Por: Guillermo Vidalón del Pino
La pregunta resulta pertinente cuando el Estado termina
por abdicar a su rol constitucional y deja a la inmensa mayoría de ciudadanos a
merced de quienes demandan todo de él, pero sin preguntarse cómo es que el
Estado podría cumplir con sus principales funciones si no propicia y fomenta el
crecimiento económico.
La primera obligación constitucional del Estado es la
defensa de la persona humana, por eso es que, en concordancia con el artículo
primero de la Constitución del Estado, el artículo 58 señala que “La iniciativa
privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este
régimen, orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de
promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e
infraestructura.”
Así mismo, la primera función del Estado es preservar a
la persona humana, dejándola en libertad para expandirse lo más que pueda
dentro del espacio de legitimidad que las leyes le confieren, propiciando así
la competencia de unos ciudadanos con otros, de manera individual o conjunta, y
es en estos términos en los que el Estado “orienta el desarrollo del país”.
¿Cómo lo hace? Estimulando “la creación de la riqueza”
(art. 59). Entonces me pregunto ¿podrá el Estado peruano estimular la creación
de la riqueza si permite que se le cierren las puertas a la inversión?; porque
a la fecha, el registro de oposición violenta a proyectos de inversión
atraviesa casi todas las actividades económicas.
Por ejemplo, es conocido que desde diferentes instancias
de gobierno se obstaculiza o dilata el otorgamiento de licencias de
construcción, de buena pro, de aprobaciones de Estudios de Impacto Ambiental,
etc. Recordemos que hace pocos años, en Lima, un grupo de vecinos del distrito
de San Borja se opuso a la construcción de la nueva sede del hospital del Niño.
Las autoridades cumplieron su rol orientador y, al margen de la opinión
contraria de alguien o algunos, el Estado hizo primar el interés común y la
obra prosiguió.
¿Cuál será el interés común? La defensa de la persona
humana, pero –en el caso extremo- ¿deberíamos asociar la voluntad del enajenado
o del esquizofrénico con el interés común?, claro que no. Que un enfermo tenga
derechos consustanciales a su condición humana no quiere decir que se le deba
hacer caso. Un médico, en cumplimiento de su rol orientador, asesorará a la
familia prescribiendo qué es lo más adecuado en cada caso.
Igualmente, las autoridades de gobierno tienen la
obligación de orientar a los ciudadanos sobre todo aquello que el gobierno
constitucionalmente establecido considera que constituyen sus lineamientos de
política de Estado. Si los ciudadanos no aprendemos a respetar las decisiones
de la autoridad –hayamos o no votado por ellas-, el ejercicio democrático que
se ejerce por medio de los procesos electorales no genera consecuencias; por lo
tanto, no se internaliza ni se produce un proceso de aprendizaje por el cual el
ciudadano se hace responsable de su elección.
En lo referente al estímulo para la creación de la
riqueza por parte de los ciudadanos, es lógico imaginar que la autoridad
central debe empezar su acción orientadora alineando las diferentes instancias
del Estado en función a su decisión política.
Hasta donde sabemos, la decisión política es promover la
inclusión y, en concordancia con la Constitución, debe hacerse en las áreas de
“empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura.” No
obstante, es menester preguntarse, ¿cómo es que el Estado podría promover
dichas áreas si al mismo tiempo se obstaculiza la inversión que genera empleo
productivo y de calidad?
Si un Estado dificulta o tolera que algunos ciudadanos le
obstaculicen el contar con mayores recursos económicos, al impedir que éste
promueva la puesta en valor de sus recursos naturales, lo que se está tolerando
es el atentado contra el “bien común”, pues se postergarán o se hará imposible
financiar los programas de inclusión social propuestos por la actual
administración gubernamental.
Cuando se reclama al Estado y a los poderes del mismo que
cumplan con su rol orientador del desarrollo del país, lo que esperan los
agentes económicos es que desde la cúspide del Estado se envíen mensajes
institucionales a la ciudadanía.
El país requiere un norte, fomentar cohesión social con
relación a determinados temas. Ya lo hemos conseguido respecto de la demanda de
límites marítimos ante la Corte Internacional de La Haya; sea cual fuere el
resultado, éste será respetado. Algo similar debemos alcanzar respecto de
nuestras principales ventajas comparativas.
Ser conscientes de nuestra ubicación geográfica en la
parte central de las orillas del océano Pacífico en el continente Sudamericano,
por lo tanto, estamos localizados en una zona privilegiada para captar el
tráfico aéreo y marítimo de este lado del mundo.
Ser conscientes de que la cordillera de los Andes ofrece
enormes caídas de agua, potenciales generadoras de energía eléctrica renovable,
así como oportunidad para construir grandes represas de agua que garantizan su
disponibilidad en tiempos de sequía.
Ser conscientes de que la minería se ha constituido en
una oportunidad única y trascendente para financiar nuestro desarrollo presente
y garantizar la expansión futura de nuestras próximas generaciones, potenciando
el conocimiento científico tecnológico, lo único verdaderamente sostenible. Se
espera que en el presente año se inviertan más de diez mil millones de dólares
en exploraciones, ampliaciones y desarrollos de nuevos proyectos.
Ser conscientes de que la Amazonía nos ofrece un bosque
que debemos aprovechar y administrar convenientemente para garantizar su
sostenibilidad. Ser conscientes que la biodiversidad aún es un campo por
explorar para conocer y aprender de las culturas originarias que forman parte
de nuestra diversidad cultural.
Ser conscientes de que el legado histórico de nuestros
antepasados debemos cuidarlo, rescatarlo y ponerlo en valor para aprender de él
y motivar que otros ciudadanos del mundo lo conozcan, pero también reconocer la
dimensión de su potencialidad. La inversión en este sector no alcanza a los
tres mil millones de dólares.
Todavía hay muchas cosas de las cuales todos debemos
empezar a ser conscientes antes de consultar si queremos seguir siendo pobres o
si queremos cambiar esa situación en la que aún se encuentra un gran número de
compatriotas.
Muchas gracias por leerme. Se autoriza su
reproducción (siempre que se respete la autoría del mismo) para que más
peruanos seamos conscientes de la importancia de la minería en el proceso de
desarrollo y generación de bienestar en el Perú.
Saludos,
Guillermo Vidalón del Pino
Superintendente de Relaciones Públicas
Southern Peru Copper
Corporation
Telf. 512 0440 Axo.
3212
Av. Caminos del Inca 171
Surco, Lima 33
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