sábado, 21 de noviembre de 2015

¡Que se vayan todos!: Plantón frente al Consejo Nacional de la Magistratura















Ante la crisis en el Consejo Nacional de la Magistratura, diversas organizaciones de la sociedad civil, entre las que figura el Instituto de Defensa Legal, convocaron a un plantón el lunes 16 de noviembre, fecha en que se programó la juramentación de Rogelio Gonzáles, consejero suplente que reemplazará al renunciante Pablo Talavera.

El Apra y el fujimorismo de espaldas al país y a favor de la crisis del CNM

Ante lo ocurrido en la Comisión de Justicia el día de ayer, con la inaudita “desinvitación” del consejero Guido Águila y del ex consejero Pablo Talavera, el Instituto de Defensa Legal – IDL debe señalar lo siguiente:

1.      La denominada “desinvitación” se produjo debido a la cuestión previa planteada por el congresista Mauricio Mulder (Apra) y aprobada además con los votos de los congresistas Karina Beteta (Fuerza Popular), Santiago Gastañadui (Nacionalista), Pedro Spadaro (Fuerza Popular), Octavio Salazar (Fuerza Popular), Julio Gagó (Fuerza Popular) y Marco Falconí (Unión Regional). Esta inexcusable moción presentada por el Apra y avalada sobre todo por el fujimorismo, revela el alto interés de dichos partidos políticos de blindar a consejeros que no cuentan con el perfil profesional ni ético y mantener todo como está en la actual crisis institucional del Consejo Nacional de la Magistratura.

2.      El Apra, para impedir que los integrantes del Consejo den explicaciones sobre los hechos y afronten las consecuencias argumentó que el CNM al ser una institución independiente “no tiene por qué dar explicación de sus decisiones”. Una justificación antidemocrática, falsa y peligrosa, por promover el oscurantismo en el nuevo Consejo. En un Estado Constitucional de Derecho no pueden permitirse zonas exentas de control, prima el accountability horizontal y el deber constitucional del CNM de motivar debidamente sus decisiones. De mantener una decisión de este tipo el Congreso estaría abdicando de sus funciones de control.
 
3.      Proteger a los actuales consejeros no solo es grave porque promueve la impunidad en su actuación, sino que por la forma como trataron la vacancia de Alfredo Quispe (idas y venidas inmotivadas) abre la posibilidad de una demanda de amparo que reponga en el cargo a quien nunca integrar el Consejo.

4.      Ante este escenario urge que las mociones presentadas por otros congresistas puedan verse además en otras instancias del Congreso en defensa de su fuero de control político y la no impunidad de consejeros que, de lo contrario, permanecerán en sus cargos los siguientes 5 años teniendo como aval de lo que hicieron y lo que harán al Parlamento.


5.      Es necesario resaltar el hecho que el consejero reemplazante de Pablo Talavera llamado a ejercer como representante de los jueces supremos, José Gonzáles López, haya renunciado en coherencia con la renuncia del consejero titular. Un hecho que evidencia y agudiza la crisis del Consejo.

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