miércoles, 28 de enero de 2015

EL SEÑOR LAUB EN SU LABERINTO: UNA POLÉMICA FINITA

Escribe: Jorge Manco Zaconetti (Investigador de la UNMSM)

El señor Anthony Laub ha realizado diversos comentarios sobre el artículo publicado en mi blog Kuraka y en el facebook que lleva mi nombre titulado “EN CONTROVERSIA LA MASIFICACIÓN DE GAS NATURAL EN PIURA”, y me ha tildado desde irresponsable, mentiroso, pagado por Olympic y hasta de cobarde, por exponer con claridad una pugna económica que tiene como uno de los actores más importantes al propio Ministerio de Energía y Minas.

Según el Dr. Laub estaría sibilinamente vinculando el estudio que él representa con las empresas colombianas lideradas por Promigás en la controversia con la petrolera Olympic y Sechura Oil and Gas por la distribución del gas natural en el departamento de Piura, proceso que debe resolverse de acuerdo a derecho.

Considerando que el martes 27 tenía clases en la Universidad de San Marcos de 19 horas a 22 horas recién he leído esta mañana con sorpresa los distintos correos que expresan el malestar y desesperación del Sr. Laub.

En verdad, me llama poderosamente la atención la inestabilidad emocional de un profesional que encabeza uno de los estudios de abogados más importantes del país, y que en poco tiempo se ha posicionado en los servicios de consultoría empresarial, según el listado de clientes que de forma transparente publica el estudio Laub & Quijandría.

Separando lo sustantivo de lo accesorio, releyendo mi artículo me ratifico en lo central sobre la necesidad en la masificación del gas natural en Piura para satisfacción de las familias, empresas y transportistas. En tal sentido, cualquier demora al respecto atrasaría dicho proceso.

En primer lugar; sobre la materia en cuestión he revisado el artículo y encuentro que serían dos párrafos lo que estarían preocupando al Dr. Laub. En el primero señalo que:

“¿Quiénes conforman el consorcio perdedor? El consorcio que ha presentado a destiempo observaciones al debido proceso está conformado por las empresas colombianas Promigás y la empresa Energía Eléctrica de Bogotá que tienen como aliado estratégico a la empresa Graña y Montero Petrolera, una empresa afín a los intereses del estudio Laub & Quijandría que tenía hasta febrero del 2014 al actual ministro de Energía y Minas, Ing. Eleodoro Mayorga como uno de sus principales socios.”

El Dr. Laub es una persona culta con estudios universitarios, postgrados en Inglaterra y en un tiempo pasado ha sido Secretario General del Ministerio de Energía y Minas. Como buen lector tendría que decirme en qué línea o párrafo menciono que su estudio asesora a las colombianas Promigás y Energía Eléctrica de Bogotá.

Si el Dr. Laub tuviese la gentileza de leer correctamente menciono que la empresa petrolera Graña y Montero es una empresa afín a su estudio pues entre otras cuestiones aparece en el listado de empresas a las cuales asesora el estudio Laub & Quijandría.

Es más, según el diccionario de la Real Academia la palabra “afín” expresa proximidad, como uno de los estudios que asesora a dicha empresa. Si bien conocemos que otro estudio lobista está asesorando a Graña y Montero en el caso de la masificación del gas natural, en ningún momento afirmo que su estudio asesora a las empresas colombianas.

En todo, caso por sus limitaciones intelectuales le rogaría al Sr. Laub que contrate los servicios de una lingüista de UNMSM para una mejor comprensión de lectura.

En segundo lugar; en relación, a las actividades profesionales del Ing. Eleodoro Mayorga en el estudio de Laub &Quijandría hasta antes de ser nominado como ministro, estas son públicas y han sido materia de tratamiento por la prensa, y en las diversas sesiones del Congreso de la República. Es más, el calificativo de ministro lobista no es de mi autoría sino lo ha registrado ante el Indecopi el congresista García Belaunde.

En tercer lugar; en relación al segundo párrafo me ratifico en extensión y profundidad lo afirmado sobre la intervención del ministro del sector en el proceso de re privatización de los lotes y unidades productivas de PetroPerú, como los terminales a favor de Graña y Montero, como la extensión indebida para la Maple de las operaciones Pucallpa.

La privatización de los terminales resulta contraria al interés público como también lo afecta la falta de competencia en la licitación internacional del Gasoducto del Sur donde se otorgó la buena pro a un solo postor sin competencia, al consorcio Odebrecht y Enagás. Si el señor Laub defiende estas prácticas es su problema.

“En verdad, la mano negra del ministro del sector, reconocido y graduado lobista en la buena pro a un solo consorcio  en el Gasoducto del Sur, en la privatización de los terminales de PetroPerú a favor de Graña y Montero, en la extensión indebida a favor de Maple de los pozos y refinería de PetroPerú en Pucallpa y sobre todo en las gollerías contractuales para la noruega Interoil por los lotes III y IV, estaría recomendando extrañamente la asociación entre el consorcio ganador y el perdedor”

En cuarto lugar, ante la defensa que hago de la racionalidad económica y el éxito empresarial de la petrolera Olympic que opera el lote XIII A y B con importantes inversiones para aprovechar al máximo el gas natural me acusa de estar a sueldo de la referida empresa.

Es decir, como analista resalto si una empresa incrementa producción, valoriza las reservas de gas natural, paga significativos montos de regalías superiores a Savia, Sapet y de lejos en relación a Graña y Montero, no se le ocurre otra idea que señalar que dicho comentarista está pagado por Olympic.

Si una empresa apuesta por la generación térmica a gas natural, con inversiones industriales para obtener urea y levantar una pequeña refinería en la región. Si uno escribe positivamente sobre este comportamiento empresarial no se le ocurre otra cosa al señor Laub que afirmar que uno está en la planilla de Olympic.

