UNA VISIÓN DEL ESTADO DE DERECHO EN EL PERÚ: CASO GASTALSA

 

Escribe: Evaristo Chunga

 Según el Secretario General, de la Organización de Las Naciones Unidas “el estado de derecho puede definirse como «un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos”. (https://www.un.org/ruleoflaw/es/what-is-the-rule-of-law/)

 

En nuestro país, aparte del Poder Judicial, existen otras instituciones que igualmente administran Justicia tales como, el Ministerio Público, Instituto Nacional Penitenciario (INPE), La Policía Nacional, Procuraduría, Consejo Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, Defensa Pública con los abogados de oficio, instancias de conciliación y arbitraje, Defensoría del Pueblo, la justicia militar, Sistema Interamericano de Derechos Humanos, entre otros organismos que imparten justicia internacional.

Lo que si es verdad es que la percepción pública, la percepción de los peruanos es que la justicia que se imparte en nuestro país no es justa, pues no castiga a los culpables, que la justicia es parcial. Los ciudadanos perciben que la justicia peruana es demasiado lenta. Además que las ejecuciones de las sentencias tardan más de lo que la ley estipula, de lo que la ley fija, por ejemplo los plazos de la ejecución de una sentencia  puede ser de uno, tres, cinco y más años. Y tengo que decirlo, las instituciones del estado, todas sin excepción tienen dificultades estructurales, necesitan una reingeniería o un cambio radical total.

 En este escenario, muchas personas coincidirán y nos darán la razón. Cuando litigan en las instancias correspondientes, su expediente judicial  duerme el sueño de los justos, se encuentra detenido por obra de la mano de algún funcionario corrupto, o que una sentencia a su favor simplemente no se cumple.

 Agricultores que exigen justicia porque sus tierras van a hacer rematadas por no pagar a tiempo préstamos con intereses sumamente elevados, madres de familia que exigen el poder judicial una sentencia justa o que la sentencia simplemente no se cumple, mujeres maltratadas cuyos casos es se encuentran en modo de espera.

El poder judicial a través de sendas resoluciones le ha dado la razón a La empresa Gas de Talara, cuyas siglas son GASTALSA, que luego de batallar por más de una década en el poder judicial solicitando se le devuelva la concesión de gas natural en el distrito de Pariñas, Talara pues se le quitó de manera irregular. El poder judicial le ha dado la razón y ha emitido sentencia judicial que declara nula las resoluciones administrativas que habían caducado la concesión para la distribución de gas natural por ductos el distrito de Pariñas, Talara, así lo ha dicho, lo ha señalado, lo ha ratificado don David García Niño, gerente general de la empresa Gas de Talara S.A. (GASTALSA)

Sentencia judicial clara, motivada y coherente, expedida dentro de un proceso judicial, respetando las garantías al debido proceso, la defensa y motivación de resoluciones judiciales, pero lamentablemente el Ministerio de Energía y Minas, ENEL (Empresa multinacional productora y distribuidora de energía eléctrica), y la empresa colombiana Gases del Norte (GASNORP)  se resisten al cumplimiento la sentencia judicial, lo que no permite que actualmente  el distrito de Pariñas, Talara se beneficie con la masificación del gas natural dentro del área de concesión.

 Señora Ministra de Energía y Minas en sus manos se encuentra cumplir con lo que ha sentenciado por el poder judicial y de esta manera evitar que se siga postergando a la población del distrito de Pariñas y Talara cuenten con el gas natural, el gas que se produce en la provincia de Talara en grandes cantidades, pero que las empresas privadas dueñas de este gas natural, quemen el gas, venteen el gas, es decir lanzar al aire el gas y contaminar el medio ambiente y en otros casos lo reinyectan, es decir lo devuelven al subsuelo de donde lo extrajeron.

En este país, donde prima el poder económico, donde la percepción de la ciudadanía es de que la justicia que se imparte en el Perú no es justa, es urgente que esta situación cambie de una vez, es importante y urgente que se le devuelva la confianza a los peruanos, en ese sentido es necesario que se cumpla con el estado de derecho.

Solamente en las dictaduras no se acatan las leyes, no se respeta el debido proceso, se vulneran las reglas y los principios internacionales de derechos humanos.