Periodistas informarán a la CIDH del cambio de juez

La salida del juez Juan Macedo Cuenca del Cuarto Juzgado Constitucional podría volver a dilatar la solución de la demanda de Amparo contra la concentración de medios. Macedo había convocado audiencia para el 8 de enero. Ahora, el caso quedó en manos del juez supernumerario Máximo Faya

"Vamos a informar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de este cambio del juez Juan Macedo Cuenca, después de haber señalado fecha para informes orales y emitir sentencia  en nuestra demanda contra la concentración de medios en el Perú", anunció ayer la periodista Rosa María Palacios.

Anotó que el cambio del juez le parece rarísimo y que genera una nueva dilación en la solución de la demanda de amparo presentada por ocho periodistas, en noviembre del 2013. "El retardo del Estado para responder nuestra demanda nos obligó a acudir a la CIDH, en setiembre de este año, casi dos años después de haberla presentado y no obtener una respuesta", explicó.

Indicó que el juez Macedo los había convocado para una audiencia el próximo viernes, 8 de enero, a partir de las tres de la tarde, luego de lo cual iba a emitir sentencia.

"Vamos a esperar el lunes  próximo para saber si el juez supernumerario designado en el Cuarto Juzgado Constitucional continuará adelante con la diligencia", anotó.

De acuerdo con la resolución administrativa N° 743-2015-P-CSJLI/PJ, del 24 de diciembre, aún no publicada en el diario El Peruano, por cuestiones de seguridad el juez Macedo Cuenca fue promovido como juez superior provisional de la 1° Sala Civil Superior de Lima y en su lugar, al frente del Cuarto Juzgado Constitucional, se designó al juez supernumerario Máximo Elías Faya Atoche.

El juez Macedo era objeto de amenazas contra su vida y la de su familia, desde el 4 de diciembre. El 16 de diciembre, el magistrado las hizo públicas, al considerar que las autoridades judiciales no le brindaban ningún tipo de seguridad.

La versión de la Corte

En una carta dirigida a La República, el presidente de la Corte de Justicia de Lima, Oswaldo Ordóñez Alcántara negó que el cambio del juez Macedo se realizará en secreto.

Indicó que la mencionada resolución fue remitida a El Peruano el mismo 24 de diciembre, pero que el diario oficial no las publicó porque la Gerencia General del Poder Judicial no había pagado por ese servicio.

El 29 de diciembre se ha reiterado al diario El Peruano el pedido de publicación. 

El cambio de ubicación del juez Macedo "obedece al deber de la presidencia de la Corte de Lima de adoptar las acciones administrativas que permitan salvaguardar la vida e integridad de los jueces de este distrito judicial", enfatiza la carta del doctor Ordóñez.

Agrega que en su opinión lo importante es salvaguardar la vida del magistrado y no ver quiénes ganaron con la salida del juez Macedo del Juzgado Constitucional.

Jueces contra jueces

Igualmente, la presidencia de la Corte reconoce que en dicho juzgado se tramita una demanda presentada por la Asociación Nacional de Magistrados contra el Poder Judicial por la administración de los fondos de la Mutualista. Ordóñez fue presidente de la referida asociación hasta hace un año.

En otra carta que circuló ayer en los pasillos judiciales, la Asociación Nacional de Magistrados informa que ha pedido la destitución del juez Macedo por demorarse en resolver su demanda. Precisa que su petición fue presentada por la Asociación y no por la presidencia de la Corte de Lima.

Toda esta situación ha enrarecido el ambiente en los Juzgados Constitucionales de Lima, en perjuicio de los litigantes en general, pues el cambio del juez puede afectar o bien beneficiar a muchos. 

“Estoy aliviado, pero la angustia continúa”

"Indudablemente estoy aliviado con este cambio, pero mi familia sigue angustiada por la naturaleza de las amenazas, todavía no sabemos de dónde provienen. El presidente de la Corte, el doctor Oswaldo Ordoñez, nunca se acercó a hablar conmigo. De todos los litigantes, el único que pide mi destitución es la Asociación de Magistrados", afirmó ayer el juez Juan Macedo Cuenca, en breve diálogo con La República.