Como buen judío  el Sr. Laub piensa que todo tiene su precio, que todo es posible de ser comprado hasta la conciencia y la pluma. En tal sentido lamento decepcionar al máximo representante del estudio Laub & Quijandría pues no creo ser un plumífero a sueldo como los que acostumbra contratar el referido estudio.

No tengo ninguna relación ni directa o indirecta con los dueños o directores de Olympic Inc. Sucursal del Perú, y si la tuviera no tendría problemas en hacerla pública sin mayores pretensiones.


En verdad, para terminar ratifico mi sorpresa por la reacción hepática, matonesca e indigna de un profesional de nivel, por lo que con las respectivas aclaraciones doy por terminada esta polémica que merecía mayores y mejores ideas en bien del país.

Perú: El círculo vicioso del sistema laboral genera esclavitud

Buscar una vida mejor, pero encontrarse en condiciones de esclavitud. Es la realidad de más de 80.000 peruanos que viven en barrios marginales, tienen sueldos bajos y no se les reconoce sus derechos.

El precario sistema laboral en Perú absorbe incluso a los más pequeños, convirtiéndolos en materia prima de la esclavitud.

Alejandro trabaja en una ladrillera ilegal, a las afueras de Lima. Trabaja aquí desde que era niño y lo hace sin descanso. Se considera un esclavo del siglo XXI. "Sufrimos por la noche trabajando así, hace frío a las 5 o 6 de la mañana ¿Qué vamos a hacer? Tienes que trabajar. Si descansas no ganamos ningún sueldo, nada de nada", explicó Alejandro Huamtco, trabajador de una ladrillera, que se considera un esclavo.

Alejandro tiene 7 hijos y lleva 20 años en esta espiral de explotación laboral de la que es difícil salir, tanto él como miles de compañeros.

"Es un sufrimiento, levantarse a las 3 de la mañana para trabajar y llegar a tu casa a las 7 de la noche, solamente dormir las 7 horas que faltan y nuevamente trabajar, así uno tiene que sacrificarse para poder mantener a la familia", dijo el representante de los ladrilleros, Mauro Carvajal.

Esta es la otra realidad de Perú, un país que, a pesar de su crecimiento económico del 5,4%, ostenta un triste registro: según el Índice Global de Esclavitud de la fundación Walk Free es con 82.000 esclavos el estado de Latinoamérica con una cifra tan elevada en este aspecto, solo superado por Haití.

Como otros muchos, Esteban llegó desde provincias más pobres para ganarse la vida. En los últimos años ha visto cambios en el Perú, pero no para los trabajadores. Y es que la legislación laboral es la misma que desde los tiempos de Fujimori. "Para la gente media o pobre no mejora, a veces trabajamos más horas pero con el mismo sueldo. Mejora para los que tienen más plata, para los capitalistas, pero no para nosotros", subraya Esteban Vilchez, capataz de una ladrillera.

Otro de los colectivos que ejemplifican esta precariedad laboral son las trabajadoras del hogar. Se calcula que en Perú hay un millón, y solo un 1% recibe sus retribuciones legales. El presidente Ollanta Humala prometió en su campaña ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, las mujeres siguen esperando y sufriendo abusos laborales sin respaldo legal.

"Muchas de nuestras hermanas trabajadoras del hogar han sido violadas y embarazadas, y han sido despedidas. Muchas de nuestras hermanas trabajadoras del hogar trabajan todavía, a pesar de estar en el siglo XXI, en calidad de semiesclavas. En conclusión en el Perú estamos en una condición de servidumbre las trabajadoras del hogar", expresó Lady Mozambique, representante de trabajadoras del hogar del Perú.

"Hoy día estamos en una situación de precarización del empleo en el país, hay más empleo, sí, pero más empleo al que nosotros denominamos empleo basura, es decir, empleo sin derechos, el trabajo digno en el Perú es un sueño. Hay crecimiento económico pero no hay desarrollo en el país", dijo el secretario del Sindicato CGTP, Manuel Cortez.

Las repercusiones de este sistema laboral se dejan sentir. En Lima proliferan guetos, todos ellos unidos por la pobreza y la explotación laboral. En torno a las ladrilleras ilegales crecen barriadas que se extienden por la periferia de Lima en las que viven miles de peruanos que proceden en su mayoría de las esquilmadas zonas rurales, llegan buscando mayores perspectivas y acaban hacinados en ese tipo de lugares. Ellos son la principal materia prima de la esclavitud.

Un yugo que, para miles de trabajadores como Alejandro, no ha cambiado en nada en los últimos 20 años. Él como tantos otros recibe salarios irrisorios que rondan los 55 soles (casi 20 dólares) por cada mil ladrillos acabados. Una cantidad que solo puede alcanzar con la ayuda de su mujer e hijos, lo que alarga los tentáculos de este sistema. Y es que esta, que es la guardería de sus pequeños, en poco tiempo podría terminar siendo su primer centro de empleo. Es el círculo vicioso del sistema laboral que genera una situación de esclavitud. Un punto que, por ahora, la gestión del presidente Humala, en plena bonanza económica, no ha conseguido erradicar.

El analista político Miguel Guaglianone cree que el problema de la esclavitud en Latinoamérica no se resuelve por la orientación neoliberal de varios gobiernos, orientados a favorecer a las grandes corporaciones en la acumulación de capitales. En su opinión el Gobierno de Perú "no tiene las herramientas como para combatir el problema de la esclavitud y la pobreza. La orientación neoliberal va encaminada hacia la acumulación de capital, sobre todo en las grandes corporaciones, y deja de lado los graves problemas sociales", dijo.

