Alberto Fujimori Fujimori y Blanca Nélida Colán, ex Fiscal de la Nación |
Rosa María Palacios
Diario La República
En el proceso penal le corresponde al fiscal investigar y acusar. A
nadie más. Fácil es entender que, si el fiscal ni investiga ni acusa, nunca
habrá proceso penal. Basta su voluntad, ratificada por un superior, para
exonerar –casi por siempre– a cualquier corrupto que por sus puertas pase. “La
cosa decidida” no tiene la fuerza de la “cosa juzgada” pero, solo con hechos
nuevos, podrá reiniciarse una investigación. Esta institución tapón es la
primera a capturar por cualquier grupo mafioso. Si “matas el asunto” en
fiscalía, ya no hay que preocuparse de nada. Es más, si realmente “sabes
hacerla”, haces que te investigue el fiscal amigo durante meses, para tener
entretenida a la prensa y, luego, este resuelve que no encontró nada y listo.
Se acabó.
¿Así de fácil? Como lo leen. Por eso los fiscales son tan vulnerables a
la corrupción. Esto no deja de notarse en las contradictorias actuaciones de
sus miembros. Sin embargo, un caso de tan alto perfil como el de Lava Jato
tendría que haber escapado a esta regla de impunidad. Lamentablemente, hasta
ahora, no es así.
Recapitulemos los hechos. El 15 de mayo, en Curitiba, estuvieron
presentes los fiscales Alonso Peña Cabrera, jefe de la Unidad de Cooperación
Internacional y de Extradiciones; German Juárez Atoche, que investiga a Ollanta
Humala y Nadine Heredia por lavado de activos, y su superior, el fiscal Rafael
Vera Barba. ¿Su objetivo? Interrogar a Marcelo Odebrecht sobre los aportes de
campaña a Humala. Estuvieron presentes los fiscales brasileños y la defensa de
Humala. ¿Y qué dijo Odebrecht? En resumen: a) Que se les dio dinero a todos los
candidatos con posibilidades, de la famosa caja 2 y b) que Barata no quería
darle a Humala, pero era un pedido de Lula por el PT y que si había
“represalias” debía aumentar a Keiko Fujimori. Toditos los presentes lo
escucharon y bien clarito.
Gustavo Gorriti contó la historia y ¿le dieron una medalla? No. El
Ministerio Público sacó un comunicado llamándolo mentiroso. Grandote. Nada
sutil. Que a los periodistas nos insulten no es noticia, la pregunta es ¿por
qué se quería tapar esa parte central de la declaración de Odebrecht? Ningún
fiscal inició investigación por esa declaración que era idéntica (pero
“aumentada”) a la que llevaría a los Humala semanas después a prisión. Se ocultó
todo. Cuando después se conoció la transcripción oficial –gracias a las
autoridades brasileñas– estaba todo exacto como se había contado en IDL
Reporteros.
Sin embargo, cuando el 23 de junio, otra vez Gustavo Gorriti publica un
texto extraído de la agenda del teléfono de Marcelo Odebrecht, ¿qué duda le
podía caber a Juárez Atoche? Las notas, de fines del 2010, asocian a Perú con
AG y hablan de aumentar a Keiko “para 500”. ¿Quién puede ser Keiko pues? ¿Una
amiga japonesa de Marcelo? Ese texto, cotejado con el testimonio brindado en
mayo calza a la perfección. ¿Qué hizo el superdenunciador Juárez Atoche? Nada.
¿El fiscal superior Rafael Vela? Nada. Esta segunda semana de agosto, por una
entrevista concedida por el fiscal Alonso Peña Cabrera, nos enteramos de que
todos estuvieron presentes en una videoconferencia con sus pares brasileños y
que el documento que exhibió IDL Reporteros no solo es cierto, sino que está en
camino al Perú, ya de manera oficial.
“Nada que temer”, le ha dicho por Twitter Keiko Fujimori –cuyo paradero
es desconocido a esta hora– a sus seguidores. Con esta fiscalía, debe sentirse
muy segura. No es fácil poner carita de “yo no fui” frente a las cámaras y
balbucear respuestas como lo hizo el fiscal Germán Juárez Atoche cuando se le
preguntó, este viernes, por todas las pruebas que él ya conocía y que
incriminaban a Keiko Fujimori en un caso espejo con los Humala. Sin embargo, lo
hizo. El último capítulo no pudo ser más vergonzoso. El fiscal no sabe nada, no
escucho nada en Curitiba, no ha leído nada y no le han mandado nada. Y encima,
hasta hoy es incapaz de formular la acusación fiscal contra los que ya tiene
presos.
He insistido hasta el hartazgo de los lectores. El dinero de campaña
está en el Perú fuera del ámbito penal por la complicidad de un Congreso que no
cambió, ni cambiará nunca, la ley. El tipo penal de “lavado de activos”
requiere un mafioso “a tiempo completo” que traslada sus bienes a testaferros y
no pierde el dominio real de estos. Nada de esto hay en este caso. Además, el
2011 Odebrecht era una empresa “impoluta” ¡que plantaba un Cristo en Lima! La
procedencia “ilícita” del dinero, a esa fecha, no se podía presumir. Creo, como
lo dijo Marcelo Odebrecht, que todos recibieron, pero también creo, como lo
sostengo hace años, ganándome los infundios de muchos, que no hay delito. Más
les valdría a todos los candidatos decir la verdad.
Lo que está claro en estos días es que la fiscalía regresa a los tiempos
de Blanca Nélida Colán. Parecía que su reciente nivel más bajo llegó con Carlos
Ramos Heredia. Error. Lo que está ante nuestros ojos es peor. A pesar de su
incorrecta aplicación de la ley, si esa es la ley, lo que corresponde es una
posición uniforme. Para todos, igual trato.
¿Quién puede ser Keiko pues? ¿Una amiga japonesa de Marcelo? Ese texto,
cotejado con el testimonio brindado en mayo, calza a la perfección.
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