Anotó que su cambio como juez superior provisional lo sorprendió, pues nunca lo pidió. Dijo no saber por cuánto tiempo se extenderá esta promoción. 

Macedo Cuenca integra desde el martes la Primera Sala Civil de Lima. Ocupa la vacante que dejó el juez superior Héctor Lama More, promovido a su vez a la Corte Suprema de Justicia. 

Fiscalía de Lavado de Activos investiga S/. 10 millones de aportes a Fuerza Popular

Desfilarán ante el despacho de la fiscal Peralta los que donaron más de 30 mil soles en la campaña del 2011, entre ellos tres exministros del gobierno fujimorista como el actual candidato a la primera vicepresidencia, José Chlimper.

Hasta el último centavo será escrutado. La Fiscalía Especializada en Lavado de Activos citará e interrogará  a los aportantes que abonaron un monto superior a los 30 mil soles a la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011.

Se trata de aproximadamente 14 empresas, una organización no gubernamental y alrededor de 110 personas que aparecen en el registro de aportaciones que Fuerza Popular entregó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía de Lavado de Activos, el propósito de la investigación es alcanzar tres objetivos: a) Determinar el origen lícito del dinero de los aportes; b) Verificar si las empresas y ciudadanos que aparecen en la lista entregada por Fuerza Popular a ONPE efectivamente donaron los montos consignados; y, c) Comprobar si las empresas y personas señaladas por el partido fujimorista como aportantes, realmente existen o son ficticias.

El dinero bajo investigación  es de aproximadamente 10.5 millones de soles, que representa más o menos el 74 por ciento del total que declaró Fuerza Popular ante la ONPE (13.5 millones de soles).

Entre los aportantes que superaron donaciones de 30 mil soles que serán requeridos por la Fiscalía de Lavado de Activos se cuenta al candidato a la primera vicepresidencia de Fuerza Popular, José Chlimper Ackerman; los hermanos Eduardo, Eric, Erasmo y Efraín Wong Lu Vega; los empresarios mineros Augusto Baertl Montori y José Gubbins Granger; el ex congresista Carlos Blanco Oropeza; el abogado Fernando Altuve; los ex ministros Augusto Bedoya Cámere, César Luna Victoria León y Gustavo Caillaux Zazzali; así como las compañías Sidedúrgica del Perú, Agroindustria Casablanca, Pesquera Rubí, Procesadora Larán y Ovo Productos del Sur; además de la ONG D'Luz y Esperanza, que preside María Botto de Dasso, entre otros (ver recuadro).

El caso se inició cuando el pasado 13 de octubre el ex militante nacionalista David Apaza Enríquez presentó ante el Ministerio Público una denuncia por presunto lavado de activos en el financiamiento de la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011.

El rastro del dinero

Basándose en las declaraciones de las aportaciones que Fuerza Popular presentó ante la ONPE, David Apaza argumentó que existen indicios de la procedencia ilícita de fondos.

Citó como ejemplos, entre otros casos, los 41 mil 625 soles que donó el empresario Luis Calle Quirós, a quien, en 2013, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos señaló como lavador del dinero del narcotráfico internacional. 

El denunciante también mencionó el caso del secretario general de Fuerza Popular, el congresista Joaquín Ramírez Gamarra, denunciado por la procuradora Julia Príncipe por presunto lavado de activos, el 10 de septiembre de 2014.

A esto sumó una investigación de La República que demostró que Fuerza Popular declaró que algunos mítines de la candidata Keiko Fujimori fueron financiados por "simpatizantes espontáneos", cuando en realidad el partido abonó los gastos, como la contratación de la orquesta Los Hermanos Yaipén.

El 14 de diciembre, la fiscal especializada en lavado de activos, María del Pilar Peralta, resolvió abrir investigación y citó en primer lugar al denunciante, David Apaza Enríquez, quien declaró el 23 de diciembre.

"Sustenté mi denuncia con informes de la ONPE porque había muchas irregularidades en la presentación de gastos de Fuerza Popular, como por ejemplo 46 mítines sin ningún medio probatorio del financiamiento, aparte de pasajes aéreos de la señora Keiko Fujimori que tampoco ha justificado", señaló Apaza.

