expresión de un gran malestar. El resultado fue que mientras eso sucedía, un oscuro profesor estaba creando en Huamanga lo que sería la gran pesadilla de estos temas”, relató.

“No nos vaya a pasar lo mismo. Lo que pasa es que no aprendemos porque la derecha es la que está al mando, y la derecha ni lee la realidad ni le interesa saber qué está pasando y yo desconfío mucho de sus métodos […] ¿La chica de 19 años que salió en You Tube atacándome no es acaso una chica convencida de que el Movadef es un movimiento justo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Meterla presa porque opina que soy un agente del imperialismo? No, no, yo debo discutir con ella”, anotó.

Señaló que observa con mucho temor y escalofrío la manera en cómo se está enfrentando la deflexión juvenil respecto al sistema y recordó que el presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, prometió cambiar el país.

“La pregunta es: ¿y qué quieren? Humala prometió cambiar el país. Sentí una suerte de pánico intelectual controlado cuando una chica de Movadef me dijo en un video que estaba dirigido a mí, que si acaso Túpac Amaru no fue juzgado como traidor y ajusticiado y que 200 años después fue reivindicado. ¡Madre mía! ¡Qué racionamiento! Eso no es broma, eso es para tratarlo con mucha seriedad. Pero qué le vas a pedir a la derecha, la derecha dice no con esa, bala y eso no es así”, precisó.

Alcorta es un producto extremo de Tarantino

Por otra parte, consideró que la congresista Lourdes Alcorta se ha convertido en un producto extremo del cineasta Quentin Tarantino, al señalar que el hecho de que sea considerada como fuente de consulta en los medios de comunicación revela la postración intelectual en que se encuentra el país.

“Lourdes Alcorta se ha convertido en uno de los oráculos y eso revela en la situación de postración intelectual que se encuentra el país. Para que Lourdes Alcorta sea constantemente consultada cuando lo único que puede proferir son interjecciones, las onomatopeyas del horror, ¡bum bum! ¡bam bam! La señora Alcorta es un producto extremo de Tarantino y, sin embargo, la consultan y es un referente y es la derecha

Publicado por Blog de Ideeleradio en 14:47
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