Este 5 de
junio se cumplen cuatro años de los trágicos sucesos de Bagua en los que
perdieron la vida 33 personas y una nunca apareció. A la fecha no se han
determinado las responsabilidades correspondientes y las causas que llevaron al
estallido del conflicto siguen vigente. Por ello, el Grupo de Trabajo sobre
Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, considera
necesario señalar:
1.
Los sucesos de Bagua del 5 de junio del 2009 constituyen uno de los episodios
más violentos de los últimos años, en el que se reprimió a los pueblos
indígenas amazónicos con un saldo trágico de 33 muertos, un desaparecido
y decenas de heridos.
2.
Es lamentable que los procesos judiciales abiertos tras dichos sucesos no hayan
permitido a la fecha establecer las responsabilidades penales de los
funcionarios que dieron la orden de reprimir así como de quienes respondieron
excesivamente.
3.
Los episodios de Bagua deben encuadrase dentro del conflicto histórico
existente entre el Estado y los pueblos indígenas que ha atravesado diversas
etapas y que no ha podido resolverse debido la incapacidad de la sociedad
dominante para asumir que somos un país multicultural donde los pueblos y
comunidades indígenas tienen todo el derecho de participar y ser
protagonistas de su desarrollo.
4.
Lamentamos que las razones que llevaron a los pueblos amazónicos a protestar
contra la política del “perro del hortelano” en el año 2009 sigan vigentes. El
actual Estado, con pocas excepciones, sigue actuando de modo colonialista
tratando de imponer un modelo extractivista que no toma en cuenta las voces y
necesidades de los pueblos en cuyos territorios se ubican los principales
recursos naturales del país.
5.
Una evidencia de ello es la manera como ha querido implementarse la
consulta previa en nuestro país. A pesar que el marco legislativo vigente desde
setiembre del 2011 fue consecuencia de las protestas amazónicas que pedían una
legislación interna que permitiese la aplicación del Convenio 169 de la OIT, lo
realizado hasta la fecha no sólo revela desidia estatal, sino un propósito malsano
de flexibilizar el cumplimiento de estas obligaciones sin importar si esto
viola derechos fundamentales.
6.
Consideramos que mientras el Estado no realice una reforma interna que permita
la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones que les
afecta no podremos cerrar la herida abierta de Bagua y se mantendrá un orden de
cosas injusto, excluyente y marginador de un importante sector de la población
peruana.
7.
Exhortamos a reflexionar críticamente sobre lo que pasó y pensar en cuáles son
las condiciones para evitar que ello vuelva a ocurrir, planteándonos qué
debemos realizar para promover una Democracia Intercultural que tenga a
peruanos y peruanas, indígenas y no indígenas dentro de él.
8.
Expresamos a los pueblos indígenas nuestra voluntad y compromiso para asumir la
deuda histórica que se tiene con ellos y para construir un país de todas las
sangres, en el que los pueblos distintos que lo conforman convivan en paz y en
respeto mutuo.
Prensa y
Difusión - IDL
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