Uchuraccay, 30 años después: Las mismas sombrasIdeele Revista Nº 227

Ideele Revista Nº 227


Hace 30 años (26 de enero 1983), ocho periodistas (Jorge Sedano, de La República; Eduardo de la Piniela y Pedro Sánchez, de El Diario de Marka; Willy Retto y Jorge Mendívil, de El Observador; Amador García, de Oiga; Félix Gavilán y Octavio infante, periodistas ayacuchanos) fueron asesinados en Uchuraccay (Huanta, Ayacucho) junto con Juan Argumedo, el guía, y su amigo Severino Morales.

Los periodistas fueron a Uchuraccay para tratar de averiguar lo que había ocurrido una semana antes en Huaychau y saber si era cierta la versión oficial de la muerte de 6, 24 o 25 senderistas por manos de comuneros campesinos de la región. Pagaron con sus vidas por el atrevimiento de ir a donde no los invitaron. No sabemos aún lo que ellos, el guía Juan Argumedo y su amigo Severino Morales vieron.

Mario Vargas Llosa presidió una comisión oficial de investigación de esa tragedia y entregó —luego de un mes de trabajo y una visita de 4 horas a Uchuraccay— un Informe cuyas tesis más importantes podrían ser apretadamente resumidas en cinco:

1. Se trató de un lamentable malentendido entre el Perú oficial y el Perú real —“moderno” y “tradicional”— porque los llamados indios de Uchuraccay habrían confundido las cámaras fotográficas de los periodistas con las metralletas de los senderistas.

2. Los atacaron de lejos, a pedradas, porque creyeron que eran senderistas que llegaban con una bandera roja.

3. Las Fuerzas Armadas no tienen responsabilidad alguna en ese crimen.

4. Culpables de lo ocurrido por ese fatal desencuentro seríamos todos los peruanos y peruanas.

5. Un perdón general sería el camino para lograr la reconciliación de las dos mitades enfrentadas del país.

El Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, publicado en 2003, contiene una sección especialmente consagrada a El caso de la muerte de ocho periodistas de Uchuraccay. No ofreció nada sustantivamente nuevo ni opuesto a lo que sostuvo la Comisión Vargas Llosa.
Una de las cuestiones claves de lo ocurrido fue la orden que los Sinchis dieron a los campesinos de Uchuraccay: “Los mismos Sinchis dijeron: nosotros no vendremos por tierra, solo en helicóptero. Y si algún desconocido viene por tierra, lo matan. Así pasó” (entrevista realizada por el comisionado Alberto Morote Sánchez (CVR, Informe final, tomo V, 2.4, p.132).

Esa versión ya había sido recogida por la Comisión Vargas Llosa: si gentes desconocidas vienen por tierra “defiéndanse y mátenlos”, Informe, p. 21). ¿Por qué los miembros de la Comisión Vargas Llosa no entrevistaron al general Clemente Noel y a los oficiales que estuvieron en Uchuraccay? Se trata del teniente de la Armada Peruana Ismael Bravo Reid, del teniente Guardia Civil Hugo Vidal Ulloa, del capitán Guardia Civil Novato Soto Barreda y del mayor FAP Jorge Ernesto Barboza Salaverry. ¿No era, y es aún hoy, importante preguntar de dónde bajó la orden de matar a desconocidos que llegaran por tierra? Acabamos de saber que la señora Julia Aguilar, viuda del guía Juan Argumedo, estuvo en Uchuraccay y fue una testigo de excepción. Los encargados de la investigación en ambas comisiones no tuvieron interés en buscar a los militares porque creían que en Uchuraccay solo estuvieron los campesinos y los senderistas. No alcanzo a entender por qué no buscaron a la señora Julia Aguilar. Un dato que se debe tener en cuenta: todos los testigos fueron asesinados.

¿No era, y es aún hoy, importante preguntar de dónde bajó la orden de matar a desconocidos que llegaran por tierra? Acabamos de saber que la señora Julia Aguilar, viuda del guía Juan Argumedo, estuvo en Uchuraccay y fue una testigo de excepción.

Por la pista dejada por los militares pasa el otro modo de mirar lo ocurrido en Uchuraccay. Además, hay una pregunta que valdría la pena responder: ¿Qué armas tenían los campesinos de Uchuraccay para desafiar solos a Sendero Luminoso?

Otra pista pasa por lo que la antropología nos enseña sobre la cultura andina. Menciono aquí tres cuestiones fundamentales planteadas por mí en 1983.

Una: En la tradición quechua no se entierra nunca a los muertos desnudos, de dos en dos y en tumbas a 20 centímetros de la superficie, al alcance de zorros, pumas, halcones y cóndores. Es inevitable suponer que si los comuneros de Uchuraccay enterraron a los periodistas de ese modo, habrían sido obligados a actuar así.

Dos: La violencia ejercida por comuneros o antiguos siervos de hacienda hasta el extremo de matar es posible cuando la víctima es plenamente conocida (abigeos, hacendados, autoridades), cuando el abuso sufrido es extremo, luego de muchos fracasos en sus denuncias ante la justicia oficial, y como fruto de una decisión colectiva. Ninguna de estas condiciones se cumple en el caso de Uchuraccay.

Tres: La visión dualista del Perú dividido en dos, propio de la antropología tradicional, no sirve para entender el Perú porque esos mundos aparentemente distantes y opuestos están articulados desde el comienzo mismo del imperio colonial español. Existió y existe aún una articulación y coordinación efectivas entre el Estado y las comunidades campesinas. Los alcaldes varas son considerados como auxiliares de la Guardia Civil.

Para ver de cerca las ideas y tesis que defiendo, remito a los lectores y lectoras a ver mis artículos “Otra pista para entender lo que pasó en Uchuraccay”, que es una respuesta punto por punto al Informe de la Comisión Vargas Llosa, y publicado el 21 de enero de 1984 en La República (reproducido en mi libro Elogio de la Antropología [2005: 231-260]); y el texto Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación: Un doloroso espejo del Perú, publicado en el mismo libro (Montoya 2005: 261-296).

