La familia que nadie quiere recordar

César Vega Vega fue presidente de la Corte Superior de Lima en dos oportunidades.

Ideele Revista Nº 215

Miguel Gutiérrez R. Periodista, Diario La República

Ex congresistas, policías de alto rango, ex ministros, un dirigente deportivo, un ex presidente de la Corte Superior y hasta un Presidente de la República han mantenido vínculos amicales, profesionales y empresariales con la familia Tupiño García, pero transcurridos los años, la memoria es frágil y la gratitud, escasa.

Desde 1974, año del que se tiene información documentaria, los hermanos Tupiño García fueron involucrados en investigaciones por narcotráfico. Artículos periodísticos y partes policiales y judiciales demuestran que René, Eva, Elena, Florencio, Amer, Elí, Reynaldo y Florencio Tupiño García padecieron cárcel, fueron investigados policialmente y procesados en varias ocasiones por el llamado “delito de tráfico ilícito de estupefacientes”.

En febrero de 1978, durante la llamada segunda fase del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, el general Francisco Morales Bermúdez, a cargo del régimen, cedió a las presiones de Washington para que diera un mayor impulso a la guerra contra las drogas que el país del Norte ya empezaba a librar extraterritorialmente. El decreto ley 22095 elevó las penas contra quienes elaborasen o traficasen droga, y obligó a las unidades policiales encargadas de combatirlo a demostrar golpes exitosos.

Lo que ocurrió el 8 de septiembre de ese año en un caserío de El Boquerón de Padre Abad fue considerado por el gobierno un golpe antinarcóticos exitoso. Un grupo de agentes de la Policía de la Dirección Nacional de Tráfico Ilícito de Drogas (Dintid) ingresaron sorpresivamente en un fundo desde donde, se suponía —por información de inteligencia—, operaba una organización de narcotraficantes. En la operación fueron detenidas 11 personas, colombianos y peruanos.

Entre ellos, cuatro de los hermanos Tupiño.

David, Elí y Amer fueron conducidos con los demás sospechosos a la ciudad de Tingo María. René, el mayor de todos los hermanos, fue asesinado en el mismo lugar del operativo por los agentes policiales cuando, al parecer, ofreció resistencia.

René Tupiño García, natural de Naranjillo, Tingo María, ya presentaba un historial delictivo. Hasta antes de dicha operación policial tenía un proceso abierto por el delito de contrabando en un juzgado de instrucción de la provincia de Talara. También pesaba contra él una requisitoria y orden de captura por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes dispuesta por el Segundo Tribunal Correccional de Piura en 1977. Curiosamente, documentos en nuestro poder señalan que había logrado evadir el primero pagando al Banco de la Nación 5 mil soles de oro por concepto de multa, y que en el segundo una suspensión de su detención a nivel nacional había sido dictada por un secretario del juez.

La importancia de René en el mundillo del narcotráfico era, según decían, comparable a la de Guillermo Porto Cárdenas Dávila, Mosca Loca, un reputado mafioso, natural de Bellavista, San Martín, que se convirtió en una figura mediática mayor cuando se descubrió el estrecho vínculo que mantenía con un parlamentario de las filas de Acción Popular —entonces partido de gobierno— pero, aún más, cuando se rumoreó que éste estaba dispuesto a pagar la deuda externa del país a condición de que “lo dejaran trabajar tranquilo”. 

Pero la organización que había montado René Tupiño, aunque de bajo perfil, no fue menos importante, porque había logrado armar su propio espacio para comprar y exportar droga directamente a Colombia desde el Boquerón de Padre Abad, un cañón moldeado por el río que permite el paso aéreo y terrestre entre la llanura selvática y las montañas. Allí René había ubicado su fundo y granja.

Según aparece registrado en los medios de prensa y partes judiciales, los agentes de la Policía de Investigaciones confiscaron dos camiones, una avioneta Helio Super Courier, tres tractores, 71 kilos de droga y una pista de aterrizaje acondicionada al pie del fundo.

Los acontecimientos del Boquerón de Padre Abad fueron los más graves para la familia, por el tipo de bienes que los vinculaban a un probable negocio del narcotráfico, y principalmente porque, por primera vez, el apellido Tupiño era expuesto ante medios de prensa con cobertura nacional.

