REPORTE SOBRE TRATA DE PERSONAS 2011

Trata de personas la esclavitud del siglo
¡DENUNCIA!

El Perú es un país de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños que son víctimas del delito de trata de personas, de manera específica bajo las modalidades del trabajo y la prostitución forzados.   Se estima que en el Perú, varios miles de personas se ven obligadas a laborar bajo condiciones de trabajo forzado, principalmente en la minería, las actividades forestales, la agricultura, la fabricación de ladrillos y el servicio doméstico.  Mujeres y jovencitas peruanas son reclutadas y obligadas a prostituirse en clubes nocturnos, bares y burdeles en las zonas urbanas y centros mineros del Perú, a menudo esto sucede a través de falsas ofertas de empleo o promesas de brindarles educación.  El departamento de Madre de Dios, así como las ciudades de Cuzco y Lima, fueron identificados como algunos de los principales destinos de las víctimas de la trata de personas para fines de explotación sexual en el Perú.  

Las personas de origen indígena son especialmente vulnerables al peligro de convertirse en virtuales esclavos por las deudas contraídas con las compañías en las que laboran. El problema del trabajo infantil forzoso continúa existiendo, especialmente en las áreas de la minería informal, entre bandas de mendigos en las zonas urbanas y en la producción y el transporte de cocaína. 

Existen informes que señalan que el grupo terrorista Sendero Luminoso reclutó a niños para utilizarlos como soldados o introducirlos en el comercio ilegal de la droga.  Asimismo, existieron informes que señalaban que un número menor de adolescentes se encontraba sirviendo en las Fuerzas Armadas del Perú.  Sin embargo, aunque en el 2009 hubo 150 denuncias presentadas a la Defensoría sobre soldados menores de edad, las autoridades sólo reportaron 20 de estas denuncias presentadas durante el 2010. 

La mayoría de casos de trata de personas tiene lugar dentro del Perú, pero de manera menos extendida, las mujeres peruanas son obligadas a ejercer la prostitución en el Ecuador, España, Italia, Japón y los Estados Unidos; así como a laborar bajo condiciones de trabajo forzado en Argentina, Chile, Ecuador y Brasil.  El Perú también sirve como país de destino para actividades de prostitución forzada impuestas sobre algunas mujeres y jovencitas ecuatorianas, bolivianas y chinas, así como condiciones de trabajo forzado en las que deben laborar algunos ciudadanos bolivianos. El turismo sexual infantil ocurre en lugares como el Cuzco y Lima.  Se informó que los tratantes de personas operaron con impunidad en algunas regiones del país donde existe muy poca o ninguna presencia del Estado.  

El gobierno del Perú no cumple a totalidad con los estándares mínimos necesarios para eliminar la trata de personas; sin embargo, viene realizando esfuerzos significativos para hacerlo.  Las autoridades continuaron desplegando esfuerzos para hacer cumplir las leyes que existen contra la trata de personas e implementando proyectos destinados a crear una mayor conciencia sobre este problema entre la población peruana, incluyendo el haber lanzado la primera campaña nacional contra la trata de personas.  Sin embargo, el gobierno nuevamente fracasó en sus intentos por  enfrentar la alta incidencia de casos de trabajo forzado en el país y nunca ha informado sobre algún proceso judicial exitoso en el caso de los delitos de trabajo forzado.  

Adicionalmente, las autoridades no proporcionaron servicios adecuados a las víctimas de todas las modalidades de trata de personas y el borrador de un plan nacional para combatir la trata de personas elaborado en el 2006 aún no ha sido concretado.

Recomendaciones para el Perú:  Investigar y enjuiciar de manera enérgica los delitos de trata de personas y condenar y castigar a los delincuentes involucrados en ese delito, especialmente a los culpables de delitos de trabajo forzado, incluyendo a los funcionarios corruptos que podrían facilitar la práctica del delito de trata de personas

Dar inicio a investigaciones proactivas sobre delitos de trabajo forzado a través de una mejor colaboración entre la policía, el Poder Judicial y los funcionarios del Ministerio de Trabajo; destinar fondos para la creación y el funcionamiento de albergues y servicios especializados  para todas las víctimas del delito de trata de personas, o, en su defecto financiar ONGs que posean la capacidad de proporcionar estos servicios

Crear e implementar mecanismos oficiales diseñados para identificar a las víctimas de la trata de personas entre las poblaciones más vulnerables; ofrecer mejores oportunidades de capacitación en la lucha contra la trata de personas a los fiscales, jueces, asistentes sociales y al personal jurídico-policial que labora en las diferentes localidades;  incrementar los montos destinados a financiar las unidades especializadas en la lucha contra la trata de personas en la policía y las fiscalías

Promulgar e implementar el borrador del plan nacional  para combatir la trata de personas y continuar reforzando los esfuerzos desplegados por los gobiernos municipales o regionales para combatir la trata de personas y crear una mayor conciencia entre la población sobre todas las modalidades de trata de personas.