La Fiscalía de Lavado de Activos, con la contribución de la policía especializada, se ha enfocado con énfasis en los aportantes de dudosa existencia. 

Fondo foráneo

Ese es el caso del extranjero George Frederick Angulo, quien encabeza la lista de aportaciones individuales con 216 mil 828 soles. También del coreano Joon Lim Lee, que donó 179 mil 855 soles. Y de la empresa japonesa Kotobuki Tsusho, que aportó 33 mil 876 soles.

Los congresistas fujimoristas Segundo Tapia Bernal, Freddy Sarmiento Betancourt y Carlos Tubino Arias Schreiber expresaron estar de acuerdo con la investigación de la Fiscalía de Lavado de Activos, para que disipe cualquier duda sobre el financiamiento de la campaña de Fuerza Popular en 2011 (ver recuadro).

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía de Lavado de Activos la indagación incluye determinar si hay personas que han sido usadas para ocultar el aporte de compañías o de otros individuos que no deseaban aparecer como donantes.

El caso de los ciudadanos Renato Castro Brea y Mayra Castañón Dávila, quienes aparecen como aportantes de Fuerza Popular con 54 mil 317 soles y 41 mil 2180 soles, respectivamente. Según una investigación del programa dominical "Panorama", Castro y Castañón no contaban con la solvencia económica que sustente los montos que supuestamente donaron a la campaña  presidencial de Keiko Fujimori.

Renato Castro y Mayra Castañón ya fueron citados por la Fiscalía de Lavado de Activos para que ofrezcan su versión sobre las supuestas donaciones a la campaña de Keiko Fujimori.

"Durante los interrogatorios los aportantes tendrán que declarar si efectivamente dieron la cantidad de dinero que figura en las rendiciones que Fuerza Popular ha presentado ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Si la respuesta es sí, se les preguntará la procedencia del dinero. Si la respuesta es no, el caso es más complejo, porque se estaría hablando de un delito más grave", explicaron las fuentes del Ministerio Público.

"Hemos preguntado a la ONPE y nos han confirmado que no han verificado todas las aportaciones. Con mucha mayor razón el trabajo se justifica para determinar si lo que el partido Fuerza Popular ha declarado corresponde con la realidad", dijeron las fuentes.

El Ministerio Público también requerirá a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), los reportes de las aportaciones superiores a los 30 mil soles que le derivó la ONPE después del proceso electoral del año 2011.

El propósito es cruzar la información e identificar a quienes donaron fondos y no tienen manera de justificarlo, o están involucrados en graves delitos. Este trabajo de rastreo recién empieza.

Fujimoristas de acuerdo con la indagación

El congresista fujimorista Carlos Tubino expresó su acuerdo con la investigación del Ministerio Público: "Con respecto a los aportes, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) nunca ha dicho nada negativo en relación con la rendición de cuentas que ha presentado Fuerza Popular. No ha habido ningún requerimiento por parte de la ONPE. El tema está clarísimo. Fuerza Popular ha cumplido con todas sus rendiciones de cuentas", dijo.

Por su parte, el legislador fujimorista Freddy Sarmiento manifestó: "Si la ley lo establece, y por una cuestión de transparencia, se debe proceder a la investigación para determinar si existió lavado de activos. Estoy de acuerdo con que la fiscalía haga las investigaciones y el partido también opina lo mismo".

Compartió la opinión de sus colegas Tubino y Sarmiento el congresista fujimorista Segundo Tapia: "La fiscalía está en su potestad de hacer esta investigación de los aportes".

Alan García, José Luna y ‘Nano’ Guerra García en la mira del JNE por infracción de ley electoral

Jueves 31 de diciembre del 2015 | 15:55 PERÚ 21

La Dirección de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) remitió al Jurado Electoral Especial (JEE) – Lima Centro 1, tres nuevos casos de vulneración de la legislación electoral que involucran a los candidatos presidenciales del Apra, Alan García, y de Solidaridad Nacional (SN), Hernando ‘Nano’ Guerra García así como también al aspirante a la primera vicepresidencia de SN, José Luna Gálvez.

