ESCRIBE: JORGE MANCO
ZACONETTI
Resulta
loable la lucha contra la corrupción a todo nivel, como lo hacen los fiscales
anticorrupción denunciando a los presuntos autores de actos ilícitos en los gobiernos pasados y en el
presente, donde terminó siendo vacado y con prisión domiciliaria el presidente
elegido el 2016, don Pedro Pablo Kuczynski (PPK), teniendo como operador de dicha
vacancia al inefable César Villanueva, amigo personal del actual presidente de
la República.
Por
tanto, tenemos que estar plenamente de acuerdo con la decisión del presidente
Martín Vizcarra en este corto mandato (2018/2021), si de verdad aspiramos a una
república superior pues es la corrupción el cáncer perverso que nos impide en
gran medida ser un país con un mayor bienestar con instituciones democráticas.
En tal
medida entre las últimas noticias que han remecido el panorama político destaca
la prisión preventiva del ex primer ministro del régimen vizcarrista, César
Villanueva promotor él mismo de la vacancia contra PPK a comienzos del 2018,
hoy con detención preliminar por mandato
de la fiscalía anticorrupción por haber recibido presuntamente sobornos de la
misma Odebrecht cuando era presidente regional de San Martín allá por el 2008.
¡Ahora quién moraliza a los moralizadores!
LA MALA LECHE
Menciono
el nombre de César Villanueva, primer ex presidente del Consejo de ministros
del presidente Vizcarra, pues a inicios del 2016 presidió un grupo de trabajo
en el Congreso de la República para investigar sobre las recurrentes rupturas
del Oleoducto Norperuano bajo responsabilidad de PetroPerú, un importante
activo de la petrolera estatal. Tales rupturas provocaban y provocan derrames
de crudo que afectan el medio ambiente en la Amazonía y constituye una fuente
de conflictos con las comunidades nativas.
Con la
puntería puesta en la petrolera estatal se hacía responsable a ésta de una
supuesta falta de mantenimiento en las operaciones del oleoducto, cuando era
más que evidente que las recurrentes perforaciones eran causadas por manos
extrañas, de “nativos interesados” que hacían un “modus operandi” de las
sistemáticas rupturas para ser contratadas por la empresa estatal en la
remediación ambiental.
Entre
las varias conclusiones de un voluminoso informe se hacía responsable a una
serie de empresas privadas no especializadas contratadas por PetroPerú, algunas
de ellas ligadas a ex funcionarios. Esta realidad era expuesta como una de “las
grandes corrupciones” por un político tradicional como ha terminado ser el
señor Villanueva.
Por
ello, el susodicho informe fue desestimado y mandado al archivo en el Congreso
de la República, y costó importantes sumas de dinero al estado el mantener este
grupo de trabajo por más de dos años, donde el objetivo final era desacreditar
la presencia de PetroPerú.
UN NUEVO MORALIZADOR
Según
el mediático presidente del directorio de Petroperú,
Sr. Carlos Paredes la gestión del
Oleoducto Norperuano le genera una pérdida neta de US$ 50 millones de dólares
anuales, pues estando con una capacidad para transportar 200 mil barriles
diarios, actualmente no traslada ni el 20 % de su plena capacidad. Es decir,
¡el oleoducto está subutilizado!
Dicho así por la más alta autoridad de la petrolera estatal
pareciera que PetroPerú fuese la empresa responsable de la perforación y
explotación de crudo en la selva nororiental, cuando ésta es desde 1993 una
responsabilidad de empresas privadas que están supervisadas por PerúPetro, la
agencia de contratos de hidrocarburos.
Esta
última es la empresa pública encargada de promover la firma de contratos,
fomentar la inversión en el sector, fiscalizar y supervisar los contratos
petroleros, que depende funcionalmente del propio Ministerio de Energía y Minas,
en el marco de su autonomía relativa.
Por
ello, solamente un advenedizo en la materia, podría hacer responsable de la
disminución de la producción de petróleo crudo a PetroPerú, cuando ésta es una
plena responsabilidad del organismo promotor PerúPetro, bajo responsabilidad
del Ing. Seferino Yesquén, ex gerente de Petrobras y de CNPC.
Por
tanto, no se puede hacer recaer en la petrolera estatal la disminución crónica
de la producción de crudo, la ausencia de perforaciones exploratorias, y la
falta de inversión en general de parte de las empresas privadas que operan los
contratos en la selva Nororiental, como en la Cuenca Talara.
Si bien
resulta notable la campaña interna contra las prácticas corruptas en la
petrolera estatal, de sus funcionarios y trabajadores, debidamente comprobadas,
y el esfuerzo principal debiera estar en las compras de crudo, en los contratos
de suministro, en los efectos de la privatización fragmentada para PetroPerú.
En los generosos contratos de comercialización de combustibles con cadenas
privadas de grifos y un largo etc.
Hay que
investigar los contratos de alquiler de los activos en el lote Z-2B todavía
operados por el Consorcio Savia; hay que hurgar en la interesada demora en la
licitación de las inversiones complementarias en la modernización de la
refinería de Talara, y en las razones por las cuales PetroPerú renunció a toda
participación accionaria en los lotes III y IV y un largo etc.
