Chuschi: II. Tras cuernos, palos

 

 

Patricia Wiesse Directora de la Revista Ideele

Gerardo Saravia Editor revista Ideele

Walter Conde termina su contundente caldo de gallina y convoca a la delegación de chuschinos residentes en Lima que está reunida en un restaurante de Huamanga. Han contratado una combi que diariamente hace el recorrido de cuatro horas hasta Chuschi, su destino final, pasando por las alturas de Chocoro, una pampa helada en medio de la nada.

Al día siguiente deben asistir a una asamblea en la que participarán el alcalde y los representantes de todo el distrito. Ahí acordarán una estrategia para defender sus límites territoriales que han sido cercenados. El Gobierno Regional de Ayacucho, a través de la ordenanza 30013, ha impuesto una nueva demarcación que le recorta casi 6 mil hectáreas al distrito de Chuschi, la mayoría tierras de pastoreo pertenecientes a la comunidad de Rumichaca, indispensables para su supervivencia económica.

La Asociación de Chuschinos residentes en Lima ha logrado cohesionarse en torno a esta amenaza, a pesar de que viven dispersos en la atosigada capital. La preside Walter Conde, quien dejó Chuschi antes de que fuera tomado por Sendero Luminoso, a fines de los años 70 del siglo pasado. Hace años que tiene un negocio de fabricación y venta de parrillas de metal y vive en las faldas del cerro El Pino, un lugar tomado por la delincuencia. Conde lidia diariamente con la administración del negocio, la inseguridad del barrio (también es miembro activo de las Juntas Vecinales), y ahora se ha comprado un nuevo pleito: la integridad de su tierra.

Cipriano Quispe, otro de los directivos, trabaja como chofer de combi en una ruta brava del Callao. Han sobrevivido en espacios de alta agresividad y están acostumbrados a enfrentarse a “choros y cobradores”. Esta vez tocaron muchas puertas hasta que contactaron a algunos congresistas e instituciones de derechos humanos que les ofrecieron apoyar su demanda.

La delegación que viene de Lima hace una primera parada en medio de la puna y cerca de los nevados que protegen la comunidad de Chocoro. El viento acuchilla sus rostros mientras esperan tiritando que unos cuantos ancianos se acerquen a la comitiva. Walter Conde conversa con Evaristo Quispe, el comunero más joven que recuerda cómo los senderos mataron a 20 personas: “En el camino nos esperaban y nos mataban. Después llegaron los militares y secuestraron a otros. Todavía hay algunos totalmente perdidos”, dice.

Solo algunos de estos pastores de altura fueron inscritos en el Registro Único de Víctimas y reconocidos como tales, situación que se repite en todas las comunidades que visitaron. “Hay muchos afectados, pero no todos están recibiendo reparación. Les han dicho que hay observaciones”, les comenta Jacinto Núñez, presidente de la comunidad Unión Potrero, que fue la siguiente parada y en donde cada uno de los 60 comuneros ha recibido una vaca genéticamente mejorada como parte del Programa de Reparaciones Colectivas. Han construido un corral donde guardan a sus Brown Swiss que lucen las costillas pegadas al pellejo.

Las reparaciones colectivas se han venido otorgando en más de 500 comunidades con niveles de alta y mediana afectación en la región Ayacucho. “El Consejo Nacional de Reparaciones designó un monto de 100 mil soles para cada una, con el mandato de que ellas decidieran en qué invertir”, sostiene José Coronel, exresponsable de la Comisión de la Verdad en ese departamento. (“¿Será que la prioridad fueron las vacas?”, se preguntan los visitantes luego de observar la posta médica cerrada con un voluminoso candado Yale.)

