Hoy en el Perú nadie duda que sea necesario
hacer una transformación radical al sistema universitario. Solo un grupo de
beneficiarios y casta por años en el poder hacen su berrinche de protestas sin
hacer llegar propuestas concretas para superar la crisis de las universidades
del país. Los protestantes se escudan en la defensa de la autonomía
universitaria. Nadie en su sano juicio puede estar en contra de la
autonomía para la calidad y la enseñanza del pensamiento universal. Lo que los
rectores y sus funcionarios no pueden tener es autonomía para gestionar
universidades mediocres y de baja calidad para todos los peruanos, menos
sin acreditación profesional de muchas de sus carreras con catedráticos
que son desaprobados por los propios estudiantes, como sucede en la Universidad
Nacional José Faustino Sánchez Carrión, que mucha gente ligada al poder
corrupto del gobierno anterior se hicieron catedráticos de la noche a la mañana
sin un concurso transparente, plural y democrático.
La casta del poder corrupto y mediocre en las
universidades del país, es con el visto bueno de la Asamblea Nacional de
Rectores, otro nido de corruptos para dejar hacer y dejar pasar la corrupción
académica, administrativa y económica en las universidades del país ¿Por qué
los rectores y la ANR no se movilizan por las calles de Lima por la búsqueda de
una universidad científica, filosófica y política de la sociedad que queremos
construir en el país? Con algunas excepciones casi todas las Universidades
públicas y privadas son tiendas de negocio para entregar títulos dorados sin
valor para resolver los graves problemas de la nación. De las 400 mejores
universidades del mundo ninguna universidad peruana aparece en esta
relación. De las 100 mejores universidades de América Latina tampoco hay
espacio para una universidad del Perú.
Por tanto la crisis de las universidades del
país en particular las públicas están en sus cometidos, metodologías y en sus
saberes que son del siglo pasado. Universidades de bajo nivel académico, sin
proyección social y menos en temas de investigación son una rémora en
decadencia con tanta plata que reciben por las transferencias de los gobiernos
regionales. El Perú necesita un nuevo tipo de universidad de calidad donde
egresen profesionales de primer nivel.
La Iniciativa Legislativa para reformar y
modernizar las universidades que actualmente existe en el Congreso Nacional se
puede mejorar, y de hecho ya existen muchas propuestas de muchos intelectuales.
Creo que hay puntos que se pueden mejorar, pero que es válido en sus puntos
esenciales para no regalar títulos de licenciados, magister y doctores que poco
aportan para el desarrollo del país. Lo que se quiere es que la plata de los
peruanos que manejan las universidades genere desarrollo con resultados
concretos para cada sector económico productivo del país.
Aquello de "a igual trabajo igual
salario", ha dejado de existir en las universidades. El sistema legitima y
oculta las remuneraciones y genera un verdadero mercado de negociación
individual de los ingresos y de las condiciones institucionales del trabajo
académico, produciendo una marcada estratificación de este sector con ingresos
diferenciados para cada categoría. Se trata de un mecanismo perverso que atenta
contra las condiciones requeridas para la docencia y la actividad
investigativa.
Los ingresos de los docentes ya no dependen de
su calidad académica, ni de la importancia científica o social de sus
investigaciones, ni de su preocupación por la docencia de las nuevas
generaciones, sino más bien de su habilidad para presentar papeles de
información requerida en el momento preciso de la autoridad de turno de su
afiliación o simpatía política. La carrera así desatada entre los docentes los
conduce a un esfuerzo burocrático, administrativo, formal, para conseguir
mejorar sus ingreso que cada vez se incrementa por carpeta de papeles y no por
muestras investigativas que no existe en la mayoría de catedráticos de nuestras
universidades en el país.
Esa red mafiosa de contratación y ascenso de los
catedráticos tiene que cambiar, si queremos darle una nueva orientación
científica y académica a la mayoría de universidades que languidecen en su
pobreza institucional por tener rectores autoritarios que llegaron al poder con
triquiñuelas y amarres políticos, más que por sus meritos y capacidades.
Conozco a algunos de ellos que nunca vi dictar una conferencia, escribir un
artículo de actualidad, menos escribir un libro sobre su especialidad.
Este sistema produce una discriminación
pavorosa, un crecimiento del individualismo y la competitividad, el abandono de
la mística docente y de la investigación, el debilitamiento de los sindicatos y
un achatamiento de la actividad comunitaria. Existen algunos docentes en la
cúspide de una escala de privilegios, una casta académica que integra las
comisiones de contratos, adquisiciones, asesorías, jurados, líneas editoriales,
el control de los ascensos y titulación. Aunque en su mayoría se trata de
intelectuales que lograron reconocimiento por su aporte al pensamiento crítico
en el pasado, en la actualidad han abandonado esa función, al menos en muchas
universidades del pais.
Es innegable que Universidad Pública
que se constituye a partir de la Reforma del 1918 no debe ni puede permanecer
tal cual frente a los cambios de la sociedad. Las universidades del Siglo XXI
no pueden estar mirando el espejo retrovisor sino mirando el futuro incierto de
la nación. ¿Pero qué cambios son necesarios? ¿A quienes convienen las que las
Universidades Públicas sean intocables y que todo siga igual en su
fracaso? Las universidades democráticas, gratuitas, con autonomía académica,
han sido sacudidas progresivamente y poco o nada conservan hoy de aquellos
rasgos históricos. Se trata entonces de poner en la agenda el debate
intelectual del sistema universitario, antes que estar recorriendo calles
y avenidas de parte de autoridades que no han tenido tiempo ni capacidad para
hacer una propuesta integral para el sistema universitario.
