La falta de
control Estatal permitió que, en poco más de dos años, 630 mil toneladas de
anchoveta, valorizadas en unos 200 millones de dólares, desaparecieran de todo
registro fiscal
Por Milagros Salazar (IDL Reporteros)
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Descarga
de anchoveta de una nave de Copeinca en el emporio pesquero de Chimbote (Foto:
IDL-Reporteros)
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Chimbote, Perú- Este puerto norteño hiede a pescado podrido durante todo el año, pero cuando empieza la temporada de pesca de anchoveta a finales de noviembre, su larga fila de fábricas expele aceitosas y nauseabundas humaredas que impregnan todo a lo largo de varios kilómetros.
“Ese es el olor del dinero”, advierte un sonriente
taxista a los visitantes, a quienes observa taparse la nariz mientras se
acercan a la zona industrial 27 de Octubre, donde más de 20 fábricas operan a
todo motor.
Perú es la segunda nación pesquera en el mundo después
de China; y el 85 por ciento de su pesca es la anchoveta. Casi toda la
anchoveta capturada, sin embargo, se convierte en harina: un alimento para
engordar a otros pescados y a los cerdos. Perú exportó más de un millón de
toneladas en 2010, la mayor parte al Asia, por un valor de mil 600 millones de
dólares.
Cada año, cerca de 6 millones de toneladas métricas de
anchoveta arriban a los muelles de más de 100 fábricas de harina de pescado en
el litoral. Lo que sucede dentro de estas plantas es conocido sólo por el
personal de esas compañías y los inspectores. Pero en setiembre último,
IDL-Reporteros, reveló lo que se esconde detrás del cerco de estas fábricas:
que en un año y medio se esfumaron entre las bodegas de los barcos y las
balanzas de las fábricas, un poco más de 300 mil toneladas de anchoveta.
Una nueva investigación del ICIJ y de IDL-R, que
demandó el análisis de más de 100 mil desembarques, demuestra que las descargas
de anchoveta que desaparecen superan a toda la pesca que las flotas británicas
llevan a puerto en un año: 630 mil toneladas que no fueron registradas en las
balanzas entre 2009 y la primera temporada de pesca de 2011, en los puertos del
norte y centro del país, donde se descarga el 90% de anchoveta que se captura a
nivel nacional.
Estas miles de toneladas del “pescado fantasma”
resultan de las discrepancias de más del 10% entre la pesca de anchoveta que
declaran los patrones de las naves cuando llegan a los puertos,y lo que
registran las balanzas.Esa pesca que se esfuma está valorizada en unos 200
millones de dólares si se convierte en harina.
Queda claro que las empresas no pagan derechos de pesca
por las descargas de anchoveta que desaparecen, ni impuestos. Tampoco cuentan
para la cuota de pesca de cada nave; y a su vez, los pescadores que ganan por
tonelada capturada, reciben menos de lo que deberían cobrar.
Pero lo sorprendente no sólo está en los volúmenes,
sino también que se trata de una irregularidad recurrente en la industria
pesquera peruana: el 52% de los desembarques analizados por el ICIJ tienen
diferencias por encima del 10% entre la pesca declarada y pesada, a pesar que
según más de una decena de fuentes consultadas, entre ejecutivos de compañías,
expertos, pescadores e inspectores, sólo es aceptable una discrepancia de hasta
10%. Más allá de eso ya resulta sospechoso.
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Planta harinera en la importante zona industrial
27 de Octubre (Foto: IDL-Reporteros)
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La investigación fue posible a pesar de que el
Ministerio de la Producción, que está a cargo del sector pesquero, negó durante
cinco meses el acceso a la base de datos que registra la pesca de anchoveta por considerarla secreto de Estado.
A la luz de los resultados, se entiende los motivos.
La ley de cuotas por nave para la pesca de anchoveta que entró en
vigencia en 2009 y que fue anunciada como el arma que permitiría
limitar la sobrepesca y la corrupción, tampoco evitó este descontrol.
ICIJ obtuvo registros de desembarques de 2008 cuyo
análisis demuestra que la mitad de las descargas en seis puertos tenía
discrepancias por encima del 10 por ciento. La situación no pareció mejorar luego
de que la nueva norma fue promulgada con el apoyo de las empresas más poderosas
de la industria. Seis de las compañías que tienen descargas con mayores discrepancias
antes de que se promulgara la ley, lograron que sus consultores intervinieran
en la elaboración de la norma.
