Golpe a Lava Jato

Los investigados capturan la investigación.

El fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry, ha dado un golpe sobre la mesa; o mejor dicho, un golpe. Ha descabezado el Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público, destituyendo a los dos fiscales que más logros obtuvieron en el caso más importante de la corrupción de las últimas décadas que involucra a cuatro expresidentes y decenas de políticos. 

                                                                            

Pero Chávarry no nos engaña; no ha podido engañarnos los seis meses en el cargo con la sucesión de mentiras sobre sus relaciones en el sistema de justicia y el Congreso, sus vínculos con el CNM audios y su pasado en la fiscalía.

La destitución de Rafael Vela y José Domingo Pérez no es solo la venganza de un fiscal cuestionado e impopular. Es la captura del caso Lava Jato por los investigados para ahogarla en la impunidad, para cancelar los avances logrados, impedir el acuerdo de colaboración con Odebrecht, paralizar y desviar las indagaciones y salvar al grupo de políticos investigados. Es un golpe a Lava Jato.

Este golpe no ha podido ser más vergonzoso; fue anunciado a pocas horas del Año Nuevo y sus argumentos, de una extrema pobreza, son de orden personal: haber sido criticado por los destituidos. Chávarry se ha pasado semanas buscando razones creíbles para este golpe y no las ha encontrado porque no existen.

El Fiscal de la Nación ha actuado con alevosía, colocando en reemplazo de los fiscales Vela y Pérez a dos magistrados incondicionales que ya han mostrado negligencia en otras diligencias a su cargo, y ambos mencionados con vínculos a la organización ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ en el informe de la Acusación Constitucional del exvocal César Hinostroza que presentó el congresista Oracio Pacori.

La batalla por la restitución de los fiscales Vela y Pérez al caso Lava Jato no es, exclusivamente, la defensa del caso y de los ejemplares magistrados. Es la batalla por la defensa de la fiscalía y la legalidad que esta institución debe representar. Por esta razón, la grotesca embestida de la red investigada para eludir la acción de la justicia no tiene punto de retorno si Chávarry permanece en el cargo; él sabe qué hacer para favorecer a sus socios y actúa en consonancia con ello.

En las últimas horas se han propuesto diversas medidas legales para retirar a Chávarry del cargo y salvar la lucha contra la corrupción en el Perú, desde la aprobación de las acusaciones constitucionales en el Congreso –retenidas por sus socios y favorecidos de Fuerza Popular y el Apra– hasta la presentación por el Gobierno de un proyecto de ley para reorganizar la Fiscalía y la convocatoria para ello de una legislatura extraordinaria por el presidente de la República.

No obstante, ninguna medida prosperará si no se produce bajo el impulso de los ciudadanos. Esta es la hora de la unidad nacional para impedir que los investigados tomen el control del caso Lava Jato y de la presión democrática y pacífica de los peruanos. La respuesta cívica no puede cesar hasta conseguir sus propósitos.