ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI
Después de casi doce años, un año más un año menos, un ministro lobista
como Gonzalo Tamayo ha declarado como ineficiente el proyecto de construcción
del ducto de GLP que tenía un trazo desde Pisco a Lurín, con el objetivo
fundamental de asegurar el abastecimiento del gas licuado de petróleo (GLP) en
Lima, que se constituye en el principal mercado de dicho combustible a nivel
país.
¿Qué se podía esperar de un ministro lobista? Él mismo que hasta julio
del 2016 como gerente general de Macroconsult, asesoraba a las empresas del
sector energético como el Consorcio Camisea, Edelnor, Edegel, Eléctrica de
Piura, Pluspetrol, Lima, Perú LNG entre otras empresas representativas del
sector.
No es una coincidencia histórica que las empresas conformantes del
Consorcio Camisea (Pluspetrol, Hunt Oil, Repsol, SK de Corea del Sur, etc.) se
han opuesto siempre a la construcción del ducto de GLP que desde el 2005
Proinversión asumió en el paquete de proyectos de inversión con participación
del sector privado, con la finalidad de otorgar seguridad en el abastecimiento
de GLP ante las anomalías del oleaje que impide la carga y descarga de este
combustible en los buques tanqueros, que transportan el GLP desde Pisco al
Callao.
En tal sentido la construcción del ducto de 246 kilómetros afianzaba la
seguridad en el abastecimiento del GLP en Lima, dejando de lado el flete
que cobra Pluspetrol a los miles de usuarios de este vital
combustible. Por la tonelada de GLP transportado en los buques tanqueros
contratados por Repsol y Pluspetrol se cobra $ 80 dólares o más. Para el
ministro del sector esto es eficiencia privada en contra del interés de los
consumidores.
Es evidente que este negocio privado hubiese sido desplazado con la
existencia de un ducto que transporte el GLP que es una mezcla de propano y
butano, que se obtiene en Pisco en volúmenes que superan los 40 mil barriles
diarios.
En este contexto el Consorcio Camisea es el más importante productor de
este derivado que se obtiene a partir de los líquidos de gas natural
provenientes de los lotes 88 y 56, siendo el operador la empresa Pluspetrol que
tiene una participación del 27.2 por ciento en el consorcio.
La razón de fondo del descarte en la construcción del ducto de GLP que
nuestro ministro lobista soslaya es la naturaleza del contrato de
licencia que tiene firmados con el estado peruano el Consorcio Camisea.
Con un contrato de licencia y el abono de regalías respectivas, la
empresa privada asume la propiedad de las moléculas, en este caso del propano y
butano del GLP y pueden hacer con las mismas lo que mejor les convenga, prueba
de ello es el boicot que desde el 2005 han efectuado para la construcción del
ducto.
En tal sentido se debe recordar que en algún momento Graña Y Montero que
no tenía el desprestigio que tiene ahora en la década pasada ganó la licitación
para la construcción del ducto de GLP, pero no tenía la seguridad del
abastecimiento del combustible pues la empresa petrolera Pluspetrol no tenía el
mayor interés. ¡Así, funcionan las cosas en el país!
Con esta decisión del ministro que graciosamente y
curiosamente coincide con los intereses privados, los consumidores seguiremos
asumiendo los altos costos del transporte marítimo del GLP, y lo más grave es
que ante los anormales oleajes marinos que serán más recurrentes en razón del
cambio climático, el desabastecimiento temporal y la especulación de precios
respectiva también serán más frecuentes.
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