Solo
nuevos mecanismos de participación directa de los pueblos, comunidades y
sectores sociales y laborales permitirán gestar una nueva forma de democracia,
más auténtica y legítima, que le devuelva a esta palabra su sentido y
acepción original.
Por Jorge Agurto
29 de octubre, 2019.
La imagen
de una barricada que señala: "No somos de izquierda ni de derecha,
somos los de abajo que vamos por los de arriba" es un buen reflejo del
sentimiento que embarga a muchos sectores populares en diversas partes de
la región.
La
consigna no es nueva. Hace muchos años que la reivindican sectores del
movimiento indígena que han alcanzado claridad programática propia y entienden
que ni la derecha ni la izquierda son garantes de respetar derechos (1).
En
momentos en que hay consenso que se vive una crisis del neoliberalismo o
las manifestaciones de hartazgo sobre el mismo se vuelcan a las calles
conviene preguntarse: ¿qué alternativas tenemos frente al modelo económico que
nos ha venido expoliando sin misericordia en las últimas décadas?
Modelo
económico y sistema político
Un primer
tema esencial es comprender la relación entre el modelo económico denominado
"neoliberal" y el sistema político "democrático" que nos
gobierna. La experiencia nos indica que no es posible separar uno del otro.
Ambos se han venido dando la mano para mantenerse.
El
trasfondo de ambos es el poder fáctico de los grupos de poder económico
(GPE) y que a través de la "puerta giratoria" hace un
uso sistémico y funcional del Estado para su provecho corporativo (2).
La
Constitución Política define y establece una estructura de Estado que
materializa y engarza ambos sistemas: económico y político, aunque los GPE se
dan maña para operar a su conveniencia y hacer "legal" sus
actividades ilegales e inconstitucionales.
Quienes
ven oportunidades de un cambio político únicamente participando en los procesos
electorales de un régimen político diseñado para proteger el sistema
neoliberal, participan de un cambio de apariencia, superficial, en el
maquillaje de un engranaje de poder que nos oprime.
Y es que
lo que está en crisis es el mismo sistema de Estado, es la
institucionalidad pública diseñada para encubrir no solo la corrupción
escandalosa sino –lo que es más grave– la explotación y el saqueo de los
bienes comunes de la patria y la humanidad. (2)
Cabe
remarcar que diversos estudios concluyen en la tesis de la captura o el
secuestro corporativo del Estado a favor de mafias empresariales
transnacionales y que el costo de esta captura hace inviable la posibilidad de
un desarrollo sostenible. (3)
Poder
comunitario y nuevo tipo de Estado
El Estado
capitalista neoliberal está en crisis hace tiempo y nos conduce, con una
velocidad irrefrenada, a una catástrofe climática y civilizatoria. El aparato
de Estado, secuestrado por el poder fáctico de los grupos de poder económico,
se dan maña para sortear las crisis periódicas con el sistema electoral de su
seudodemocracia.
Los
medios masivos de desinformación juegan un rol muy importante en crear y
recrear los escenarios más convenientes para morigerar las crisis y reencausar
el descontento social por las vías de siempre.
El
problema de fondo es la falta de propuestas políticas que vayan más allá del
escenario estrictamente electoral y que no se planteen cambios estructurales
profundos orientados a establecer una relación más armoniosa entre
institucionalidad política y voluntad popular.
La
necesidad de perfilar el debate en torno a una nueva Constitución Política del
Estado es la necesidad de poner en discusión y revisar el carácter del Estado
colonial-patriarcal y debatir la necesidad de un nuevo tipo de Estado donde el
poder se diluya en las comunidades de base.
La necesidad de recuperar y fortalecer la comunidad
como unidad de gestión territorial, como célula de un nuevo tipo de Estado, es
una necesidad histórica
A
diferencia del Estado burocrático, centralista, autoritario, militarista,
excluyente y represivo que ignora y soslaya las necesidades populares
requerimos pensar en un Estado de carácter comunitario, horizontal, cuyos
cimientos reposen en las comunidades campesinas, nativas, ronderas, ribereñas,
pescadoras y urbanas del país.
El viejo
y caduco Estado peruano colonial-republicano se ha construido "desde
arriba", en las alturas, cada vez más alejado y divorciado de la realidad
de las mayorías. Es menester, construir, edificar un nuevo tipo de Estado cuyo
poder se asiente y descanse en el poder comunitario de las bases sociales
organizadas.
La
necesidad de recuperar y fortalecer las relaciones comunitarias como base de
toda relación estadual se sostiene en la urgente e inaplacable necesidad de
enfrentar enormes desafíos como, por ejemplo, la crisis climática.
