lunes, 21 de diciembre de 2015

AFP, Bono comunal y “sentido común”

Por: Humberto Campodónico

La aprobación de una Ley para que los jubilados dispongan del 95.5% de sus fondos en las AFP ha sido, en general, “bien recibido” por los sectores políticos y también por la opinión pública. El argumento central: “Yo he ahorrado ese dinero, es mi derecho”. Juega a favor el enorme desprestigio de las AFP que se lo han “ganado a pulso” con el cobro de comisiones leoninas a un público cautivo, recuperando varias veces su patrimonio y sin perder nunca, pero sí  los aportantes.

A pesar de lo anterior, la entrega del 95.5% es una mala medida porque destruye su fundamento: ser un ahorro previsional para los años de retiro. Este principio rige en todos los países del mundo, ya sea que tengan un sistema de pensiones público, privado o un híbrido. Ojo, eso no quiere decir que el dinero se quede en la AFP pues se puede crear fondos alternativos.

Ciertamente, existen casos donde una parte se pueda retirar con la jubilación: para una vivienda o cuando lo ahorrado solo da para una pensión misérrima. Pero el planteamiento indiscriminado de que los jubilados “sabrán qué hacer con su dinero” es una quimera ideológica.

¿Qué sucedería si pierden sus fondos porque se los prestan a amigos o a la familia y no se los devuelven? Pero, dirán algunos, el jubilado puede convertirse en un “emprendedor exitoso”. Ah, ya. Incluso en los años de bonanza, la tasa de mortalidad de las microempresas es muy alta. Dice SUNAT que 300,000 Mypes se crean cada año, pero que 200,000 Mypes desaparecen ese mismo año. ¿No sería esto peor con “emprendedores” ya mayorcitos?

¿Qué sucedería cuando el jubilado ya no tenga ingresos? ¿Se le abandona a su suerte? ¿No tendría el Estado que intervenir para que no se convierta en un indigente?  Los liberales dirán que sí, que eso le ha deparado el “libre mercado”. No, pues. Allí se rompe el contrato social mínimo de convivencia entre ciudadanos.

Esta idea liberal tiñe la sociedad desde los 90, con el régimen fujimorista: “no hay que poner cortapisas a la iniciativa privada, bajo ninguna forma”. El mejor/peor ejemplo es el desorden del transporte: quien quiera poner una línea de combis que atraviese la ciudad como le dé la gana, que lo haga.  Y así.

Una de las últimas manifestaciones de esta idea es el otorgamiento de un bono de dinero a los campesinos y/o comunidades nativas que habitan en las zonas con yacimientos mineros: si reciben efectivo, estarán a favor de cualquier actividad extractiva(Alan García). Y, por arte de birlibirloque se acabarán los problemas.

El planteamiento va más lejos: la propiedad del subsuelo ya no debe ser del Estado, sino de la persona natural o de la comunidad nativa. Así, la empresa negociaría directamente con el (los) propietario(s) del terreno, y tendrían una participación directa en las ganancias: colorín colorado, el final feliz está garantizado.

Este planteamiento no toma en cuenta, por ejemplo, que estaría inculcando el rentismo en las comunidades nativas, en lugar de impulsar encadenamientos productivos que permitan desarrollar actividades alternativas. No habría tampoco espacio para Fondos de ahorro para “guardar pan para mayo” (las vacas flacas), lo que ahora tanto se necesita.

En realidad este “argumento” es solo un disfraz –bastante burdo además– para dejar de lado al Estado en su rol de orientador estratégico. Ya no habría una zonificación ecológica territorial (donde se prioriza los usos del territorio de acuerdo a lineamientos productivos, económicos y ecológicos), se relajarían los estudios de impacto ambiental y, por definición, también la consulta previa.

Pero este planteamiento de la doctrina anglosajona no arregla ningún problema. En el caso de un yacimiento minero, ¿solo la comunidad nativa que está “encima” negocia con la empresa? ¿Y las que están unos kilómetros más allá, qué reciben? ¿Se van a enfrentar unas a otras, y con la empresa? ¿Y con el Estado?

Se dice que ha funcionado en Canadá donde los pueblos originarios (llamados Primeras Naciones) tienen la propiedad del subsuelo (en verdad, solo en parte) y negocian con las empresas, tienen fondos de inversión rentables y grandes negocios. Pero no dicen que en los últimos años, representantes de las “Primeras Naciones” se están oponiendo a las inversiones petroleras y al tendido de oleoductos que pasan por sus tierras (1). O sea que la “solución” para destrabar la inversión se vuelve en su contrario.

Volvamos al inicio: es necesaria una reforma integral del sistema de pensiones, público y privado (2). Se debe dejar de lado la ideología (“la gente sabrá qué hacer con el 95.5%”) y establecer una pensión mínima para todos. A partir de allí, hay opciones para el ahorro privado y también para un fondo público de pensiones.

No es cierto que, siempre y en toda circunstancia, “por la plata baila el mono”, el jubilado de la AFP o la comunidad nativa. Basta ya del “sentido común” liberal de que cada cual puede hacer lo que mejor le parece y que, justamente por ello, el país avanzará. Detrás de esa “disolución de la sociedad” están los intereses económicos para que estas “nuevas ideas” les permitan seguir en lo mismo y que nada cambie.

Ese facilismo autocomplaciente de “piloto automático nos ha llevado al estancamiento, del cual solo se puede salir con planteamientos y sentidos comunes alternativos. Igual, felices fiestas para todos.

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