EN CONTROVERSIA LA MASIFICACIÓN DE GAS NATURAL EN PIURA

OLYMPIC/SECHURA OIL VERSUS PROMIGAS Y ENERGÍA DE BOGOTÁ CON GMP

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)

Olympic Inc. Sucursal del Perú es una empresa petrolera que explota exitosamente el lote XIII A (crudo) y B (gas) en Piura levantando la producción de petróleo de los 336 barriles diarios en el 2007 a más de 6,335 barriles al día como promedio en el 2014. Ello le ha permitido incrementar sus ingresos anuales superando los 150 millones de dólares, abonando regalías al estado que en el 2013 fueron de casi 63 millones de dólares, con una tasa promedio de 32 por ciento.

Con una producción de crudo creciente ha valorizado también las reservas de gas natural extrayendo un promedio de 15 millones de pies cúbicos de gas diarios, lo cual le ha permitido abastecer a las empresas pesqueras de Paita e industriales de la zona. Es más, hacia fines del 2011 inauguró una planta térmica de generación eléctrica de 30 megavatios (MW) con proyecto de ampliación a 45 MW, ligada al Sistema Nacional Interconectado.

En el mismo sentido, con fuertes inversiones ha mandado a construir en los Estados Unidos de Norteamérica una planta de fertilizantes que aprovechará el gas metano para producir  urea que es un fertilizante del cual somos absolutamente deficitarios, pues de una demanda interna superior a las 400 mil toneladas por año, importamos más del 95 por ciento de dichos volúmenes.

Con dicha planta que estará operativa a partir del 2016 en Piura se producirá un promedio de 200 toneladas diarias de urea lo cual le permitirá satisfacer aproximadamente el 20 por ciento de la demanda nacional de dicho insumo vital para la agricultura. Es decir, después del desmantelamiento de la planta de urea y negro de humo de la refinería de Talara/ PetroPerú en 1991, el país contará con una planta nueva de urea.

Con dichos antecedentes productivos Olympic que tiene reservas probadas de gas natural y crudo, se asocia con la empresa Sechura Oil & Gas SAC para participar en una licitación convocada por el Ministerio de Energía y Minas con el objetivo de construir una red distribución por ductos que permita masificar el gas natural para satisfacer el consumo residencial, industrial y automotriz de las provincias de Piura, Sullana, Paita, Sechura y Talara.

Si se tiene presente que el principal combustible popular en el norte del país es la utilización de la leña a partir de la deforestación del algarrobo con las consecuencias ambientales que ello conlleva. Si a ello se agrega la demanda del gas licuado de petróleo (GLP) que se expende en balones para satisfacer las necesidades de las familias principalmente en las ciudades, podemos estimar las ventajas de tener un combustible más barato y limpio como el gas natural.

Reconociendo que una familia promedio en Piura demanda dos balones de GLP al mes pagando precios iguales o superiores a Lima de 35 nuevos soles el balón, se puede afirmar que la masificación del gas natural en dicho departamento será favorable para las familias, pues en lugar de abonar un promedio de 70 nuevos soles por el consumo del GLP a lo sumo tendría que pagar 20 nuevos soles en gas natural.

Como, parte de los montos de inversión en la licitación el Consorcio ganador asumió el compromiso de satisfacer la demanda de gas natural en los primeros ocho años con conexiones a más de 70 mil familias de la región, al margen de las industrias que operan en una de las regiones más dinámicas del país.

Sin embargo, el consorcio conformado por Olympic y Sechura Oil and Gas a pesar de haber sido reconocido por el propio Ministerio de Energía y Minas como ganador en la licitación para la distribución por ductos el 5 de noviembre del año pasado, está obstaculizando y demorando la autorización para la construcción de la red, por observaciones fuera de tiempo del consorcio perdedor.

¿Quiénes conforman el consorcio perdedor? El consorcio que ha presentado a destiempo observaciones al debido proceso está conformado por las empresas colombianas Promigás y la empresa Energía Eléctrica de Bogotá que tienen como aliado estratégico a la empresa Graña y Montero Petrolera, una empresa afín a los intereses del estudio Laub & Quijandría que tenía hasta febrero del 2014 al actual ministro de Energía y Minas, Ing. Eleodoro Mayorga como uno de sus principales socios.

A diferencia de la empresa Sechura Oil & Gas que tiene el respaldo productivo, la experiencia y las reservas probadas de gas natural para los próximos 20 años, el consorcio perdedor conformado por las empresas colombianas mencionadas no tienen una molécula de gas natural en su haber, salvo las que pudieran tener de la empresa petrolera Graña y Montero u otra.

De anularse la licitación para la distribución de gas natural en Piura los perjudicados serán las miles de familias piuranas que anhelan el gas natural en sus hogares, los cientos de transportistas y empresas que demandan un energético barato y limpio. Pues iniciar un nuevo proceso demandaría un tiempo mayor a los 3 años según los expertos legales consultados.

Es más, el estado se vería afectado pues el consorcio ganador Olympic/ Sechura Oil and Gas demandaría al estado por daños y perjuicios pues habiendo cumplido con los parámetros legales, técnicos y económicos a diferencia del consorcio perdedor que no presentó correctamente las proyecciones en el precio del gas natural.

En verdad, la mano negra del ministro del sector, reconocido y graduado lobista en la buena pro a un solo consorcio  en el Gasoducto del Sur, en la privatización de los terminales de PetroPerú a favor de Graña y Montero, en la extensión indebida a favor de Maple de los pozos y refinería de PetroPerú en Pucallpa y sobre todo en las gollerías contractuales para la noruega Interoil por los lotes III y IV, estaría recomendando extrañamente la asociación entre el consorcio ganador y el perdedor.

