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Publicado en el diario La Primera el viernes 25 de abril
Por Germán
Alarco Tosoni (Universidad del Pacífico)
La
última cotización de las acciones de la Refinería La Pampilla (RELAPASA) en la
Bolsa de Valores de Lima fue de S/. 0.24 a final de mes de marzo de 2014. En
enero de 2010 fue S/. 2.10. Esta empresa propiedad principal de REPSOL es la
competidora de PETROPERÚ en la refinación y distribución de combustibles;
además es dueña de su cadena gasolineras. Sin embargo, debe señalarse que el
valor de mercado de esas acciones representa el 24% de su valor nominal. Toda
la empresa tiene a inicios de abril un valor de mercado de US$ 103.5 millones,
con activos fijos de US$ 500 millones, activos totales e ingresos por US$
1,233.6 y US$ 4,246.1 millones respectivamente. Con el mismo múltiplo, la
empresa petrolera estatal valdría US$ 245 millones. Al 50% de su valor de mercado
US$ 510 millones.
Estos
valores de mercado tan reducidos son resultado de la equivocada política
gubernamental de desintegrar la actividad petrolera en partes, donde la
refinación es la menos rentable y, en el caso de RELAPASA, a extraños manejos que
la han llevado a tener pérdidas por US$ 49.4 millones en 2013, frente a una
utilidad de US$ 32.9 millones de PETROPERÚ. ¿Dónde está la mayor eficiencia del
sector privado?. Lamentablemente, se insiste en esta visión equivocada. Hace
dos semanas el titular del MEM señaló en la revista Caretas que la petrolera
estatal debe dedicarse a la refinación y no hizo mención alguna a la
posibilidad de participar en la producción de hidrocarburos.
Ojalá
se concrete la iniciativa del Congresista Abugattás relativa a que PETROPERÚ
pueda aprovechar el IGV no recuperado por las operaciones en la selva que son
casi US$ 100 millones anuales y de resolver las inconsistentes acotaciones de
la SUNAT sobre el IGV del Turbo por US$ 213.2 millones. Son medidas parciales,
a las cuales habría que sumar una virtual intervención de la Contraloría
General de la República y la acción ciudadana para derogar los artículos
tercero y sexto de la Ley 30130. El ministro energía y minas no dice la verdad
cuando afirma que esa ley y reglamento han logrado el financiamiento de la
modernización de la refinería de Talara. Ni siquiera se concreta la primera
parte.
Desde
2012 el MEF y MEM no se han reunido más que para cambiar directores de
PETROPERÚ y para la junta obligatoria anual. Ellos desearían deshacerse de la
empresa estatal inmediatamente a pesar de la evidente pérdida patrimonial que
esto significaría. El Congreso de la República debe convertir en Ley la visión,
misión y objetivos estratégicos de la empresa antes de que los modifiquen.
Luego, nombrar un directorio con mayoría de los presidentes de los Colegios
Profesionales de Abogados, Contadores, Ingenieros y Economistas. Esa es una
forma de blindar a PETROPERÚ de gobiernos incapaces e indolentes con la empresa
y el país.
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