Por un nuevo contrato sin corrupción: ¿Qué hacer con el gasoducto del sur?

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)

Ahora que se ha vuelto viral cuestionar la millonaria inversión del Gasoducto Sur Peruano por el escándalo de la mega corrupción promovida y administrada por la brasileña Odebrecht en Brasil, USA, Perú y otros países, me reafirmo en el contenido de mi artículo, “Luces y Sombras del Gasoducto del Sur” escrito en julio del 2014, cuando era más que evidente la intervención de la pareja presidencial (Ollanta y Nadine) en sacar adelante el referido proyecto que no tenía consistencia técnica ni racionalidad económica si es que no participaban las empresas responsables de la producción de gas natural, y si en la licitación de la fase del transporte solamente había un solo postor.

Con la autoridad que me permite la libertad de conciencia, no habiendo asumido cargo alguno de responsabilidad pública en el pasado gobierno. No teniendo ninguna relación de asesoría con alguna empresa del sector interesada, sea eléctrica, o de hidrocarburos, más la experiencia como investigador en el sector de energía y minas, debo enfatizar que el referido proyecto adolecía de una serie de anormalidades, debilidades, y limitaciones que hacen necesario por el interés público una rescisión contractual definitiva, para recrear una nueva propuesta de gasoducto para el sur del Perú al servicio de las grandes mayorías, con el carácter de inversión pública.

En tal sentido, el actual ministro de energía y minas, ex gerente general de la consultora Macroconsult S.A. hasta antes de julio del 2016, por la salud moral del país debe aclarar los términos y naturaleza de la asesoría brindada a la empresa Odebrecht y a su socia peruana Graña y Montero.

Esto en razón que por razones contractuales en la próxima licitación del gasoducto del sur las bases y condiciones económicas serían las mismas, lo cual sería no solamente un craso error sino una concesión a las empresas corruptas donde incluso Graña y Montero y Enagás, podrían participar en las próximas licitaciones del proyecto.

En segundo lugar, el Gasoducto del Sur no puede seguir paralizado por la incapacidad financiera de las empresas mafiosas Odebrecht, Graña y Montero más Enagás. Es el momento donde el Estado debe tener el liderazgo para sacar adelante el referido proyecto, bajo nuevos términos contractuales.

Resulta inaceptable que el Estado asuma los costos de la corrupción y se pretenda reconocer el valor de las inversiones que serán pagadas en un 75 % al 100 % de su valor con los ingresos que se percibirán con las nuevas licitaciones en los próximos 15 meses, de no ser cubiertas las inversiones realizadas, el estado tendría que poner la diferencia.

En tercer lugar, el Estado debe negociar con la empresa estatal china CNPC titular del 100% de las acciones en el contrato del lote 58 para que en el menor tiempo posible realice las inversiones necesarias exploratorias para convertir las reservas y recursos del lote 58 en reservas probadas certificadas, como también la participación de casi el 44 % que retiene en el lote 57, donde el accionista mayoritario es Repsol.

Resulta de fundamental importancia comprometer a CNPC como accionista participante en el Gasoducto del Sur, pues esta constituye la forma más eficiente de operar. En el Perú, la construcción del Oleoducto Norperuano bajo responsabilidad de PetroPerú en los años setenta del siglo pasado y del Gasoducto de Camisea por medio de TGP, nos confirma la necesidad de una integración vertical entre la producción y el transporte de hidrocarburos.

En cuarto lugar, debe justificarse la demanda con racionalidad económica a precios competitivos. Se debe tener presente que los precios del gas natural de los lotes 57 y 58 son libres, y dependerán de las condiciones de la oferta y demanda, a diferencia de los precios regulados del lote 88 cuyas reservas están comprometidas con el ducto de Camisea hacia Lima, y solamente un TCF (Un trillón de reservas de gas natural) estarían comprometidas para el gasoducto del sur.

Reconociendo que la demanda de los miles de consumidores residenciales no representarían ni el 1 % de la demanda total, se debe justificar la demanda de las empresas eléctricas del sur, que por ahora queman carbón, y diesel contaminante en las horas punta. En tal sentido, la importancia del nodo energético del sur que compromete más de 1,000 MW de potencia lo cual asegura una demanda superior a los 200 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, lo cual debería rentabilizar el gasoducto del sur.

