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| Economista, Jorge Manco Zaconetti |
ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador
Universidad Nacional Mayor San Marcos)
Todos los 9 de Octubre se conmemora un aniversario
más en la partida de nacimiento de Petróleos del Perú S.A. la empresa más
importante de la economía peruana tanto por los ingresos generados como por el
abastecimiento seguro y oportuno de combustibles a lo largo y ancho del país,
donde necesariamente no llega la competencia sea Repsol/YPPF y/o Pluspetrol
empresa vinculada a la transnacional española. Todo ello a pesar de no producir
un barril de crudo ni una molécula de gas natural ni envasar un balón de gas
licuado de petróleo (GLP)
Por tanto, cabe preguntarse puede ser considerada
acaso una empresa petrolera aquella que no produce o extrae un barril de crudo
por un lado y por el otro, que no tiene “bocas de salidas” para la venta al
público a través de estaciones de servicios (grifos) de los combustibles que
procesa. Evidentemente la respuesta es negativa. En tal sentido, la
racionalidad técnico/económico impone la integración vertical de sus
operaciones, entre la producción, refino, distribución y comercialización de
combustibles.
La presencia de PetroPerú es motivo de
controversia, a pesar de la simpatía e identificación de las mayorías
nacionales con la petrolera estatal. Por ello, a pesar de sus debilidades
internas, de las limitaciones que le impone un modelo económico que restringe
sus actividades al rol subsidiario, a la castración de sus ingresos por parte
del ministerio de Economía y Finanzas, a los múltiples usos de los gobiernos de
turno, desde una política indiscriminada de subsidios (1985/1990) a un
descuartizamiento de sus activos y filiales por medio de la privatización,
PetroPerú, constituye un baluarte de la peruanidad. Es más, por estrictas
razones de servicio al interés público, la petrolera estatal debe ser
fortalecida y modernizada
En tal sentido, el compromiso de este gobierno
tanto en su plataforma programática de la “Gran Transformación” como de la
“Hoja de Ruta”, pasaba por el necesario fortalecimiento de la petrolera estatal
que se desdice con la práctica y el discurso de los principales hacedores de la
política energética, sea el ministro de Economía y Finanzas, el ministro de
Energía y Minas como la responsable de Perúpetro, al margen de la soledad,
indecisiones y buenas intenciones del representante de PetroPerú.
Por ello, sirvan estas líneas para mi homenaje a
todos los que hacen e hicieron posible la realidad de PetroPerú. Me refiero no
solamente a los militares nacionalistas representados por el General Juan
Velasco Alvarado que sintetizó una vieja aspiración nacional en la recuperación
de los campos petroleros a manos de IPC, sino a todos los que desde los años
treinta del siglo pasado lucharon por el derecho que sean los peruanos los que
decidan los destinos y gocen de los beneficios de la explotación de los hidrocarburos,
al servicio de millones de peruanos generando competitividad a la industria
nacional.
SOBRE LAS EXPECTATIVAS
El camino al infierno está preñado de buenas
intenciones señala un refrán popular. Por ello, las declaraciones de los
máximos hacedores de la política energética apuntan a promover la presencia de
PetroPerú en más de 35 lotes de hidrocarburos próximos a licitar en una campaña
de promoción de las inversiones de riesgo.
En verdad, resultan laudables las intenciones de
Perúpetro de condicionar la participación de PetroPerú como socio minoritario
con una participación mínima de 25% a una máxima de 49%. Si al mismo tiempo el
organismo promotor de las inversiones y encargado de supervisar los contratos
de hidrocarburos pretende superar el abono de regalías, que en las últimas
licitaciones han promediado una tasa de 26%.
Estos contratos de asociación, más conocido como
“joint ventures” tienen múltiples fórmulas y constituyen viejas prácticas en el
negocio petrolero, y aparentemente serían favorables al Estado peruano y por
tanto a PetroPerú, como afirman las más altas autoridades del sector.
