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| Marisa Glave |
Marisa Glave
Congresista de
la República
Es evidente que la luna de miel del presidente con la población acabó.
Le duró un año. La novedad es que ya no es solo un dato en las encuestas sino
que el malestar ha saltado como expresión organizada a las calles. Las últimas
semanas hemos sido testigos de la llegada a la capital de miles de docentes de
diversas regiones del país y de la expresión de solidaridad de profesores que,
sin estar en huelga, decidieron sumarse a la lucha de los maestros que siguen
llegando a Lima, como es el caso de Fe y Alegría, institución a la que no creo que
el ministro Basombrío se anime a tildar de senderistas/terroristas.
El malestar se contagia. Ya no es solo el hecho de tener los peores
salarios entre los servidores públicos (un maestro es el peor pagado en el
Estado) sino la indignación de recibir calificativos de periodistas que los
llaman “brutos”, de ministros que los llaman “terroristas” o ver el desprecio
de supuestos profesionales cívicos que se ofrecen de voluntarios para
reemplazarlos y así “resolver” el problema.
Parte del problema es que no existen canales institucionales para que
servidores públicos negocien reivindicaciones económicas como el salario,
dejando la calle, la protesta, como único canal para lograr mejoras. La
inconstitucional restricción a la negociación colectiva sigue vigente en el
país. En el Congreso hay ya cuatro proyectos de ley, uno mío, que siguen
esperando el debate. Si no logramos que los y las trabajadoras del Estado
puedan incluir materias económicas en su negociación colectiva la espiral de
protestas en la calle va a continuar.
La situación a la que hemos llegado en el caso de los maestros, a la que
se suma la protesta de las enfermeras y la huelga de hambre de un sector de
médicos, tiene, además, otras causas. La receta neoliberal se queda sin crédito
al igual que el presidente que, después de un año dedicado al “destrabe” de
inversiones privadas, no encuentra otra pista para dinamizar la economía que la
receta que ya vimos que en contexto de bajos precios de minerales no funciona.
Esta receta y este presidente que solo parecen interesados en las grandes
empresas y en la gran inversión privada, no dialogan con la gente, con sus
condiciones de vida, con sus condiciones laborales, con sus iniciativas
privadas de menor escala.
No lograremos revertir el freno en la economía que se siente en los
bolsillos de los peruanos si no hay una estrategia para, por un lado,
incrementar ingresos del Estado, cobrando lo que debemos cobrar y combatiendo
la gran evasión tributaria; y, por otro, atreviéndonos a romper con el dogma de
la disciplina fiscal para poder inyectar en la economía recursos públicos.
Necesitamos inversión pública y necesitamos estimular el consumo. La última
modificación de las previsiones de déficit presentada por el Ejecutivo al
Congreso sigue siendo conservadora y terminará ajustando una vez más el gasto
del Estado. Solo el 2016 se suspendió la ejecución de 11 mil millones para no
pasar el límite autoimpuesto de déficit fiscal. Nadie quiere una economía
populista e irresponsable. Pero entre la insensatez de Alan García y el dogma
neoliberal de recorte del gasto hay un espacio de política pública que
necesitamos recorrer para mejorar la calidad de vida
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