Estos casos se suman a la denuncia formulada, días atrás, contra el candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, por la publicidad de tres centros de estudios de su propiedad: la Universidad César Vallejo, la Universidad Señor de Sipán, y la Universidad Autónoma, en los que aparece el mensaje: “César Acuña, presidente”.

[USMP podría ser sancionada con más de S/.1 millón tras reunión de cúpula aprista]

MAL USO DE RECURSOS

Alberto Kuroiwa Bermejo, director de Fiscalización del JNE, informó a Perú21 que uno de los oficios remitidos al JEE-Lima Centro 1 da cuenta del uso de los recursos de la Universidad Particular San Martín de Porres en beneficio del aspirante aprista Alan García, así como de la Universidad Telesup en favor de Luna Gálvez.

Explicó que en ambos casos, adicionalmente se ha corrido traslado de estas irregularidades a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), en su condición de órgano rector de las universidades; a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), en virtud a que dichos centros de estudios gozan de algunas exoneraciones tributarias; y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por el financiamiento público que perciben.

“VÁYANSE AL C…..”

Un segundo oficio remitido por la Dirección de Fiscalización está referido al último spot publicitario de Guerra García, en el que aparece la imagen de varios candidatos y en el que el postulante de Solidaridad Nacional alude a ellos con la expresión: “váyanse al carajo”.

[Nano Guerra García pidió a los políticos tradicionales, con mucho respeto, “que se vayan al carajo”]

“Desde el punto de vista técnico se ha vulnerado la Ley Orgánica de Elecciones, que prohíbe toda propaganda que atente contra las buenas costumbres y la honorabilidad de los candidatos. Esa infracción es sancionada con una pena privativa no menor de dos años”, precisó Kuroiwa, quien indicó que el JEE-Lima Centro 1 deberá resolver en primera instancia estos casos.

Pedro Cotillo advierte que "solo con tanques" lo sacarán de San Marcos

El rector de San Marcos manifestó que aún estará en su cargo ya que su mandato vence en mayo del próximo año, por lo que no piensa acatar así el plazo dado por la Sunedu.

Este jueves 31 de diciembre vencerá el plazo para hacer efectiva la renovación de autoridades, como establece la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Sin embargo, el rector de San Marcos, Pedro Cotillo, volvió a negar que acatará esta orden y advirtió que la única forma que lo sacarán de su despacho será con tanques.

En diálogo con RPP, Cotillo expresó que aún su mandato concluirá recién el 31 de mayo del 2016, por lo que no piensa dejar el cargo. 

"Todas las universidades que tenemos distinta fecha para terminar el mandato, estamos acatando la ley. Si no quieren reconocer los títulos será problema de ellos(...) . “Si por cumplir con la ley me meten preso ¿qué cosa es eso? Lo reitero, que vengan los tanques para sacarme", manifestó.

“Yo sigo trabajando y he venido a las 8 a.m., y probablemente me vaya a las ocho de la noche que son las 12 horas que trabajo todos los días”, añadió.

Finalmente, Cotillo volvió a señalar que es la Sunedu la que incumple la ley, ya que "no tiene autorización legal para decir que el 31 de diciembre cesan todas las actividades".

Ex rector se pronuncia

Al respecto, el ex rector de San Marcos, Manuel Burga Díaz, destacó que no se necesitan de tanques para que Cotillo deje su cargo.

"No es necesario que entren los tanques. Los estudiantes han invocado al Consejo Universitario que organicen una transición ordenada precindiendo del doctor Cotillo", señaló a RPP.

Finalmente, Burga Díaz consideró que "Cotillo es una ofensa para San Marcos".

Manuel Burga: “Pedro Cotillo es la marioneta de muchos intereses ocultos”

Exrector de la UNMSM habló sobre el papel que ha desempeñado Cotillo en los últimos años. 

Si alguien tiene autoridad moral para hablar sobre la ley universitaria y el triste papel que juega el rector de San Marcos, Pedro Cotillo, ese es el historiador y ex rector de dicha universidad, Manuel Burga. "No hay peligro alguno para la autonomía. Lo que pasa es que la automía es privilegio pero también responsabilidad", dice.

