miércoles, 25 de noviembre de 2015

Alan García: #FactorNarco


Por: Claudia Cisneros

El Derecho es un invento del hombre para asegurar la justicia y la convivencia social. Pero también lo usan los corruptos para delinquir. Bastan dinero, desvergüenza e influencia suficiente para asegurarse impunidad. Y esto es lo que acaba de pasar con el caso Narcoindultos y su protagonista confeso, Alan García. Es un escándalo. Es inconstitucional, ilegal e inmoral: un juez con probados vínculos apristas pretende salvarle el pellejo al paladín de la antipolítica (http://goo.gl/UNdjrI). Un juez cuyos probados nexos apristas lo obligaban por ley a abstenerse de participar en este caso. Un juez que no merece ese título por la desfachatez, el favoritismo desvergonzado y el desprecio a la justicia que ha mostrado votando para que se anulen todos los informes de la Megacomisión del Congreso que investigó a García. Entre ellos, el dictamen del proceso constitucional aprobado por el Congreso del caso Narcoindultos.

El voto del juez Jesús Manuel Soller Rodríguez es de tal descaro aprista, que jamás podrá considerarse resolución definitiva. Es ilegal e inconstitucional, en forma y fondo, y lejos de ayudar a García, debería terminar por ponerlo en su lugar.

Estos son los *vínculos apristas de Soller que lo descalifican: fue nombrado juez por el propio Alan García cuando los nombramientos eran políticos. Alan García fue su padrino de doctorado en la U. San Martín de Porres. La esposa de Soller y sus 3 hermanos son militantes apristas. Su hermano Luis Felipe Soller es incluso dirigente. Pero hay más. Según ley, un juez con parientes hasta el 4to grado de consanguinidad que estén relacionados a una de las partes del proceso, está prohibido de intervenir en él. Igual si sus parientes hasta el 4to grado tienen o han tenido algún interés o vínculo con una de las partes del proceso *(Art. 40, inciso 11, Ley de la Carrera Judicial). De hecho, es precisamente por zurrarse en esa ley que la OCMA le *abrió un proceso disciplinario el 8 de setiembre de este año, luego de la queja presentada por el IDL.

Han tenido también el desparpajo de zurrarse en el Tribunal Constitucional, cuyos fallos son precedentes que todo juez debe aplicar de manera obligatoria. Y el TC ya había fallado sobre las funciones y alcances de las comisiones investigadoras del Congreso, en el caso Alejandro Toledo (que también buscaba librarse de la investigación). Pero pese a que el fallo del TC se aplica incluso a procesos en trámite como el de García, esto ha sido olímpicamente ignorado.

¿Pero por qué Alan García se ha atrevido a tanto esta vez para desaparecer los hallazgos de la Megacomisión? Es el #FactorNarco, su Waterloo. Recordemos que en una sesión reservada de la Megacomisión, Alan García dijo que pondría las manos al fuego por Miguel Facundo Chinguel, ex presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales y aprista amigo suyo más de 30 años (http://goo.gl/SWrr3n).

Acusado de ser coautor de una red de indultos a narcotraficantes a cambio de dinero, Chinguel entró a prisión en junio del 2013 por los delitos de cohecho pasivo propio y asociación ilícita. Mientras que quien firmó cada uno de esos indultos, Alan García, sigue impune. García dijo en apremiada conferencia de prensa al reventar el escándalo: “He trabajado miles de horas durante cientos de noches solamente con el secretario del consejo de ministros que me alcanzaba los expedientes porque esto es responsabilidad del presidente…”(https://goo.gl/btVlMZ).

Y ahora un juez de probados nexos apristas lo ayuda a hacer lo de siempre: que la justicia no sirva para hacer justicia, sino para salvarlo.

García interpuso un amparo aduciendo que la Megacomisión no le detalló los tipos penales que se le imputaban y que esos eran “requisitos mínimos”. Pero el TC *(Exp. N° 04968-2014-PHC/TC) ya ha fijado posición respecto de la naturaleza procesal de los mecanismos de control político: “no se puede exigir a una comisión investigadora que emita una notificación tipificando delitos” por ser “una entidad de indagación inicial” *(F.J. 55).

Por todo esto el voto del juez Soller que salva a García es una afrenta a la justicia, a la Constitución y a la democracia que no se debe conceder. El Congreso debe interponer un proceso de amparo por la violación a la imparcialidad e independencia de este proceso. El TC debe hacer valer su fallo vinculante y los políticos que dicen estar en contra de la corrupción deben expresar públicamente su más alta condena a esta afrenta contra los peruanos, la justicia y la calidad de nuestra democracia.


(*) Con información legal del IDL.

CNM: Por incapacidad moral deben irse


Por: Claudia Cisneros

Lo más impactante de la actual crisis del organismo que vela por la idoneidad de los jueces que imparten justicia en el Perú, el CNM, es su descaro institucional. Me pregunto qué pasaría por la cabeza de estos funcionarios cuando el martes decidieron sentarse en toda probidad y altura moral que sus cargos exigen, y coludidos en un pleno extraordinario, 6 de los 5 votaron para limpiar al consejero gravemente cuestionado, Alfredo Quispe Pariona. El único voto en contra fue del probo magistrado y presidente del CNM, Pablo Talavera. Quien acto seguido, y ante la desvergüenza del resto, renunció.