Estaremos atentos a la resolución que adopte el ministerio en un futuro próximo esperando que se apueste por la masificación del gas natural en el departamento piurano en el menor tiempo posible. Esta es una región gasífera donde hasta no hace mucho se ha estado venteando o quemando el gas natural, y resultaría inaceptable que se trate de favorecer al consorcio perdedor (Promigás y eléctrica de Bogotá) que ya opera en la distribución de gas natural en Lima Metropolitana y en los departamentos de Ancash, La Libertad y Lambayeque.

¿POR QUÉ UNA LEY GENERAL DEL TRABAJO?

Por Edgardo Balbín Torres*

Recordar por qué es urgente la aprobación del proyecto de Ley General del Trabajo (LGT) puede resultar especialmente importante ahora que desde algunos sectores del Gobierno se promocionan otras medidas de reforma para cierto sector de trabajadores (¿MYPES?), cuya orientación –de disminución de beneficios o acceso progresivo a éstos- resultaría distinta a la del proyecto de LGT. Aunque estas recientes iniciativas de reforma irían, según lo anunciado, en camino paralelo al proyecto de LGT y tendrían carácter transitorio, hay razones para sospechar que quizá algunos desearían convertir la novedosa propuesta de reforma en permanente o, incluso, sustitutoria a la de la LGT. No es casual que hoy reviva un antiguo discurso según el cual el proyecto de LGT, por reforzar los niveles de protección laboral vigentes, conforma una propuesta inviable en una realidad como la nuestra, marcada por la informalidad y el subempleo. Estas breves líneas tienen por objeto destacar sólo algunos aspectos que esperamos, contribuyan a rebatir estas afirmaciones y justificar el carácter urgente que tiene la aprobación de la LGT.

La construcción de una cultura de diálogo en el proceso de discusión de la LGT

Convendría recordar en primer lugar que la necesidad de contar con una LGT es fruto de un primer consenso político y social alcanzado en el foro del Acuerdo Nacional. En dicho escenario y en plena efervescencia del recién recuperado régimen democrático (2001-2002), el Gobierno y diversas organizaciones de la esfera política y de la sociedad civil –entre ellas el APRA y la CONFIEP- acordaron respaldar la aprobación de la LGT como medida indispensable para alcanzar un empleo digno y productivo (Décimo Cuarta Política de Estado). Es cierto que junto con la LGT se hacía mención también a la necesidad adoptar otras medidas destinadas a ampliar el acceso progresivo a derechos laborales en las microempresas, pero es razonable deducir que estas medidas encontrarían sentido sólo en tanto conducen a los trabajadores de las MYPE al disfrute efectivo de los derechos establecidos en el régimen general (el de la LGT). De allí, el carácter excepcional y transitorio que les otorgan los consensos del Acuerdo Nacional y la importancia de someterlas, al igual que la LGT, al dialogo social en el Consejo Nacional del Trabajo.

Pero no sólo eso. Además de gozar del respaldo de los actores sociales en el foro del Acuerdo Nacional, el contenido del proyecto de LGT ha sido discutido por más de cuatro años en el Consejo Nacional del Trabajo, instancia de dialogo de composición tripartita. Los consensos logrados han sido significativos en número y aunque no han alcanzado la totalidad del contenido del proyecto, el proceso de discusión ha sentado un precedente de mucha importancia en la tarea de construcción de una cultura de dialogo y participación en nuestro país. Sería la primera vez que la legislación laboral es resultado del dialogo y la participación de los actores sociales.

Sin duda, y al margen de las naturales diferencias entre empresarios y trabajadores en cuanto a temas como el despido o la contratación temporal, la participación de las organizaciones de empresarios en este largo proceso de discusión en el Consejo Nacional de Trabajo sólo puede ser entendida como un respaldo a la reforma de la LGT. De un inicial rechazo empresarial a la discusión de la LGT, hemos transitado a la participación activa de los gremios empresariales en la discusión y, por ello, hoy podemos afirmar que el contenido de la LGT no sólo constituye un ensayo académico, sino expresa también una aspiración del conjunto de los actores sociales involucrados en el sistema productivo, entre ellos, las organizaciones de empleadores. ¿Qué otro valor podría tener el 85% de los consensos alcanzados y suscritos por los representantes de los empleadores? Resultaría muy difícil entender como, luego de participar constantemente en todo el proceso de discusión y de construir a través del consenso gran parte del articulado, los empresarios podrían sostener ahora que la LGT no debe aprobarse o debe sustituirse por una reforma de signo diverso.

Lo anotado nos conduce a concluir que la aprobación de la LGT tiene enorme importancia con relación al proceso de institucionalización del dialogo social. Postergar o descartar la aprobación de la LGT implicaría restar valor a los procesos de dialogo en el foro del Acuerdo Nacional y el Consejo Nacional del Trabajo; significaría enrumbar contra el esfuerzo de consolidación de una cultura de dialogo en nuestro país. Evidentemente, las mismas razones –sobre todo la necesidad de construir una cultura de dialogo- deberían conducir al Gobierno a someter cualquier novedosa propuesta de reforma laboral al Consejo Nacional del Trabajo.

La LGT como factor de impulso de la competitividad en un contexto auténticamente democrático

La necesidad de aprobar la LGT se sustenta además en otras razones.

En primer lugar, la evidente inconsistencia de la legislación vigente con un régimen auténticamente democrático. Recordemos que, no obstante su enorme incidencia social, la legislación vigente fue expedida por un régimen autoritario sin discusión parlamentaria ni dialogo social, e instauró un modelo normativo que potenció en forma desmedida los poderes empresariales en la gestión del trabajo restando a los trabajadores posibilidades de participar en la determinación de sus condiciones de empleo. Por lo tanto, constituye una actitud coherente con las más elementales convicciones democráticas propender a un nuevo modelo normativo como el de la LGT que, además de ser fruto del dialogo social, garantice la libre actuación de los trabajadores organizados.