Este
desafío real y creciente rebasa ya de por sí las capacidades del viejo Estado
peruano, obsoleto, incapaz hasta de ejecutar su propio presupuesto público y de
socorrer a las poblaciones damnificadas por desastres que sus políticas
extractivistas agravan.
La
necesidad de recuperar y fortalecer la comunidad como unidad de gestión
territorial, como célula de un nuevo tipo de Estado, es una necesidad histórica
para superar el neoliberalismo y desplegar nuestras mejores capacidades y
energías hacia el futuro.
En lugar
de un parlamento carcomido e infestado por la podredumbre moral y política
debemos pensar en crear nuevas instancias de participación y representación
social, mucho más auténticas y legítimas.
Ya se
trate de una Asamblea Nacional, Asamblea Popular o Parlamento Popular – el
nombre es secundario (5) –, lo importante es que en este espacio legítimo del
pueblo deben participar todos los pueblos originarios y todos los sectores
sociales y laborales.
Es en un
espacio democrático como ese, sin representantes a sueldo ni con privilegios,
en el que se deben consensuar las grandes decisiones nacionales, los grandes
acuerdos estratégicos para el bienestar del país.
Los
partidos políticos no deben ser instituciones que mediaticen la voluntad
popular mediante un controvertido sistema electoral, sino instituciones que
alienten corrientes de opinión y construyan propuestas de cara al pueblo y el
país.
Solo
nuevos mecanismos de participación directa de los pueblos, comunidades y
sectores sociales y laborales permitirán gestar una nueva forma de democracia,
más auténtica y legítima, que le devuelva a esta palabra su sentido y
acepción original.
Notas:
(1) El libro “Crisis civilizatoria. Experiencias de los gobiernos progresistas y
debates en la izquierda latinoamericana”, de Edgardo
Lander, de reciente aparición (CALAS, setiembre de 2019) es un valioso
análisis sobre el fracaso de los gobiernos progresistas de izquierda en
Bolivia, Ecuador y Venezuela y cuya expresión oficial se encuentra en el Foro
de Sao Paulo. "Esta ausencia de reflexión crítica/autocrítica es, en sí
misma, la expresión más clara de la crisis de esta izquierda y de su creciente
incapacidad para reconocer otras alternativas, otros horizontes de futuro que
desde múltiples experiencias locales y regionales están construyendo otras
formas de hacer política, están prefigurando otros futuros en el presente"
indica Lander en la introducción del libro.
(2) Un valioso estudio actual sobre
los Grupos de Poder Económico en el Perú se encuentra en el libro "Los
doce apóstoles de la economía peruana" de Francisco Durand, Fondo
Editorial PUCP, agosto de 2017.
(3) Juan Pari Choquecota,
en su libro: "Estado corrupto. Los megaproyectos del caso Lava
jato en Perú", Editorial Planeta, julio de 2017,
concluye: "Este caso de compleja mega corrupción no se trata de una
corrupción focalizada, causal, individual o marginal.se trata de una corrupción
sistematizada, que ha capturado sucesivos gobiernos, que ha sido proyectada a
largo plazo y que ha construido estructuras económicas, políticas y sociales
para operar. Asimismo, ha penetrado, distorsionado y paralizado los mecanismos
de control administrativo en el ejecutivo y, en algunos casos, de fiscalización
y control político en el Congreso" (p. 171).
(4) Francisco Durand cita
una investigación del economista Alberto Graña sobre "el lado oscuro de la economía corporativa informal" en la que brinda cifras de los costos para
el Perú de una serie de prácticas cuestionables que alcanzan a 2016, 32 mil
millones de dólares por año (16 por ciento del PBI). Esto lo lleva a concluir
que el país no se está desarrollando "sino que está involucionando".
Ver: "ODEBRECHT. La empresa que capturaba gobiernos", Oxfam -
Fondo Editorial PUCP, octubre de 2018, p. 288.
(5) El movimiento indígena
ecuatoriano articulado en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del
Ecuador (CONAIE) ha dado un ejemplo de iniciativa y creatividad al establecer
el 25 de octubre de 2019 el Parlamento Popular de Pueblos y Organizaciones
Sociales del Ecuador el cual entregará una propuesta política para el beneficio
del país. La entrega se efectuará a través de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), "ente que garantiza las condiciones del proceso de
diálogo con el Gobierno Nacional". Para tal fin, el citado parlamento
desarrolla cuatro mesas técnicas de trabajo sobre los siguientes temas: a)
política económica, b) política agraria productiva, c) política de derechos sociales
y d) política ambiental, extractivismo y territorio. (Ver más en: http://bit.ly/2PoWReC).
