martes, 17 de enero de 2017

Piura: El Ministerio Público amplía investigación preliminar en el caso de la congresista García


Textos: Redacción » Fotos: Correo

La parlamentaria fue denunciada por presunta falsa declaración en procedimiento administrativo

La Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura solicitó la ampliación del plazo de la investigación preliminar que se le sigue a la parlamentaria fujimorista, Maritza García Jimenez, quien fue denunciada por presuntamente haber realizado falsa declaración en procedimiento administrativo durante su postulación al Congreso de la República.

EL PLAZO.

La fiscal a cargo del caso, Laura Saavedra Sánchez, solicitó hace unas semanas la ampliación de plazo de la investigación por un periodo de 60 días, a fin de consolidar todas las diligencias dentro de la investigación.

Esto luego de que el primer plazo, que inició el 20 de octubre de 2016 y culminó hace una semana, venciera sin que se haya completado el procedimiento de indagación.

De acuerdo a la programación del Ministerio Público de Piura, el denunciante, Luis Merino Cruz, ha cumplido con acudir a la Fiscalía ha brindar su declaración en la fecha señalada. En tanto, la legisladora, Maritza García, acudió a realizar sus descargos luego de haber reprogramado su cita en dos oportunidades.

“Es que como no fui a declarar se ha retrasado un poco porque las fechas estipuladas coincidían con las sesiones del pleno (del Congreso), y me era imposible faltar (al pleno). Pedía la reprogramación dos veces, y ahora he declarado”, aseguró la parlamentaria.

LA DENUNCIA.

El 29 de setiembre de 2016, el ciudadano Luis Merino Cruz denunció a García por, aparentemente, haber realizado falsa declaración en procedimiento administrativo durante su postulación al Congreso.

En respuesta a la acusación, la parlamentaria aseguró ser víctima de extorsión por parte de una supuesta mafia integrada por un periodista, un abogado, y otras tres personas. La Fiscalía también acogió la denuncia y abrió investigación preliminar.


Ahora, la Universidad Nacional de Piura (UNP) y la Comisión de Ética del Congreso la investigan.

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