Lamentablemente no comparto tales expectativas,
pues si se exige una participación minoritaria de PetroPerú del 25%, las más
altas regalías, los mayores compromisos de inversión más el pago del 30% por
concepto de impuesto a la renta, esta figura no resiste el mayor análisis
económico, y en lugar de alentar la inversión de riesgo, que requiere el país,
se terminará por el contrario desalentando el capital de riesgo, máximo cuando
se requiere perforar no menos de 15 pozos de exploración para encontrar un pozo
económicamente rentable.
En verdad, estas propuestas a mi real entender
constituyen un distractor de la opinión pública y del interés nacional en
relación a los contratos de hidrocarburos próximos a su vencimiento entre los
años 2013 al 2015, tales como los contratos de los lotes II, III y IV, VI y VII
y sobre todo el lote 1-AB, todos con reservas probadas, y probables de
hidrocarburos que superan los 310 millones de barriles.
De allí nuestra posición directa, sin medias
tintas, transparente, respetuosa de los contratos y las leyes. Estas reservas
de hidrocarburos deben ser asignadas directamente a PetroPerú, en el marco de
la ley de fortalecimiento y modernización, y debiera ser la petrolera estatal
la que evalúe su asociación con operadores privados, y la modalidad de
contratación en función de las características de cada contrato, regalías
comprometidas y lote de explotación, que insisto tienen reservas probadas y
probables donde el riesgo es mínimo.
Así, será PetroPerú la que debiera analizar la
conveniencia de la explotación directa o en participación en aquellos lotes con
una producción de 600 barriles diarios y tasas de regalías de 52%, con compromisos
de inversión en los llamados lotes marginales que alguna vez fueron parte de
sus activos.
Lo cierto es que PetroPerú no puede ser socio
minoritario en las reservas probadas y probables que le pertenecen o son
patrimonio de la Nación, y que evidentemente constituyen un negocio atractivo y
rentable en su explotación, como sería el caso del lote 1-AB, el más importante
de todos los contratos próximos a su vencimiento, en cuanto a los volúmenes de
reservas probadas y probables, con más de 259 millones de barriles al 2011.
Por ello, resulta inaceptable promover la
participación minoritaria en lotes con reservas probadas de hidrocarburos que
tienen un valor económico, sujeto a crédito internacional por cualquier entidad
financiera, y que resultan fundamentales para que la petrolera estatal pueda
financiar en el largo plazo la modernización de su activo más importante la
Refinería de Talara, cuyo costo final superará los 2,500 millones de dólares.
En tal sentido, los promotores de la fórmula en
PerúPetro bajo inspiración y presión de los titulares del ministerio de Energía
y Minas, que propone la participación mínima de PetroPerú del 25% en los
contratos de los lotes próximos a licitar, con las mismas tasas y/o mayores
tasas de regalías, máximos compromisos de inversión más las actividades propias
de la consulta previa, debieran explicar los resultados del DS 017-2003 norma
que promueve la inversión exploratoria de riesgo en nuestro país.
Así, desde la vigencia del DS 017 en los inicios
del gobierno del Presidente Alejandro Toledo, se han firmado más de 50
contratos de hidrocarburos con tasas mínimas de regalías del 5% que podrían
llegar al 20% siempre y cuando la producción supere los 100 mil barriles
diarios de hidrocarburos o su equivalente en gas natural. Por tanto, a pesar de
los atractivos de la norma para promover la inversión de riesgo no se han
obtenido los resultados esperados.
Por ello, resulta un contrasentido económico o
mejor aún un interesado distractor la propuesta de Perúpetro de condicionar la
participación mínima del 25% de PetroPerú en todos los contratos de
hidrocarburos, tengan reservas probadas o por descubrir, exigiendo el máximo en
las tasas de regalías y los compromisos de inversión. En fin, de este gobierno
se puede esperar cualquier sorpresa en cuanto al uso y abuso de PetroPerú en
una serie de aventuras empresariales sin racionalidad económica.
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