El encuentro con esta familia del magistrado de la Corte Superior de Lima, César Javier Vega Vega, se remonta a esa época. En los años 70, César Vega Vega, natural de Huanta, era ya un joven abogado formado en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Integraba la primera promoción de Derecho que egresó de esos claustros en 1971. En la nueva placa conmemorativa colocada allí hace unos años, Vega es parte de una larga lista de estudiantes a la cual pertenecen personajes que resaltarían luego por diversos motivos en las esferas política y judicial. Julio Biaggi Gómez, Fernando Moreno Dorado, César Osorio Aguilar, José Infantes Vargas, Víctor Mansilla Novella y Rolando Vergara Gotelli fueron algunos de sus compañeros que serían jueces, vocales y hasta presidentes de la Corte. Los compañeros José Carrasco Távara y Víctor Perleche Roggero llegarían a ocupar cargos en el Congreso y en el partido aprista, mientras que los abogados Mario Camacho Perla, Fausto Hoover Olivas Valverde y Daniel López Juárez se dedicarían, junto con Vega o por separado, a asesorar a ciudadanos con problemas por narcotráfico.

Por esos años de formación Vega era también parte del Buró de Conjunciones, un grupo de jóvenes apristas reclutados por Víctor Raúl Haya de la Torre para que asumieran posiciones dirigenciales en el partido de la estrella. Además de César Vega, integró este Buró el joven dirigente Alan García Pérez.

El abogado de la familia Tupiño era el doctor Pedro Duffó Barreto, un jurisconsulto muy relacionado que luego sería nombrado fiscal y más tarde director de una revista judicial que se reparte aún entre los magistrados del Poder Judicial. En su estudio jurídico, ubicado en la calle Camaná 615, y donde aún atiende, Duffó Barreto recibía a sus clientes, los Tupiño, que acudían a él para que los ayudara a resolver sus problemas con la justicia.

Dada la cantidad de procesos que debían enfrentar los Tupiño, el abogado Duffó tuvo que dejar a un lado la defensa de la familia y concentrarse solo en los aspectos penales de unos cuantos de sus miembros. Se vieron enfrentados con la viuda del hermano René muerto en el operativo policial de septiembre de 1978. María Rivera Tuanama consideraba que algunas propiedades y dinero le pertenecían. Ella reclamó como suyo un camión volquete y un terreno ubicado en Tingo María. El caso llegó hasta el Poder Judicial.

El joven abogado Vega, de apenas 29 años de edad, tomaría la posta de Duffó, llegando a establecer un trato con la familia que iría más allá de una relación habitual entre patrocinado y abogado.

La casa de Moncloa y el arte de ocultar

Gracias a documentos que obran en archivos públicos y privados, se ha podido conocer que entre los años 1979 y 1987 la familia Tupiño adquirió por lo menos 12 casas en La Molina, Surquillo, Miraflores, Surco, San Borja, Los Olivos, Comas y Cercado, además de terrenos en Tingo María y Piura.

Con seguridad, una de las casas de las que más recuerdos tiene la familia durante los primeros años ochenta es la residencia de la calle Manuel de Moncloa y Covarrubias 2530, en el Cercado de Lima. A mediados de los setenta, parte de los hermanos Tupiño iban y venían de la selva central a la capital. Como gran parte de los migrantes rurales, se instalaron en los nuevos enclaves periféricos al sur de Lima. A la casa de San Juan de Miraflores, perteneciente a una de las hermanas, Isabel Tupiño, llegaban sus hermanos para permanecer temporalmente. De un momento a otro, dado que el espacio de la vivienda resultó insuficiente para la familia, y en vista de que las finanzas parecían mejorar, en octubre de 1979 el grupo familiar optó por adquirir una casa en una parte céntrica de la ciudad.

Los problemas que venían enfrentando con la justicia desde mediados de los 70 les habían enseñado a ser más discretos en sus movimientos, pero también con los bienes que adquirían. La casa de Moncloa y Covarrubias no fue puesta a nombre de ninguno sino de Martha Vargas Pérez, una joven de Tingo María a quien Isabel Tupiño y Froilán Aliaga Sánchez incorporaron a la familia. 