  

¿Qué piensa de la posición asumida por el rector de la Universidad Mayor de San Marcos, Pedro Cotillo, frente a la ley universitaria?

Sus declaraciones son una provocación a la autoridad. Pero no me sorprende de él. En 1995, cuando era vicerrector académico de Wilson Reátegui, luego de un comentado fraude electoral, se provocó la intervención de la universidad por parte del Ejército. 

Tiene antecedentes, entonces.

Fatales. Y ahora Cotillo está invitando a una nueva intervención en la universidad, ya no del Ejército, pero sí de quienes deben velar por el Estado de derecho. Está incumpliendo la ley y es algo muy peligroso, para él y la propia universidad. 

Su elección como rector se cuestionó mucho en su momento, ¿no es cierto?

Fue verdaderamente un fraude, porque se impidió votar a la facultad de medicina, la más numerosa, y así se creó a una mayoría ficticia que lo eligió. El mismo acto de votación fue muy cuestionado. Yo creo que el Consejo Universitario debería autoconvocarse y hacer una transición decente, dentro del marco de la ley, frente al estado de renuencia de Cotillo. Deben corregir esta travesía equivocada de San Marcos y tomar el rumbo que otras universidades ya han tomado.  

¿Cómo se explica esta renuencia de Cotillo?

Hay un trasfondo político también. Los 47 congresistas que presentaron la acción de inconstitucionalidad eran los interlocutores del APRA y del fujimorismo. Estas fuerzas políticas, supongo, quieren debilitar a la ley universitaria porque hay muchos intereses económicos de algunas universidades-empresas, universidades-negocio, a las que no les gusta la regulación de la Sunedu y prefieren mantener la autorregulación, para ponerse ellas mismas sus tarifas y sus márgenes de ganancia. 

Un sistema que no ha funcionado, queda claro. 

En ningún país de América Latina ha funcionado. La autorregulación no es un invento peruano, pero sí lo es esta exageración de la mercantilización de la educación superior con altos márgenes de ganancia. Por algo Alan García dice que se tumbaría a la Sunedu, porque cabe la posibilidad de que esta se termine tumbando a la Universidad San Martín de Porres.

¿Lo cree así?

Sí, por las exigencias de la nueva ley. En general, muchas universidades-negocio van a tener dificultades. Cotillo es la marioneta que está detrás de muchos intereses ocultos. Una universidad, para ser buena, necesita una comunidad de docentes que enseñen e investiguen. Y en las universidades-negocio hay apenas de uno a tres por ciento de profesores nombrados. ¿Cómo Alan García no va a decir que se tumbaría a la Sunedu? Sí lo haría. Detrás de la actitud de Cotillo y otros rectores está la idea de que uno ha llegado a un puesto para quedarse como sea...

Sin importar el resto.

Ni la institución. La implementación de la ley, en San Marcos, se ha manipulado totalmente. El propio Cotillo manipula a la opinión pública,  porque en televisión mostró un recibo de pago diciendo que gana unos 7,600 soles y eso, se lo aseguro yo que he sido rector, es completamente falso. Si ya en eso miente, posiblemente mienta en todo lo demás. 

¿Le preocupa la posición de algunos canditos presidenciales, que evidencian tener reparos con la ley aprobada?

Me preocupa a mí y a todos los universitarios. La ley, resultado de la fusión de varias propuestas, busca detener el mercantilismo de la universidad privada y promover la calidad y un mejor gobierno en la pública. Muchos colaboraron y por la persistencia de Daniel Mora salió delante. 

Quienes se oponen a la ley, plantean que es estatista. 

No lo es. El mercado tiene imperfecciones. ¿Cómo se explica, entonces, a las reguladoras? El Estado tiene la responsabilidad de que la educación, que es un bien público, sea de calidad. Así de simple. Hay universidades peruanas que son de calidad, ahí tiene a la Católica, o a la Cayetano, o a la Pacífico. Esas deben continuar por ese camino, mientras que las públicas deben recuperar el tiempo perdido, el tiempo de desorden de caos, de encierro endogámico, de clientelas. Las mejores universidades en América Latina son las públicas, salvo en el Perú. 

¿Peligra la autonomía universitaria?