POR UNA NUEVA CRUZADA
Prácticamente
desde 1996 a la fecha PetroPerú no opera ningún pozo petrolero, no explota una
molécula de gas ni envasa un balón de gas licuado de petróleo (GLP). A pesar
del mandato expreso de una ley aprobada por el Congreso del gobierno anterior
que le transfiere el contrato por el lote 192, dicho sea de paso el lote que tiene
los mayores volúmenes de reservas probadas de crudo pesado, que podrían ser
explotadas por la moderna refinería de Talara a partir del 2021.
A
PetroPerú a consecuencia de una irracional privatización desde 1992/ 1996 le
fueron enajenados, transferidos a capitales privados los lotes de
hidrocarburos, los cuales tienen fecha de caducidad próxima.
Es
decir, antes del 2026 los contratos de los lotes privatizados tales como el
Z-2B en el Zócalo Continental, el lote X operado por la china CNPC (El Alto) y el
lote VI/VII por la filial china Sapet, el lote I y V por la cuestionada Graña y
Montero Petrolera, el Lote 8 de la selva bajo responsabilidad de Pluspetrol
Norte, y el más importante el lote 192 en la selva (Andoas) tienen fecha de
caducidad.
Es
decir, todos estos contratos de hidrocarburos tienen fecha de vencimiento y
existe todo un lobby al interior de PerúPetro con los grupos de presión
empresariales para prorrogar dichos contratos aunque sea por 10 años, como han
hecho con el lote 31-C en Aguaytía (Ucayali)
Esta es
también una modalidad de corrupción por parte de PerúPetro (prevaricato),
en demorar indebidamente y no aplicar la
ley sobre la transferencia del lote 192 (antes denominado 1-AB) a PetroPerú,
por expreso mandato de una ley aprobada por el Congreso de la República.
A pesar de todo ello, con la campaña sucia contra PetroPerú de
parte de negros intereses privatizadores, resultan positivos los resultados económicos
financieros a setiembre del 2019 en relación a períodos análogos, los cuales
serían mayores si la empresa fuese integrada verticalmente, es decir con
producción propia.
RENTABILIDAD A PESAR DE TODO
Es
decir, si PetroPerú operase de manera integrada con su propia producción de
crudo a la refinación, transporte, con distribución mayorista y minorista
(grifos), sus resultados económicos serían mayores.
En el
cuadro “PetroPerú: Resultados Financieros de Enero/Setiembre 2012 a 2019”, se
exponen los ingresos, utilidades operativas y netas de la petrolera estatal,
destacando el sustantivo incremento de los ingresos pero sobre todo del
patrimonio neto y del activo total.
A pesar
de un menor crecimiento de la economía peruana los ingresos al tercer trimestre
se mantienen sobre los S/ 11,689 millones de soles superando los ingresos del
2017 para los años anteriores, como se puede observar. Si bien estos ingresos
disminuyen 234 millones de soles en relación al 2018 (a set.), ello se
explicaría por las menores ventas de petróleos industriales, GLP y turbo.
Sin
embargo, a nivel de la utilidad operativa es decir la utilidad como empresa
antes de cualquier deducción, descontados los costos de ventas, gastos
administrativos, gastos de ventas y gastos financieros, la utilidad operativa
en el período enero/setiembre del 2019, supera a todos los resultados obtenidos
en los períodos anteriores, incluido el 2018.
Una
utilidad operativa de S/ 795 millones de soles obtenida al III tercer trimestre
del 2019 podría ser mayor si la petrolera estatal tuviese producción propia de
crudo, en especial de los lotes ubicados en la Cuenca Talara y en el Zócalo
Continental, en razón de los bajos costos de transporte.
Allí,
con una producción propia de 30 mil barriles diarios aproximadamente, obtendría
mayores ingresos y utilidades, respaldando a la moderna refinería de Talara,
que a partir del 2021 ha de funcionar con 16 procesos tecnológicamente nuevos.
EPÍLOGO
Esperamos
que tales indicadores aumenten al final del año, dado que es urgente y
necesario que tales recursos (utilidades) se destinen al financiamiento de la modernización
de la refinería de Talara cuyo avance al 85 por ciento está retrasado por la
demora en las inversiones complementarias, donde se debe identificar a los
principales responsables, que le costará a la empresa millones de dólares por
repagar.
Una
refinería modernizada operando a su capacidad de 95 mil barriles diarios, capaz
de procesar el crudo pesado de la selva norte, con mayores márgenes de refino
será la “joya de la corona” en el patrimonio del estado, es decir de todos los
peruanos. De allí, que el aumento del patrimonio y de los activos totales deben
ir de la mano con la integración vertical.
Por
ello, la integración vertical de sus operaciones, es decir, con producción de
crudo propia, con la refinería modernizada, el oleoducto potenciado y asegurado
contra viles atentados, más una mayor presencia en la distribución mayorista y
minorista, PetroPerú deberá generar mayores ingresos y utilidades para servir
mejor al país, con la transparencia que su actual directorio demanda.
