EDITORIAL
Diario La República 1 agosto 2013
El presidente del Consejo de Ministros ha
informado que el gobierno ha iniciado más de 500 investigaciones y procesos
judiciales vinculados a la corrupción en el periodo 2006-2011, los mismos que
suman más de S/. 1.400 millones. Esta información ha sido brindada en el
contexto de la confrontación política y se espera respuestas y precisiones. Sin
embargo, las cifras globales de procesos y recursos comprometidos son altas y
merecen ser estudiadas al detalle.
En el actual gobierno se han realizado arreglos
institucionales para la lucha contra la corrupción que merecen reconocerse,
entre ellos el fortalecimiento de las procuradurías. No obstante, no es posible
afirmar que el país haya podido dotarse de una política pública anticorrupción
en un sentido amplio que abarca junto a la formulación el financiamiento, el
marco legal, las instituciones y la ejecución transversal. En el mejor de los
casos se puede señalar que esta política atraviesa un complejo y doloroso
proceso de construcción.
En esa ruta ha sido fundamental la creación de
la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción durante el anterior gobierno, el punto
más alto del esfuerzo transversal anticorrupción. Se trata más que de una
institución, de un espacio público y privado que tiene por objeto articular
esfuerzos, coordinar acciones y proponer políticas de mediano y largo plazo
dirigidas a prevenir y combatir la corrupción en el país. Creada, por un
decreto supremo, la llamada CAN-Anticorrupción fue elevada de rango mediante la
Ley N° 29976 en enero de este año y opera a través de un Plan Nacional de Lucha
Contra la Corrupción 2012-2016.
Hasta allí las cosas van bien, en términos
formales; la CAN-Anticorrupción ha llevado a cabo 16 sesiones con poco eco más
allá de sus labores cotidianas, atravesando el mismo síndrome del Acuerdo
Nacional, es decir el abandono de la mayoría de instituciones del Estado que se
resisten a organizar sus trabajos bajo una visión de cooperación. En los
últimos meses, la Comisión aprobó escasas iniciativas, entre ellas el impulso
de los proyectos-ley sobre conflicto de intereses, la modificación del concepto
penal de funcionario público y la incorporación de la pena de multa en los
delitos de corrupción. Este núcleo de trabajo ha podido hacer mucho más, pero
es lo que sus partes quieren que sea. O que no quieren que sea.
Un grupo muy importante de una agenda
anticorrupción se encuentra en los proyectos de ley que el Congreso debate con
desgano, entre ellos la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción que ya
ha cumplido dos años atrapado en el Congreso. Formará parte de ese paquete
legislativo la propuesta de muerte civil para los deudores de la reparación
civil en casos de corrupción, anunciada por el presidente de la República. Sin
embargo, las leyes tienen un límite cuando son enfocadas como sustitutas de
estrategias integrales o cuando no son acompañadas de cambios estructurales.
La transparencia de la lucha contra la
corrupción es una receta que también vale para los hacedores de políticas para
combatir el delito. Por ejemplo, sería conveniente que se conozcan al detalle
los 500 casos bajo investigación y que se pase a los cambios de Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley N° 27806, revelada como
insuficiente por las fórmulas que usan las instituciones para burlar su
contenido. En ese sentido, llama la atención la demora en la tramitación
del proyecto de ley de la Defensoría del Pueblo para crear una Autoridad de
Cumplimiento, que resuelva las controversias en materia de acceso a la
información pública y la falta de diligencia en los cambios a la Ley N° 27806.
No hay comentarios:
Publicar un comentario