Lo que hemos visto en los últimos tiempo de las
autoridades universitarias son solo justificaciones para no generar
cambios y transformaciones, y los males son siempre: masificación de
matrículas para tener más alumnos; creciente ineficacia; divorcio respecto de
las necesidades del país, poca "utilidad" del conocimiento producido
(lo que sería la causa de la baja absorción en el mercado laboral de los
egresados); supuesta inexistencia de recursos públicos para destinar a una
actividad de "escaso rendimiento", y carencia de docentes
calificados. Todo esto justificaría reducir la matrícula, cambiar planes de
estudio acortando los de grado y crear posgrados; vincular la Universidad al
mercado como sinónimo de "la sociedad"; "categorizar" y
"actualizar" a los profesores. Las nuevas medidas que se implementan
desde el Congreso Nacional pueden ubicarse en cuatro grandes rubros
vinculados estrechamente entre sí por las consecuencias que provocan:
presupuesto por resultados, autonomía para cultivar el pensamiento universal,
gestión transparente con rendición de cuentas a la comunidad universitaria cada
año fiscal y voto universal para elegir a las autoridades en las universidades.
Todos los años se incrementan los presupuestos
de las universidades del país por dos vías, por el gobierno central y los
propios Gobiernos Regionales de cada región. Pero al mismo tiempo las
universidades se generan ingresos adicionales por las "libertades"
para vender conocimientos, servicios, proyectos, investigaciones, cursos,
títulos, consultorías, etc. en el marco de las políticas de "libertad de
mercado". Se abrió así subrepticiamente la vía "privatizadora"
de la Universidades Públicas, que mercantilizó su actividad aun manteniendo la
apariencia y rasgos estatales. Todo esto estaría bien si se lograran resultados
y rendición de cuentas que no los hay por el manejo millonario en cada año
fiscal. Por tanto hay que ponerles tareas concretas con un nuevo sistema y
estructura funcional de control a las universidades del país. Las universidades
del país están en el Perú, y no son islas para que hagan lo que les viene en
gana con la complacencia de la ANR que lo nombran los propios rectores, es
decir ellos son juez y parte del atraso y corrupción que ha sufrido nuestras
universidades en las últimas décadas.
Estas actividades para el "mercado"
produjeron dos efectos inmediatos. Uno, que se debía producir lo que el mercado
demanda, abandonando las líneas de investigación desde objetivos científicos y
sociales que no coinciden necesariamente con los intereses de quienes pueden
pagar y comprar esos conocimientos. Dos, se empezó a advertir el primer nivel
de discriminación de universidades y facultades según las ofertas más acordes
con el mercado. Además, produjo discriminación al interior del cuerpo docente,
con ingresos diferenciados según los proyectos que lograran venderse.
Las políticas estatales, por su parte,
facilitaron la apertura de universidades privadas como el caso peruano que con
el dictador Alberto Fujimori dio libertad para las malas andanzas para
liberalizar su funcionamiento y entrega de títulos a nombre de la nación,
cuando siquiera representan un titulo a nombre de la región donde radican
filiales y sucursales de universidades que les generan millonarias utilidades
por las cuales sus promotores no pagan un centavo como tributo a la nación.
Al ahogo financiero que condiciona las
actividades académicas, se agregan políticas más específicas que fueron
implementándose en las universidades con distintos ritmos, pero de manera
similar. Categorización de docentes; criterios y cronogramas para la
modificación de planes para acortar las carreras de grado (a las que ya se
llama de pregrado) y generar una masificación de posgrados y maestrías pagos;
comisiones de evaluación de estudiantes, de títulos, de docentes, de
instituciones, etc.
El programa de categorización de docentes está
relacionado con el de incentivos a la investigación. Promete a los docentes un
aumento de su ingreso y -según la categoría que se le asigne- acceder a ciertas
funciones, como jurado de concursos, dirección de becas, de investigaciones y
otros méritos. Las comisiones evaluadoras, que en algunos casos no se conocen,
aplican criterios -pautados por el programa- meramente cuantitativos. Cuántos
libros o artículos publicados; cuántas tesis dirige o a cuántos congresos ha
asistido, etc.
La necesidad de que se amplíe el debate político
para definir "qué universidad queremos de cara a qué país" escasea en
los claustros universitarios. El nivel de pobreza, la miseria campesina, la obsolescencia
de las tecnologías agrícolas e industriales, la problemática ecológica no esta
en la agenda principal de las universidades públicas. Este discurso es poco
relevante en las universidades de hoy. Las universidades defienden y
mantiene la definición política de defender su autonomía para decidir las
líneas de docencia e investigación en relación con las necesidades sociales,
pero es poco lo que hacen en términos de desarrollo para que el país que
necesitamos desarrollar.
Ahora que hay un debate por un nuevo proyecto
universitario de la vida universitaria en el país se hace necesario un
debate político en la universidad: cómo y qué se investigue; qué se
enseñe y cómo se capacite a las generaciones de jóvenes, todo emana de
decisiones políticas. El poder es de los grupos financieros transnacionales, a
través de distintos organismos y herramientas legales facilitadas por los
gobiernos. Así se priva a los pueblos del recurso estratégico de la
investigación tecnológica, científica y social. Desempeñar un papel central en
la formación de excelentes profesionales en cada área y relacionar la
producción de ciencia y tecnología con el conocimiento científico y el
compromiso social, constituye un verdadero desafío para las Universidades
Públicas y Privadas. Se trata de construir y recuperar a las universidades como
institución estratégica al servicio de una sociedad democrática, justa y
solidaria para el desarrollo del país.
(*) Néstor Roque
Solís Profesor Universitario y Consultor Empresarial
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