El documento de la adquisición cuyo original reposa en el Archivo General de la Nación indica que el abogado que elaboró y redactó la minuta de compra de dicha casa fue César Vega Vega, en octubre de 1979. A nombre de Martha Vargas, compró al contado la casa por dos millones 800 mil soles de oro. En la información consignada, Vargas aparece como una comerciante de 23 años, aunque en aquella época no registraba ninguna actividad económica formal. Esta minuta de compra de la casa de Moncloa no fue de conocimiento público hasta febrero del 2003.

En enero de 1980 Vega es elegido juez suplente en el Poder Judicial, pero mantendrá la relación con la familia en los siguientes años. Los problemas legales que persisten, obligan a la familia a adquirir bienes a nombre de terceros para evitar tener problemas con las autoridades que los investigaban. En 1982 los Tupiño adquieren, entre otros bienes, un moderno auto europeo del año, un Renault fuego, con registro de placa 18FQ64. Por razones que se ignoran, el auto fue registrado a nombre de su abogado y ya magistrado del Poder Judicial César Vega Vega. Un documento demuestra que era Froilán Aliaga quien pagaba los tributos anuales del vehículo.

La pertenencia del auto provocó todo un problema que incluyó indirectamente a un ministro del primer gobierno aprista. Si bien estaba a nombre del Juez Vega, era usado por Néstor Avellaneda Tupiño, hijo de Isabel Tupiño García.

Néstor Avellaneda tenía 27 años y más de una requisitoria por tráfico de estupefacientes cuando comenzó a usar el Renault fuego. Desde 1978 tuvo que probar a varios juzgados que su conducta era tan honesta como lícitos sus ingresos. Juzgados de Pucallpa, Lima y Tingo María lo requerían para aclarar las denuncias por tráfico ilícito de estupefacientes. En algunos casos lo requerían por su nombre real o por el nombre de Juan Carlos Avellaneda Tupiño. A ninguno de ellos se presentó porque, felizmente para él y sus otros hermanos, las autoridades judiciales eran más benévolas que los policías que los perseguían.

En un escrito que firma como Juan Carlos Avellaneda Tupiño, pone en conocimiento del entonces presidente del Primer Tribunal Correccional, el 31 de agosto de 1982, que estaba conforme con la sentencia recaída en ausencia, es decir, una multa de 5 mil soles de oro y a una reparación civil de 25 mil.

“Habiéndose cumplido con la pena impuesta, por lo que ruega a su despacho ordenar que se oficie a la policía de investigaciones dejen sin efecto las requisitorias hechas por el tribunal, evitando así la constante presión policial por estar pendientes estas órdenes de captura”, refiere parte del documento enviado.

Néstor Avellaneda mostraba dificultades para mantener su nombre real. Desde mediados de 1980 está inscrito en el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) como Tupino en lugar de Tupiño, una ene en lugar de la eñe. Néstor ha comentado al autor de esta nota que el error proviene de los funcionarios del Reniec.

Pese a poseer un auto moderno como el Renault fuego, Néstor —obligado probablemente por la falta de liquidez—convenció a José Cuadrado Fernández, un vecino suyo, de que le prestase más de 7 mil dólares; a cambio, Néstor le entregaba en garantía el vehículo. Al cabo de un tiempo, Néstor pretendió recobrar el automóvil sin honrar la deuda; más bien, reclamó la pronta entrega bajo amenaza de reportarlo como robado.

De acuerdo con varias versiones recogidas por los testigos de la época, el impasse fue de conocimiento del tío de José Cuadrado, el diputado y ministro de Justicia del gobierno aprista Joffré Fernández Valdiviezo. Según estas mismas versiones, el funcionario aprista intercedió a favor de su sobrino. La advertencia de que no se metieran con su familiar sería de conocimiento directo del dueño del vehículo, el juez César Vega.

Luego de eso, el asunto quedó rápidamente zanjado: Néstor Avellaneda no pagó el préstamo y Vega traspasó el auto de marca europea a José Cuadrado en 1991, tal como aparece en el historial del vehículo, en los archivos de la Sunarp.

Por la misma época, Vega estrecha sus vínculos con David Tupiño García, uno de los pocos hermanos profesionales que terminaría luego como empleado y después gerente de una agencia del Banco de la Nación. El 9 de enero de 1982 el juez Vega y el abogado y compañero de estudios, Daniel López, aceptan ser padrinos de bautizo de los hijos de su amigo y compañero David Tupiño García. César Vega y Daniel López firman como padrinos de David y William Tupiño Ballón, en la capilla de San Roque, Surco. Elí Tupiño García, también presente en la ceremonia junto con Vega, firma como padrino de Cristina Tupiño Ballón.

