Sabado, 08 de junio de 2013 | 2:06 pm
La decisión presidencial es legal, justa y principista.
UNA NEGATIVA RAZONADA
El Presidente de la República decidió no conceder el
indulto a Alberto
Fujimori acogiendo la recomendación de la Comisión de Gracias
Presidenciales del Ministerio de
Justicia. En dicho informe se concluye la improcedencia de la gracia
presidencial tras evaluar las condiciones de salud y carcelarias de Fujimori,
sobre quien se afirma que no padece enfermedad terminal, grave, incurable y
degenerativa y que no sufre de trastornos mentales graves, insalvables e
incurables, de modo que su pedido no se ajusta a las condiciones de un
indulto humanitario. Luego, el Jefe de Estado ha querido subrayar las
razones personales de su decisión.
La medida adoptada es legal. El mismo Fujimori propuso y promulgó
en 1995 una ley que excluye expresamente de este beneficio a los autores del
delito de secuestro agravado, uno de los ilícitos por los que fue condenado.
Asimismo, la Corte Interamericana de DDHH descalificó claramente
el indulto y la amnistía para delitos de lesa humanidad. En ese punto, la
decisión presidencial ha sido respetuosa de los estándares legales que orientan
al Estado, asumiendo que el indulto es una prerrogativa que carece de un
sentido discrecional absoluto e irrestricto. Por ello, su decisión se basó
en el pronunciamiento previo de un órgano especializado.
La decisión es también justa porque atiende la demanda de las víctimas
de los delitos por los que fue condenado Fujimori que, de otro modo,
habrían visto vulnerado su derecho a la justicia y a la memoria. La condición
de ex Jefe de Estado de Fujimori hace que su condena sea ejemplarmente
emblemática en el proceso de la afirmación del derecho a la vida. Al contrario,
América Latina ha logrado en las últimas décadas un estado superior de
democracia precisamente por echar abajo las estructuras propias de la impunidad
y sancionar ejemplarmente a los jefes políticos y militares de los gobiernos
violadores de la democracia y los Derechos Humanos.
No indultar a Fujimori, no obstante, es doblemente justo si
consideramos la repudiable campaña que él y sus partidarios llevaron a cabo
desde hace meses para sorprender a la opinión pública, montando un operativo
publicitario descarado, al extremo de comercializar sus dolencias. Si
alguien politizó el pedido de indulto fue el mismo Fujimori cuando
decidió organizar una ofensiva política en favor de su libertad, chantajeando
la gobernabilidad desde su numerosa bancada parlamentaria.
La decisión contraria al indulto es igualmente principista. Usando el
deseo comprensible de sus familiares, Fujimori se negó a solicitar su indulto
en primera persona y solo se adhirió al pedido de sus hijos. Con esa artimaña
evitó arrepentirse públicamente y pedir disculpas por el daño causado a las
víctimas y la sociedad, intentando mantener vigente el discurso fujimorista
que reivindica su gobierno, autoritario, violador de los DDHH y corrupto,
como un acierto de la historia.
La defensa de Fujimori ha respondido a la actitud
escrupulosamente republicana y legal del presidente Ollanta Humala con
el razonamiento infantil de que al reo que defiende le corresponde el “derecho
a ser indultado” por el simple hecho de haber iniciado el trámite.
Frente a ese espíritu manipulador de siempre ha hecho bien el presidente
Humala en puntualizar las razones de su decisión. Su negativa es legal, justa y
principista.
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