Me pregunto, con qué impunidad estarán habituados a actuar para no ser conscientes de la hecatombe que iban a desatar. ¿Será que están acostumbrados a hacer con su sola firma que la realidad se ajuste a su conveniencia? De otra forma no se explica cómo los 5 firmaron la resolución de renuncia de su presidente Talavera, luego la que declaraba nuevo presidente a Guido Águila Grados (al parecer chochera del inefable Quispe Pariona según fotos públicas). Quizás pensaron que pasaría inadvertido como otras... No calcularon que esta vez no quedaría entre sus 4 paredes y 5 firmas tamaña vulneración a la justicia y democracia. Las redes gritaron la renuncia de Talavera, la sociedad civil alzó su voz y la gente repudió al CNM.

Y es que el CNM, según su propia web, “tiene la muy alta y delicada misión de seleccionar, nombrar y  ratificar a jueces y fiscales sólidamente probos, independientes, provistos de irreductibles valores éticos y morales, idóneos para (…) una correcta administración de justicia” (http://bit.ly/1LkvKaf). Los 5 magistrados se sentaron en la “alta y delicada misión” y en lo de “jueces sólidamente probos, de irreductibles valores éticos y morales” al apañar a Quispe Pariona. Un sujeto que confesó haber hecho negocios con el rector de la Universidad Garcilaso traficando becas de estudios, títulos de pregrado, maestrías, doctorados y recategorización de pensiones. Y que ante la evidencia dijo una frase que quedó sellada para la posteridad en un audio, y que los 5 magistrados del CNM han hecho suya al respaldarlo: “será inmoral, pero no ilegal”.

Ya si no es por propio criterio, por lo menos debían enterarse de que sus estatutos ponen la ley y la moral al mismo nivel en este cargo. Dice en su web que “La destitución de un juez o fiscal de cualquier nivel se produce (…) cuando ha (…)cometido actos no acordes con la conducta funcional que un magistrado debe observar, los mismos que sin ser delito, atentan contra los deberes de su función, el decoro y la dignidad del cargo”.

Y vaya que Quispe Pariona atentaba porque también había sido denunciado ante el Tribunal de Honor de la U. Garcilaso (Resol. Nº26-TH-2007-UIGV) por acoso sexual a estudiantes. A una le dijo “Que a cuenta de que fuera su mujer, me iba a pagar toda la carrera”, que podía recategorizarla porque tenía “autorización del decano de Psicología y del rector, su compadre”. Otras dos estudiantes, de Derecho y Ciencias Políticas, lo acusaron de lo mismo. Todo lo cual terminó en que Quispe fuera inhabilitado para obtener el título en Derecho y Ciencias Políticas, según una investigación (http://bit.ly/1QDHiJy).


Así todo, los actuales miembros del CNM optaron por limpiarlo y en ese acto enlodarse ellos públicamente. Y pese a haber cedido a la presión pública dando a conocer el viernes la vacancia de Quispe Pariona por “incapacidad moral”, para la sociedad civil está claro que esos magistrados no nos representan y que también deben ser vacados por incapacidad moral para ejercer su delicada función. Dicen en su web (http://bit.ly/1Nx3i3t) que son un “Organismo constitucional autónomo con elevado nivel de credibilidad” y ellos acaban de destruirle toda su credibilidad. Dice que su misión es “consolidar instituciones públicas que sean reconocidas y aceptadas por la sociedad en su función de administración de justicia, de legalidad y fortalecimiento del sistema democrático” y ellos han deshonrado a la sociedad, a la justicia, a la institución y a la democracia. Por eso es necesario #QueSeVayanTodos. Por eso este lunes 16 de noviembre habrá un plantón en el frontis del CNM a las 9 am exigiendo un #NuevoCNMAhora. Porque si nosotros no defendemos la calidad de la democracia en la que vivimos, ellos que deberían, no lo harán.

Fujimori quiere seguir siendo el jefe



Ideeleradio.- El expresidente Alberto Fujimori desea tener protagonismo en la campaña y en un futuro eventual gobierno de Keiko Fujimori quiere ser "el poder detrás del trono", afirmó el analista político Steven Levistky.

“Para mí [las entrevistas que concedió Fujimori] expresa que Alberto Fujimori sigue deseando protagonismo en la campaña y en un futuro gobierno de Keiko. Él sigue queriendo seguir siendo el jefe, quiere influir, tener poder detrás del trono”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

"Él busca protagonismo. Lo que no sabemos bien qué quiere ella, yo creo que va a buscar distanciarse, que no va querer ser el títere de su padre, pero nadie sabe”, anotó.

Gestos más concretos.

El politólogo argumentó que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, va a tener que realizar gestos más concretos para que se crea que es ella quien dirige la campaña de Fuerza Popular.

“Es muy difícil [que crean que Keiko es la que dirige la campaña] porque los políticos no tienen credibilidad, nadie le cree; simplemente decir algo, prometer algo no basta. En el caso del fujimorismo es mucho más serio. Estamos hablando de una fuerza política que avaló un golpe de Estado, violaciones muy serias de derechos humanos, que hizo uno de los gobiernos más corruptos de la región. Entonces, promesas no bastan. Mejor eso, el prometer el indulto de Fujimori, como hace cinco años, va a tener que hacer gestos más concretos”, precisó.


“El problema que antes de las elecciones es imposible cumplir, no se puede cumplir hasta después, siempre queda ese problema de credibilidad”, concluyó.