Sin embargo, esta relación de compadrazgo trae también problemas. El 7 de mayo de 1984 la situación legal de los Tupiño se complica una vez más. La Dirección de Narcóticos de la PIP, enterada de las actividades de la organización liderada por uno de los Tupiño, Marco Aliaga Tupiño, detiene al abogado Daniel López en su estudio de Camaná 921, en el Cercado de Lima.

La Policía procede a arrestar a Marco Aliaga Tupiño, hijo de Isabel Tupiño García y Froilán Aliaga, acusado de ser el cabecilla, y a su abogado, López, de ser el financista de una organización internacional que despachaba droga a Colombia desde un aeródromo construido en la zona de Repente, en Tingo María.

Uno de los detenidos, Félix Marín Gallardo, declara ante la fiscal lo siguiente: “El abogado tenía conocimiento de dicho embarque de PBC, por cuanto, como referí anteriormente, en su presencia se me contrató para construir la pista de aterrizaje y hasta en cuatro oportunidades viajó a Tingo María”, confesó.

Pese a las confesiones y evidencias presentadas por la Policía, Daniel López permaneció poco tiempo en el penal de Lurigancho. El abogado logró que las autoridades judiciales lo separaran del proceso. Mientras su cliente, el ‘narco’ Aliaga Tupiño, trasladado al penal de Cachiche, en Ica, no duró mucho tiempo en el mismo. El 17 de diciembre de 1984, seis meses después de ser intervenido, Marco Aliaga fugó de la prisión en plena luz del día.

Eran tiempos en los que los presos con dinero, sobre todo aquellos que tenían penas por narcotráfico, salían por la misma puerta de prisiones como Lurigancho. Su salida fue preparada con anticipación y contó con el apoyo de policías en actividad, como una investigación posterior dejó entrever.

Marco Aliaga fue conducido con reserva hasta la selva central, desde donde tomó una avioneta con destino a Colombia. En este país se convirtió en uno de los empleados peruanos más eficaces del llamado cártel de Cali, especialmente de Phano Arizabaleta Arzayus, uno de los cuatro ‘capos’ más importantes en la cadena de mando de esta organización criminal, y hace menos de un año extraditado a los Estados Unidos.

El cártel le dio una nacionalidad y un nuevo nombre. Ya no se llamaría Aliaga Tupiño sino Faustino Rico Gutiérrez, un ganadero de Palmira. En realidad, su oficio sería el mismo: seguir coordinando el envío de droga del Perú al vecino país. De sus viajes a Huánuco en avioneta solo sabrían sus familiares, sus padres (Froilán Sánchez Aliaga e Isabel Tupiño), sus hermanos y amigos. Cuando, en 1989, fue acribillado por razones aún no esclarecidas, Phano Arizabaleta y el propio Miguel Rodríguez Orejuela fueron a llorarlo a la residencia donde lo velaban y a jurar venganza por haber tocado a uno de sus trabajadores más leales.

No fue el único hijo de Froilán Sánchez Aliaga en caer apresado. Julio Aliaga Tupiño fue detenido por narcotráfico en 1996 en Tingo María por enredarse con turistas extranjeros que venían a adquirir cocaína para su consumo. La familia acudió a César Vega para que los defendiera. Para entonces Vega laboraba en su estudio de Paseo de la República 111, frente al Palacio de Justicia. El autogolpe del 5 de abril 1992 cerró el Poder Judicial y varios magistrados, entre ellos el vocal superior César Vega, fueron separados de sus casos inconstitucionalmente.

Julio Aliaga fue acusado con las penas por narcotráfico más severas. En un primer momento, Vega, quien había retornado al ejercicio de la abogacía, se hizo cargo de su defensa. Tal como el mismo Aliaga ha confesado al autor de este artículo, César Vega lo visitó en su celda de Lurigancho en 1996 en más de una ocasión.