No está en cuestión, y lo digo yo, como ex rector de San Marcos, y ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Al contrario, ahora las autoridades de las universidades públicas se elegirán por voto universal, secreto, ponderado, ¿qué más autonomía que esa? Lo que ocurre es que antes las universidades podían hacer lo que querían, ahora no. Ya existía una reguladora, la Conafu, que autorizaba la creación de universidades, pero estaba mal manejada. Por eso existen en el país 142 universidades y 41 están en espera de su autorización, casi el total que tiene Brasil, con 300 millones de habitantes. 

Claro, es una anomalía. 

Total, que se completa con la actitud de Pedro Cotillo, que dice: 'Acá mando yo y no la ley'. Lo peor es que esa renuencia se basa en un mito. El ex rector de la Universidad de Lovaina, Bruno Delvaux, me dijo hace unos días que la autonomía es privilegio y responsabilidad. Clarísimo: uno no puede usar la autonomía para generar clientelas, para rodearte de mediocres, para comprar votos a cambio de empleos administrativos. Los que han deteriorado la autonomía son los que se niegan a la ley universitaria, pero nadie la va a tumbar porque está en el buen sentido de la historia. 

¿Cómo convencer a los candidatos de que es necesario apoyar a la ley universitaria?

Tienen que estar atentos a la opinión pública. A los políticos les conviene promover una educación de calidad, no mercantilizarla.

La favorita en las encuestas, Keiko Fujimori, es heredera de un gobierno donde inició la desregulación. 

Es verdad. Y la desregulación multiplicó a las universidades y creó a personajes como César Acuña. Cuando la Sunedu aplique el modelo de licenciamiento a cabalidad, sus universidades, las de José Luna y las de otros, tendrán problemas. No se puede defender el negocio por encima de la necesidad de crear un capital humano para el Perú, que nos lleve a un desarrollo sostenible. Sin universidades de calidad no hay desarrollo posible. 

Vicerrectora de San Marcos acusa al rector Cotillo de querer sacarla del cargo

Cuando faltan pocos días para que sea retirado del cargo, el rector de San Marcos, Pedro Cotillo, convocó para hoy a sesión extraordinaria del Consejo Universitario con el fin de vacar a la vicerrectora académica, Antonia Castro, quien debe asumir el gobierno transitorio de acuerdo a la nueva Ley Universitaria.

Desde la aprobación de esa norma, en junio del año pasado, Castro Rodríguez ha defendido su cumplimiento en posición contraria a la de Cotillo.

Por esta razón, aseguró la funcionaria, el pedido de su vacancia responde a un interés expreso para sacarla del cargo y ubicar en su reemplazo a un docente allegado a Cotillo y así  continuar teniendo el control de la "Decana de América".

Sostuvo que en su propósito de destituirla, Cotillo y doce decanos que lo apoyan han planteado como causal de vacancia sus faltas, en ocho oportunidades, a sesiones del Consejo Universitario.

Sin embargo, indicó que dicho motivo no amerita la vacancia según la nueva Ley Universitaria y tampoco lo contemplan el Estatuto ni el Reglamento del Consejo Universitario.

"La mayoría de las faltas fueron justificadas y ocurrieron en cuatro años. Aquí  no se trata de faltas, si no de un acto político del rector que quiere eliminarme para continuar en el poder", señaló la vicerrectora. Aseguró que defenderá su cargo con el respaldo de ocho decanos y el vicerrector administrativo.

La sesión de Consejo está prevista a partir de las 9 am. en la Casona de San Marcos.

Plantón

Estudiantes de la Federación Universitaria de San Marcos, docentes y trabajadores realizarán un plantón  frente a la Casona de San Marcos, en el Parque Universitario, a partir de las 9 de la mañana,  en solidaridad y respaldo con la vicerrectora Antonia Castro Rodríguez. Advirtieron que si se concreta la vacancia  asumirán nuevos actos de protesta.

Tribunal de Contrataciones del Estado inhabilita a más de 90 proveedores por presentar documentación falsa

·         En total, fueron 149 proveedores sancionados por infringir Ley de Contrataciones del Estado.

El Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) inhabilitó en noviembre pasado a un total de 149 proveedores por infringir la Ley de Contrataciones. Del total, 95 proveedores fueron sancionados por presentar documentos falsos o brindar información inexacta lo que hace que esta falta sea la infracción más recurrente.

Las sanciones establecidas son de forma temporal, para 140 proveedores; y de forma definitiva, para 9 proveedores.

Otras de las infracciones sancionadas por el TCE fueron: No mantener la oferta o no suscribir el contrato, Resolución del contrato por causal atribuible al contratista, Contratar con el Estado sin registro vigente en el RNP, Contratar con el Estado estando impedido para ello, e Infracciones compuestas (cometer más de una falta en el proceso de selección).

Los proveedores inhabilitados definitivamente por presentar documentación falsa o brindar información inexacta son: PKOSH E.I.R.L.; Rus Ingenieros E.I.R.L; Inversiones MAQ E.I.R.L.; SHOCK MKT S.A.C.; A.C. Contratistas S.R.L.; F&F Ingenieros S.R.L.; Proyectos y Const. de Ingeniería S.A.C.; Data Land Perú S.A.C.; y Caba Sostenibilidad S.A.C.

Asimismo, las sanciones temporales oscilan entre 6 a 42 meses dependiendo de la gravedad y recurrencia de la infracción.

La lista de los proveedores inhabilitados en noviembre, así como en los meses anteriores por documentación falsa y/o inexacta y por no mantener la oferta o no suscribir el contrato, se encuentra publicada en el ObservatorioOSCE.

Tres nuevas empresas sancionadas obtienen medidas cautelares para seguir contratando con el Estado Otorgadas por juzgados de Lima y Yurimaguas

• A la fecha suman 110 las Medidas Cautelares vigentes, informó el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado -OSCE.
• Ingrese al Observatorio OSCE.

A pesar de haber sido sancionadas por el Tribunal de Contrataciones del Estado, tres empresas proveedoras podrán seguir vendiéndole al propio Estado debido a que obtuvieron medidas cautelares del Poder Judicial, entre el 13 de noviembre y 12 de diciembre pasado, informó el Observatorio OSCE.

Los nombres de estas empresas proveedoras figuran en el Observatorio OSCE, y se trata de Neptuno Contratistas Generales S.A.C.; Profesionales en Mantenimiento S.R.L – PROMANT S.R.L.; y Maco Constructores E.I.R.L.

En el Observatorio OSCE también encontrará la fecha de vigencia de la medida cautelar, los Juzgados de Lima y Yurimaguas que otorgaron las medidas cautelares, el nombre del juez, el N° de Expediente y el N° de Resolución de Sanción impuesta por el Tribunal de Contrataciones.

El Observatorio OSCE es una herramienta de transparencia pública que permite al usuario y las entidades públicas conocer qué proveedores han sido sancionados. Esta herramienta fue  implementada y puesta en funcionamiento en el año 2013 como parte del Plan de Acción Anticorrupción 2015, bajo la Coordinación General de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción - CAN.

Al 31 de octubre Hay 134 mil 657 proveedores distintos inscritos en uno o más capítulos del Registro Nacional de Proveedores – RNP

En servicios, bienes y obras.

La Oficina de Estudios Económicos del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE informó mediante el Reporte Mensual de Contrataciones que, al 31 de octubre pasado, hay 134 mil 657 proveedores distintos inscritos en uno o más capítulos del Registro Nacional de Proveedores - RNP, sumando un total de 239 mil 846 inscripciones vigentes.

A excepción de Lima, las regiones de Áncash, Cusco y Puno son las que registran mayor número de proveedores con inscripción vigente.

Al mismo período de análisis, 32 mil 903 proveedores distintos obtuvieron alguna buena pro en procesos de contratación, correspondiendo principalmente a personas jurídicas provenientes de Lima, Cusco y Junín.

Finalmente, tras un análisis del monto contratado en cada región en el país, se observa que las regiones que han destinado mayor porcentaje de dicho monto a proveedores locales son Lima, Ayacucho y Huánuco.

