ESCRIBE: JORGE MANCO
ZACONETTI (Investigador UNMSM)
La última vez que traté y compartí la mesa de expositores con Javier
Diez Canseco Cisneros (marzo 1948/ mayo 2013) fue en un evento organizado por
la Coalición de Sindicatos de PetroPerú en la ciudad de Talara (Piura) en
setiembre del año pasado, con una presencia masiva de asistentes del pueblo
organizado, gremios sindicales y empresariales.
El tema central del evento fue la defensa de la petrolera estatal
apostando por su fortalecimiento, la integración vertical de sus operaciones
como objetivo fundamental, para superar las consecuencias negativas de la
absurda privatización fragmentada de sus activos, filiales, lotes, refinería La
Pampilla etc. iniciada en los primeros años de la década de los noventa del
siglo pasado.
En razón de ello, PetroPerú S.A. es tal vez la única empresa en el mundo
que actualmente no extrae un barril de petróleo, no procesa una molécula de gas
natural ni envasa un balón de gas licuado de petróleo, y tiene que comprar el
petróleo que se produce internamente a precios internacionales, con el
agravante que los lotes productores le correspondían en el pasado. Es decir, se
privatizaron lotes con reservas probadas y probables subestimadas, donde el
riesgo exploratorio era relativamente menor.
La defensa de los intereses nacionales, de los derechos humanos y de los
más pobres ha sido una constante en el quehacer político del recientemente
fallecido parlamentario, al cual conocí personalmente en las reuniones del
llamado “Foro Democrático” y el “Comité Cívico por la Democracia” donde otro
gran peruano, Gustavo Mohme Llona promovía con demócratas de izquierda y
derecha la resistencia contra la dictadura fujimontesinista instaurada después
del 5 de abril del 1992, la misma que se había propuesto privatizar una empresa
pública por semana.
Como asesor externo de la Comisión de Energía, Minas y Pesquería en los
años 1996/1997 nos volvimos a encontrar, pero fue el trabajo en la
“Comisión Investigadora sobre los Delitos Económicos y Financieros en la
Privatización de las Empresas Públicas” instalada en agosto del 2001, donde
Javier Diez Canseco era el Presidente de dicha comisión conjuntamente con otros
distinguidos parlamentarios de las distintas bancadas, donde está su aporte
principal para la historia del país; allí él demostró una gran capacidad de
trabajo dirigiendo conjuntamente con una solvente equipo de profesionales la
investigación para desentrañar los hilos invisibles de la privatización.
También allí fui convocado por él como asesor externo preparando algunos
informes que sirvieron de insumos en un proceso de investigación sobre la
privatización de empresas públicas que demostró ser una transferencia de
riqueza desde el Estado para favorecer la valorización de intereses privados
fundamentalmente grupos de poder económicos nativos y transnacionales, con
altas dosis de corrupción, y castigando el valor de las empresas públicas.
¿CÓMO SE JUSTIFICÓ LA PRIVATIZACIÓN?
En particular debemos señalar que una de las principales razones
que se usaron para justificar la privatización en general y en particular en el
sector de hidrocarburos, está en relación a los efectos de la política
económica aplicada en el primer gobierno del Dr. Alan García Pérez mediante el
llamado modelo heterodoxo que descapitalizó las empresas públicas fijando los
precios de las tarifas públicas, tasas de interés, combustibles con un subsidio
indiscriminado.
Esta transferencia de riqueza en forma de subsidio fue valorizado en su
momento por la revista de análisis e investigación “Actualidad Económica” en no
menos de 20 mil millones de dólares hacia 1989, cifra que fue repetida por el
Presidente del Consejo de Ministros Hurtado Miller en el primer gobierno del
presidente Alberto Fujimori en su mensaje a la Nación para justificar el
fujishock de precios en agosto de 1990, terminando con la célebre frase que “el
Señor nos acoja confesados” ante la incertidumbre de los resultados producto de
la gravedad de la crisis económica.
La descapitalización y pérdida patrimonial de las empresas públicas fue
la excusa perfecta para la aplicación de un radical proceso privatizador
especialmente en el sector de energía y minas, con un gobierno que prometía
“Honradez, Tecnología y Trabajo”, para terminar constituyéndose en uno de los
regímenes más corruptos de la historia del Perú y del mundo.
Sin inversiones de reposición, con crecientes pasivos y endeudamiento,
las empresas públicas acumulaban crecientes pérdidas que con la nueva política
económica y el sinceramiento de las tarifas de los servicios públicos, hacia
1992 pasaban las cifras en rojo a resultados positivos en especial
PetroPerú, ElectroPerú, Telefonía etc.
En tal contexto hacia 1994 la petrolera estatal resultaba generando
utilidades del orden de más de 256 millones de dólares y por tanto era un
problema encontrar una justificación razonable para su venta. De allí que se le
cargaban “partidas inusuales” como los pagos a la asegurada AIG por la
expropiación de la Belco que operaba el lote Z-2B, donde se le deducían
mensualmente el 7.5% de sus ventas para el repago de una plataformas que fueron
sobrevaloradas.
