El canon descomunal, por Alejandro Cavero

Escrito por: Alejandro Cavero Alva    2015

Hace algunas semanas, el candidato presidencial Alan García propuso la creación de un “canon comunal” que otorgue una transferencia directa de dinero de una parte de los fondos del canon minero a las comunidades campesinas de las zonas de influencia de los proyectos. Si echamos un primer vistazo, podría parecer una propuesta innovadora y positiva para solucionar la enorme conflictividad que existe entre las comunidades campesinas y las empresas mineras debido a que las primeras no sienten que el desarrollo y prosperidad de los proyectos las benefician de alguna manera. Sin embargo, esta propuesta, por las razones que explicaremos a continuación, podría terminar siendo más nociva que la enfermedad que se busca curar.

Primero, en búsqueda de una supuesta reivindicación campesina, aquí no se está proponiendo la verdadera privatización del subsuelo con la respectiva titulación que debería corresponderle a cada propietario, sino que se está apostando por la figura de una transferencia de dinero a estos entes colectivos llamados “comunidades campesinas” para que sean ellas las que administren el dinero y ejecuten las obras.

Sin embargo, la diferencia en un esquema anglosajón en donde existe un propietario, o muchos, pero que tienen los derechos de propiedad claramente definidos, la comunidad campesina es un órgano político colectivo donde el mando lo suelen tener una serie de dirigentes que, en algunos casos, se hacen del control democráticamente, y en otros no tanto.

Aquí es pertinente recordar la experiencia de la descentralización que ha vivido el Perú. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando el segundo gobierno de García decidió transferir el canon minero directamente a los gobiernos regionales sin que estos estuviesen preparados? Pues que estos se volvieron un botín excelente para las mafias que se apoderaron de ellos (el caso emblema fue el del departamento de Ancash y la mafia encabezada por su presidente regional César Álvarez). ¿Se imaginan lo que ocurriría si transferimos enormes cantidades de dinero a las “comunidades campesinas”? El resultado sería simplemente trasladar las externalidades. Es decir, que en lugar de pelearse por el control de gobiernos regionales, las mafias lo harían por el control de estas comunidades y el dinero que ellas reciben.

Y, como es natural concluir, si ya de por sí es complicado fiscalizar una entidad gubernamental como lo es un gobierno regional, ¿se imaginan como lo sería hacerlo respecto a una comunidad campesina? Que, por cierto, no es parte del Estado y por tanto no debe rendirle cuentas a los demás ciudadanos en cuanto miembros de un Estado unitario, sino que puede escudarse en sus propios mecanismos internos para encubrir a mafias y dirigentes que controlan el dinero de las transferencias (ya que incluso cuentan con autonomía constitucional). Lo único que hace la propuesta del candidato García es trasladar el conflicto entre las comunidades y las mineras hacía los propios dirigentes dentro de las comunidades.

¿Y qué debemos hacer para solucionar el problema?

Aquí tenemos dos opciones. La primera es hacer que los gobiernos regionales funcionen correctamente y que, como miembros de un Estado descentralizado, conformen gobiernos subnacionales verdaderamente representativos con mecanismos de control suficientes para ser fiscalizados y rendir cuentas a la ciudadanía.

La segunda solución alternativa sería proponer la reforma de la constitución y hacer que exista una verdadera privatización del subsuelo. Es decir, que el dinero no vaya a estos entes colectivos llamados “comunidades”, sino a los verdaderos propietarios individuales que deben ser debidamente titulados por el gobierno. Solo de esa manera, con los derechos de propiedad claramente establecidos, se podría eliminar el conflicto y establecer reglas claras para la transferencia de dinero.

No obstante, creemos que si los gobiernos regionales ya muestran debilidades institucionales, las comunidades son aún más débiles todavía. La solución, si no se busca cambiar el esquema constitucional, pasa por fortalecer los gobiernos subnacionales, no por propiciar instituciones paralelas que socaven su desarrollo y que terminen agravando aún más la conflictividad existente. Una conflictividad que, aunque no tan mediática como la que se suscita cuando se está en contra de una gran mina, será una mucho más nociva para millones de pequeños campesinos que verán sus comunidades tomadas por mafias y pequeños dirigentes sin control de nadie. Será en vez de un “canon comunal”, un caos descomunal.