El canon descomunal, por Alejandro Cavero

Escrito por: Alejandro Cavero Alva    2015

Hace algunas semanas, el candidato presidencial Alan García propuso la creación de un “canon comunal” que otorgue una transferencia directa de dinero de una parte de los fondos del canon minero a las comunidades campesinas de las zonas de influencia de los proyectos. Si echamos un primer vistazo, podría parecer una propuesta innovadora y positiva para solucionar la enorme conflictividad que existe entre las comunidades campesinas y las empresas mineras debido a que las primeras no sienten que el desarrollo y prosperidad de los proyectos las benefician de alguna manera. Sin embargo, esta propuesta, por las razones que explicaremos a continuación, podría terminar siendo más nociva que la enfermedad que se busca curar.

Primero, en búsqueda de una supuesta reivindicación campesina, aquí no se está proponiendo la verdadera privatización del subsuelo con la respectiva titulación que debería corresponderle a cada propietario, sino que se está apostando por la figura de una transferencia de dinero a estos entes colectivos llamados “comunidades campesinas” para que sean ellas las que administren el dinero y ejecuten las obras.

Sin embargo, la diferencia en un esquema anglosajón en donde existe un propietario, o muchos, pero que tienen los derechos de propiedad claramente definidos, la comunidad campesina es un órgano político colectivo donde el mando lo suelen tener una serie de dirigentes que, en algunos casos, se hacen del control democráticamente, y en otros no tanto.

Aquí es pertinente recordar la experiencia de la descentralización que ha vivido el Perú. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando el segundo gobierno de García decidió transferir el canon minero directamente a los gobiernos regionales sin que estos estuviesen preparados? Pues que estos se volvieron un botín excelente para las mafias que se apoderaron de ellos (el caso emblema fue el del departamento de Ancash y la mafia encabezada por su presidente regional César Álvarez). ¿Se imaginan lo que ocurriría si transferimos enormes cantidades de dinero a las “comunidades campesinas”? El resultado sería simplemente trasladar las externalidades. Es decir, que en lugar de pelearse por el control de gobiernos regionales, las mafias lo harían por el control de estas comunidades y el dinero que ellas reciben.

Y, como es natural concluir, si ya de por sí es complicado fiscalizar una entidad gubernamental como lo es un gobierno regional, ¿se imaginan como lo sería hacerlo respecto a una comunidad campesina? Que, por cierto, no es parte del Estado y por tanto no debe rendirle cuentas a los demás ciudadanos en cuanto miembros de un Estado unitario, sino que puede escudarse en sus propios mecanismos internos para encubrir a mafias y dirigentes que controlan el dinero de las transferencias (ya que incluso cuentan con autonomía constitucional). Lo único que hace la propuesta del candidato García es trasladar el conflicto entre las comunidades y las mineras hacía los propios dirigentes dentro de las comunidades.

¿Y qué debemos hacer para solucionar el problema?

Aquí tenemos dos opciones. La primera es hacer que los gobiernos regionales funcionen correctamente y que, como miembros de un Estado descentralizado, conformen gobiernos subnacionales verdaderamente representativos con mecanismos de control suficientes para ser fiscalizados y rendir cuentas a la ciudadanía.

La segunda solución alternativa sería proponer la reforma de la constitución y hacer que exista una verdadera privatización del subsuelo. Es decir, que el dinero no vaya a estos entes colectivos llamados “comunidades”, sino a los verdaderos propietarios individuales que deben ser debidamente titulados por el gobierno. Solo de esa manera, con los derechos de propiedad claramente establecidos, se podría eliminar el conflicto y establecer reglas claras para la transferencia de dinero.

No obstante, creemos que si los gobiernos regionales ya muestran debilidades institucionales, las comunidades son aún más débiles todavía. La solución, si no se busca cambiar el esquema constitucional, pasa por fortalecer los gobiernos subnacionales, no por propiciar instituciones paralelas que socaven su desarrollo y que terminen agravando aún más la conflictividad existente. Una conflictividad que, aunque no tan mediática como la que se suscita cuando se está en contra de una gran mina, será una mucho más nociva para millones de pequeños campesinos que verán sus comunidades tomadas por mafias y pequeños dirigentes sin control de nadie. Será en vez de un “canon comunal”, un caos descomunal.