Ciertamente el carácter democrático de nuestro modelo de Estado demanda una reforma que establezca un marco de protección laboral adecuado para los trabajadores (notoriamente distinto y mejor que el actual) y tenga aptitud para propiciar la competitividad empresarial. Pero; ¿son compatibles ambos propósitos?

La legislación flexibilizadora vigente se ha montado sobre la idea de que “a menores derechos puede lograrse mayor competitividad”. Por lo tanto, se funda en una supuesta incompatibilidad entre protección laboral adecuada y competitividad empresarial que, como la han señalado ya muchos economistas, no resulta correcta por dos razones: la competitividad constituye un concepto en extremo complejo que no alcanza a ser explicado única o primordialmente en función de los niveles de protección laboral que fija la ley; y, aún cuando dicha relación fuese posible de establecer, no encuentra verificación empírica en las experiencias comparadas. Incluso, nuestra reciente historia es la mejor evidencia de ello.

Ciertamente, el objeto manifiesto de la flexibilización de los noventa fue atenuar o eliminar “rigideces” (o derechos) para facilitar la gestión del trabajo y logar mayor competitividad. Al cabo de más de diez años y aún contando con dosis exageradas de flexibilidad (como en ningún otro país de la región) nos mantenemos a la zaga de los índices de competitividad y junto con nuevos contingentes de trabajadores precarios han surgido también nuevos contingentes de “empresarios precarios”, que basan su fortuna en una insostenible e irracional explotación del trabajo. Más bien, la fórmula “a mayores derechos mayor competitividad” si podría encontrar verificación empírica pues los niveles de protección laboral en muchos de los países líderes en materia de competitividad son bastante más elevados que los nuestros.

Cabe notar que las mismas voces que bombardean la LGT reeditan hoy esta supuesta incompatibilidad entre protección laboral adecuada y competitividad empresarial e, incluso, aprovechando la coyuntura, justifican sus propuestas de disminución de derechos en otro antiguo y también errado postulado: “a mayores derechos mayor informalidad laboral”. Bastaría recordar otra vez, para contrariar esta pretendida relación, que durante la década de los noventa y con una extrema flexibilidad laboral, el número de contratos no registrados se mantuvo inalterable, o que la estrategia de rebaja del costo del trabajo (costo laboral) para formalizar, propuesta por la Ley MYPES, ha tenido una insignificante acogida. En suma, señalar que los trabajadores formales son los causantes de la informalidad y apelar a su supuesta falta de solidaridad con los informales para justificar una reforma a la baja, es simplificar en extremo inaceptable el complejo problema de la informalidad.

Diversas experiencias y estudios señalan que la competitividad se basa en incrementos sostenidos de productividad y de que éstos, a su vez, no se basan en la rebaja del costo laboral sino en la formación de los trabajadores y la seguridad en sus empleos, en un contexto de pleno respeto de las libertades sindicales. Definitivamente, ninguna estrategia de competitividad autoriza al empleador a hacer lo que quiera con sus trabajadores.

La LGT puede insertarse en esta línea en favor de la competitividad empresarial en la medida que elimine todo margen de arbitrariedad en la gestión del trabajo por parte del empleador y procure seguridad para los trabajadores en sus puestos de trabajo. Aquí, el “principio de causalidad” en la contratación y el despido aparece como un elemento clave para desterrar la arbitrariedad pues, atendiendo a que lo único que justifica el poder de mando empresarial sobre la persona del trabajador es una razón de producción, sujeta las decisiones del empleador a la existencia de una causa objetiva, necesariamente derivada de la correcta marcha del sistema productivo. El principio de causalidad admite la contratación temporal sólo si existe una necesidad temporal de personal justificada por las características de la producción, y admite el despido sólo si se verifica una causa señalada en la Ley vinculada a un incumplimiento grave de obligaciones por parte del trabajador o a una coyuntura excepcional en la empresa. La decisión arbitraria, que esconde casi siempre un motivo discriminatorio, no tiene cabida en un sistema regido por el principio de causalidad y, por ello, la observancia de este principio es el principal factor de impulso y garantía para la seguridad del trabajador en su puesto de trabajo. Ciertamente, la observancia del principio de causalidad involucra la elaboración de un catalogo adecuado de causas para la contratación temporal y el despido, destinado siempre a satisfacer necesidades legítimas del proceso productivo y no a dar acogida a decisiones arbitrarias.

En segundo lugar, la LGT consolida un escenario garantista para el libre ejercicio de los derechos sindicales. Habría que recordar que la protección de la libertad sindical y la negociación colectiva de las condiciones de empleo, además de ser imperativos constitucionales, constituyen elementos indispensables para garantizar condiciones estables para la inversión y redistribuir la riqueza generada. Las inversiones responsables no buscan salarios baratos o garantías de impunidad, sino condiciones estables y escenarios con institucionalidad democrática. Y no puede hablarse de institucionalidad democrática sin asegurar el libre ejercicio de los derechos sindicales y su actuación en el escenario empresarial, sectorial y en las mesas de dialogo social. Pero, por otro lado, la calidad del trabajo y, en particular, la mejora de las condiciones salariales que logra la negociación colectiva conforma una plataforma de impulso para la competitividad.

* Profesor de Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

EN MEMORIA DE ELIA ZACONETTI CASTELL, UNA ILUSTRE TARAPAQUEÑA

EN MEMORIA DE ELIA ZACONETTI CASTELL, UNA ILUSTRE TARAPAQUEÑA
ESCRIBE; JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)

Mi madre se llamaba Elia Margarita Zaconetti Castell nacida realmente el 3 de febrero de 1918, sin embargo en el registro de los peruanos nacidos en el exterior del ministerio de Relaciones Exteriores aparece oficialmente como Elia Zaconetti Castel nacida en Zapiga, Tarapacá el 3 de mayo de ese mismo año. Estaba por cumplir los 96 años cuando el 18 de enero del 2014 falleció después de una agonía de más de 50 días. Mujer de carácter asumió la muerte con dignidad, para ella este artículo dedicado a su memoria.