“A nivel policial estuvo César Vega. Posteriormente se hizo cargo Adriana Meza Ibáñez y en la etapa del juicio oral estuvo Daniel López”, recuerda Julio Aliaga. La abogada Adriana Meza es, como el mismo magistrado señaló en una entrevista con un periodista, “su hermana”. En el expediente de Julio Aliaga aparecen escritos firmados por López y Meza donde señalan como dirección el estudio de Vega en Paseo de la República. Pese a tener una mínima responsabilidad en el hecho denunciado, Julio Aliaga fue condenado a 15 años de prisión con las nuevas leyes contra el narcotráfico impuestas por el gobierno de Fujimori.

Para obtener una reducción de la pena, Isabel Tupiño y Froilán Aliaga hipotecaron la propiedad de Alonso de Molina 840, en Monterrico, una de las casas adquiridas con el dinero que enviaba periódicamente Marco Aliaga desde Colombia. Según la familia Aliaga, su madre, Isabel, recurrió nuevamente a Vega, quien entonces se desempeñaba como vocal en una de las salas penales.

Cuenta la familia que, pese a las promesas y el desembolso económico realizado por los padres, que a la postre les costó la pérdida de su residencia en Monterrico. Julio Aliaga siguió en prisión por unos años más.

Asesoría para recuperarlas

Si algo caracteriza a los Tupiño García, involucrados en casos por narcotráfico en los años 80 y 90, es su absoluta discreción. Salvo excepciones, los hermanos no tienen teléfonos asignados a su nombre, ni aparecen como propietarios de bienes, aunque sí los tienen. Por recomendación de sus asesores, los bienes fueron colocados a nombre de terceros o de amigos, con el objetivo de que no sean detectados por las autoridades que los investigaban y porque eran recurrentemente extorsionados por agentes de la llamada Pantera Rosa, como denominaban, por su color, al local donde funcionaba la División Antidrogas de la PIP. 

Con el transcurso de los años, y luego de que los problemas judiciales cesaran, comenzaron a tomar posesión de ellas y a registrarlas, no sin ciertos problemas. Elí Tupiño debió apelar a la vía judicial para expulsar a posesionarios de dos casas. Para ello retomó el discreto apoyo legal de Vega para poder recuperar la casa de José de la Torre Ugarte 124, en Comas, adquirida a fines de 1979, pero puesta a nombre de la familia Schaus, sus amigos.

En los años 80, los padres de su esposa, Nelly Silva Hidalgo, quedaron a cargo del cuidado del inmueble, pero en 1996, terminado el vínculo matrimonial, Elí exige la desocupación. Elí Tupiño no aparece como demandante. Por eso, en enero de 1997 apela a Rosa de Andaluz viuda de Schaus, la cual entrega un poder al abogado César Vega para iniciar acción judicial de desalojo, tal como figura en registros públicos de Lima.

El proceso favorece inicialmente a la familia de la ex esposa. Sin embargo, la causa se reactiva el 2001. Para ese momento, Víctor Hilario Benítez era el abogado que reemplazaba a Vega, quien había sido reincorporado al Poder Judicial. El nuevo contexto ayudará a que, en el 2007, un juez diligente ordene el desalojo y entregue la casa a los testaferros de Tupiño. A la familia desalojada no le queda duda de que la mano de los amigos de Elí tuvo mucho que ver en el proceso.

La residencia de Moncloa y Covarrubias 2530, que en 1979 fuera adquirida por Martha Vargas Pérez con el apoyo legal de Vega, es aún motivo de un juicio civil en el que el magistrado no parece estar muy aparte. Tras el fallecimiento de Isabel Tupiño, la familia presionó a Martha Vargas Pérez para que haga valer su condición de propietaria. La otra rama de la familia, los Aliaga Tupiño, hijos de Froilán Aliaga Sánchez, se resisten, por lo que entran a un juicio de desalojo que sigue abierto.

Por la parte de la familia figura otra vez Víctor Hilario Benítez, el abogado que actuara en reemplazo de Vega en 1996, para desocupar la casa de Comas perteneciente a Elí Tupiño. El año pasado, el juez que ve el caso ordenó dos desalojos, sin resultados. A la parte demandada no le queda duda de que la familia Tupiño sigue apelando a sus contactos en el Poder Judicial para retirarlos de una casa que habitan desde hace 30 años.

Resulta extraño que el magistrado Vega no recuerde la amistad con los Tupiño. Cuando fue entrevistado por el autor de esta nota, dijo recordar vagamente a esas personas. Ante la primera publicación sobre su relación, Vega sí recordó algunos de los Tupiño pero demandó que probaran con documentos que había patrocinado a esta familia. La historia aquí contada demuestra que, en efecto, Vega Vega no fue su abogado en el sentido formal.