Si algo queda claro es que después de que se lotizara
la pesca de anchoveta en cuotas, las irregularidades continuaron y en algunas
temporadas parecen haber empeorado.
La lista negra
¿Cuáles son las empresas con las diferencias más
notorias? La investigación concluye que en el ranking de desembarques con
mayores discrepancias, figuran las compañías más poderosas de la industria. Las
naves de estas empresas desembarcan usualmente en sus propias plantas.
Por lo menos ocho de las empresas que controlan más
del 60 por ciento de los derechos de pesca, tienen permanentes diferencias que
superan el 10% y 20%, e incluso llegan al 50%.
Dos compañías de capitales peruanos encabezan el
ranking de este análisis de más de 100 mil desembarques: Humacare, una compañía
mediana que pertenece a la familia Muro; y Exalmar, una de las más grandes del
sector, de propiedad de la familia Matta Curotto. En el caso de Humacare, el 90
por ciento de sus desembarques tenían discrepancias que superan el 10 por
ciento, mientras que esto mismo se detectó en el 88 por ciento de las descargas
de Exalmar. En varias ocasiones, la mitad del pescado se había esfumado antes
de llegar a las balanzas.
Raúl Briceño, gerente de operaciones de Exalmar, culpó
de las discrepancias en el peso a los malos cálculos de los patrones de las
embarcaciones, hechos en base a estimados visuales. En una respuesta escrita al ICIJ,
Exalmar también hizo notar que el pescado pierde líquidos y en consecuencia
peso, cuando es trasladado de la embarcación a la fábrica. Humacare no quiso
responder.
CFG Investment, subsidiaria del imperio de productos
marítimos con sede en Hong Kong, Pacific Andes International Holdings, también
aparece en el ranking, pero evitó dar su versión.
Otra de las compañías es Austral, que cuenta con
capitales noruegos. “Diferencias del 20% nunca hemos tenido”, aseguró su
gerente general Adriana Giudice. Pero esta investigación la desmiente.
Los hallazgos también alcanzan a dos de las empresas
más poderosas del sector: Copeinca, fundada por la familia Dyer y con capitales
noruegos, concentra más del 10 por ciento de la cuota global de pesca, y TASA,
que tiene la mayor cantidad de cuota de la industria: 14 por ciento.
Esta última compañía pertenece a la poderosa familia
Brescia que cuenta con inversiones en la banca, el sector inmobiliario,
servicios y minería en el Perú. Tiene como principal asesor a Humberto
Speziani, ex presidente del principal gremio de empresarios del Perú: Confiep.
No sólo las grandes compañías presentan estos
problemas, hay otras pequeñas como Corporación Pesquera 1313 que registran
importantes discrepancias.
Después de los primeros hallazgos publicados por IDL-R
en setiembre, hubo varios empresarios pesqueros que buscaron demostrar
que las cifras o el método empleado en la investigación eran falaces. IDL-R
supo, sin embargo, que algunas empresas pesqueras (entre ellas Austral y
Copeinca), llegaron a la conclusión, luego de examinar y recalcular las cifras
y el método, que los resultados de la investigación eran irrefutables.
“Cuando el patrón mira la bodega, sabe perfectamente
cuánta carga está trayendo”, aseguró el pescador Indelesio Velásquez. “Tú no lo
puedes engañar”, agregó Velásquez, quien ha trabajado pescando anchoveta por 40
años, 25 de los cuales como patrón de nave. Él puede apreciar de un solo
vistazo cuánto ha capturado. La bodega es cubicada por los técnicos de la
Dirección de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú.
Richard Inurritegui, presidente de la Sociedad
Nacional de Pesquería, el gremio empresarial más poderoso del sector, restó
importancia a los hallazgos de las investigaciones. Él dijo que los estimados
de los patrones de nave no pueden ser comparados con los registros de las
balanzas. Ninguna de las compañías consultadas reconoció irregularidades
cometidas en el pesaje.
