Semanas
atrás se publicó una disposición ministerial que formuló un llamamiento extraordinario
para el servicio militar, (en cumplimiento de la Ley del Servicio Militar N°
29248), y que generó sostenidas críticas referidas a prácticas discriminatorias
sobre las personas que debían realizar el servicio militar. A pesar de
ello, se acaba de publicar el reglamento (Decreto Supremo N° 003-013-DE), que
mantiene tales disposiciones y que ha generado no solo nuevas críticas contra
dicha norma, sino también el anuncio de la Defensoría del Pueblo de la
presentación de una acción de inconstitucionalidad.
Si
bien el Ministerio de Defensa tuvo la oportunidad de implementar los necesarios
correctivos a una norma ampliamente criticada, el contenido del reglamento
muestra que desde ese sector se pretende consolidar el esquema de un servicio
militar que ya dejó de ser voluntario y que ahora ha pasado a ser obligatorio.
La norma profundiza los mecanismos vinculados al sistema de sorteo, así como
las sanciones correspondientes a aquellos sorteados que no se presenten al
servicio militar.
Frente
a ello, el Instituto de Defensa Legal (IDL) considera que diversas
disposiciones de esta norma son inconstitucionales pues vulneran diversos
derechos fundamentales de las personas como el derecho a no ser discriminado y
el derecho a la libertad de elección laboral. En el mismo sentido, las acciones
legales que presente la Defensoría del Pueblo así como otras instituciones,
determinarán que muy pronto el Tribunal Constitucional tenga que pronunciarse
al respecto.
Asimismo,
se debe señalar que el Poder Ejecutivo ha tenido una magnífica oportunidad
política para colocar en el debate la reforma del servicio militar (un asunto
que desde hace varios años se viene planteando), pero pareciera que la
insistencia en uno de los asuntos más cuestionados como las normas
discriminatorias en perjuicio de la población de bajos recursos económicos,
determinará que la casi inmediata implementación de la norma (anunciada por el
Ministro de Defensa Pedro Cateriano), tendrá que lidiar no solo contra la
crítica de casi todos los sectores sino con las acciones legales que se han
anunciado contra dicha norma. Por lo tanto, el panorama para la implementación
de esta reforma se presenta complejo y difícil.
El
IDL está convencido que parte de la solución del problema del Servicio Militar
pasa necesariamente por el desarrollo de un proceso de fortalecimiento del
sistema voluntario. Un gobierno con un marcado discurso de “inclusión social”
tiene la obligación de plantear el desarrollo de diversas políticas públicas
como mejora salarial, capacitación técnica y beneficios educativos, los
cuales hace mucho tiempo se discuten pero, ahora, de manera urgente necesitan
mejores estrategias de difusión e implementación a nivel nacional para lograr
captar la cuota de personal requerida por las instituciones armadas.
A
su vez, considera que no basta que eventualmente el Poder Ejecutivo o el Poder
Legislativo suspendan o eliminen la figura de la multa pero mantengan el
sistema del sorteo, pues eso puede generar mecanismos informales o de
corrupción en las Fuerzas Armadas. Por eso, una medida que contribuiría también
a fortalecer el servicio y la calidad del mismo es la aprobación del reglamento
de la Ley Nº 29417, la cual creaba la “Tropa Especialista”, que se
caracterizaría por ser una tropa profesionalizada con personal reenganchado del
servicio militar para garantizar una mejor operatividad del Ejército que
también se ve afectado por la constante renovación de personal (cada dos años).
Finalmente,
el IDL considera que a ello se debe sumar la implementación y difusión de los
mecanismos que garantizan la protección de los derechos fundamentales del
personal de servicio militar.
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