La combi acelera por el camino terroso, y después de varias vueltas llega a la penúltima parada: la comunidad de Uchuyri. Es un poblado al borde de la carretera. En una pequeña plaza rodeada de construcciones de piedra y adobe en mal estado, la delegación es recibida por los varayoc y el presidente de la comunidad, Alejandro Galindo, quien a los 5 años de edad fue testigo presencial de un suceso macabro: “Por esta carretera atravesaban el Ejército y el otro ejército rojo”, les cuenta. “Ambos nos robaban el ganado para su rancho. Si alguien reclamaba, lo mataban. El 2 de febrero de 1989 hubo un enfrentamiento en Chuschi, y por acá se escaparon los terroristas. Entonces los militares capturaron a un grupo de 17 senderistas y los llevaron a una quebrada que está al borde de la carretera, a 200 metros de esta plaza. Nos obligaron a ir allá y los eliminaron en presencia de toda la población. Después nos hicieron enterrarlos en una fosa”, exclama.

Luego de 15 años de indiferencia estatal, la compensación por el mayúsculo trauma ha consistido en la instalación de un sistema de riego tecnificado por aspersión y la construcción de una represa. El presupuesto lo ejecutó la Municipalidad en el año 2009. Contrató a un grupo de ingenieros que se fue con las mismas, dejando la obra inconclusa. “El sistema no funciona. No han hecho la conexión con los tubos que permita que el agua el agua salga; la obra no se ha terminado”, manifiesta, indignado, Galindo.

En Uchuyri fueron inscritas unas cuantas personas, pero hasta la fecha ninguna ha recibido el monto designado a las víctimas. El defensor del pueblo de Ayacucho, Jorge Fernández, sostiene que hay una distorsión en el enfoque que se le ha dado a la política de reparaciones supervisada por la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, y por ello ésta se confunde con los programas sociales de lucha contra la pobreza. Un claro ejemplo de ello es la inscripción de las madres de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos (ANFASEP) en el Seguro Integral de Salud como parte de las reparaciones, cuando éste es un servicio y un derecho que tiene cualquier ciudadano en extrema pobreza.

Filimón Salvatierra, coordinador de las 95 organizaciones de afectados por la violencia política, señala: “El Estado está implementando muy lentamente las recomendaciones de la CVR. Por ejemplo, en el VRAEM no se conocen las reparaciones. En reparaciones individuales les han dado tan solo 350 soles a algunos. Esto es una burla”.

Menos de 40% de las personas inscritas en el Registro de Víctimas ha recibido una reparación económica. 

Treinta y siete por ciento de las personas inscritas en el Registro Único de Víctimas ha recibido una indemnización. A la madre de Filimón le entregaron 5 mil soles, y él y sus dos hermanos recibieron un poco más de 1.600 soles cada uno. Su familia tuvo que desplazarse del distrito de Chiara, donde vivían de la agricultura, al de San Juan Bautista, en Huamanga. El padre se dedicó a la venta de ganado vacuno que trasladaba en camiones hasta Lima. “Lo detuvieron una noche. Tiraron patadas a la puerta de calamina del cuarto donde vivíamos. Vi que los secuestradores usaban botas y capuchas. Esa noche desaparecieron 4 personas en la misma cuadra. Nos dijeron que los habían llevado al cuartel Los Cabitos. Mi madre estaba en estado y yo tenía 4 años.” Después de eso debieron regresar al campo, al distrito de Los Morochucos, en Cangallo, donde Filimón terminó la escuela y fue uno de los pocos huérfanos que logró estudiar Agronomía en la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Su madre pertenecía a ANFASEP y él se afilió a la juventud de esa organización. Así comenzó su vida de activista y dirigente.

El caso de las reparaciones individuales genera desconcierto y malestar. Se entregan 10 mil soles a cada familia, así haya en ésta más de una víctima. Según Honorato Méndez, de la ONG Paz y Esperanza de Ayacucho, el monto asignado se ha ido reduciendo de 140 millones, en la época en la que Salomón Lerner era primer ministro, a 40 millones anuales. Menos de 40% de las personas inscritas en el Registro de Víctimas ha recibido una reparación económica. “Es injusto, porque en el año 1992, a cada miembro de los Comités de Autodefensa se les reparó con 30 mil soles”, sostiene.

