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Sergio Espinoza, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú |
Exclusivo.
Entrevista con el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Perú
5 de Abril del 2016
El jefe de la Unidad de
Inteligencia Financiera del Perú, Sergio Espinoza, habló con Ojo-Publico.com sobre
las recientes revelaciones de Panama Papers y mencionó que,
aunque legales, los paraísos fiscales amenazan la lucha contra el lavado de
activos y el sistema político. La UIF plantea modificar la legislación
para transparentar el ejercicio de los abogados dedicados a la creación de
compañías offshore.
¿Qué impresión tienen en la
UIF con las revelaciones de Panama Papersque mencionan que varios
políticos y empresarios tienen innumerables compañías offshore?
El alcance de la revelación
de las publicaciones periodísticas es impresionante a nivel global. Pero no se
puede decir que sea sorpresa ¿no? Todo el mundo sabe que se hace. Y respecto a
esto incluso existe una doble moral global, porque varias de las jurisdicciones
donde esto sucede forman parte de Estados como el Reino Unido u otros
similares. Lo que esto demuestra es un problema de falta de transparencia y de
opacidad financiera que ya se conocía. Los países tratan de avanzar contra esto
con una mano, pero con otra jalan las riendas para no avanzar lo suficiente.
¿Considera que los paraísos
fiscales y las compañías offshore son una amenaza para la
lucha contra el lavado de activos?
Sí, claro, son una amenaza
para el sistema anticorrupción. Cualquier forma de opacidad financiera que
permita que las personas y empresas de cualquier giro puedan ocultar sus
ingresos y las fuentes de sus ingresos, es peligroso para el sistema de
lavado, para el sistema político. No es un ejercicio de chismografía saber
cuánto tiene una persona fuera o qué se llevó. Lo que se quiere saber es de
dónde viene ese dinero y si ese dinero pagó impuestos. Entonces, después de
saber eso, si quiere se puede llevar ese dinero a la Muralla China y tenerlo
allí. Y no solo se trata de un tema tributario. Yo pregunto dónde tienen su
dinero los capos del narcotráfico u otros cabecillas del crimen organizado.
Evidentemente en jurisdicciones que permiten el anonimato.
¿Qué mecanismo tiene en
este momento la UIF para detectar operaciones sospechosas o ilegales que
involucren a compañías offshore?
El primer tema es
identificar las operaciones locales de estas empresas. Nosotros investigamos a
partir de los reportes de operaciones sospechosas que nos llegan desde los
bancos. La legislación vigente señala que el banco tiene que saber quién es su
cliente y quién es el beneficiario final. Si existiese alguna duda, deberá
enviar un reporte a la UIF. Ahora, no todos los bancos tienen igual rigor.
¿Qué ocurre cuando estas
operaciones son realizadas por empresas constituidas que manejan mucho flujo
financiero? ¿Qué criterios tienen en cuenta los oficiales de cumplimiento
de los bancos para reportar esas transacciones?
Usted, ha dado en la clave.
No solo depende del tamaño de la empresa. Pero en esos casos el banco
debe saber cuál es el perfil del cliente, tiene que saber quién está al otro
lado. La persona jurídica que es cliente de un banco tiene un perfil de negocio
y ese perfil tiene que responder a las operaciones que realiza. Por ejemplo,
una empresa va al banco y le dice: yo soy un exportador textil que vendo a
Venezuela. Entonces, el banco tiene que enviar a una persona a ver la supuesta
fábrica y si se está tejiendo la ropa que dicen exportar. Si en la visita
encuentra cuatro paredes vacías y una sola máquina, el banco dirá: "ah
bueno, esto es sospechoso" y por lo tanto elaborarán un reporte para
alcanzarlo a la UIF.
¿Cuántos reportes recibe o
ha recibido la UIF el 2015?
Alrededor de seis mil.
¿Cuál es el nivel de
coordinación entre la UIF y la SUNAT para identificar casos de lavados de
activos, triangulación tributaria y la evasión de impuestos?