Iniciación de una Acción Judicial

El año pasado, el gobierno del Perú  continuó luchando contra la prostitución forzada a través de medidas diseñadas para hacer cumplir la ley, pero una vez más desplegó esfuerzos muy débiles para investigar y enjuiciar a las personas involucradas en los delitos de trabajo forzado.  La Ley 28950, promulgada en el año 2007, prohíbe todas las modalidades que abarca el delito de trata de personas e impone penas de ocho a 25 años de prisión. 

Estas penas son lo suficientemente severas y de igual proporción que aquéllas impuestas para otros delitos graves, tales como la violación.  Sin embargo, algunas ONGs informaron que los investigadores, fiscales y jueces pertenecientes a la policía y al Poder Judicial con frecuencia eligieron clasificar los casos de trata de personas como delitos menos graves para los que se imponen penas más blandas.

Durante el período cubierto por este informe, la policía investigó 83 casos potenciales de trata de personas; de estos, 2 estaban relacionados con el trabajo forzado y 25 lo constituían casos de trata de personas con fines de explotación sexual. Las autoridades presentaron 18 casos de trata de personas ante el Poder Judicial y lograron obtener sentencias condenatorias para 12 tratantes de personas para fines de explotación sexual, a los que se les impuso sentencias de hasta 30 años de prisión, además del pago de multas. Las autoridades no informaron sobre el número de sentencias suspendidas. Comparado con este número, el año anterior, las autoridades peruanas procesaron 78 casos y condenaron a nueve delincuentes involucrados en la trata de personas con fines de explotación sexual.  Por el quinto año consecutivo, se llevaron a cabo muy pocos procesos judiciales y no se informó de ninguna condena por delitos de trabajo forzado, a pesar de que se estima que existe una alta incidencia de estos delitos en el país y esfuerzos desplegados en el pasado para investigar de manera proactiva el trabajo forzado en los centros mineros en el Amazonas fueron descontinuados.

La Unidad de Investigaciones de la Policía Nacional del Perú abocada a investigar el delito de trata de personas estuvo conformada por 32 oficiales y operó desde la capital.  La policía mantuvo y amplió la utilización de un sistema electrónico de rastreo de casos en sus investigaciones sobre la trata de personas, aunque este sistema no incluyó un seguimiento a las acciones judiciales, tales como la iniciación de los juicios y las condenas.  Además, algunas ONGs informaron que el sistema no siempre es utilizado de manera eficiente, en vista de que en algunos lugares la policía no ingresa los datos sobre las investigaciones  de manera oportuna o en ocasiones simplemente no los ingresa. Los fiscales deben acompañar a los efectivos policiales cuando hacen redadas en burdeles y otros lugares donde se sospecha que se comete el delito de trata de personas, pero algunas ONGs informaron que en ocasiones una coordinación deficiente entre ambas instituciones resultó en una innecesaria demora en las acciones.

El gobierno no proporcionó ninguna información sobre sus investigaciones, juicios, condenas o sentencias impuestas a empleados del gobierno comprometidos en el delito de trata de personas. La corrupción que existe entre oficiales de bajo rango permitió el funcionamiento de burdeles no autorizados y la prostitución infantil.

En un caso ocurrido durante el período cubierto por este informe, algunas ONGs y los medios de comunicación informaron que algunas autoridades locales se encontraban protegiendo al dueño de un bar -frecuentado por oficiales de la policía y fiscales- donde existían víctimas a las que se les obligaba a ejercer la prostitución. Una de las principales testigos en este caso murió al ser arrollada por el tratante de personas acusado por ella, lo cual evidenció la necesidad de que se implemente un mejor sistema de protección de testigos.   En colaboración con la sociedad civil, el gobierno ofreció cursos de capacitación en el área de trata de personas a oficiales de la policía, funcionarios de inmigración y asistentes sociales, entre otros. El gobierno colaboró con los gobiernos de Argentina y Chile en varias investigaciones sobre casos de trata de personas. 

Protección  

El año pasado el gobierno proporcionó un apoyo limitado a las víctimas del delito de trata de personas. El gobierno no se valió de ningún mecanismo oficial para lograr identificar a posibles víctimas de la trata de personas entre las poblaciones vulnerables, tales como mujeres adultas dedicadas a ejercer la prostitución o los niños en el sector de la minería informal.  El gobierno no contó con ningún programa oficial que ayudara a proporcionar algún tipo de tratamiento médico a las víctimas. Las autoridades informaron que lograron conectar a los menores de edad que habían sido víctima de la trata de personas con la red de 39 hogares administrados por el gobierno para atender a jóvenes en situación de riesgo. 

Algunas mujeres adultas que fueron víctimas de la trata de personas tuvieron acceso a los servicios proporcionados a través de la red de más de 100 centros de emergencia que opera el gobierno, aunque estos centros no ofrecen servicios de albergue y ninguno se encuentra específicamente equipado o cuenta con el personal  idóneo para hacerse cargo de las víctimas de la trata de personas.  La Policía Nacional del Perú operó centros de prevención para menores en los que se brindó albergue a algunos menores de edad que habían sido víctimas de la trata de personas, para luego ser enviados a otros albergues donde fueron atendidos.  

