Marzo de 2014 | 4:30 am LA REPÚBLICA
Documento. Conclusiones de
grupo multipartidario que investiga el segundo gobierno del ex presidente
señalan responsabilidad del líder aprista en la concesión ilegal e irregular de
beneficios penitenciarios a narcotraficantes.
Patricia Hoyos
El ex presidente Alan García
Pérez podría afrontar una denuncia constitucional por haber infringido
presuntamente seis artículos de la Constitución Política del Perú, al conceder
de manera irregular conmutaciones e indultos en su segundo gobierno a
sentenciados por el delito de narcotráfico, así lo confirma el informe final de
la Megacomisión que fue publicado en el portal de Justicia Viva, del Instituto
de Defensa Legal (IDL).
La comisión multipartidaria
concluyó además que el ex mandatario transgredió los artículos 8, 39, 43, 44,
45 y 118 de la Constitución al haberse encontrado indicios razonables de su
participación en el otorgamiento desmesurado de indultos y gracias
presidenciales aprovechando el cargo de Jefe del Estado.
De la información se
desprenden nueve conclusiones. En estas se ha podido establecer un alto índice
de conmutados por delito de tráfico ilícito de drogas, siendo lo ordinario el
otorgamiento de beneficios penitenciarios, por lo que, aseguran, se atentó
contra el carácter excepcional de este.
Para ello, refieren, se
recurrió a la modificación del Reglamento de la Comisión de Indultos y Gracias
Presidenciales, entonces presidido por Miguel Facundo Chinguel, con el
propósito de flexibilizar los requisitos y las exigencias procesales para
beneficiar a los sentenciados por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas (TID).
Prueba de ello es que
entre 2006 y 2011 se otorgaron 5.246 conmutaciones de penas, de las
cuales 3.207 fueron a condenados por tráfico ilícito de drogas, incluyendo a
400 sentenciados por TID en su forma agravada. Asimismo, refieren que se
otorgaron 1.628 conmutaciones de pena por delito de robo agravado y 180 por
delito de hurto agravado.
Una de las modificaciones que
figuran en el informe es que a Chinguel se le otorgó la facultad de recibir
todas las solicitudes de los sentenciados y seleccionar cuáles merecían seguir
el trámite correspondiente y cuáles no, con lo que la decisión de priorizar
algunas solicitudes quedaba a su disposición.
Por lo tanto, el informe
revela que se redujo la pena de organizaciones o grupos familiares completos,
"con lo cual se habría instaurado un sistema judicial paralelo" que desconoció
lo realizado por la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial para
perseguir y sancionar el delito. Esto a su vez permitió la liberación de
cabecillas de bandas de narcos.
Al igual que a García Pérez,
la megacomisión recomienda denunciar por infracción constitucional a los
entonces ministros de Justicia Aurelio Pastor y Rosario Fernández, ya que
refrendaron las resoluciones que dejaron en libertad a más de tres mil
sentenciados por TID.
Comisión del delito
En otra de las conclusiones,
la megacomisión sostiene que hay indicios razonables del presunto delito de
asociación ilícita que podría haber incluido a altos funcionarios de Palacio de
Gobierno, Ministerio de Justicia e integrantes de la Comisión de Gracias
Presidenciales, pues la cantidad de gracias presidenciales otorgadas a
sentenciados por tráfico ilícito de drogas, en su forma agravada, "no pudo
ser ejecutada por una o dos personas, sino por una red que conocía
perfectamente sus acciones y las ejecutaba coordinadamente".
En ese sentido, recomendó al
Congreso formular las denuncias y acusaciones correspondientes de acuerdo con
la investigación; asimismo, elaborar y presentar un proyecto de desarrollo
constitucional para mantener el carácter excepcional del derecho de gracia
presidencial, el cual habría sido vulnerado durante la gestión aprista.
Pese a irregularidades en Pisco el 2007, se indultó
al ex jefe del SIS
Sobre el indulto humanitario
concedido al aprista Julio Espinoza Jiménez, ex jefe del Servicio Integral de
Salud, el grupo investigador concluyó que Alan García habría cometido el delito
de encubrimiento personal, pues el procesado no reunía los requisitos para
recibir la gracia presidencial.
Según el documento, Espinoza
gozaba de buena salud cuando fue indultado, por lo que no había razones para
eximirlo de la condena de 15 años de prisión que recibió al ser declarado
culpable de manejos irregulares del SIS en la emergencia que produjo el sismo
de Pisco del 2007.
La megacomisión recomendó al Congreso investigar sobre el caso.
La megacomisión recomendó al Congreso investigar sobre el caso.
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