Si a ello se agrega la potencial demanda de energía a gas a partir de las empresas mineras como Las Bambas, Constancia, las ampliaciones de Cuajone, Toquepala por parte de SPCC, Tintaya/Antapaccay, Cerro Verde estaría más que justificada la demanda de gas natural en el sur peruano.

En quinto lugar, estando avanzado en más del 35 % la construcción del gasoducto del sur, con más de 4,000 trabajadores prácticamente en paro, el Estado debe asumir el liderazgo de la inversión redimensionando los altos costos de inversión superiores a los US $ 7,500 millones que más que duplican los costos del ducto de Camisea hacia Lima.

Por ello, constituye un error y retroceso eliminar el cargo de trasmisión que pagamos los más de 8 millones de clientes regulados para rentabilizar el gasoducto del sur. Este fue un mecanismo que se aplicó en el pasado para viabilizar el gasoducto de Camisea entre los años 2002 al 2009, y que debiera seguir vigente, a pesar de la inopia del Osinergmin.

En tal sentido, como inversión pública todos los consumidores regulados de electricidad del país contribuiríamos a financiar el gasoducto del sur que tendría el carácter de inversión pública. Una vez terminada la obra con supervisión internacional sobre la calidad de la inversión, con el suministro de gas garantizado y un mercado abastecido el gasoducto debe ser transferido al sector privado mediante la modalidad de gestión, y  concesionado una vez resuelto el problema de las tarifas, a satisfacción de los productores, los grandes consumidores y usuarios residenciales.

En sexto lugar, resulta un absurdo económico haber promovido un gasoducto a petición de parte para solamente trasladar gas natural cuando lo más rentable son los líquidos de gas natural que al ser fracturados se convierten en propano, butano, diesel limpio y nafta insumo de la petroquímica.

Ello es más urgente y necesario ahora que hemos pasado de ser autosuficientes en la producción de gas licuado de petróleo (GLP) ,mezcla de propano y butano, en importadores en especial en el sur peruano que se abastece en parte con el gas licuado boliviano.

Por ello, un nuevo gasoducto para el sur del Perú deberá contemplar la separación “in situ” del gas natural que tiene etano y metano por un lado, y los líquidos de gas natural que se constituye en lo más rentable y atractivo del negocio.

En séptimo lugar, se debe reconocer la necesidad histórica y social de recuperar la soberanía sobre la titularidad de los recursos naturales, modificando la naturaleza de los contratos de hidrocarburos para que todos, absolutamente todos pasen a ser “contratos de servicios”, donde el estado a través de PerúPetro les abona una retribución manteniendo sus márgenes de rentabilidad.

Solamente con la recuperación sobre la propiedad de los hidrocarburos podrá abastecer prioritariamente el mercado interno, y desarrollar la actividad de petroquímica asegurando precios competitivos, pues si las productoras privadas demandan precios elevados por el gas natural, la petroquímica resulta inviable, ni siquiera la petroquímica básica de urea sería posible.

En octavo lugar, el actual ministro de energía y minas, Tamayo Flores debe decir la verdad completa sobre los gasoductos virtuales, que es la vieja aspiración de Repsol para llevar el gas natural en camiones cisternas a las principales ciudades del sur, a pesar de los mayores precios que ello conllevaría para los consumidores al margen de la inseguridad que prima en nuestras carreteras.

En tal sentido, un nuevo diseño del gasoducto de gas natural  y de líquidos debe contemplar en su recorrido las principales ciudades del sur, con los ramales secundarios. Ello al principio no sería rentable pues como afirmamos la demanda residencial y del pequeño comercio tiene una participación mínima (1%) en la demanda total, pero permite ganar ventajas competitivas y mejoras en la calidad de vida.

Al margen de la necesidad de promover el crecimiento económico en el país, dejando de lado las ideologías liberales que solamente existen en los libros de texto, resulta de fundamental importancia la continuidad del Gasoducto del Sur como inversión pública y el financiamiento de todos los usuarios eléctricos, en lo que podríamos llamar un capitalismo popular. Al respecto solamente bastaría revisar lo que hizo Franklin D. Roosevelt con las grandes inversiones eléctricas en los estados empobrecidos del sur en USA en plena recesión.