Ideele Revista Nº 238
En Bagua Chica, una ciudad
asfixiante, desordenada y terrosa, se va a iniciar el juicio más esperado por
los indígenas del Perú. Se agolpan en la memoria las imágenes de muchos
acusados famosos clamando por su inocencia durante las audiencias. Las más
recientes son las de Fujimori, que sintetizó su mentirosa desesperación en ese
grito agudo: ‘Soy inocente’. El 14 de mayo esta frase cobrará real validez.
Porque los 53 inculpados en el
juicio “Curva del Diablo” son inocentes. Hasta ahora se les ha presentado como
una turba organizada que atacó, emboscó y asesinó a los policías en la parte
alta del cerro de la Curva del Diablo, o como descendientes de los jíbaros
reductores de cabezas, que por tradición ancestral están preparados para la
guerra y para quienes matar es una prolongación de la caza.
El 9 de abril de 2009 se
inició el paro amazónico. Indígenas awajun y wampis bloquearon la carretera
Fernando Belaunde para presionar por la derogatoria de 10 decretos legislativos
promulgados por el Ejecutivo que ponían en riesgo sus bosques y su territorio.
No hay que olvidar este hecho, porque ése es el marco del que no se debió
salirel Ministerio Público al momento de realizar su investigación y posterior
acusación, y que ha actuado como si estuviera ante delincuentes comunes que
asaltan un banco o secuestran una 4x4. La protesta social es un derecho
constitucional y no como la tipifica la Fiscalía: delito de motín.
Luego de dos meses, los
manifestantes estaban listos para retirarse del lugar, cuando en la madrugada
del 5 de junio fueron sorprendidos por un grupo de la DINOES que había llegado
a la parte alta del cerro y que, al verlos acercarse, empezaron a dispararles.
Los policías sobrevivientes han declarado que vieron a un grupo con polos
verdes del ejército, armados y con pasamontañas que se les enfrentaron. Los 53
acusados no vestían de esa manera. Tampoco estaban armados.
Soy inocente
Se detuvo a muchos
manifestantes que se habían escondido en las casas de los alrededores. No se
les explicó por qué. Se los llevaron a un local de adobe sin techo y los
retuvieron allí para luego trasladarlos al cuartel El Milagro. La Fiscalía
Superior de Bagua realizó un trabajo apurado, presionada por el gobierno que le
exigía inculpar a los dirigentes y a la mayor cantidad de indígenas para
lavarse las manos y exculparse.
En las 187 páginas del
expediente no hay pruebas suficientes que acrediten los 8 delitos que se les
imputan, y que son de calibre mayor. Se les acusa de homicidio calificado,
arrebato de armas, incineración de lugares públicos, daños agravados contra el
patrimonio, motín.
La mayoría no entendía las
preguntas del interrogatorio, o las entendía a medias. El rebuscado y enredado
lenguaje legal, unido a su conocimiento elemental del castellano, hizo de éste
un típico ejemplo de teléfono malogrado. La obligación de contar con un
intérprete fue obviada. Tampoco se realizó una pericia antropológica necesaria
para entender la cosmovisión, la relación intergrupal y la fidelidad de los
indígenas a ciertas normas y sistemas de vida.
La Fiscalía parte de
demasiadas premisas falsas para sustentar su acusación. Otra, por ejemplo,
señala que los indígenas llegaron a la curva la madrugada del 5 de junio cuando
estuvieron allí varias semanas antes, o que los DINOES solo utilizaron gases
lacrimógenos para desalojar a los manifestantes. Esos dos planteamientos son
suficientes para desacreditar su investigación por falsa e inexacta.
Otro hecho grave es que no se
ha identificado a cada acusado y su respectivo delito,una condición necesaria
para que se cumpla el derecho a la defensa. Por ejemplo, se acusa a 7
dirigentes- Pizango, Shimpukat, Manuin, Timias, Héctor y Ronald Requejo, Chale-
de haber“ instigado” a 44 personas a que incendien la camioneta de la fiscalía
y de los bomberos, a amotinarse, a quemar locales. Eso supone que hubo un
comando indígena que desde la Curva dirigió telepáticamente las acciones violentas
que ocurrían en la ciudad de Bagua. Solo basta revisar las filmaciones
entregadas por algunos pobladores para concluir que fueron espontáneas,
producto del caos y del desorden. En el caso de Alberto Pizango suponen que lo
hizo a control remoto porque él se encontraba en Lima.
