Jueves,
26 Abril de 2012 IDL Reporteros
Por: Milagros Salazar (IDL-Reporteros)
En medio de los secuestros en el VRAE y a pocas horas
de la presentación del peritaje sobre el conflictivo proyecto minero Conga, el
premier Óscar Valdés se dio tiempo el lunes 16 de abril para realizar una
inusual visita al ministerio de la Producción, en la Urbanización Córpac, en
San Isidro.
Valdés subió al séptimo piso donde se encuentra la
oficina del titular del sector, José Urquizo. Ahí lo esperaban el ministro,
acompañado por su nuevo jefe del gabinete de asesores, José Vidal; y por el
jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica, Omar Alfaro. A los pocos
minutos, llegó la viceministra de Pesquería, Patricia Majluf, acompañada por su
asesor principal, Juan Carlos Sueiro.
La reunión duró unos cuarenta minutos. Fue tensa por
momentos, según pudo conocer IDL-R. ¿De qué hablaron? De la merluza. Valdés
estaba impaciente porque aún no se emitía la norma para ampliar la cuota de
captura de merluza de 8, 600 toneladas a 14, 500 tal como acordó
con los empresarios en una reunión el 9 de abril en la sede de la Presidencia
del Consejo de Ministros.
Valdés reiteró a Urquizo y a Majluf que debía
ejecutarse la ampliación que exigían los empresarios y que no había marcha
atrás, a pesar que la viceministra expresó su desacuerdo por la
decisión debido a que la población de merluza ha disminuido considerablemente
en los últimos años y se encuentra en riesgo, según estudios
científicos.
“Ya hay un compromiso y hay que respetarlo”, insistió
Valdés. Alfaro de Asesoría Jurídica explicó al premier que había un freno legal
y que la ampliación no iba a ser un trámite sencillo ya que las normas exigen
que la cuota anual se establezca antes de iniciarse la temporada. Y resulta que
la temporada comenzó en enero. ¿Cómo iba a modificarse la cuota casi cuatro
meses después?
“Si hay que conseguir que firme algún decreto el
Presidente (Ollanta Humala), yo lo puedo hacer”, habría manifestado Valdés. Al
instante, Majluf increpó: “No me parece responsable que involucremos al
Presidente en algo que no tiene precedente. Eso no se ha hecho antes”.
Pero el primer ministro habría reiterado: “Esto se hace”.
¿Por qué el Premier insiste en ampliar la cuota en
contra de la opinión de la viceministra (una experta respetada
internacionalmente) y por qué se muestra tan interesado en el tema? Sucede
que varios días antes, el 9 de abril, hubo una reunión previa en la PCM.
Asistieron unas quince personas, entre empresarios
pesqueros, autoridades de Piura, congresistas, el ministro Urquizo y la
viceministra Majluf. En la primera parte de la reunión, Majluf expuso un
informe breve sobre el grave estado de la merluza que elaboró el reconocido
científico Arnaud Bertrand, del IRD, un instituto público de investigación de
Francia.
Los empresarios de merluza, casi todos extranjeros y
que tienen su base de operaciones en Paita, atacaron a Majluf luego de su
exposición. Sostienen que la viceministra por lo menos se equivoca y que hay
suficiente merluza para pescar. Los respaldaba un informe que mandaron a hacer
a Luis Alfredo Icochea, quien hasta octubre pasado fue presidente del Instituto
Tecnológico Pesquero (ITP), que depende del Ministerio de la Producción, y
asesor de varias empresas pesqueras. Liderados por el furibundo empresario
Carlos Milanovitch, insistieron en que unas 10 mil personas dependen de la
pesca de merluza en Paita y serían perjudicados si no se ampliaba la cuota.
En medio de la discusión, el presidente de Imarpe,
Hugo Arévalo (quien llegó tarde a la cita), informó que su institución
recomendó una cuota mínima de 8, 600 toneladas y otra cuota máxima de 14, 500
toneladas. Ni bien escuchó Valdés la segunda opción, consideró que esa era la
salida: ampliar la cuota máxima a pesar de la opinión en contra de Majluf.
Valdés también acordó que Imarpe realizará en mayo un
crucero para investigar la situación actual de la especie y ver si es posible
una nueva ampliación. Fuentes cercanas al pensamiento de Majluf aseguraron a
IDL-R que si Valdés continúa ampliando la pesca de merluza, ella renunciará al
cargo. Para Majluf, esta situación abre la puerta para que empresarios que
comercializan otras especies también pidan su decreto “presidencial” para
pescar más.