La estrecha relación que mantiene el magistrado Vega con personas que fueron investigadas y procesadas por narcotráfico es descrita por un viejo abogado, testigo de esas andanzas: “Yo puedo defender al asesino del Papa, hasta a un ‘narco’, pero no me puedo meter en sus asuntos personales ni en sus finanzas. El abogado tiene la libertad hasta un límite, pero le tenían tanta confianza, le regalaban casas, terrenos”. Sin embargo, Vega dice que fue uno de los cientos de casos que tuvo.

Durante inicios y mediados de la década de 1980, opositores al APRA y al régimen aprista sugirieron sin mayor prueba un estrecho vínculo entre sus dirigentes y la familia Tupiño, envueltos en varias investigaciones y procesos por tráfico de drogas.

Con el afán de descalificarlos, señalaron incluso que la familia había apoyado económicamente la campaña del candidato Armando Villanueva del Campo en 1980. Las acusaciones se extendieron al joven político Alan García, quien por entonces asomaba como líder histórico del partido de la estrella en reemplazo del fallecido Haya de la Torre.

Medios de prensa afirmaron que los hermanos Tupiño habían sido defendidos por García cuando éste manejaba casos colectivos con el doctor César Vega en el jirón Carabaya 1180, a fines de los años 70. 

Todo empezó con una información sin confirmar de la revista Caretas del 21 de enero de 1980. La breve nota, titulada “Níveos contrastes”, indicaba que “la Comisión de Disciplina del PAP estudiaba seriamente la posibilidad de sancionar al ex constituyente Alan García por la defensa de un narcotraficante por parte de su estudio de abogados”, y por “haber avalado las pretensiones” de éste para lograr “una precandidatura a una diputación”.

El personaje al que aludía la revista era David Tupiño, detenido e investigado junto con sus hermanos Elí y Amer por la droga y la avioneta halladas en el fundo familiar, en el Boquerón de Padre Abad, el 8 de septiembre de 1979. A este señalamiento se sumó la revista Marka, que incluso agregó que “los Tupiño, armandistas [por Armando Villanueva del Campo, el candidato aprista en las elecciones de 1980] hasta la médula”, eran defendidos con vehemencia por García en juzgados civiles.

David Tupiño y García, quien por entonces era secretario nacional de Organización del APRA y jefe de la campaña presidencial de su partido, enviaron cartas a la revista Caretas para negar todo lo dicho por la publicación sobre la relación entre ambos.

El político García escribió aquella vez: “Más allá de la libertad profesional, por mi reputación, por mi conducta política y en homenaje a mi pobreza no patrocino ni patrocinaré defensas en casos como el de Tráfico de Drogas. No conozco a la persona a la que se menciona. Y no ha existido precandidato con ese nombre en las elecciones internas de mi Partido”.

David Tupiño señaló a su vez: “No tengo filiación política alguna, no soy aprista… la maniobra con la que se pretende empañar la honorabilidad del Dr. García responde a una orquestada campaña de un tenebroso personaje que responde al nombre de Ernesto Delhonte López”.

El abogado Ernesto Delhonte patrocinaba a la familia de René Tupiño —muerto por agentes de la PIP en El Boquerón de Padre Abad— en un juicio civil por soles y en un embargo entablado a Froilán Aliaga Sánchez y Audencio Tupiño, cuya defensa corría justamente a cargo de César Vega, socio de Alan García en el bufete.

García negó con firmeza la relación que le atribuían con la familia Tupiño. Años después, en 1991, confesó ante los integrantes de la comisión investigadora del Congreso que lo indagaba por un inexplicable incremento de su patrimonio entre los años 1979 y 1985 —cinco casas adquiridas entre 1980 y 1984—, que le “costó mucha saliva y tinta” aclarar que nunca “defendió a un narcotraficante”.

Más allá de las rivalidades y gestos políticos, la historia que circuló por esos años, en el fondo, sí tuvo sustento. Documentos públicos confirman que conocidos dirigentes del APRA mantuvieron estrechas relaciones con los Tupiño.

