¿Conflicto de intereses?

Por Gustavo Gorriti.

Una nota sin firma en el diario Expreso del lunes 24 sostiene que IDL-Reporteros  habría incurrido en un conflicto de interés no declarado al publicar la investigación: “El champagne que no se descorchó”, que revela cómo Léo Pinheiro, “ex presidente de la constructora OAS sentenciado a 16 años de prisión por corrupción y lavado de dinero en el caso Lava Jato […] negoció por lo bajo con Luis Castañeda meses antes de que asumiera la Alcaldía de Lima”.

Los hechos revelados por la investigación conjunta de Romina Mella, de IDL-R y Guilherme Amado, de O Globo, están sólidamente probados y son de evidente importancia. De ahí el resonante impacto que, pese al desgano de la prensa tradicional por reproducirla y desarrollarla, ha tenido la nota.

Entonces, ¿por qué la acusación de ‘conflicto de interés’ contra esta publicación?

Según lo publicado en ‘Expreso’ [en la página 17), dicho conflicto estaría configurado por lo siguiente:

A) La investigación descubrió cómo Castañeda, a través de otra persona, logró que OAS no firmara el contrato por el Proyecto Río Verde, durante las últimas semanas de la administración de la entonces saliente alcaldesa Susana Villarán;

B) IDL-Reporteros es una publicación que forma parte del Instituto de Defensa Legal;

C) Carlos Rivera “presidente y representante legal” de IDL [en realidad, director de la institución] “cobró S. 157,030 durante todo el período de la alcaldesa Susana Villarán (2011-2014)” según Expreso. “Rivera […] fue contratado el 2012 por la Municipalidad de Lima para que defendiera a la exalcaldesa  Villarán por una demanda interpuesta por concejales de Solidaridad Nacional, Cambio Radical, PPC y Restauración Nacional”, dice Expreso.

D) Además, sostiene la nota, “una de las fundadoras de IDL-Reporteros, la periodista Paola Ugaz fue contratada desde el año 2013 por la Municipalidad de Lima para encargarse del cargo de asesora de áreas referentes a prensa y redes sociales…”.

E) Por último, según Expreso, “se suma la contratación del también abogado Ronald Gamarra, quien era jefe del área de defensa legal de IDL, antecesor de Carlos Rivera y que fue llevado a defender a Villarán…”.

Esa es la acusación de conflicto de interés contra IDL-Reporteros. He decidido citarla en detalle para responderla con precisión.

Para IDL-Reporteros hay normas fundamentales que no toleran ninguna flexibilidad. Nada podrá justificar la corrupción en el ejercicio del periodismo; el conflicto de intereses, sobre todo si no se lo declara; y el error que no es prontamente reconocido y corregido. Quienes han trabajado aquí saben de la exigencia tenaz de verificación y corroboración que existe en cada etapa de una investigación; y conocen también de las consecuencias del error en los muy pocos casos en los que este se ha producido.

Por eso tomamos en serio la acusación publicada en Expreso y procedemos a darle una respuesta detallada. No al diario en mención – cuya alergia a la verdad no soluciona ningún anti–histamínico– sino a nuestros lectores, a la gente, a la que nos debemos y de la que esperamos que sepa que detrás de cada investigación publicada hay el mayor esfuerzo de exactitud, de verificación, sin otra intención que no sea la del interés social y el derecho de los ciudadanos a  saber lo necesario para no ser instrumento de los poderosos y tener control de su destino.

Así que si la acusación fuera cierta, representaría una violación fundamental de nuestra misión y nuestro mandato.

Pero la acusación es falsa.

– IDL-Reporteros es un medio con autonomía editorial. Eso quedó claro desde su primera publicación, el 14 de febrero de 2010: “Somos una pequeña sala de redacción” dijo la nota fundacional, “pertenecemos organizativamente al Instituto de Defensa Legal (IDL), la veterana y prestigiosa institución defensora de los derechos humanos, pero tenemos, como debe ser, total autonomía editorial”.

El mismo punto fue remachado en otras ocasiones: Cuando La República hizo una nota sobre el primer aniversario de IDL-R, puntualizó que: “IDL-Reporteros pertenece organizativamente al Instituto de Defensa Legal (IDL). Aunque cuentan con total autonomía editorial”. Lo mismo escribí en Caretas 2117, entre muchas otras ocasiones.

De manera que la independencia y autonomía editorial de IDL-Reporteros ha sido proclamada, sostenida y practicada desde su fundación hasta hoy.

Tenemos una excelente relación con nuestros colegas de IDL, con quienes compartimos la común dedicación a la defensa de la democracia, los derechos humanos, la lucha contra la corrupción. Admiramos su noble labor. Pero nuestro trabajo nos impone reglas diferentes. No podemos, por ejemplo, hacer consultorías pagadas a gobiernos ni a corporaciones. En realidad, virtualmente a nadie. Tenemos también una serie de limitaciones autoimpuestas respecto de la financiación que podemos recibir. Eso nos ha hecho la vida muy difícil pero ha sido un precio necesario para asegurar nuestra independencia.

IDL-Reporteros, por ejemplo, no consultó con nadie dentro de la institución ni informó sobre la investigación del champagne que no se descorchó. Eso es lo normal y así debe ser. Aunque guardamos el mayor respeto y afecto por los integrantes de IDL, sabemos que, en razón de nuestra diferente misión nos rigen reglas diferentes.

Por ello, podemos decir con absoluta certeza que nadie, absolutamente nadie en IDL-Reporteros ha incurrido en ningún conflicto de interés en el caso del champagne sin descorche. Ni en ningún otro, que yo sepa.

¿Y Paola Ugaz? ¿No formó parte de la redacción inicial de IDL-R?

Claro que sí. Paola Ugaz trabajó en IDL-Reporteros desde su primera edición hasta enero de 2011. La investigación del champagne, Pinheiro y Castañeda se publicó más de cinco años después, en octubre de 2016.

Varios periodistas trabajaron en IDL-R y lo dejaron después. A casi todos les fue muy bien en lo profesional después, de manera que el rigor de aquí fue provechoso para ellos. Pero aunque les quedó la marca profesional, al despedirse de nosotros quedaron exentos de cualquier obligación con IDL-R. Recobraron la libertad de, entre otras cosas, trabajar con quien quieran. Ugaz salió a comienzos de 2011 y, si no me equivoco, trabajó con Susana Villarán desde el 2013. ¿Qué conflicto de interés puede haber ahí?

Ronald Gamarra lleva varios años sin vínculo laboral con IDL y nunca trabajó con IDL-Reporteros.

De manera que no ha existido, ni existe, ni existirá conflicto de interés de IDL-Reporteroscon esta última investigación ni con ninguna otra.

Espero no haber sido demasiado prolijo en la respuesta. Decidí hacerlo para aclarar comprehensivamente aspectos importantes vinculados con la regulación ética de nuestro trabajo.