Daniel Mora: El Apra, el fujimorismo, APP y SN tienen intereses políticos en universidades


Presidente de la Comisión de Educación recordó que la sentencia del TC dice que la Ley Universitaria es totalmente constitucional. 

Quieren seguir ganando lo mismo 

Ideeleradio.- El Apra, el fujimorismo, Alianza para el Progreso (APP) y Solidaridad Nacional tienen intereses políticos en las universidades, y por eso respaldan la norma que propone extender la vigencia de los rectores y vicerrectores elegidos antes de la Ley Universitaria, opinó Daniel Mora, presidente de la Comisión de Educación.

“[¿Quién está detrás?] Probablemente está el Apra, porque también ellos tienen intereses políticos en algunas universidades. El Apra por la Universidad Villareal. Al fujimorismo le interesa por Alas Peruanas, de la Universidad San Juan Bautista, [y además] los dos [César y Virgilio] Acuña con la Universidad César Vallejo. […También] Luna Gálvez de Solidaridad Nacional”, indicó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

El presidente de la Comisión de Educación recordó que la sentencia del Tribunal Constitucional dice que la ley es totalmente legal y no cuestiona ningún artículo. Por ello, sostuvo que le llama la atención que algunas bancadas pretendan que se discuta ese proyecto, cuando hay otros temas prioritarios.

“El Congreso se llenó de rectores rebeldes más apoyados por rectores de las universidades privadas. […] A nosotros nos llamó la atención por qué las universidades privadas están apoyando tan fielmente ese proyecto de ley que quiere restituir el mandato de los rectores hasta el 2018 o 2020 y no van a poder aplicar la ley en su totalidad. Quieren seguir usufructuando, quieren seguir ganando lo mismo”, argumentó.


“¿Por qué se han plegado rectores de universidades privadas? La única explicación que tengo es que si bien las universidades aceptan la ley a regañadientes, realmente les toca su bolsillo. […] Ese es el verdadero motivo por el que se quieren. Es todo el billete, ese es el motivo, los grandes ingresos que tiene una camarilla”, declaró.

Mora: Acuña habría infringido la Ley Universitaria con publicidad de la UCV y eso debe investigarse

Presidente de la Comisión de Educación cuestionó que dicho centro de estudios coloque paneles en donde se destaca el rostro de Acuña Peralta. 

Forma indirecta para proselitismo político 

Ideeleradio.- El precandidato César Acuña (Alianza para el Progreso) habría violentado la Ley Universitaria y eso tiene que investigarse, planteó Daniel Mora, presidente de la Comisión de Educación del Congreso, al cuestionar la publicidad de la Universidad César Vallejo (UCV) en la que se destaca la figura del ex presidente regional.

“[¿Usted cree que ha violentado la ley?] Yo creo que sí, habría que hacer una investigación porque si son de sus utilidades en buena hora, pero ya hubo un problema cuando se presentó para la región, donde se demostró que habían utilizado 5 millones que eran de la universidad”, indicó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Mora Zevallos cuestionó que dicho centro de estudios coloque paneles en donde se destaca el rostro de Acuña Peralta, dueño de la Universidad César Vallejo, como una suerte de uso indirecto de los recursos la UCV para hacer proselitismo.

 “Yo no puedo poner mi carota en un tremendo cartel, donde digo ‘yo creo en la educación’, y [luego un texto] chiquito ‘Universidad César Vallejo’. Entonces, utilizo el dinero de la universidad en forma indirecta para proselitismo político [y se justifica diciendo que solo pone] ‘yo soy de otra raza’, ‘yo soy no sé cuánto’. Imagínese ahí hay que analizar e investigar”, sugirió.

Finalmente, remarcó que se tiene que analizar la gran campaña que hace Acuña Peralta y señaló que el precandidato de Alianza para el Progreso debería pronunciarse abiertamente sobre si apoya o no la ley y sus alcances.


“[¿César Acuña debería pronunciarse claramente si está a favor o en contra de la ley?] Yo creo que sí, porque también tenemos que analizar la gran campaña que está haciendo, [y hay que tomar en cuenta lo] que la ley contempla claramente, y la Ley Universitaria también dice eso, de que los bienes y servicios de la universidad no pueden ser utilizados para fines distintos a los fines universitarios”, concluyó.

Greta Minaya: ¿De dónde tienen tanto dinero Keiko Fujimori y Alan García?


¿Usted cree que el dinero cae solo?, se preguntó la exjueza y exintegrante del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). 

Juicio de residencia 

Ideeleradio.- ¿De dónde tienen tanto dinero Keiko Fujimori y Alan García?, se preguntó la exjueza y exintegrante del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), al cuestionar los ingresos que tendrían tanto el líder aprista como la lideresa de Fuerza Popular.

“Alan García es multimillonario. ¿De dónde tienen tanto dinero? En el caso de la hija de Fujimori, ¿de dónde maneja tanto dinero? ¿Usted cree que el dinero cae solo? Desgraciadamente, en nuestro país, pasa eso”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Minaya Calle coincidió, por ello, con la iniciativa que sugirió el exparlamentario Javier Valle Riestra para que haya un “juicio de residencia” y se transparenten el patrimonio de los políticos, más allá de la declaración jurada.
“Y le doy la razón a Javier Valle Riestra, sobre el juicio de residencia, para que funcionario público que termina su gestión debería ser sometido a una investigación y ver el patrimonio con qué ingresa, porque la declaración jurada no basta; se burlan [de este requerimiento]”, declaró.