El ensañamiento con estos
dirigentes es tal que los acusan de “instigar” a Feliciano Cahuasa y a Ronald
Requejo a que les arrebaten las armas a los 12 policías y después les disparen,
cometiendo el más grave delito tipificado. Esta acusación no resiste el menor
análisis: Santiago Manuin, por ejemplo, fue el primero que cayó herido por las
balas que le dispararon los policías, y habría tenido que desdoblarse mientras
yacía moribundo en una camilla del hospital con el estómago destruido. La
investigación ha sido tan forzada que Cahausa y Requejo aparecen como los súper
Rambos armados hasta los dientes que fueron asesinando uno a uno a los DINOES,
pero cuando se les realizaron pruebas de absorción atómica junto a los más de
40 acusados, éstas resultaron negativas, comprobándose que ellos no dispararon
armas de fuego. En sus manos no se encontró ni plomo ni bario ni antimonio.
Esta es una prueba contundente que lanza al suelo la acusación fiscal y que no
se ha tomado en cuenta. Se acusa de homicidio calificado a personas que no han
disparado. Demasiado cine de acción.
Las penas
Los acusados son 53: 23
indígenas y 30 mestizos. Las penas que se piden para ellos van desde los 6 años
de cárcel hasta la cadena perpetua. Esta última se está pidiendo para los 7
dirigentes acusados por el delito de “instigar” al arrebato de armamento de uso
oficial, y 35 años por “instigar” al homicidio calificado. Para el resto de
manifestantes las penas oscilan entre los 8 y 12 años de cárcel.
Después de cinco años, hay
indígenas que ya se acostumbraron a vivir a salto de mata, escondidos en sus
comunidades, casi sin poder salir.Mientras tanto, dos personas están privadas
de su libertad. Feliciano Cahuasa está en el penal de Huancas en Chachapoyas
acusado por delitos en la Curva del Diablo y por el supuesto homicidio del
mayor Bazán. El frío le congela los huesos. Danny López está con arresto
domiciliario en Bagua. Su familia lo acompaña, pero no puede salir ni a la
esquina. Hay otros cuatro con orden de captura. La mayoría está libre pero
deben estar siempre pendientes, acercarse a la ciudad cada vez que los
notifiquen. Otros deben firmar cada mes en el juzgado.
Se ha llegado por fin a un
momento decisivo. Las instituciones que llevan los juicios son: la Comisión
Episcopal de Acción Social (CEAS) y la Vicaría de Jaén (29 patrocinados), el
Instituto de Defensa Legal (3 patrocinados), AIDESEP (1 patrocinado), un
abogado particular (2 patrocinados) y la Defensoría de oficio (17
patrocinados). Los abogados calculan que el proceso puede durar de dos a tres
años, y no los ocho meses que en un principio se ha estimado.
La duración del juicio
dependerá de factores como la frecuencia y duración de las sesiones, la carga
procesal de la sala penal que no estará dedicada en exclusivo a este proceso,
la efectividad en el envío de las notificaciones por el río que suelen llegar
demasiado tarde a las comunidades, y el compromiso de los testigos y peritos
que deben estar presentes cada vez que se les cite.
Los involucrados en este
juicio viven en economías de subsistencia, y no cuentan con los medios para
afrontar los gastos de este proceso. Ante esto los abogados han pedido al Poder
Judicial que los procesados no tengan que estar presentes en todas las
audiencias y que puedan representarlos. Por el lado logístico afortunadamente
cuentan con el apoyo de instituciones como la Iglesia católica que es fuerte en
la zona, y que ya organizó la olla común y el alojamiento.
No estamos ante un juicio más.
Es histórico y emblemático. Intereses poderosos están en juego. Otro pedido de
la defensa es que se autorice la presencia de veedores internacionales, y que
la justicia se adecúe a las particularidades culturales de los implicados,
enmarcándose dentro de los principios de la justicia intercultural.
Se trata del más largo, candente y sofocante
procesoque subirá en varios grados la temperatura en la Amazonía peruana.
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