Una escritura pública rescatada de los vetustos anaqueles del Archivo General de la Nación revela que el 16 marzo de 1981, dos de los hermanos Tupiño García, Eva y Elí, constituyeron una sociedad llamada Pesquera Mariscos del Sur, bautizada también como Marisursa. Según la escritura que da cuenta de la constitución de la sociedad, Marisursa se dedicaría a la “siembra, extracción y recolección, transformación y comercialización de
productos hidrobiológicos principalmente a base de mariscos, crustáceos y otras especies que acuerde el directorio”.

En ese primer Directorio no aparecían solo los hermanos Tupiño García. Los otros directivos de Marisursa eran personas que se convertirían en importantes funcionarios del primer gobierno de Alan García y del Partido Aprista Peruano, como Juan Francisco Pásara Gonzales, un ingeniero que durante el primer gobierno de García se convertiría en presidente del Consejo Directivo del Instituto Tecnológico Pesquero, y, durante la segunda gestión de García, en gerente general de la Beneficencia de Lima. Se le recuerda también porque como funcionario promovió activamente la venta de pescado congelado en los mercados de Lima.

Como directivo también figura Manuel Casalino Grieve, responsable del Plan de Gobierno aprista durante la campaña electoral del 2006 y amigo entrañable del ex mandatario. Aparece también como fundador de la empresa Froilán Aliaga Sánchez, padre de Marcos Aliaga, que escapara a plena luz del día del penal de Cachiche y se convertiría en un importante empleado del cártel de Cali. Aun así, Elí Tupiño García sería el presidente y principal aportante económico de Marisursa, como indican los documentos públicos.

Por esos años y los siguientes, Elí Tupiño García no resolvía aún sus problemas con la justicia. Era requerido por diversos juzgados de Pucallpa, Iquitos y Huánuco. Junto con su sobrino Marcos Aliaga Tupiño, la Dirección de Investigaciones de Tráfico Ilícito de Drogas los consideraba personajes con un historial delictivo. Elí Tupiño es una persona misteriosa, inubicable. Tiene viajes no oficiales a Colombia y fue detenido en Tabatinga a mediados de los años ochenta pero liberado posteriormente. Su exclusión de un proceso por narcotráfico provocó la separación de un vocal y un fiscal.

El hermano

En octubre de 1983, en una nueva sesión del Directorio, se integra a Marisursa, como vicepresidente, Carlos García Pérez, hermano mayor del entonces candidato a la Presidencia de la República, Alan García. Con este nuevo acuerdo de Directorio Elí Tupiño se mantendría como Presidente de Marisursa. Solo el hermano del ex mandatario ocuparía un cargo cercano a Elí.

Casi dos años después, en mayo de 1985, otro aprista se incorpora al Directorio de Marisursa: Agustín Mantilla Campos, entonces secretario privado de Alan García pero que después ocuparía cargos claves dentro del gobierno aprista.

El abogado que elabora y autoriza la minuta de constitución de la empresa en 1981 era nada menos que César Vega Vega, quien en ese entonces ya había ingresado al Poder Judicial. Sin embargo, Vega no recuerda a los Tupiño y, menos, haberlos asesorado.

Misteriosa sociedad pesquera

Marisursa inició operaciones muy discretamente. Durante los primeros años de funcionamiento tampoco dio mayores señales de su existencia. El nombre de la empresa está ausente de las Páginas Amarillas de la desaparecida Compañía Peruana de Teléfonos. Solo en la edición de Páginas Blancas del año 1986 aparece, adjunto al nombre de Marisursa, un número de teléfono, y, como dirección, la calle Schell 343, en Miraflores. No existe ninguna mención a la actividad a la que se dedica; como si los directivos no tuvieran mucho interés en promocionar la empresa.

En la documentación del Ministerio de Pesquería, que hora reposa en los archivos del Ministerio de la Producción, no aparece expediente alguno que registre la existencia de dicha sociedad. No aparece tampoco registrada en la base de datos del Sistema de Información Pesquera. Los funcionarios del Ministerio de la Producción consultados indican que “no está dentro de las empresas congeladoras y otras que tienen Licencia de Operación. Tampoco se encuentra en los registros de la Sunat”.