La mayoría de jueces son apristas o fujimoristas 

La exjueza cuestionó que personas con graves cuestionamientos postulen a la presidencia de la República como es el caso del expresidente Alan García. Dijo que el exmandatario se encuentra vinculado en una serie de delitos y que se ha visto favorecido por el Poder Judicial.

“Si bien el Jurado Nacional de Elecciones presentó un proyecto de ley para que se modifique la ley electoral en el aspecto de los candidatos, a mí me parece que no es correcto que personas con cuestionamientos tan graves postulen a la presidencia de la República. Tenemos el caso de García Pérez, este hombre está implicado en una serie de delitos que el Poder Judicial naturalmente está limpiándolo porque la mayoría de los jueces son apristas o fujimoristas.

“Justamente yo conozco al monstruo por dentro porque he sido magistrada, a mí no me dejaron ascender nunca porque me opuse a todas esas cosas, leguleyadas, querían que uno actúe de acuerdo a sus criterio”, anotó.

Caso Castillo Páez fue el primero por desaparición que se judicializó
 
Por otro lado se pronunció sobre la muerte y desaparición del estudiante Ernesto Castillo Páez. Refirió que su importancia radica, en que fue el primer caso de desaparición forzada que se judicializó.


“La importancia que tiene este caso sobre la muerte y desaparición de Ernesto Castillo Páez fue porque es el primer caso de desaparición forzada que se judicializó, pero no creo que [los restos] lo encuentren porque tengo conocimiento por uno de los testigos que comentó, pero no lo dijo públicamente,  que Ernesto Castillo Páez era asmático y lo sometieron a la prueba de la tortura y ahí murió”, explicó.

Mora: Sorprende que Toledo cuestione la Ley Universitaria cuando la mayoría respalda la norma


Legislador estimó que el exmandatario ha ido cambiando de posición por algunas reuniones que habría sostenido y en las que él no pudo participar.

Expuse el proyecto al partido 

Ideeleradio.- Me sorprende que el expresidente Toledo esté en contra de la Ley Universitaria cuando el 91% de estudiantes aprueba la norma y el 83% de la población la respalda, sostuvo el parlamentario Daniel Mora, presidente de la Comisión de Educación e integrante de Perú Posible.

“A mí me sorprendió y lamenté su posición [la de Toledo] porque el proyecto, cuando era proyecto, yo lo fui a exponer al partido e hice audiencias públicas a pedido del secretario general Lucho Thais. Dos veces he ido yo a exponer la ley y, después, Lucho incluyó sugerencias que han sido incluidas en la ley”, relató en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Me sorprende de cómo el presidente Toledo está en contra de una ley que la aprueban el 91% de estudiantes y el 83% de la población. El problema es que nosotros hemos socializado esta ley [en el partido]”, anotó.

Mora Zevallos estimó que el exmandatario ha ido cambiando de posición por algunas reuniones que habría sostenido y en las que él no pudo participar


“Yo creo que ha ido cambiando, después muchas explicaciones, creo que han tenido varias reuniones a las cuales yo no he asistido desgraciadamente. Creo que Lucho ha logrado demostrar que lo que están pidiendo estos señores es totalmente ilegal, que lo único que quieren es beneficiarse”, precisó.

San Marcos, PUCP y Villarreal marchan contra la “Ley Cotillo”


Colectivos ciudadanos se suman a protesta contra norma, cuyo debate fue postergado en el Congreso.

La marcha contra la denominada 'Ley Cotillo' ya comenzó. Universitarios e integrantes de colectivos ciudadanos se reunieron en la Plaza San Martín aproximadamente a las 5.00 p. m. La Policía impide que los jóvenes lleguen al Parlamento.

Universitarios marchan contra #LeyCotillopic.twitter.com/RM65MD36Mr
— Aaron Salomón (@aaronsalomong) noviembre 25, 2015

Sanmarquinos alzan su voz de protesta ante Ley Cotillo.pic.twitter.com/aGDStZUC46

— Aaron Salomón (@aaronsalomong) noviembre 25, 2015

Horas antes, el Congreso postergó el debate de la polémica 'Ley Cotillo' para la segunda semana de diciembre.

Información previa

Estudiantes de las universidades Nacional Mayor de San Marcos, Federico Villarreal y Católica, además de colectivos ciudadanos, marcharán esta tarde hacia el Congreso para rechazar el proyecto de ley que extiende el mandato de los rectores opuestos a la Ley Universitaria.

La movilización se iniciará a las 5.00 pm. en la Plaza San Martín, la misma hora en que empezará el Pleno del Congreso, en el cual se prevé el debate de la "Ley Cotillo", llamada así porque uno de sus beneficiarios sería el rector de la Universidad Nacional de San Marcos (UNMSM), Pedro Cotillo.

César Ames, estudiante de la UNMSM, sostuvo que en su universidad se vive un clima de confrontación  y desgobierno generada por el rector Cotillo, lo cual pasa por nombramiento de decanos y contratación de profesores a dedo, lo cual se realiza con la complicidad de dirigentes estudiantiles. 

En la marcha participará el legislador y precandidato presidencial Sergio Tejada. Trascendió que también estará presente el ministro de Educación, Jaime Saavedra.

