ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)
Estando en el distrito de Mala (Cañete) conmemorando el primer año de fallecimiento de mi señora madre el 17 de enero pasado me comunicaron la muerte del ex congresista aprista y político piurano José Carlos Carrasco Távara, a quien tuve la suerte de conocer personalmente en agosto del 2001 cuando convocó a su despacho como Presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República a una serie de profesionales como asesores de una de las comisiones más importantes del Parlamento.
En tal sentido desde esa fecha hasta mediados del 2003 frecuenté su despacho parlamentario sosteniendo una serie de conversaciones centradas en lo fundamental en cambiar la política económica heredada del fujimorismo que hoy está demostrando todas sus limitaciones ante el derrumbe de los precios de los minerales, el menor crecimiento de la demanda externa y una fuerte retracción de la inversión extranjera.
Siendo de filiación aprista mantenía una crítica interna sobre el fracaso del modelo heterodoxo del primer gobierno de Alan García Pérez pero también criticaba el entregismo y la falta de transparencia de la privatización de las empresas públicas llevadas acabo en el fujimorismo, entre las cuales destacaba por su importancia en la economía nacional, la transferencia de los lotes y unidades de PetroPerú S.A. a favor de los grupos de poder y transnacionales.
Si bien en el período del segundo gobierno aprista (2006/2011) fue marginado por la cúpula partidaria del ministerio de energia y minas, cargo que le correspondía por su conocimiento y experiencia en el sector, mantuvo una independencia de criterio sobre principales iniciativas presentadas por el ejecutivo y por la Célula Parlamentaria Aprista. En todo caso díscipulo directo de Víctor Raúl Haya de La Torre, ajeno a la dirigencia versallesca y corrupta tomaba una sana distancia reindivicando los viejos valores del aprismo popular.
Por ello es bueno tener presente los varios proyectos de Ley de su autoría muchos de los cuales se convirtieron en leyes de la República con votación multipartidaria y que en lo central apuntan a la descentralización fiscal, la promoción de las inversiones y al fortalecimiento de la acción del estado en sectores estratégicos como la energía.
Así, el 19 de diciembre del 2001 presentó el Proyecto de Exlusión de PetroPerú del Proceso de Privatización firmado por congresistas de las bancadas apristas, de Perú Posible, Acción Popular y socialistas como Javier Diez Canseco y Daniel Estrada. Coordinando con la Coalición de Sindicatos de PetroPerú, con los frentes de defensa de Talara y en especial con los congresistas de las diversas bancadas e incluso del partido de gobierno se pudo hacer realidad este proyecto que excluía a PetroPerú de la privatización en particular de la refinería de Talara.
En tal sentido Carrasco Távara tiene un mérito histórico en la lucha por el fortalecimiento de PetroPerú en la exclusión de la petrolera estatal del proceso privatizador de los alcances del DL 674 como también del holding denominado Fondo Nacional de Finanaciamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), del Sistema de Inversión Pública (SNIP) y el Consucode.
Siendo presidente de la Comisión de Energíay Minas hacia junio del 2002 habiendo el gobierno del presidente Alejandro Toledo tomado la decisión de privatizar a como de lugar las empresas de generación eléctrica Egasa de Arequipa (Charcani) y Egesur (Aricota) Tacna/Moquegua, fue un férreo apositor a tan desatinada decisión gubernamental que terminó en el llamado “arequipazo”, con pérdidas de vidas humanas, y que significó con el levantamiento del noble pueblo de Arequipa, el primer revés masivo de las políticas liberales en nuestro país.
En este contexto Carrasco Távara mantuvo una posición diferente a su grupo parlamentario y de resistencia a las presiones del ex presidente García Pérez, cuestionando la privatización eléctrica. Fue público y conocido su debate con el extinto ministro del sector Jaime Qujandría y con el responsable de la COPRI ahora Proinversión, ing. Pedro Sánchez, demostrando la incoveniencia técnica y económica para el estado de la privatización de rentables empresas eléctricas.
Ello fue reconocido por el pueblo de Arequipa y por el alcalde del municipal Dr. Guillén en un multitudinario mitín donde Carrasco Távara fue declarado huesped ilustre de la Ciudad Blanca por la defensa del patrimonio nacional. Así, mientras la mayoría parlamentaria aprista obedientemente aceptaba la privatización eléctrica, él mantuvo una defensa del interés público y de presencia de la participación del estado en un sector estratégico y rentable.
Su preocupación por mayores rentas para los gobiernos locales y regionales en el 2003 ante el aumento sostenido de los precios en los productos mineros, lo impulsó a presentar un proyecto legislativo que establecía aplicar el 10 por ciento sobre el valor de los concentrados como regalías mineras, asumida como una contraprestación por la explotación de recursos no renovables, agotables.
En dicho contexto he sido testigo de excepción de las múltiples presiones de los empresarios y funcionarios de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía para retirar dicho proyecto y mandarlo al archivo, con argumentos varios. La masiva propaganda en los medios que presentaban interesadamente el fin del mundo si se llegaba a legislar en ese sentido quedó desmentida por la realidad.
