El 9 de abril el Gobierno
anunció un golpe demoledor y definitivo al terrorismo en el país, luego de
detener a 24 personas que no estaban realizando actos terroristas ni planeaban
hacerlos.
En efecto, el Movadef nunca ha
sido acusado de haber realizado ningún atentado terrorista. Tampoco la Policía
le ha encontrado armas, explosivos o campos de entrenamiento para realizar
acciones armadas. El Movadef no ha realizado ni realiza propaganda a favor de
la lucha armada o la violencia revolucionaria.
Es un grupo que aplica la
nueva estrategia de Abimael Guzmán, expresada públicamente en 1993 y ratificada
varias veces después: la guerra terminó, fueron derrotados y ahora hay que
buscar soluciones políticas. Actualmente están dedicados a hacer propaganda a
favor de la amnistía para sus líderes y a tratar de conseguir la inscripción
legal de su movimiento para participar en elecciones. Son repudiados y
repudiables, pero no terroristas.
No se necesitan dos años de
investigación ni 300 policías y 47 fiscales y abogados dedicados a eso —como
dijo el presidente Ollanta Humala desde Canadá— para llegar a esa conclusión.
Tampoco para detener a decenas
de dirigentes del Movadef —varios de la tercera edad— que no estaban en la
clandestinidad sino haciendo vida pública, con direcciones conocidas.
La acusación se basa en
declaraciones de arrepentidos, algunas de las cuales se han demostrado falsas.
Por ejemplo, como ha verificado IDL-Reporteros, la reunión entre Alfredo Crespo
y Artemio el 14 de abril del 2008 en el Alto Huallaga, en la que Crespo
supuestamente dijo “hay que liberar a los camaradas para que la lucha armada no
caiga”, nunca se realizó. En esa fecha Crespo estaba en la Base Naval visitando
a Guzmán. El otro abogado y dirigente del Movadef, Manuel Fajardo, tampoco
estuvo en Tingo María en esa oportunidad.
Es más: desde principios del
2013 la Policía sabía que esa versión del arrepentido era falsa, y un informe
de Dircote enviado al ministro del Interior y los mandos policiales así lo
confirmaba.
Sin embargo, un año después el
Mininter filtró a sabiendas esa falsa información a los medios para apoyar y
sustentar la denuncia del Gobierno.
La versión del medio millón de
soles proveniente del narcotráfico que supuestamente entregó Artemio al Movadef
se basa en una suposición con muy poco asidero. Según el semanario Hildebrandt
en sus Trece, un contador de la Policía calculó que eso es lo que habría
gastado el Movadef para intentar su inscripción, y luego deduce que el dinero
proviene del narcotráfico. Ambos supuestos sin prueba alguna.
Aún más: toda la acusación se
basa en hechos presuntamente ocurridos hace seis u ocho años. Artemio fue
detenido en febrero del 2012 y en ese momento su banda ya estaba agonizando.
Que existe una relación
directa entre Guzmán y Crespo es algo obvio y no se requiere dos años de
investigación e inmensos recursos para demostrarlo. Como no se requiere una
gran pesquisa para saber que el abogado de Alberto Fujimori, William Castillo,
está tratando de crear un movimiento —ya compró el kit electoral— para abogar
por el indulto de su defendido. El tema es que eso no es un delito, como
afirman Humala, el ministro Walter Albán y el Gobierno.
Esto abona la idea de que se
trata de una maniobra política del Gobierno destinada a mostrar a la ciudadanía
que hace algo por la seguridad y cubrir su rotundo fracaso en la lucha contra
la delincuencia
Desde Canadá Humala se dio
tiempo para anunciar el gran éxito: los del Movadef “fueron capturados en la
operación Perseo 2014 por ser presuntos autores de los delitos de terrorismo y
financiamiento al terrorismo con dinero proveniente del narcotráfico”. Pero,
como ya es indudable ahora, hasta hoy no hay ninguna evidencia de ninguno de
esos delitos.
El periodista Pedro Tenorio ha
revelado que en octubre del 2013 las más altas autoridades del Mininter dijeron
confidencialmente que ya tenían todo listo para dar un gran golpe contra el
Movadef. Probablemente era cierto. Tenían preparada la operación propagandística
para hacerla pública cuando creyeran que la necesitaban.
“Esto abona la idea
de que se trata de una maniobra política del Gobierno destinada a mostrar a la
ciudadanía que hace algo por la seguridad y cubrir su rotundo fracaso en la
lucha contra la delincuencia”
Con la ayuda de los medios,
han tenido relativo éxito: el 77% de los que conocen el asunto (que son el 65%
del total) aprueba la detención de los dirigentes del Movadef, según la
encuesta de Ipsos de abril.
Han repetido la experiencia
del operativo “Bokassa 2012”, cuando anunciaron que habían descubierto a
“narcoterroristas” que lavaron 100 millones de soles de los senderistas del
VRAE. El ministro del Interior de aquel entonces recorrió las propiedades
incautadas en el sur chico. Tuvieron primeras planas durante una semana. El
presidente Humala mencionó la operación en su mensaje del 28 de julio de ese
año como una muestra de los avances de su Gobierno en la lucha contra el
terrorismo.
Dos años después, todos los
capturados están libres. Jamás se demostró su relación con los senderistas del
VRAE. Pero sirvió para el propósito propagandístico del Gobierno en ese
momento. Los medios que le dieron cobertura nunca se ocuparon de rectificar las
mentiras oficiales.
Finalmente, es triste que un
ministro como Walter Albán, que adquirió prestigio en la Defensoría del Pueblo
como sostenedor de los derechos de los ciudadanos y garante de la justicia y la
legalidad, hoy se preste a una artimaña burda con el único propósito de tratar
de levantar la alicaída popularidad de su jefe, en lugar de dedicar sus
energías a luchar contra los verdaderos enemigos, la delincuencia y los
remanentes terroristas del ahora VRAEM.
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