Tejada dijo que las autoridades que se aferran a sus cargos pretenden seguir manejando irregularmente el dinero de universidades públicas, como recursos asignados por canon y los directamente recaudados. 

La semana pasada, la "Ley Cotillo" fue  exonerada del trámite de comisiones y fue debatida directamente en el Pleno, donde representantes de Concertación Parlamentaria (CP) y Fuerza Popular (FP) fueron sus más férreos defensores. Incluso, el último lunes, en la Comisión de Educación, Elías Avalos (FP), vinculado a la Universidad San Juan Bautista,  defendió a capa y espalda la continuidad de los rectores.

Sin embargo, tras las críticas a la norma en medios y redes sociales, varias bancadas, incluida la fujimorista, estarían evaluando su posición.

Anoche, el vocero de Fuerza Popular, Pedro Spadaro, adelantó que el tema será visto hoy en la Junta de Portavoces que decidirá si ingresa a debate o no.  Mientras, el presidente del Congreso, Luis Iberico (PPC-APP), aseguró que su partido no promoverá la derogatoria de la Ley Universitaria. 

Yonhy Lescano (AP-FA) cuestionó la norma indicando que es un desacato a la Ley Universitaria, cuya constitucionalidad, subrayó, es respaldada por el Tribunal Constitucional. 

En tanto, la jefa de la Superintendencia Nacional de Educación, Lorena Masías, afirmó que la "Ley Cotillo" restringe el derecho al voto a estudiantes, por lo que podría solicitarse su inconstitucionalidad en caso sea aprobada en el Congreso. 

En tanto, Cotillo denunció ante el Ministerio Público a Lorena Masías, a Juan Trelles Castillo, director general de Educación Superior Universitaria; y a Gisella Orjeda Fernández, presidenta del Concytec, por presunto abuso de autoridad.


Diario La República

Raúl Castro a Lourdes Flores: El PPC ya no es el partido de los pituquitos


Según el presidente del PPC, Raúl Castro, Flores Nano y su círculo más cercano forman "un grupito limeño" que "pretende imponerse a las grandes mayorías del partido".

Los problemas continúan en el PPC. Esta vez, el presidente de ese partido, Raúl Castro Stagnaro, acusó a Lourdes Flores y su círculo más cercano de velar solo por sus "intereses propios". Además, los llamó "pituquitos".
  
Según Castro, la lideresa del PPC y su grupo más cercano no quiere respetar las decisiones de la mayoría y buscar "demoler" a quien "le haga sombra a la señora Flores Nano".

"A la dirigencia y la militancia del partido, esa militancia mestiza y provinciana, se les debe respetar. Un grupito limeño no puede pretender imponerse a las grandes mayorías del partido por sus propios intereses.(El PPC) es un partido popular y completamente descentralizado (...) queremos que el partido salga adelante por encima de los pituquitos", dijo en diálogo con Canal N.

"Este nuevo PPC ya no es el pituquito", agregó durante una conferencia de prensa.

Según Castro Stagnaro, muchos militantes del PPC se retiraron del partido "por culpa de las actitudes" de Lourdes Flores. Además, aseguró que es "víctima de agresiones".

Recientemente,  Lourdes Flores Nano denunció irregularidades en las elecciones internas del PPC ante el Jurado Nacional de Elecciones.


Diario La República

Greta Minaya cuestiona lealtad de Marisol Espinoza y opina que hay transfuguismo


A eso lo llamo tránsfugas, porque luego van y se inscriben en otros partidos políticos, dijo la exmagistrada. 

Es una falta de respeto 

Ideeleradio.- La exjueza y exintegrante del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Greta Minaya, cuestionó la renuncia de Marisol Espinoza al Partido Nacionalista Peruano (PNP) y sostuvo que ese tipo de actitud solo puede ser calificado como un acto de transfuguismo.

“Yo particularmente pienso que una persona que ha militado en un grupo político, como ella, si quiso renunciar, ¿por qué no lo hizo público si es que presentó su renuncia? ¿Por qué no lo hizo público? ¿Por qué ahora recién dice ‘acá está mi carta’? No le parece un poco extraño que finalizando este gobierno, ella recién dice que ha renunciado y nadie sabe si es auténtica”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Ella debió haber dicho que es la vicepresidenta, que no renuncia a ese cargo, pero se va a mantener hasta el final. Eso es lo correcto, esa es la lealtad que deben tener los políticos que los llevó a ocupar este cargo. Eso es una falta de respeto. Yo a eso lo llamo tránsfugas, porque luego van y se inscriben en otros partidos políticos, incluso presenté una ley para que se sancione el transfuguismo ya hasta ahora no deciden”, apuntó.
Finalmente, indicó que el Congreso de la República no aprueba las reformas, porque los políticos no quieren que las cosas cambien.


 “Es algo lógico, no les conviene. Ellos no entran a gobernar ni a preocuparse por los intereses de la patria, sino a llenarse los bolsillos o si no a figurar”, indicó.

Greta Minaya: No hay autoridad moral en este CNM y todos tienen que irse


Exjueza denunció que el pretender que no hayan cambios al interior del CNM solo favorece a aquellos sectores políticos que tienen copado el Poder Judicial. 

