Por Diario UNO el
septiembre 30, 2017
Escribe Hugo Cabieses Cuba
En un artículo reciente,
publicado por el portal digital Lampadia (http://www.lampadia.com/analisis/mineria/ppk-y-fp-legislan-contra-la-minera/), defensora de las
actividades extractivistas, sostiene que los “antimineros” han encontrado dos
términos muy efectistas que son colchón acuífero y cabeceras de cuenca.
Dice que: “El primero hace
consentir que los acuíferos son un ‘colchón’ plano donde está el agua que
alimenta los manantiales, y el segundo sugiere que nacen las aguas de las
partes altas de la cuenca … pero (que ambos términos) son términos falaces”.
Raúl Benavides –hermano de
Roque Benavides, presidente de la CONFIEP, y cuya familia es propietaria de la
minera Buenaventura– da argumentos técnicos atendibles de por qué serían
falaces, pero lo que más le preocupa son dos cosas: Por un lado que el 90% de
las minas y los minerales se encuentran por encima de los 3,000 metros sobre el
nivel del mar, por lo tanto en cabecera de cuenca. Y, por otro, se pregunta,
¿qué sería de nuestra sierra sin minería?
En resumen, sostiene el
empresario minero en Lampadia, que la defensa de las cabeceras de cuenca “es
una forma de oponerse a todo emprendimiento minero futuro (y) haría que los
funcionarios de la ANA (Autoridad Nacional del Agua) sean constantemente
hostilizados por elementos conservacionistas y antisistema para que declaren
inviables proyectos (mineros, lo que) se puede usar para oponerse a represamientos,
hidroeléctricas y hasta incluso carreteras por ser cabecera de cuenca”.
Por lo anterior, sostiene
Raúl Benavides, es necesario derogar cuanto antes la Ley 30640 –presentada por
el congresista Marco Arana del Frente Amplio, discutida y aprobada en la
Comisión de Pueblos y el Pleno del Congreso de la República y promulgada en El
Peruano el 19 de agosto–, que modifica la Ley 29338 de Recursos Hídricos y
establece “Criterios Técnicos para la Identificación, Delimitación y
Zonificación de las Cabeceras de cuenca de las Vertientes Hidrográficas del
Pacífico, Atlántico y Lago Titicaca”.
Acorde con esta ley
modificatoria, apoyada por la izquierda, los fujimoristas y congresistas de
PPK, la ANA, con opinión del Ministerio del Ambiente, puede “declarar zonas
intangibles en las que no se otorga ningún derecho para uso, disposición o
vertimiento de agua y otorga 90 días para adecuar la norma reglamentaria y 365
días para elaborar el marco metodológico para implementarla”.
Según Raúl Benavides y
Lampadia, las consecuencias de aplicar esta ley serían que ningún proyecto de
inversión podrá ser desarrollado hasta no saber si será declarado “cabecera de
cuenca”, que todo proyecto de reservorio de agua, hidroeléctrica, mina u otro
deberá esperar a que la ANA diga si es o no cabecera de cuenca antes de
comprometer la inversión, que la ley de marras genera mayor “permisología”
–término acuñado por la tecnocracia neoliberal–, atentando contra una de las
Políticas de Estado proclamadas por PPK y el Congreso, que es la simplificación
administrativa. Es más, sostiene Raúl Benavides, esta modificatoria de la Ley
de Aguas será una fuente más de conflictos para los proyectos de inversión.
Sin embargo, los
extractivistas mineros, que se expresaron largamente contra esta ley en la
reciente Perumin 33 (Arequipa, 18 al 22 de setiembre), no saben o no quieren
saber que en varios de países como Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva
Zelandia, muchos de Europa, los proyectos extractivos y en general los
productivos, incluyendo megaproyectos de construcción para viviendas,
carreteras y energía, tienen vallas ambientales e institucionales que NO
permiten que se instalen en cabeceras de cuencas y acuíferos subterráneos.
Tampoco permiten que se
impulsen a tajo abierto, que afecten áreas naturales protegidas o sitios
incluidos bajo la Convención de Ramsar (sobre humedales con especies endémicas
de flora y fauna), que destruyan sitios arqueológicos y santuarios religiosos
de pueblos indígenas y no indígenas, que se realicen sin procesos previos de
ordenamiento territorial, que se desarrollen sin consulta a los ciudadanos (vía
referéndum) o pueblos indígenas (vía aplicación del Convenio 169 de la OIT),
que violentan los usos y costumbres locales (culinaria, patrones comunitarios,
prostitución, consumo de drogas), entre otros.
¿Existe extractivismo
responsable en el Perú, es decir empresas con responsabilidad social y
ambiental? Tengo serias dudas, ya que la mayoría de nuestras empresas mineras
ni siquiera cumplen los principios que varias de ellas, agrupadas en el Consejo
Mundial de Minería y Metales (ICMM, por su sigla en inglés) firmaron en mayo
del 2003.Ver los 10 principios en: http://www.caem.com.ar/wp-content/uploads/ICMM_Principles_es.pdf.
Sostengo que no hay verde
sin azul, no hay agricultura, ganadería, piscicultura, maricultura, árboles y
biodiversidad sin agua y no hay agua con extractivismo irresponsable,
depredador, sin procesos sociales, políticos y técnicos de ordenamiento
territorial (OT), evaluaciones ambientales estratégicas (EAE) y estudios de
impacto ambiental (EIA). El agua blanca y dura de los glaciares se está
derritiendo. En 44 años los glaciares peruanos retrocedieron en un 42%: en 1970
habían 2,041 Km2 de superficie glaciar; al 2014 solo quedaban 1,211 Km2. Se ha
perdido el agua que consume Lima en 20 años y los glaciares ubicados debajo de
5,000 msnm podrían desaparecer en el 2021.
La tierra se está secando,
el verde se está talando en la Amazonía como muestran los 8 a 10 millones de
hectáreas ya arrasadas, la agricultura está colapsando, el mar lo estamos
contaminando y agotando sus recursos. El hambre puede comenzar a matarnos en un
país que busca ser una potencia gastronómica y pertenecer a la OCDE. El stress
hídrico nos toca la puerta ya que el agua dulce disponible se encuentra
principalmente en humedales, bofedales, lagunas y acuíferos subterráneos que
están desapareciendo: la minería metálica y no metálica está bajo ellos en las
cabeceras de cuenca.
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