Hay muy buena relación de
coordinación en temas de comercio exterior, pero en la parte de tributos
internos sí tenemos un problema. No se trata de coordinación, sino de un
obstáculo legal, y es que la ley no les permite a ellos alcanzarnos información
que está protegida por secreto tributario. Entonces, si yo quisiera ver cuáles
son los impuestos que ha pagado una persona a la que estoy investigando, la
Sunat no puede darme esa información porque el código tributario se lo prohíbe.
Para salvar esta situación hace un tiempo planteamos al Congreso un cambio en
la ley, pero no lo aprobaron. Allí hay una pared que impide que estas dos
agencias compartan información y obviamente se genera una zona gris que
beneficia a muchos.
¿Por qué es importante que
la UIF reciba información tributaria de personas vinculadas a reportes
sospechosos?
Porque cuando nosotros
recibimos un reporte de alguien sospechoso, la primera pregunta que se hace el
analista es si los movimientos bancarios de esa persona exceden los
parámetros de su perfil económico. Puede ser que para el banco esta persona
haya movido mucha más plata de lo que ellos suponían, pero de repente si uno ve
la pintura completa, uno se da cuenta de que tiene otros negocios, otros
ingresos y por la tanto esas transacciones sí tienen lógica. Por eso a mí me
interesa saber cuál es el perfil de ingresos en el Perú de una persona y esa
información la tiene la Sunat.
Y en este momento solo
pueden acceder en esta información si la persona tiene investigación judicial.
Sí, y ahí hay dos
problemas. Por un lado, para cuando eso ocurre la plata ya se pudo haber ido, y
por otro, los reportes que enviamos a la Fiscalía con casos sospechos llegan
incompletos, sin la información tributaria de la persona. Y la Fiscalía siempre
nos va a regresar el expediente para que lo complete con toda la
información y mientras eso ocurre ya hemos perdido un año en el camino. El
sistema no es eficiente en este momento para perseguir el lavado de activos.
¿Cuántos casos de los seis
mil reportes de movimientos sospechosos que recibieron 2015 se constituyeron en
oficios enviados al Ministerio Público por presunción de lavado?
Alrededor de cien. Pero hay
que tomar con pinzas esas estadísticas, porque normalmente cada reporte que se
envía al Ministerio Público agrupa a varias operaciones sospechosas y a varias
personas.
¿En algún momento habían
escuchado en la UIF el nombre del estudio Mossack Fonseca?
Yo no. Pero yo no soy la
persona ni el área que ve directamente los casos. Hay que tener en cuenta que
hay un tema pendiente en el país y es la regulación de la labor del abogado. En
otros países, los abogados que estructuran empresas tienen una regulación
específica y son sujetos obligados a reportar a la UIF, esto es un tema
pendiente por introducir en la legislación peruana.
¿Qué es lo que deberían
reportar exactamente los estudios de abogados?
Por ejemplo, si yo voy a un
estudio de abogados y le digo: "mire señor, quiero que me diseñe una
estructura de empresas de manera que nadie sepa dónde está mi plata y de dónde
vino", eso debería generar que ese estudio de abogados haga un reporte a
la UIF en la que se detalle que hay una persona que ha solicitado ese servicio.
Esto ya forma parte de la legislación en otros países. Si lo planteamos aquí
seguramente saldrán a decir que es inconstitucional, etc. Pero es un estándar
que ya está reflejado a nivel global. Y nosotros vamos a tener que empezar algo
así en algún momento.
¿Han identificado en Lima
otros estudios que construyen offshore como Mossack Fonseca?
No como UIF. Sin embargo,
es conocido que es una práctica que existe en el mercado. Como le digo, eso
tiene que ser modificado con la posibilidad de que los abogados sean sujetos
obligados a reportar cuando realicen ese tipo de labores. El 2009 nosotros
propusimos un proyecto de ley para que los abogados reporten al sistema de
prevención de lavado, pero la iniciativa no prosperó. El Congreso lo archivó y
ahí ha quedado. Es cuestión de revivirlo.
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