En su vida se resume las peripecias, penurias, angustias esa microhistoria de miles de familias de peruanos que fueron expulsados de las provincias cautivas de Tarapacá y Arica, territorio usurpado por el derecho de conquista por el vecino del sur. De niña pudo ser consciente de los abusos de la gendarmería en el proceso de chilenización de las provincias citadas incluida Tacna que recién regresa al territorio patrio en agosto de 1929 con la firma del tratado definitivo de límites. En resumen, la historia de mi familia materna es la historia de los denominados “repatriados” durante el Oncenio de Leguía.

Sus padres de origen arequipeño se llamaban Remigio Zaconetta Cárdenas y María Castell Rivera de la Punta de Bombón y Cocachacra respectivamente, ubicados en el valle del Tambo; ambos muy jóvenes como muchos peruanos ante el boom de los precios del salitre fueron a trabajar en las calicheras de Tarapacá. La historia de los trabajadores salitreros de origen boliviano, peruano y chileno es una larga jornada de lucha por la conquista de mayores derechos y salarios ante la explotación de capitales ingleses y chilenos.

La célebre Cantata de Santa María de Iquique es un homenaje a las luchas de los asalariados que no conocen fronteras donde cientos de trabajadores del salitre a inicios de siglo fueron masacrados por las tropas chilenas; ello nos expone la importancia que tenía dicha explotación de un insumo básico para la fabricación de explosivos hasta antes de la Primera Guerra Mundial, pues luego viene una larga decadencia de la actividad salitrera ante el descubrimiento del salitre sintético llevado a cabo por los científicos alemanes.

En verdad, toda mi familia materna se apellida Zaconetta pero a mi madre la única de sus hermanos Clotilde, Alberto, Dora, Héctor, Eduardo, por cuestiones de la ocupación, le cambiaron la última vocal en su apellido y término siendo Zaconetti, como que también la registraron como nacida el 3 de mayo a pesar de haber venido al mundo el 3 de febrero de 1918.

Todas estas peripecias se explican por las serias dificultades que tenían las familias peruanas para inscribir a sus hijos como peruanos, por las presiones, abusos y obligaciones de parte de las autoridades chilenas para que los mismos fuesen registrados como ciudadanos chilenos. Era una política concertada desde el palacio de la Moneda para chilenizar a la fuerza a la población de Tarapacá, Arica, Tacna e incluida la provincia Mariscal Nieto de Moquegua.

De manera escondida el peruano que sabía leer y escribir “por lo bajo” registraba a los recién nacidos de familias peruanas y se tomaba su tiempo para viajar hacia Arica para registrarlos en el consulado de nuestro país. Como mi familia era de origen proletario y sin fortuna, que mi madre se apellide Zaconetti en lugar de Zaconetta ante las dificultades de la ocupación no tenía mayor relevancia. ¡En todo caso es el “origen italiano” de mi apellido!

En ese contexto debo reconocer la valentía y coraje de mis abuelos maternos como muchas familias que mantuvieron para sus hijos la ciudadanía peruana ante las invitaciones y ofrecimientos de las autoridades chilenas. La seducción consistía en ofrecer empleos con buenos salarios, la seguridad social  a los trabajadores que constituye un derecho ganado desde 1912, casa y educación con profesores ingleses para los hijos de los trabajadores peruanos, siempre y cuando sean inscritos como chilenos.

Mis abuelos se negaron a dichos ofrecimientos y galanterías luchando por el esperado plebiscito que tendría que definir el futuro de Tacna y Arica, y ante los abusos, maltratos, vejaciones que sufrían los peruanos y ante las promesas del gobierno de Augusto B. Leguía, mi familia decidió dejar todo en Zapiga/ Tarapacá y venir por barco al Perú, con una “mano adelante y otra atrás” hacia 1924 según testimonio de mí abuela.

EL RETORNO AL SUELO PATRIO

Para las familias de los mal llamados “repatriados” que habían defendido la soberanía nacional y los derechos del Perú en el territorio ocupado, dejándolo todo, significó conocer la miseria y el maltrato de parte de las autoridades y plebe limeña.

Los ofrecimientos de seguridad económica otorgados por el gobierno del presidente Leguía fueron incumplidos y prácticamente las miles de familias tuvieron que resolver sus problemas domésticos aisladamente; depositados como refugiados en las Plazas Italia y Santa Catalina en carpas de la Cruz Roja. Allí eran agredidos por el populacho, siendo tildados de chilenos por el sonoro “hablar nortino”, por el dejo del tarapaqueño.

Recuerdo de niño ver a mi abuela llorando desilusionada por el maltrato, el desinterés limeño hacia las familias tarapaqueñas que habiendo sido expulsados de su tierra con agresivos insultos como “fuera peruano de mierda”, en Lima también eran agredidos con lemas de “fuera chilenos de mierda”. Por ello, fue una decepción para cientos de familias que habiendo defendido los intereses del Perú fueran ofendidos y humillados en su propio país.

Este desamparo social y económico de la familia se cobró como primera víctima a mi abuelo que relativamente joven falleció dejando a mi abuela materna con seis hijos pequeños en la mayor pobreza en un país extraño que vivía los últimos años del Oncenio de Leguía y de la llamada República Aristocrática.

Sin embargo, mi abuela con la fuerza de las mujeres del desierto sacó a sus hijos adelante, teniendo que trabajar desde muy jóvenes para poder “parar la olla”. Haciendas de Lurín, de Carabayllo fueron testigos de los múltiples oficios que tenía que hacer mi familia, hasta terminar en la Plaza de Acho a cargo de la guardianía.