Las presiones asedian a Majluf. Entre la reunión del 9
de abril en la PCM y la visita de Valdés al Ministerio de la Producción el
lunes 16, los empresarios enviaron cartas al ministro Urquizo exigiendo que se
cumpla lo acordado. Mientras tanto, desde Palacio de Gobierno intentan
averiguar si existe un acta de compromisos con los empresarios como habría
señalado Valdés, según pudo conocer IDL-R. Lo cierto es que no
existe ningún documento firmado.
Este hecho ha deteriorado más la relación entre
Urquizo, que acata silenciosamente lo dicho por Valdés, y la viceministra
Majluf cuyos escasos dos meses en el cargo han estado marcados por
controversias y obstáculos.
Controversias de fondo
Ni bien
se convirtió en viceministra a fines de febrero, Majluf pidió a Urquizo
reemplazar a los responsables de las cinco direcciones generales que dependen
de Pesquería. Logró los primeros cambios en las direcciones de Extracción y
Procesamiento Pesquero y en la de Asuntos Ambientales.
Huacachi, ayacuchano al igual que el ministro, estuvo
en el cargo hasta el miércoles 18. Una insistente Majluf consiguió que Urquizo
finalmente accediera que la directora general de Pesca Artesanal, Jessica Pino,
reemplazara a Huacachi, ya que sus candidatos iniciales fueron rechazados por
el ministro.
Personas cercanas a Majluf sostienen que el cambio de
Huacachi era urgente, debido a que se entramparon varias acciones, entre ellas
las auditorías a las empresas inspectoras de desembarques de anchoveta, Cerper
y SGS, y las mejoras para evitar la manipulación de las balanzas en las
fábricas harineras, problema revelado en una amplia investigación de IDL-R.
Pero las discrepancias también involucraron a los
hombres más cercanos a Urquizo, que plantaron una oposición constante a Majluf
desde el ingreso de esta. En diciembre, cuando Uriquizo asumió el mando del
ministerio, lo hizo acompañado por dos conocidos asesores: el ex congresista
del partido de gobierno, César Cayo Galindo, y por el ex juez Edwin Yalico Contreras.
Edwin Yalico Contreras |
A este último se lo recuerda por haber investigado
inicialmente el caso Business Track; y por haber anulado las resoluciones de
inicio de instrucción, acusación y auto de enjuiciamiento contra el presidente
Humala por la asonada de Andahuaylas.
Cayo Galindo se mantuvo en el cargo hasta el 3 de
abril en medio de las críticas de dirigentes de pescadores, entre ellos los de
la Asociación Nacional de Armadores Pesqueros que agrupa a los dueños de las
naves “vikingas” y que lo denunciaron, junto a otros funcionarios, por los
presuntos delitos de abuso de autoridad, omisión, rehusamiento y demora de
actos funcionales.
Yalico sigue en el ministerio a pesar de que también
enfrenta acusaciones. El Sindicato de Pescadores de Anchoveta
del Puerto de Pisco envió en enero un oficio a la Comisión de Producción del
Congreso para que solicite a Urquizo investigar la participación de Yalico en
las cuestionadas resoluciones que otorgaron permisos de pesca a naves
protegidas por medidas cautelares. El Congreso trasladó el reclamo a Urquizo en
febrero.
IDL-Reporteros verificó que cuando Urquizo asumió el cargo, encomendó a Yalico que
ayudara al ingeniero Félix Álvarez, entonces responsable de la Dirección de
Extracción y Procesamiento Pesquero, a resolver los pedidos del Poder Judicial.
Varios de los proyectos de resolución de esta dirección, entre ellos los
relacionados con las medidas cautelares, fueron vistos por Yalico, aseguraron
varias fuentes. Sin embargo, el asesor no es investigado por estos hechos ya
que no fue nombrado oficialmente para esas funciones.
Para calmar las aguas, Yalico ha sido trasladado del
séptimo piso, donde tenía un escritorio junto al ministro, al tercer nivel del
edificio. Sin embargo, sigue entrando y saliendo del despacho de Urquizo y la
única diferencia, según diversas fuentes, es que ahora usa más el ascensor.
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