Escribe: Jorge Manco Zaconetti
Privatizar PetroPerú, es el grito de batalla de la derecha económica y
de algunos académicos de prestigiosas universidades privadas que más que
centros universitarios parecen escuelas de negocios, donde la ideología prima
sobre la ciencia, el poder del dinero sobre el conocimiento, el interés privado
por encima del interés público. Es decir, los intereses empresariales que
las universidades de negocios representan están por encima del interés
nacional, puesto de manifiesto por el bienestar de las mayorías.
En tal sentido, asumo por principio que con todos sus problemas,
debilidades, e indefiniciones, PetroPerú encarna, es decir expresa el interés
público, y espero que la nueva administración de PetroPerú, es decir, la Junta
de Accionistas y el nuevo directorio, asuma el compromiso de fortalecer a la
petrolera estatal.
Ésta está siendo cuestionada, por la derecha radical fundamentalista,
las comunidades nativas de la selva afectadas por los reiterados derrames de
crudo, la izquierda ecologista fundamentalista, y aunque parezca increíble por
sus propios trabajadores, cuya preocupación central economicista, se reduce al
aumento salarial al margen de los compromisos de inversiones necesarias para su
fortalecimiento.
Quien escribe estas líneas no es ajeno a una posición ideológica, más lo
que importa es si tal identificación coincide, promueve, y defiende el
interés nacional. En la ciencia económica como parte de las ciencias
sociales, la ideología es indesligable de la ciencia, en tal sentido no existe
economía químicamente pura ni neutra, de una u otra manera, todos tenemos un
interés de parte.
Por ello, la defensa de PetroPerú que ejerzo como consumidor de
combustibles en razón que determina el 47 por ciento de las ventas,
abasteciendo el mercado interno allí donde no llega la empresa privada, como
sería el caso de la Amazonía, donde hasta el 2015 no podía recuperar el 18 por
ciento del IGV ni siquiera como crédito fiscal. Al margen que históricamente su
rentabilidad es mayor a la competencia encarnada por Repsol La Pampilla, y por
último capitaliza al país.
En otras palabras sus utilidades que debieran ser mayores si no
estuviese sometida a una serie de contratos lesivos, perniciosos, deducciones
inusuales etc., que medran su rentabilidad a favor de intereses privados, todo
ello al margen de los efectos de una irracional privatización cuyas
consecuencias seguimos asumiendo a pesar del tiempo transcurrido.
Es verdad, que producto de los últimos acontecimientos, y sobre todo por
los elevados compromisos de inversión que demanda la modernización de la
Refinería de Talara, y la reparación integral del Oleoducto norperuano, la
integración vertical para la explotación de petróleo, requiere una dirección
moderna, transparente y eficiente, que le permita un comportamiento en el
mercado como toda empresa, sin “partidas inusuales” ni cargas fiscales por su
naturaleza estatal, y pueda obtener una rentabilidad para sus accionistas,
ajena al manoseo político como agencia de empleo de los gobiernos de turno.
Se debe tener presente que la privatización que se puso en práctica en
los inicios de los años noventa del siglo pasado estaba plena de una visión
ideológica, que suponía la vigencia de las políticas del libre mercado en un
sector de hidrocarburos que por su propia naturaleza es un negocio de grandes
empresas, donde resulta mayoritaria la presencia de empresas petroleras
estatales para compensar el gran poder de las empresas transnacionales.
Expresión de ello es que más del 75 por ciento de las reservas y producción
mundial de petróleo y gas está determinada por empresas estatales, pues se
considera que los hidrocarburos constituyen un recurso estratégico.
Es más, en los Estados Unidos de Norteamérica si bien la explotación del
petróleo y gas es privada, el estado tenía desde 1971 al 2015 prohibida la
exportación de los hidrocarburos por razones de seguridad. Ha sido recién
cuando se tienen grandes excedentes de petróleo y gas enquisto, (shale oil, and
shale gas) cuando el gobierno ha permitido la exportación, convirtiéndose USA
en el principal exportador mundial del shale gas.
Es decir, en la meca del capitalismo mundial, el estado norteamericano
consideraba la exportación de hidrocarburos un asunto estratégico ligado a la
seguridad nacional. Mientras en el Perú se asume formalmente y legalmente que
los hidrocarburos están regidos por la libre competencia, que dicho sea de paso
solamente existe en los libros de texto de economía.
LA PRIVATIZACIÓN INCONCLUSA
En nuestro país gracias a la privatización de PetroPerú se privatizaron
sus activos, filiales, lotes petroleros, con el argumento de incrementar la
producción y reservas de petróleo. Así, hacia 1995 el último año donde la
petrolera operó directamente los lotes X de Talara y 8/8X en la selva nororiental,
la producción diaria de crudo bordeaba los 125 mil barriles diarios.
Hoy en el 2016 la producción diaria no supera los 45 mil barriles
diarios, y la responsabilidad es fundamentalmente privada con la supervisión de
PerúPetro, los que serían los principales responsables de la debacle del
sector.