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Tolvas de pesaje al interior de una fábrica
de Copeinca (Foto: IDL-Reporteros)
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Aunque las empresas Cerper y SGS que están a cargo de
las inspecciones en los puertos no quisieron pronunciarse sobre el tema,
algunos inspectores reconocieron de manera privada estos problemas y otros
hablaron abiertamente de las irregularidades.
En la localidad norteña de Coishco, Úrsula Gutiérrez
le dijo al ICIJ que sus colegas han detectado sellos de seguridad rotos en
paneles de control que registran el peso en las fábricas y que evidencian
manipulaciones.
El trabajo de Cerper y SGS se desarrolla en medio de
un gran conflicto de interés: estas compañías son pagadas directamente por las
fábricas que inspeccionan y además se encargan de certificar la harina que será
exportada.
La sucursal de SGS en el Perú, que pertenece a una
importante certificadora trasnacional con sede en Suiza, es la empresa más
poderosa en el mercado peruano en certificación de harina de pescado y tiene
entre sus principales clientes a casi todas las compañías que son fiscalizadas.
Balanzas con truco
¿Qué hay detrás de las enormes discrepancias
detectadas?
De acuerdo a una auditoría realizada por la empresa
inspectora Cerper en agosto de 2009, para el Ministerio de la Producción, el 31 por ciento de las 16
balanzas inspeccionadas tenían serias evidencias de haber sido manipuladas.
Según el documento, titulado “Informe Final, Programa de Auditoría, Tolvas de
Pesaje a Empresas Industriales Pesqueras”, estas fueron las graves
irregularidades:
• Indicios de manipulación de los software
de pesaje. Entre varias otras irregularidades, se detectó que
no se registraban todas las descargas de anchoveta.
• Débiles controles de seguridad de los tableros de
control del pesaje, con riesgo
permanente de pérdida de datos.
• El software para el registro de
pesaje es instalado en otras computadoras de la planta, lo que genera
un control indebido sobre las balanzas. Esto permite borrar o alterar la
información. Es decir, cambiar el peso.
Pero los resultados de esta auditoría, la única hecha
hasta entonces, no fueron difundidos. El gobierno encarpetó el documento y no
mejoró la seguridad del pesaje computarizado.
La auditoría tiene una historia oculta. Durante la
inspección de Cerper solo se auditó las balanzas de siete fábricas, casi todas
medianas o pequeñas, con excepción de una compañía grande, Copeinca, que
también figura en el ranking de las altas discrepancias.
Pese a ello, el informe era no solo importante sino
contundente, y llevaba inevitablemente a la pregunta, ¿por qué se hizo
una muestra tan pequeña y se excluyó a compañías grandes, que concentran el
mayor porcentaje de la pesca?
Esa omisión no fue casual ni accidental.
Antes de auditar las balanzas, Cerper hizo estudios de
la primera temporada de pesca de 2009, que demostraban las diferencias
anormales entre la pesca declarada y la pesada. Dicho análisis, que incluía a
varias empresas grandes, fue entregado al ministerio de la Producción durante
las gestiones de las ex ministras del gobierno de Alan García: Elena Conterno y
Mercedes Aráoz.
Cerper estudió las diferencias en tres puertos:
Huarmey, Chancay y Chimbote a pedido del viceministerio de Pesquería que
recibió varias denuncias de pescadores por “robo en el peso” en las balanzas.
En la planta de Huarmey de la empresa Austral, por
ejemplo, se detectó que las 137 descargas analizadas entre el 20 de abril y 12
de mayo de 2009, presentaban diferencias entre la pesca declarada y pesada del
10%, 15%, 20% e incluso por encima del 30%. Esto confirma los hallazgos de esta
investigación.
Ante esos resultados, en julio de 2009, según relata
el gerente del programa de vigilancia de Cerper, Rolando Urban, su compañía
recomendó al ministerio de la Producción inspeccionar todo el sistema de pesaje
en las fábricas, sobre todo el software.
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| El Ingeniero Freddy Sarmiento dirigió la auditoría a las balanzas (Foto: IDL-Reporteros) |
Fue
así que se realizó la auditoría en agosto de 2009. El ingeniero industrial que
fue contratado por Cerper para dirigir el equipo, Freddy Sarmiento, aseguró que
recomendó auditar 112 balanzas en 40 fábricas en los puertos del norte
y centro.