Gracias a las recomendaciones de un administrador de la plaza de origen tarapaqueño mi abuela y sus pequeños hijos terminaron trabajando como guardianes de la plaza con las obligaciones de la limpieza, cuidado de los toros bravos que eran recibidos de madrugada guiados por las vacas madrinas.

De allí la afición taurina de mi familia materna en especial de mis tíos Alberto y Eduardo que incluso incursionaron como novilleros en un grupo de jóvenes provenientes del Rímac destacando el amigo y compadre de mi madre Elia, Adolfo Rojas el “Nene” que para los entendidos en tauromaquia sería el mejor y mayor torero del Perú además de valiente.

Por ello, puedo decir con cierto orgullo que los orígenes de mi familia y en especial de mi madre, corresponden a la gente de pueblo, que en la década de los años treinta, años difíciles, de pobreza y dictaduras  tuvo que sobrevivir. Sin embargo, los pobres con los míseros salarios comían carne, tomaban leche y se alimentaban con bonito que era el pescado popular.

La infancia y su primera juventud de mi señora madre transitó entre el Rímac y los Barrios Altos, barrios por excelencia criollos, estudiando en colegios fiscales y privados como becaria con la responsabilidad de mantener el primer puesto. Su inteligencia, esfuerzo, ambición, vocación de logro y sobre todo su interés por el estudio hicieron de mi madre la única profesional de todos sus hermanos, a pesar que como ella me dijera: a veces no tenía ni para comer.

Con disciplina y un gran esfuerzo personal en los años cuarenta ingresó a la escuela de Medicina de la Universidad Nacional de San Marcos  en la especialidad de obstetricia, siendo su segunda casa la reconocida Maternidad de Lima donde trabajó por más de 37 años consecutivos, sin faltar un solo día ni acumulación de tardanzas según su limpia hoja de servicios.

Ejemplo de profesional con un selecto grupo de obstetrices de la Maternidad llegó a formar parte de las reconocidas matronas que por su experiencia y capacidad llegaron a ejercer una docencia para los jóvenes médicos y obstetrices que practicaban en dicho nosocomio. Incluso recuerdo de niño haber celebrado más de una navidad en dicho recinto acompañado de mi padre, Alejandro Elías Manco Campos y mis hermanos mayores Alejandro Mario y Alfredo Elías.

En su estadística mi madre estimaba que habría traído al mundo cerca de 40 mil infantes y tenía una serie de anécdotas cada una más sabrosa que otra. En los Barrios Altos era requerida por sus servicios profesionales siendo muy querida; es más los niños de la “Huerta Pérdida” barrio de bravos, la conocían como la cigüeña por su uniforme de blanco, y por traer niños al mundo, allí recorría sus afiladas calles en altas horas de la noche, y nadie se metía con ella por respeto.

Ella contaba que había atendido en servicio de parto a una de las mujeres del famoso ladrón conocido como Tatán, amigo de lo ajeno del barrio de las Carrozas que está a las espaldas del jirón Maynas cuadra tres donde yo nací y viví los primeros quince años de mi existencia. En el barrio de Mercedarias, Amazonas, Centro Escolar, Cinco Esquinas, Maravillas era muy conocida y querida. Prácticamente mi madre tenía un salvoconducto otorgado por los reconocidos jefes de banda por los servicios que brindaba mi madre a las parturientas de Barrios Altos.

Como hijo siempre me he preguntado como mi padre descendiente de pequeños propietarios rurales del valle de Mala/Cañete pudo conquistar a mi madre siendo tan diferentes. Como intelectual mi padre fue un reconocido abogado y maestro, afanado lector y escritor, es más la mejor herencia que tuve de él fue su biblioteca. Por el contrario, mi madre era una mujer dinámica, de trabajo que cumplía sus actividades como madre, en la cocina, trabajaba en la maternidad y ejercía su profesión de manera independiente. ¿Cómo lo hacía?

Tal vez la fórmula que resumía esta unidad de personas tan diferentes se resumía en la expresión de mi padre que como abogado y juez sentenciaba: “En mi casa mando yo, pero se hace lo que dice mi mujer”

En verdad, resumir en unas páginas los casi 96 años que vivió mi madre es difícil. Muchas cuestiones se quedan en el tintero como su experiencia sindical en defensa de los intereses de las obstetrices que llevaron a la formación del sindicato de la Maternidad de Lima y luego al colegio profesional de obstetricia. Sus años de docente universitaria en la UNMSM en la facultad de su especialidad preocupada por trasmitir su vasta experiencia a las jóvenes. Ya jubilada se levantaba muy de madrugada para la preparación de sus clases con el entusiasmo y devoción de maestra. ¡Para mí era todo un ejemplo!

En ese sentido tuvo particular importancia para ella cuando había cumplido más de ochenta años su visita al Instituto Tarapacá ubicado en la urbanización entre las avenidas Colonial y Faucett en el Callao, urbanización que fuera entregada tardíamente en los años cincuenta por el general Odría a los hijos de los tarapaqueños.

Allí en ese recinto pudo conocer a otros descendientes que habían experimentado similares vivencias con las familias de los llamados “repatriados”. Todavía recuerdo en mis retinas su grito de orgullo salido de las entrañas añorando la identidad perdida: ¡Viva Tarapacá carajo!

Escribo estas páginas con un profundo amor hacia mi madre recordando lo difícil y exitosa que fue su vida, como la de muchos peruanos emergentes y provincianos. Un ejemplo de mujer, de madre y profesional. Por ello mi familia, en su memoria ha organizado en el distrito de Mala/Cañete en la Iglesia mayor de la localidad una misa en su honor al año de su partida el sábado 17 de enero a las 11 am. Enterrada junto a mi padre en el cementerio del pueblo, descansa en paz una mujer ejemplar.