Marisursa solo aparece mencionada en tres resoluciones emitidas por el entonces Ministerio de Pesquería. La primera es la resolución directoral 391 del 18 de agosto de 1989, donde el gobierno aclara que otorga “una concesión y no un permiso a Pesquera Mariscos del Sur, para que se dedique a la transformación de productos hidrobiológicos para el consumo humano directo y su almacenamiento industrial, ubicado en el distrito de San Andrés, provincia de Pisco, departamento de Ica”.

En la resolución de Pesquería se señala que “el almacenamiento contará con una capacidad de producción de 10.5 toneladas por día y 27 toneladas de almacenamiento”. Una segunda resolución directoral, la 021, del 17 de abril de 1996, declara la caducidad de los derechos otorgados a 31 empresas pesqueras, entre ellas Marisursa por “no haber cumplido con solicitar su regularización al ordenamiento jurídico vigente”.

Socios y amigos

Se sabe que algunos de los socios de Elí Tupiño García, como el ingeniero Francisco Pásara y Agustín Mantilla, estuvieron ligados al sector pesquero previamente, por lo que se entiende su incursión en un negocio al mismo tiempo que realizaban una función pública. Pese a ello, la relación de estos políticos con un personaje cuestionado no es explicada debidamente.

En las investigaciones del Congreso a Agustín Mantilla por sus presuntos vínculos con el narcotráfico y las millonarias cuentas halladas en un banco de los Estados Unidos, el ex ministro aprista obvió mencionar que como socio de Pesquera Mariscos del Sur tuvo ingresos por renta neta de cuarta categoría entre 1987 y 1989. Mantilla respondió con un lacónico “no” cuando fue preguntado por el presidente de la comisión congresal, Ernesto Herrera, si era o fue accionista de alguna empresa en los años 80.

Las relaciones

Varias fuentes consultadas cercanas a la familia coinciden en señalar que los Tupiño García se jactaban de tener buenas relaciones con varios personajes de la política y la Policía. A las casas de los Tupiño en Moncloa y Covarrubias 2530, en el Cercado de Lima, y Saint Sáenz 600, en San Borja, llegaban oficiales de la desaparecida Policía de Investigaciones del Perú (PIP), así como abogados y dirigentes ligados al Partido Aprista.

Desde la casa de Moncloa salían los carros que eran prestados por la familia para apoyar al partido en las elecciones presidenciales de 1980, según cuenta la propia familia Tupiño. “Las hijas de Isabel Tupiño salían con banderitas y gritaban la frase de la época en forma repetitiva: ‘El APRA nunca muere’”.

Las versiones de testigos señalan que entonces César Vega asistía a las reuniones familiares organizadas por Isabel Tupiño García, la hermana mayor. Incluso iba acompañado de su escolta, con el que contaba debido a su investidura como magistrado. El doctor Alan García y su familia también visitaron la casa de Moncloa y Covarrubias en más de una oportunidad. “Isabel Tupiño y Froilán Aliaga le tenían mucho cariño al doctor”, recuerda claramente uno de los sobrinos. “Causaba gracia cuando llegaba con su viejo Volvo: era muy grande para el carro.”

También frecuentaba la casa de los Tupiño, a inicios de los años 80, el oficial Fernando Reyes Roca, quien llegaría a ser teniente general de la Policía Técnica y director de la Dincote durante la gestión de Mantilla como ministro del Interior.

En los años 70, el hermano del general, Víctor Reyes Roca, fue alcalde de Naranjillo, Tingo María, la tierra de los Tupiño. Incluso se casaría con Julia García, tía de los Tupiño García. Es innegable que la familia de Tingo María tuvo alguna importancia para varios miembros del APRA en algún momento.

Algunos de los Tupiño, como David y Amer, fueron antiguos simpatizantes y militantes del partido. Es conocido en Naranjillo, Tingo María, que el Comité Local aprista de ese distrito estuvo integrado en un momento por los Tupiño. Lo que no se entiende y despierta suspicacias es por qué todos niegan hablar de esta relación a todas luces estrecha. A inicios de los años 90 la familia deja de ser acosada por la Policía Antidrogas y por el Poder Judicial por razones que se ignoran. Algunos de ellos murieron asesinados en Colombia o los Estados Unidos. Otros se encuentran aún en prisión. Y otros más mantienen un perfil bajo. Ahora que se han ido los viejos tiempos, ya nadie los recuerda ni los quieren recordar.

*Una primera versión corta de esta investigación fue publicada en el diario La República.

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