Algunas ONGs proporcionaron atención y cuidados a mujeres que habían sido explotadas sexualmente; sin embargo, las personas adultas que fueron víctima del delito de trata de personas tuvieron un acceso muy limitado a los servicios y albergues especializados y en el país no existieron albergues específicamente dedicados a recibir a las víctimas de la trata de personas. Al menos en un caso registrado durante el período cubierto por este informe, una víctima adulta debió refugiarse en instalaciones policiales, en vista de que no existía otro albergue disponible, y en algunos casos las víctimas que se refugiaron en estas instalaciones policiales debieron dormir en el suelo y no se les proporcionó una ayuda adecuada, incluyendo alimentos.  Efectivos policiales y funcionarios del Poder Judicial informaron que habían identificado a 191 víctimas potenciales del delito de trata de personas  y fiscales peruanos informaron que habían ofrecido servicios legales, sociales y psicológicos a 27 víctimas.  El gobierno no proporcionó apoyo financiero a las ONGs dedicadas a luchar contra la trata de personas y en muchas partes del país continuaron faltando servicios adecuados para las víctimas.

Oficiales de las Fuerzas Armadas prometieron a las ONGs en el año 2009 y a la Comisión Interamericana de Derechos  Humanos en el año 2010 que liberarían a 1.000 niños soldados –algunos de los cuales podrían haber sido víctimas de la trata de personas- aunque las autoridades no informaron sobre el número de niños que fue realmente separado de las filas de las Fuerzas Armadas durante el período cubierto por este informe.

La participación de las víctimas en los procesos de investigación o enjuiciamiento de los tratantes de personas continuó siendo muy limitada, aunque varias víctimas que se encontraban bajo la protección del gobierno eligieron testificar contra los tratantes de personas que habían delinquido contra ellas durante el período cubierto por este informe. A partir del 2010, se permite que las víctimas interpongan gratuitamente juicios contra los tratantes de personas en el fuero civil, aunque ninguna víctima recibió  ayuda alguna para entablar tales juicios durante el período cubierto por este informe.

El gobierno no sancionó a las víctimas por haber cometido algún acto ilícito como resultado directo de haberse visto afectadas por  la trata de personas.  Bajo la legislación peruana referente a refugiados, las víctimas del delito de trata de personas tuvieron derecho a que se les concediera el estatus de residentes temporales o permanentes y, efectivamente,  se le concedió tal residencia permanente a  al menos  una de estas víctimas, aunque por lo general las víctimas prefirieron regresar a sus países de origen. Sin embargo, algunas ONGs señalaron que las autoridades no evaluaron de manera adecuada a los inmigrantes irregulares que debían ser deportados a fin de verificar si estos habían sido víctimas del delito de la trata de personas. 

Prevención

El gobierno del Perú continuó realizando grandes esfuerzos para prevenir la trata de personas. El comité multisectorial del gobierno continuó reuniéndose para coordinar sus esfuerzos contra la trata de personas y publicó un extenso informe anual sobre los esfuerzos desplegados por el gobierno el año pasado. Sin embargo, el gobierno aún no ha oficializado el borrador del plan nacional para combatir la trata de personas elaborado por miembros del comité en el año 2006.

Durante el período cubierto por este informe, la autoridades lanzaron la primera campaña nacional contra la trata de personas, conjuntamente con miembros de la sociedad civil y contando con el apoyo económico de un gobierno extranjero y una organización internacional. El gobierno continuó promoviendo su línea directa de emergencia gratuita a través de la cual recibió 31 informes sobre trata de personas en el año 2010.

La Región de Madre de Dios creó un plan de acción regional contra la trata de personas, siguiendo el modelo del borrador de plan nacional, para el que contó con fondos para su implementación, y otras tres regiones informaron que habían reforzado sus redes de lucha contra la trata de personas durante el período cubierto por este informe.  Algunas zonas del país son conocidas como destinos del turismo sexual que afecta a los menores de edad y la legislación peruana prohíbe este delito: durante el período cubierto por este informe las autoridades peruanas arrestaron a un ciudadano estadounidense a quien acusaron de ser un pedófilo.

El gobierno brindó capacitación sobre el problema del turismo sexual que afecta a los menores de edad a 610 funcionarios públicos y proveedores de servicios turísticos, condujo una campaña diseñada para crear una mayor conciencia del problema entre la población y promovió códigos de conducta entre las agencias que ofrecen servicios de tours a los viajeros; hasta la fecha, 325 empresas han suscrito acuerdos de código de conducta a nivel nacional. 

El gobierno ofreció capacitación en el área de derechos humanos, incluyendo el crear conciencia sobre el delito de trata de personas, a ciudadanos peruanos elegidos para encargarse de tareas de mantenimiento de la paz, antes de que éstos fueran enviados al extranjero en el cumplimiento de su misión.  No se informó sobre ningún esfuerzo desplegado para reducir la demanda de actos sexuales realizados a cambio de un pago o la demanda del trabajo forzado.