Por ello, las recomendaciones supuestamente técnicas del Banco Mundial y
una serie de consultoras privadas en el país, recomendaron la privatización
fraccionada de PetroPerú, para transferirla al sector privado en el tiempo más
corto, quebrando la integridad de sus operaciones, cuyas consecuencias
económicas se perciben a la fecha.
Así, del populismo económico irresponsable donde un litro de Coca Cola
era más caro que un litro de combustibles se pasó al extremismo liberal donde
se remataba el patrimonio del Estado a precios castigados. Ello significó
también otro mecanismo de una transferencia de riqueza hacia los grupos de
poder económico, valorizando a precios subvaluados las empresas públicas de los
sectores mineros, eléctricos, financieros, pesqueros, cementeros y de
hidrocarburos entre otros.
En tal sentido, la obra cumbre de Javier Diez Canseco a ese nivel al
margen de los importantes aportes parlamentarios en la infatigable defensa de
los derechos humanos, en especial a las personas con discapacidad, a mi modesto
entender sea el Libro Blanco de la Privatización, que se debiera editar como el
mayor homenaje del Congreso de la República a su trayectoria democrática y
parlamentaria.
CON PETROPERÚ HASTA EL ÚLTIMO ALIENTO
En particular debiera destacar la identificación plena de Javier con la
defensa infatigable de PetroPerú como empresa estatal integrada verticalmente
con operaciones en la explotación, refinación, transporte, distribución
mayorista y minorista. Por ello, él apoyó sostenidamente las diversas
iniciativas para excluir del proceso privatizador a la petrolera estatal,
cuestión que se alcanzó en el 2004, y en el 2006 tuvo un papel destacado en la
ley de Fortalecimiento y Modernización de PetroPerú (Ley 28840) iniciativa
legislativa aprobada por el Congreso de la República por insistencia con los
votos de Perú Posible, FIM, Apra y la izquierda.
Es más, contra la leyenda negra a su posición política fiscalizadora y
la imagen de ser un enemigo de las inversiones privadas debo destacar el
importante papel que tuvo Javier Diez Canseco en la aprobación de la “Ley para
la Inversión en la Explotación de Recursos y Reservas Marginales de
Hidrocarburos a Nivel Nacional (ley 28109) iniciativa por la cual se incrementó
la producción en más de 10 mil barriles diarios en los viejos lotes petroleros
de Talara, mediante un agresivo programa de inversiones, en los lotes II, III y
IV, más el Lote X.
Fui testigo de excepción de cómo añadió ciertas condiciones al proyecto
original, como la insistencia en las compras locales, cumplimiento estricto de
las inversiones comprometidas, la necesidad de la inversión social como
responsabilidad de las empresas petroleras entre otras. Su apoyo en la
aprobación del proyecto de ley en el pleno era importante a pesar de la
absoluta minoría parlamentaria del grupo de izquierda.
En tal sentido, las bondades del proyecto convencieron a los
congresistas y se conjugaron los esfuerzos de todas las bancadas, por ello, la
ley de las Reservas Marginales alcanzó en el pleno la unanimidad y el
consenso de todos los grupos políticos.
También fue un severo crítico del entreguismo de nuestros gobernantes
cuando a fines de 1993 mediante un contrato de servicios, sin inversiones
frescas se transfirió a la empresa norteamericana Petro Tech Peruana, la
producción de crudo y gas con las reservas probadas del lote Z-2B en el Zócalo
Continental frente a Talara, con una producción superior a los 20 mil barriles
diarios gracias a la capacidad y esfuerzo de sus trabajadores.
Así, desde 1994 esa empresa norteamericana ha operado dicho lote
hasta el 2008, sin inversiones significativas se han extraído millones de
barriles de crudo abonando regalías equivalentes del orden del 16% y pagando
por el alquiler de las plataformas marinas el valor de 10 millones de dólares
anuales. Si bien ello podía ser justificado cuando el barril tuviese un precio
menor a los 20 dólares, ahora que está cercano a los 100 dólares se sigue
abonando la misma tarifa, lo cual constituye un lesivo contrato.
En su limpia trayectoria política su identificación temprana con los
intereses de los trabajadores mineros, petroleros, de construcción civil,
campesinos era plena, sin condiciones, como socialista que era reconocía que el
fundamento de la riqueza era el trabajo, de allí que los organismos sindicales
han perdido a un compañero, a un referente que se identificaba con sus
demandas.
Con su temprana pérdida el país pierde a uno de los políticos que más
han trascendido en la historia reciente del Perú. No solamente como referente
de la izquierda peruana sino del país en su conjunto, así no compartiéramos
muchas de sus ideas, como su incondicional apoyo a la dictadura castrista, su
persistencia en la utopía socialista, su radical antiaprismo, el protagonismo
por el partido propio, no podemos dejar reconocer la honestidad en su vida, la
coherencia entre la práctica y sus ideas.
Sin embargo, en lo fundamental con él se compartía la radical defensa de
los pobres y oprimidos del país, la lucha permanente por los derechos humanos,
los altos intereses nacionales, la lucha por la vigencia por un sistema más
justo; todo ello está por encima de cualquier diferencia que pudiéramos haber
tenido con Javier, político al cual aprendimos a estimar y querer. Por ello, mi
más sentido homenaje a un hombre justo y honrado.