Por tanto, se equivoca interesadamente el profesor Juan Mendoza,
director de la unidad de Postgrado de la Universidad del Pacífico, obnubilado
por el credo liberal cuando escribe en un artículo publicado en un diario de
circulación local que “Si tener petróleo es estratégico, entonces gracias a
Petroperú y al estatismo en la política de hidrocarburos cada vez tenemos menos
petróleo. De acuerdo con Carlos del Solar, el Perú producía 200 mil barriles
diarios en 1980. El año pasado llegamos a 58 mil. Este año apenas superaremos
los 40 mil. Debido a la falta de exploración y caída en las reservas nos hemos
convertido en importadores netos de crudo…”
Si los lotes productores de PetroPerú fueron privatizados antes de 1996,
con el argumento de incrementar la producción interna y las reservas, podemos
afirmar que en los últimos veinte años transcurridos 1996/2016, la
responsabilidad sobre “la falta de exploración y caída en las reservas nos
hemos convertido en importadores netos de crudo…” es íntegramente privada,
compartida por la debilidad, obsecuencia, y sumisión del organismo regulador de
contratos: PerúPetro.
En tal sentido, el más elemental conocimiento del sector de
hidrocarburos debiera distinguir e identificar los objetivos de estas dos
empresas estatales. De un lado, PetroPerú empresa básicamente reducida a la
actividad de refino y distribución mayorista combustibles, y PerúPetro
organismo responsable de promover la inversión en el sector y supervisión de
los contratos.
Por tanto, con la privatización fragmentada de PetroPerú que enajenó los
lotes petroleros en los años de la dictadura fujimorista, se perdió la
integración vertical que constituye la manera más eficiente de operar en el
sector de hidrocarburos.
Ello significó que la petrolera estatal no tuviera acceso a la renta
petrolera en los años de bonanza de precios del petróleo crudo, cuando los
precios alcanzaron en promedio un valor de US $ 100 dólares el barril y el
costo interno de producción a lo mucho llegaba a los 30 dólares el barril
incluyendo las regalías pagadas, las mismas que se deducen como gasto.
En la década infame de los noventa del siglo pasado donde se
privatizaron empresas estatales a precio de remate, a PetroPerú le sustrajeron
la Refinería de La Pampilla, la refinería más moderna ubicada en Lima,
por tanto su transferencia al sector privado era equivalente a transferir el
mercado más importante del país.
En el mismo sentido, a PetroPerú le enajenaron la rentable planta de
envasado, y distribución de gas licuado de petróleo (GLP), Solgás, que
representaba en dicho mercado el 40 por ciento de participación. Igualmente
fueron privatizadas a vil precio sus filiales como la naviera Transoceánica,
Petromar, la planta de lubricantes Petrolube, sus terminales marítimos entre
sus principales activos.
Es más, el gobierno pasado tuvo la oportunidad de fortalecer la
presencia de PetroPerú, con los contratos de hidrocarburos que tenían términos
de vigencia contractual como los lotes del noroeste en Piura, adicionales al
lote 1-AB ahora 192 en la selva nororiental.
Sin embargo, a pesar de esta privatización fragmentada PetroPerú
reducida a la actividad de refinación, transporte por medio del oleoducto
norperuano, y distribución mayorista de combustibles sigue ocupando el primer
puesto entre las 10,000 primeras empresas de la economía peruana, en cuanto a
la generación de ingresos, con utilidades operativas y netas positivas, a pesar
de los contratos lesivos, deducciones indebidas, y partidas inusuales, en razón
de su naturaleza estatal.
DEBATE: FORTALECIMIENTO O LIQUIDACIÓN
Urge fomentar un debate nacional con participación de los partidos
políticos, los foros empresariales, académicos, laborales, regionales, frentes
de defensa sobre el futuro de la política energética en nuestro país, y el rol
que debería tener la petrolera estatal: PetroPerú.
A todos nos debiera interesar el costo real de la modernización de la
Refinería de Talara, que según la última exposición del ministro del sector
costaría US $ 3,530 millones de dólares sin IGV, por tanto su valor sería de US
$ 4,165 millones de dólares a los cuales habría que sumar las inversiones
adicionales de privados, que en última instancia asumiría PetroPerú que se
estiman superiores a los US $ 800 millones de dólares.
En el mismo sentido, la reparación integral del oleoducto norperuano que
hace posible la salida del crudo de la selva nororiental debe ser también
estimada. Es decir, interrogarse sobre el costo real de la inversión necesaria,
y el tiempo que debe requerir.
En este contexto, fortalecer PetroPerú exige y supone prácticas
transparentes, un debate nacional sobre las consecuencias de la privatización
en el sector de hidrocarburos, el futuro del sector y el rol que debiera tener
la petrolera estatal en la política energética y el significado en la presente
coyuntura de su fortalecimiento.
No hay comentarios:
Publicar un comentario