Todos los miembros están cuestionados 

Ideeleradio.- No hay autoridad moral en los actuales integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM)y todos tienen que irse, sostuvo Greta Minaya, exjueza y exintegrante del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Igual [en el CNM], creo que ninguna excepción, porque todos los miembros están cuestionados, tan es así que por eso renunció Pablo Talavera. Allí tendría que cambiar o todos los miembros o evaluarlos nuevamente, porque dicen que cada uno de ellos tienen una hojita no muy santa”, mencionó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“No es suficiente [con la decisión de vacar a Quispe Pariona], porque esos señores son los que van a nombrar a los jueces y fiscales. Si yo no tengo autoridad moral, ¿cómo puedo elegir a otra persona? No hay la autoridad moral correspondiente, y cuando hay presiones de por medio y no saben ponerse los pantalones, ¿qué esperamos?”, declaró.
Minaya Calle denunció que el pretender que no hayan cambios al interior del CNM solo favorece a aquellos sectores políticos que tienen copado el Poder Judicial.


“Así como estamos no es garantía, y algunos sectores políticos les conviene que eso sea así para tener su gente allí. El Poder Judicial no es lo que esperamos, no hay justicia en el país”, indicó.

sábado, 21 de noviembre de 2015

OSINERGMIN RECHAZA ASALTO TARIFARIO PIURA EXIGE TARIFAS BARATAS CON GAS DE LA REGIÓN (Parte 2)

PIURA EXIGE TARIFAS BARATAS CON GAS DE LA REGIÓN
ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)

Respecto al problema de la masificación del gas natural en el departamento norteño de Piura, son cada vez más evidentes y graves los cuestionamientos al proceso de adjudicación de la distribución de gas natural a solicitud de la empresa Gases del Norte; éstos provienen de diversas instituciones, medios de comunicación, el colegio de Ingenieros de Lima y la región, frentes de defensa, federación de trabajadores petroleros y afines, alcaldes, regidores entre otras razones por los altos costos que tendrían las tarifas residenciales y del pequeño comercio, que pondrían en riesgo la esperada masificación.

En el mismo sentido, llama la atención la preferencia del Ministerio de Energía y Minas por medio de la Dirección de Hidrocarburos (DGH) para favorecer este lesivo proceso que violenta el ordenamiento legal, que acusa una falta clamorosa de competencia y la debida transparencia para el otorgamiento sí o sí de  la concesión de la distribución de gas natural  a favor de la empresa colombiana Promigas que adopta el nombre de Gases del Norte S.A.C. (Gasnorp). 

Frente a esta realidad el organismo regulador Osinergmin mediante el oficio Nº 1045-2015-GART dirigido a Gasnorp con fecha 06 de octubre se ratifica en el contenido de las 58 observaciones efectuadas. Así, en un lenguaje técnico y edulcorado, el regulador le dice a la empresa colombiana : “De la revisión de la documentación señalada se evidencian nuevos criterios e información que no corresponde con los supuestos considerados en la propuesta presentada por su representada a este organismo, por lo que resulta necesario que la nueva información sea evaluada y tomada en consideración por su empresa para la formulación de una nueva propuesta tarifaria, la misma que será evaluada de conformidad con el procedimiento previsto(…) En tal sentido, este organismo reiniciará el procedimiento el procedimiento de evaluación de la propuesta tarifaria a la presentación del estudio tarifario solicitado que deberá considerar los nuevos criterios e información ya indicados”.

En el fondo se cuestionan la falta de base y sustento de la propuesta tarifaria presentada ante dicho organismo; sea por la ausencia de reservas aseguradas de gas natural, el alto costo de las tarifas finales que asumirían los usuarios residenciales y del pequeño comercio, por los altos montos de inversiones injustificados que encarecen indebidamente el proyecto de construcción que finalmente será repagado por los consumidores. Las notorias diferencias entre la propuesta original anualada en competencia con Sechura Oil & Gas y la propuesta final de Gasnorp como único participante ante el ministerio del sector en el proceso de solicitud de la concesión.

A ello debe sumarse la débil penetración en el mercado de combustibles a través de las estaciones de gas natural vehicular (GNV) ofreciendo la construcción a lo mucho de cinco estaciones en más de 10 años, cuando en el proceso anulado con la debida competencia ofertaban por lo  menos el levantamiento de diez estaciones.
Si a ello se agrega la posible violación del derecho de propiedad sobre el uso y usufructo de los ductos de gas natural que serían transferidos a Promigas lo cual también significaría un incremento del costo de las tarifas eléctricas para el sufrido consumidor piurano, afectando de paso la competitividad de la refinería de Talara bajo responsabilidad de PetroPerú, cuyos ductos de gas también serían transferidos.

Se debe tener presente que los ductos de gas natural que son utilizados para la generación eléctrica por la empresa EEPSA más conocida como Eléctrica de Piura S.A. perteneciente al Grupo Endesa, la cual es una unidad de generación que asumió como activos las instalaciones, centrales térmicas de Malacas y Verdún con  los ductos de gas respectivos  mediante el proceso de privatización en 1996. 
Es decir, la cuestionada concesión de la distribución de gas natural tiene tantas observaciones, vacíos, inconsistencias técnicas, económicas siendo las más graves a mí entender la falta de las reservas disponibles de gas natural para alimentar la distribución en la región, es decir no hay seguridad de suministro, pues la colombiana Promigas  no cuenta con campos propios de hidrocarburos. Y en segundo lugar, si se comprometen las reservas de gas natural del lote I y V bajo responsabilidad de la empresa Graña y Montero Petrolera S.A. las condiciones de su venta exigen la autorización de PerúPetro S.A. empresa estatal de derecho privado que a nombre del estado resulta el titular, es decir, propietario del gas natural, por la naturaleza de ser ambos “contratos de servicios”.