“Nosotros propusimos que el monto fuera de 10 unidades impositivas tributarias, pero esto no fue aceptado”, afirma consternado el representante de la Defensoría de Ayacucho. Hace 17 años que Jorge Fernández trabaja sin horario en su oficina de la capital regional, o recorriendo a pie cada uno de los pueblos del departamento. La consecuencia de estas empinadas caminatas es el permanente dolor de columna y dos hernias discales que soporta con estoicismo. Sostiene el Defensor: “No hay nada que se compare con las muestras de afecto que recibo de parte de la gente del campo”. Los campesinos le tienen confianza y hablan con él en quechua.

Fernández pudo ser un abogado acomodado, pero optó por ser un funcionario estatal sin estabilidad laboral, dejando la Universidad en la que ya había sido nombrado. Antes fue juez en la provincia de La Mar. En el año 1996, en medio de la guerra interna, caminaba sin resguardo policial por las comunidades. Cuando Jorge Santiesteban, el primer defensor del Pueblo, firma un convenio con el Colegio de Abogados de Ayacucho para impulsar una experiencia basada en el trabajo de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), él se apunta como voluntario y lo mandan a recorrer la sierra central.

Sin deprenderse de su característico chaleco azul, Fernández ha continuado indesmayable su trabajo al lado de las víctimas. Una de sus actuales preocupaciones es la demora en las exhumaciones, al que se suma otro “cuello de botella”: el que solo se haya identificado 1.200 de los 2.200 restos arrumados en cajas. “El paso del tiempo ha complicado la identificación”, afirma.

Los desaparecidos siguen en esas cajas o en los lugares de entierro. En Uchuyri, el alcalde vara lleva a Walter Conde y al resto de la delegación por la carretera y señala con su bastón el lugar exacto de la fosa. Coincidentemente, se encuentra a unos metros del reservorio inconcluso.

Finalmente, agotada por el subibaja de curvas y alturas diversas, la delegación llega a Chuschi, uno de esos tantos pueblos que parecen fabricados en serie en las laderas de uno de los cerros de alabastro que caracterizan el paisaje de la provincia de Cangallo. Su nombre original era Chuspi Wayqui (chuspi es mosca en quechua), porque antiguamente sufrió la invasión de la plaga de la mosca negra.

Una campesina se les acerca apresuradamente. Habla en quechua como si las palabras se ametrallaran en su boca. Se presenta como Teófila Rocha, esposa del teniente gobernador Marcelo Cabana, quien en el año 1984 fue secuestrado y desaparecido junto con otras tres autoridades. “Los militares llevaban arrastrando a nuestros esposos. Nosotras caminamos atrás hasta que llegamos a una cumbre. Nos vieron y nos obligaron a tirarnos al suelo. Nos dijeron que si mirábamos nos mataban, pero igual levantamos el rostro y vimos que a nuestros esposos los vistieron con ropa militar y se los llevaron hacia la base de Pampa Cangallo”, relata la señora. Este caso está registrado en el Informe Final de la CVR, y aun así Teófila solo ha recibido 5 mil soles de indemnización. Nadie le ha dicho qué debe hacer para obtener los otros 5 mil que debe repartir entre sus hijas.

A la mañana siguiente, la delegación se dirige a la cancha de fútbol de Chuschi. Llegan a la asamblea los dirigentes de Rumichaca, Patahuasa, Chocoro y de la zona alta de Chiquiarazo. Bajo el intenso sol escuchan a los chuschinos que han venido de Lima. Casi al final, Leonidas Cayllahua exclama: “Hemos sufrido por la violencia política hace 30 años y ahora volvemos a ser víctimas”. Es cierto: por otros motivos y de manera diferente, Chuschi está siendo cercenado por segunda vez.