Persona natural facturó más de 1 millón de nuevos soles, pero sería un vendedor ambulante
18 de Diciembre del 2014 - 12:14 | Piura – Diario Correo
En las últimas semanas, por orden de la Fiscalía de la Nación, los casos en los que se investigan presuntos actos de corrupción en los que están involucrados autoridades y funcionarios pasaron a la recientemente creada Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura.
Una de las carpetas fiscales derivadas a este nuevo despacho es la N° 2606014502-214502-2014-301-0 de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Sechura, que contiene las diligencias iniciadas en contra de los alcaldes de las municipalidades distritales de Vice y Rinconada Llícuar, de la provincia de Sechura.
A ellos, según se lee en la disposición fiscal, se les imputa la supuesta comisión de varios delitos que se habrían cometido en el pago irregular a un proveedor, que en realidad sería un vendedor ambulante sin otro tipo de negocio.
EN LA MIRA. El caso fue denunciado desde el pasado 16 de septiembre por la Coordinadora Nacional Anticorrupción del Perú, representada por su presidente Enrique Bernal Solado, después de que se advirtiera que el proveedor Abraham Sosa Castillo registraba una elevada facturación en las comunas aludidas.
En Vice, tal como se puede verificar en el portal de transparencia económico del Ministerio de Economía y Finanzas, ha facturado en los últimos cuatro años un total de 679 mil 544.70 nuevos soles.
En Rinconada Llicuar, reporta un total de 35 mil 163.45 nuevos soles, entre el 2013 y 2014.
Asimismo, en la Municipalidad Distrital de la Unión, de la provincia de Piura, 322 mil 417.95 nuevos soles en los últimos cuatro años. Aunque cabe señalar que este caso no está incluido en la investigación fiscal.
En total, Sosa Castillo facturó 1 millón 37 mil 126.10 nuevos soles en las tres comunas distritales.
Pero, coincidentemente, la Coordinadora Nacional Anticorrupción del Perú, que promueve un referendo para oponerse a la privatización de los mercados de Piura, y que trabaja de la mano con dirigentes del mercado modelo, encontró a la misma persona como vendedor ambulante de refrescos en la avenida Blas de Atienza.
Es decir, estarían usando su nombre para prestar servicios a entidades del Estado y obtener ingentes cantidades de dinero.
ACOGE. Ante ello, se presentó una denuncia ante la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Sechura, que en el mes de noviembre inició la investigación en contra de los alcaldes Agustín Eche Temoche de Vice y Walter Martínez Vite de Rinconada Llicuar; y contra quienes resulten responsables de la presunta irregularidad mencionada.
Pese a que los dos burgomaestres fueron denunciados en un mismo escrito, el Ministerio Público dispuso desagregar la investigación, dado que se trata de dos entidades distintas. En otras palabras, cada una de las dos autoridades ediles será procesada de forma independiente.
“En el presente caso, se advierte que los hechos denunciados supuestamente habrían sido cometidos por los alcaldes (...), en la cual se habrían facturado montos por supuestos servicios a favor de dos municipalidades; sin embargo, cabe advertir que cada acto cometido por cada alcalde son hechos muy distintos, en diferentes momentos”, explica la Fiscalía.
INCLUIDOS. Además de los dos burgomaestres, también es investigado el proveedor Abraham Sosa Castillo, quien deberá desfilar por el banquillo fiscal para dar su testimonio.
Vale destacar que el pasado 4 de diciembre, la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Sechura, mediante los Oficios N° 1359-2014 y N° 1360-2014, trasladó la carpeta fiscal N° 2606014502-214502-2014-301-0 a la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, cumpliendo la orden de la Fiscalía de la Nación de derivar los casos de supuestos delitos de corrupción a dicho despacho.
Los delitos que se imputan a los investigados son: peculado, malversación de fondos, colusión, apropiación ilícita, fraude en la administración de personas, jurídicas, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, en agravio del Estado.
La Fiscalía Anticorrupción se encargará de continuar las diligencias de investigación para determinar el grado de responsabilidad o inocencia de los imputados en este caso.
Correo intentó comunicarse con los alcaldes y funcionarios de ambas municipalidades para obtener una versión de los hechos, pero las llamadas al teléfono celular no llegaron a ser atendidas.
Huancabamba, diciembre de 2014. En asamblea general y con el quórum reglamentario, la Comunidad Campesina Segunda y Cajas de Huancabamba declaró como zona de protección más de 27 mil hectáreas de su territorio. El acto público contó con la participación de comuneros procedentes de 34 caseríos que forman parte de la comunidad. El evento se desarrolló en la casa comunal en el caserío Cajas Shapaya, ubicado a 20 minutos de Sapalache capital de El Carmen de la Frontera.