En tal sentido, el gas ofrecido por la empresa Graña y Montero para alimentar la distribución es  propiedad del estado a través de PerúPetro que tiene entre sus objetivos según ley de Organización y Funciones Nº 26225 en el artículo 3 inciso f)” Comercializar, exclusivamente a través de terceros…. Y bajo los principios de libre mercado, los Hidrocarburos provenientes de las áreas bajo Contrato, cuya propiedad le corresponda”

Por tanto, el gas natural proveniente de los lotes I y V que alimentaría la distribución por ductos en la pretendida concesión de Promigas debería ser licitado respetando los principios de la libre competencia. Al respecto ¿Qué opina PerúPetro sobre estas anomalías?.

 En tercer lugar, y tal vez el más importante para el consumidor se relaciona con las abusivas tarifas eléctricas residenciales que se pretendían cobrar, que como se analizó en un artículo anterior, no resultan promocionales ni competitivas para sustituir la demanda del gas licuado de petróleo (GLP) que sería el combustible al cual el gas natural distribuido por ducto debería remplazar.

SIN SEGURIDAD DE ABASTECIMIENTO

Al respecto cabe señalar que tanto el Ministerio de Energía y Minas como el Osinergmin señalan reiteradamente que Promigas no tiene ni asegura las reservas de gas natural para la pretendida concesión de la distribución por ductos en la región Piura que a diferencia de Huaraz, Chimbote, Trujillo, Pacasmayo, Chiclayo y Lambayeque, sí cuenta con reservas de gas natural y por tanto no dependería del transporte del gas de Camisea.

Dicho sea de paso la distribución de gas natural por ducto para dichas regiones que también son responsabilidad del Consorcio Promigas-Surtigas bajo la denominación de “Proyecto de Masificación del Uso de Gas Natural a Nivel Nacional Concesión Norte” que se suscribió el 31 de octubre del 2013 tenía como fecha estimada para la puesta en operación comercial el 31 de octubre del 2015. Es decir, ya debería estar inaugurada y operando comercialmente, y los organismos responsables callan en todos los idiomas esta falta de cumplimiento. ¿Así, pretenden la distribución por ductos para Piura para tener un poder de dominio del mercado de distribución?

Por ello, para el caso de Piura la observación fundamental del organismo regulador al respecto  era que “El volumen de gas contratado con los productores, Petrolera Monterrico S.A. y Graña y Montero Petrolera S.A., no cubriría, a partir del segundo año, la demanda total de la concesión”…

Es más, tal como se puede observar en el párrafo y  cuadro respectivo del informe Técnico-Legal de la DGH Nº 012-2015 del MEM se señala la insuficiencia del suministro sea esta medida en volúmenes de millones de pies cúbicos diarios (MMPCD) o metros cúbicos diarios frente a la demanda de gas natural, donde es evidente el desbalance entre la oferta y demanda:


“…No obstante la aceptación de la modalidad contractual empleada, según lo señalado en el párrafo precedente; habiéndose efectuado la comparación de los volúmenes de Gas Natural comprometidos en el referido Contrato de Opción para los años 2017 a 2021, se aprecia que estos no resultan suficientes para cubrir la demanda proyectada a partir del año 2018, según los estimados anuales contenidos en el Anexo I de la documentación presentada con el expediente de la referencia b), tal como se muestra a continuación:



ASALTO TARIFARIO AL USUARIO EN PIURA (Parte 1)



PAGARÍAN SOBRE PRECIO POR LA DISTRIBUCIÓN DEL GAS NATURAL
ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)

Siempre hemos apostado por la masificación del gas natural en nuestro país con un energético que tenemos en abundancia y que gracias a Camisea con la explotación del lote 88  ha cambiado el patrón de consumo energético disminuyendo en parte nuestra dependencia en relación al petróleo importado. Con el precio regulado  del gas de Camisea el país ha ganado competitividad en lo referente al costo de la energía, más de 300 mil vehículos se benefician del Gas Natural Vehicular (GNV) y Gas Licuado de Petróleo (GLP)  provenientes de dichos campos, adicional a ello más de 160 mil hogares en Lima se benefician de las bondades de un energético limpio y barato.

La misma realidad quisiéramos para Piura, un departamento rico en hidrocarburos donde se demanda la puesta en valor de los recursos naturales como el gas natural con responsabilidad pues hasta no hace mucho tiempo se quemaba y/o se ventea el gas natural con la autorización del Ministerio de Energía y Minas, lo cual constituye una aberración económica.

En tal sentido, el precio final que abonará el consumidor residencial, el pequeño comercio y el pequeño industrial de Piura  serán más del doble en relación a los precios finales que tiene que asumir su similar en Lima, que resulta abastecido por la empresa Calidda, que tiene como principal accionista a la empresa colombiana Promigas S.A., tal como se puede observar en el cuadro “Competitividad GasNorp vs Calidda” información obtenida de las observaciones realizadas por el organismo regulador Osinergmin en el Informe Nº 0509-2015-GART del 25 de agosto del 2015. El documento citado se denomina “Observaciones al Plan de Desarrollo Inicial y Propuesta de Tarifas Iniciales de la solicitud de concesión del servicio de distribución por red de ductos en Piura, presentada por la empresa Gases del Norte del Perú S.A.C.”