En
todo el litoral hay alrededor de 180 balanzas. Por eso, la auditoría que
proponía Sarmiento iba a lograr un alto grado de exactitud en el diagnóstico
del problema. Sin embargo, el ministerio de la Producción a través de la
Dirección General de Seguimiento, Control y Vigilancia que entonces encabezaba
el marino en retiro Raúl Ponce, informó a Cerper que sólo se auditarían 18
balanzas de ocho plantas, es decir el 16% de la propuesta inicial. Al final,
apenas se auditó 16 balanzas en siete fábricas.
IDL-R
accedió a un correo electrónico en el que se da cuenta de una reunión realizada
el 3 de agosto de 2009 entre Ponce, su asesor Julio César Ruiz y los
representantes de Cerper. Según este mensaje, dirigido a Freddy Sarmiento, el
Ministerio seleccionaría solo unas pocas plantas en los
puertos de Bayóvar, Chimbote y Supe, supuestamente como primer tramo del
trabajo.
Pero lo cierto es que nunca se auditaron las demás balanzas de las
fábricas con las altas discrepancias descubiertas.
“Dijeron
que no había presupuesto para hacer el proyecto completo”, señaló Sarmiento. “Nosotros trabajamos en las
plantas que el ministerio dijo. No fuimos porque se nos ocurrió”, indicó a
su turno Rolando Urban de Cerper.
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| Richard Inurritegui, presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería (Foto: IDL-Reporteros)Añadir leyenda |
Mientras que Richard Inurritegui, presidente de la
Sociedad Nacional de Pesquería, consideró que la auditoría sólo demuestra que
un pequeño grupo de plantas auditadas incurre en la manipulación y no se debe
generalizar.
“Me preocupa que se haga una imagen del sector
harinero como un sector tramposo”, dijo. Insistió en que los empresarios
impulsaron la mejora de los controles en el software, pero Sarmiento,
quien desde julio es congresista de la República, lo desmintió.
El entonces consultor explicó que el proyecto completo
entre Cerper y el Ministerio de la Producción era desarrollar un dispositivo
electrónico que permitiera detectar la alteración en el peso luego de los
hallazgos de la auditoría. Esto nunca se concretó. (Ver
entrevista a Sarmiento)
Quien era ministra de la Producción en esos días,
Mercedes Aráoz, dijo que luego de conocerse las irregularidades que surgieron
del examen, se habló con los industriales “para dictar medidas que
permitieran un mejor control”. Pero, arguyó, que estuvo pocos meses en el
cargo.
Cuando el presidente Ollanta Humala asumió el poder en
julio pasado, la entonces viceministra de pesquería, Rocío Barrios, dijo que algunos
de los funcionarios del sector le ocultaron información sobre las discrepancias
en la captura de anchoveta que reveló IDL-R. Varios funcionarios
fueron despedidos y la procuraduría del Ministerio de la Producción denunció a
algunos de ellos ante el Poder Judicial.
Kurt Burneo, el ministro de la Producción que estaba a
cargo de la pesca hasta diciembre, denunció públicamente que había
complicidad entre algunos funcionarios a cargo de supervisar los desembarques y
las empresas inspectoras.
Más allá de las discrepancias en el peso, dijo que el
gobierno encontró repetidas fallas en reportes de inspección que impedían a las
autoridades imponer multas a las pesqueras. Una serie de irregularidades
permitió a estas compañías apelar la mayoría de las multas.
Desde la quincena de diciembre hay un nuevo ministro:
José Urquizo. Su viceministro encargado de Pesquería, Jaime Reyes Miranda,
reconoció durante una entrevista con el ICIJ que existe un grave problema en
las balanzas de las plantas harineras y que están analizando la forma de
mejorar los controles del software de pesaje para que los registros de
desembarque de anchoveta no sean manipulados.
Pero ya trascurrieron más de dos años desde que se
encontraron las primeras evidencias de la alteración de las balanzas y nadie ha
tomado acción. Desde Chimbote, Javier Castro, un importante líder sindical
pesquero, dijo que los sucesivos gobiernos han demostrado poco interés en
proteger el recurso de la pesca y a los pescadores.“Tengo una desconfianza que
viene de décadas. Nada cambia”, agregó. Pero si su experiencia respalda el
pesimismo, cierto es que por primera vez se ha logrado determinar la dimensión
del fraude.
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