Se exponía que el establecimiento del 10 por ciento de regalía al valor de la minería traería consigo una serie de anomalías al sector, desde la inviabilidad de nuevos proyectos mineros. Como también que los capitales por invertir fugarían a Chile por razones de competitividad. Sin embargo, la realidad demostraría que las regalías mineras constituía una compensación por la explotación de un recurso natural que se agotará en el tiempo y que el titular de los productos mineros, es decir el estado, no estaba percibiendo.
Si bien apartir de junio del 2004 la Ley de las regalías mineras se constituyeron en una realidad, es menestrer reconocer la amplitud democrática de Carrasco Távara por conciliar con proyectos similares presentados por la bancada oficialista y siendo ministro de energía y minas el congresista de Perú Posible Glodomiro Sánchez, ésta Ley pudo ser promulgada para satisfacción de los gobiernos regionales y locales.
Así, las regalías mineras en lugar de constituir un 10 por ciento sobre el valor de los concterados y/o su equivalente fue rebajada al 3 por ciento, considerada como gasto tributario con carácter deducible, y que no afectaba a las empresas que tenían vigente los contratos de estabilidad jurídica, tributaria y administrativa.
Es decir, las empresas que conforman el “cogollo” de la actividad minera en nuestro país estaban indebidamente exoneradas del abono de regalías. A pesar de ello entre 800 a 1,200 millones de nuevos soles se distribuían anualmente por concepto de regalías aplicadas sobre el valor de la producción, entre los gobiernos locales y regionales, beneficiándose en especial Tacna, Moquegua, Arequipa, Pasco etc.
Sin embargo, se debe añadir que la Ley de regalías mineras aplicada sobre el valor de la producción ha sido desvirtuada por el nuevo marco tributario minero del gobierno nacionlista del comandante Humala para beneplácito de las grandes empresas mineras. Así, a partir de octubre del 2011 la regalía minera se aplica sobre el margen de utilidad operativa, lo cual ha significado una drástica disminución de los recursos para las regiones por dicho concepto.
Igualmente preocupado por la dramática disminución de la producción petrolera en los viejos campos de Piura promovió con sensatez la Ley que promovía la inversión privada en los llamados campos y reservas marginales de Talara, que están en explotación desde los tiempos de la International Petroleum Company (IPC).
A esta ley aprobada a mediados del 2004 luego de una serie de debates, audiencias públicas llevadas a cabo en Talara, Piura y el Congreso de la República con la oposición de PerúPetro y el Ministerio de Energía y Minas, que dicho sea de paso graciosamente entregaron sin licitación alguna al Consorcio Camisea las reservas probadas de hidrocarburos del lote 56 en el 2002/2003, e impusieron una serie de cuestionamientos para oponerse a las bondades de la ley que promovía la inversión en los campos y reservas marginales.
Con precios internacionales del crudo por debajo de los US $ 40 dólares el barril y con altos costos marginales se requería una legislación realmente promotora de la inversión privada con la finalidad de aumentar la producción interna, incrementar los recursos por concepto de canon petrolero, y en especial reactivar la actividad en Talara.
En forma particular he sido testigo conjuntamente con el extinto Carrasco Távara de las bondades de la Ley de los campos y reservas marginales a las cuales se acogieron en el 2005 un puñado de empresas como Petrobras, Interoil y Petromont. Con una disminución de la tasa de regalías en especial en aquellas empresas que contractualmente asumían regalías del 50 por ciento, éstas podían reinvertir la regalía dejada de pagar más una porción equivalente de capital como inversión nueva.
Sin excepción todos los compromisos de inversión y los pronósticos productivos fueron superados en la realidad en el período de vigencia de la ley, cuando los precios se mantenían por debajo de los US $ 40 dólares eñ barril, y nadie tenía una bola de cristal para predecir el bajón de los precios del petróleo en setiembre del 2008 y 2014.
En verdad, fértil, rica y diversa ha sido la contribución parlamentaria y política de José Carlos Carrasco Távara en los períodos del 2001 al 2011 para bien del país y en especial para el departamento de Piura. Resulta lamentablemente que ninguno de los congresistas piuranos levante las banderas de la descentralización fiscal y la defensa del interés público sobre el interés privado y asuma con decisión la defensa del fortalecimiento empresarial de PetroPerú.
Promotor y gestor de leyes para bien del país restaría comentar su contribución en la ley de homologación del canon del petróleo y gas natural que ha signficado aumentar los recursos para Piura, Loreto, Tumbes, Ucayali, o su participación para la aprobación de la ley del Fondo de Desarrollo Económico y Social de Camisea (FOCAM) que favorece en especial a Huancavelica, Ayacucho, Ica, Región Lima y Ucayali.
En verdad, resulta lamentable para el país la pérdida de uno de los pocos apristas consecuentes, decentes y probos, conocedores de uno de los sectores donde hacer fortuna indebidamente es una práctica usual. José Carlos Carrasco Távara aquejado en los últimos años de un mal pulmonar no era un hombre rico ni tenía empresas a su cargo, ni propiedades en el exterior, vivió su honestidad con pulcritud, y como alto miembro de la masonería practicaba en sus actos la fraternidad y hacer el bien al prójimo. En todo caso, haría bien el Congreso de la República del Perú en publicar el conjunto de leyes de su autoría como el mejor homenaje a un legislador ejemplar.¡Descansa en paz Carrasco Távara!
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