La empresa Promigas S.A. Esp y subsidiarias es una empresa que tiene como principal accionista a la Corporación Financiera Colombiana S.A. con el 34.22 por ciento de participación y la Empresa Eléctrica de Bogotá (EEBGAS S.A.S.) con el 15.84 por ciento de participación.

A su vez Promigas S.A. participa con el 40 por ciento de participación en Gas Natural de Lima y Callao S.A.C. más conocida como Calidda responsable de la distribución del gas natural proveniente del lote 88 de Camisea. Se debe tener presente que  Promigas también tiene una participación del 100 por ciento en Gases del Norte del Perú S.A.C. (GasNorp) y del 100 por ciento en Gases del Pacífico S.A.C., y tiene la concesión en la distribución de gas natural en Chimbote, Trujillo y Chiclayo.


Y, como si fuera poco en la “posición de dominio” aspira también a tener a su cargo la distribución del gas natural en Piura, gracias a un cuestionado proceso ausente de transparencia con la complicidad del Ministerio de Energía y Minas.
Como es evidente en el cuadro respectivo en la propuesta observada por el organismo regulador, Gas del Norte (Promigas) pretende cobrarle al usuario final de Piura sea éste residencial y del pequeño comercio un precio final de US$ 22.8 dólares por millón de BTU (Unidad calorífica aproximadamente equivalente a 1,000 pies cúbicos), cuando su similar de Lima con el gas que distribuye Calidda está abonando un valor de US $ 10.1 dólares por millón de BTU.

Como bien hace el organismo regulador al señalar en el documento citado, Promigas no demuestra las razones ni los determinantes de los costos de inversión por los cuales el consumidor de Piura tendría que pagar como precio final un valor de US $ 22.8 por millón de BTU más que duplicando los precios finales que asume el consumidor residencial de la capital.

Se debe  asumir que en dicho precio final está contenido el precio en boca de pozo, el precio al cual vende el productor del gas natural al interesado, el costo del transporte a través de ductos y el precio de distribución que abonará el consumidor final, tal como se puede apreciar en el cuadro respectivo.

En principio, se debe reconocer que el precio final que abona el consumidor residencial y del pequeño comercio de Lima y Callao corresponde a una tarifa regulada, y a pesar de recorrer del Campo Malvinas en Camisea más de 1,000 km hasta llegar al City Gate de Lurín y de allí distribuirse a través del anillo que rodea la ciudad capital para abastecer a los clientes libres y regulados.

VENDE LO QUE NO ES SUYO

El gas natural que estaría detrás de la distribución de GasNorp (Promigas) provendría  de los lotes de Graña y Montero (lote I) y Petrolera Monterrico (lote II), empresas que venderían el gas a precio de mercado, es decir a precios libres poniendo en riesgo la masificación en Piura, con el agravante  que según el Libro de Reservas de Hidrocarburos para varios años, no aseguran el abastecimiento seguro y oportuno para una concesión que tendría más de 20 años, lo cual resulta extraño con el beneplácito del ministerio del sector.

La empresa de hidrocarburos Graña y Montero Petrolera tendría en el lote I no más de 63 billones de pies cúbicos que resultan insuficientes para abastecer a los clientes libres y regulados a los cuales tendría que abastecer la distribución de GasNorp. Así, el  documento del Osinergmin entre sus 58 observaciones realizadas, las más relevantes  en la propuesta de distribución de GasNorp (Promigas) enfatizan que:

1.      “El volumen de gas contratado con los productores, Petrolera Monterrico S.A. y Graña y Montero Petrolera S.A., no cubriría, a partir del segundo año, la demanda total de la concesión”
2.      “La Propuesta Tarifaria no cuenta con los sustentos de costos de inversión, es decir costos unitarios desagregados por materiales, equipos, instalación-tipo de terreno, gastos generales y utilidad del contratista entre otros”….
3.      “Las tarifas de distribución resultan elevadas respecto a las concesiones existentes, lo cual le quita competitividad al gas natural en la Región Piura, con el consiguiente riesgo de no concretarse las conversiones a este combustible.”

Al margen de los altos costos de distribución que no han sido explicitados, la empresa Graña y Montero Petrolera S.A. estaría ofreciendo un gas natural que no le pertenece pues por la naturaleza de “contrato de servicios” los hidrocarburos sea petróleo crudo y gas natural extraídos resultan propiedad del Estado; es decir, PerúPetro  le abona una retribución a la petrolera y el estado asume la titularidad sobre los recursos, por tanto el propietario de los hidrocarburos es PerúPetro a nombre del estado.

Por ello resulta contradictorio que siendo Piura región productora de hidrocarburos, donde el principal abastecedor de gas natural para la distribución es el lote I bajo responsabilidad de Graña y Montero, en un “contrato de servicios”, el consumidor residencial y el pequeño comercio tengan que abonar abusivos precios finales por el gas natural, que están duplicando los precios de Lima.


Ello solamente se explicaría  por las anormalidades contractuales en un lesivo y nada transparente proceso de licitación que se ha cocinado en el Ministerio de Energía y Minas en los dos últimos años, carente de competencia donde se pretende asignar directamente, es decir “a dedo” a la empresa colombiana GasNorp, es decir Promigas S.A., la concesión del servicio de distribución por red de ductos en Piura, afectando como afirma el documento del organismo regulador la competitividad y los intereses de los consumidores.