Diario LA REPÚBLICA
Jueves, 26 de diciembre de 2013 | 7:01 am
Según la ANR, 25 de esos precarios centros de estudios
están en Lima. Algunos se encuentran en esa situación desde hace más de 10
años. Experto del IEP afirma que este problema evidencia el desorden en el que
trabajan estas entidades.
Consuelo Alonzo C.
"Mala
calidad" fue el argumento que más se utilizó en los
últimos meses para criticar a la universidad peruana.
Muchos la defendieron y pidieron que no se meta a todas
las casas de estudios superiores en un mismo saco, pues no todas son iguales,
lo cual es verdad. Según registros de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR),
de las 140
universidades, entre públicas y privadas, que funcionan en el
país, solo 76 son
institucionalizadas.
El resto, es decir, 64 sedes, solo cuentan con una autorización provisional de
funcionamiento otorgado por el Consejo Nacional para la
Autorización de Funcionamiento de Universidades (Conafu). Sin embargo, en el
registro de esta entidad figuran solo 51, e incluso algunas solo cuentan
con Ley de
Creación.
Por tener esta condición, en lugar de un rector, las
dirige el presidente de una comisión organizadora.
Solo en Lima
hay 25 universidades en esa situación, aunque, según el
Conafu, sólo son 19. Entre ellas figuran las universidades Peruana Simón
Bolívar, Nacional Tecnológica del Cono Sur, de Ciencias y Humanidades, Peruana
de Integración Local, Autónoma del Perú, Arzobispo Loayza, Ciencias y Artes de
América Latina, Peruana de Arte Orval, Privada SISE, por mencionar solo
algunas.
A pesar de su condición de provisionalidad, que no garantiza que cuenten con lo
necesario –en infraestructura ni en personal docente
calificado–, igual entregan títulos en nombre de la Nación.
Inclusive, a pesar del tiempo transcurrido, hay
universidades, como la de Desarrollo Andino, la Privada Sergio Bernales y la
Nacional Intercultural de la Amazonía, que no han regularizado su situación y
trabajan con la autorización
"provisional" desde hace más de diez años, sin
que ninguna norma se lo impida.
Muchas universidades, 16 en realidad, fueron creadas por
el Congreso durante
el segundo Gobierno de Alan
García, sin importar si tenían o no recursos, local propio o si
comenzaron sus funciones sobre la filial de otra universidad e institutos que
ya estaban funcionando, como ocurrió con doce casas de estudios superiores, lo
cual generó conflictos
y enfrentamientos. Por eso llama la atención que el Apra ahora
cuestione este problema.
Tal es el caso de las universidades nacionales de Barranca y autónoma de Tayacaja "Daniel Hernández Morillo".
Tal es el caso de las universidades nacionales de Barranca y autónoma de Tayacaja "Daniel Hernández Morillo".
Y a pesar del desorden en la creación de universidades,
legisladores como Pedro Spadaro, Renán Espinoza, Yonhy Lescano, Ana Jara, José
Urquizo y Rubén Coa propusieron sus respectivos proyectos de ley para
crear otras instituciones más en sus regiones de origen.
Lucrativas
Pero además de todo ello, existen dos tipos de
universidades privadas: las que siguen al amparo de la Ley Universitaria
vigente (sin fines de lucro) y las que regula el Decreto Legislativo N° 882 (con
fines de lucro). Sin embargo, no hay gran diferencia en el cobro de pensiones
entre unas y otras.
El presidente de la Federación de Instituciones Privadas
de Educación Superior (FIPES), José Dextre Chacón, señaló en una columna a
mediados de año, que "la PUCP, la de Lima, Cayetano Heredia o
Pacífico, poseen
pensiones iguales o mayores a las universidades con fines
de lucro, o mejor llamadas Societarias por ser su persona jurídica una Sociedad
Anónima".
Es decir, señala Dextre, que el lucro o no lucro no garantiza la gratuidad ni
que haya pensiones más bajas.
¿Cuál es la diferencia? Dextre indica que
"simplemente el destino del saldo (utilidad o excedente) que surge al
restar los egresos de los ingresos".
Problemas y desorden
El investigador en temas de educación del Instituto de
Estudios Peruanos (IEP), Ricardo Cuenca, refiere que este escenario indica que
hay un problema con los mecanismos de lacalidad
educativa que tiene el país, ya que los organismos que
deberían velar por ese "aseguramiento de calidad" están trabajando de
manera aislada al momento de brindar las autorizaciones y acreditaciones a las
universidades.
"La autorización, que se conoce como el licenciamiento,
es decir, el control
de calidadque el Estado otorga a las universidades para que
estas funcionen, está en manos del Conafu y no está funcionando del todo
bien", remarca, y lamenta que egresen estudiantes que no han sido bien
preparados.
Agrega que más allá de la legalidad de los títulos que
entreguen las universidades no institucionalizadas, estos tienen poco valor
comercial, por lo cual las posibilidades de los jóvenes egresados para
conseguir empleo serán casi nulas.
De hecho, según el informe de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), Perú se encuentra como el segundo país con mayor subempleo en América
Latina.
Cuenca añade que el Conafu no debería tardar 10 años para
otorgar una licencia
definitiva, pero existe un vacío legal en el que trabajan;
similar al que tiene la ANR, que recibe fondos del pliego del Ministerio de
Educación sin llegar a ser un Organismo Público Descentralizado (OPD) de esa
cartera.
Pero además, dice, sería ideal saber bajo qué
criterio se
otorgan los permisos, pues parecen ser más que elementales.
Asimismo, recomendó que además de un organismo del Estado
que vele por el adecuado otorgamiento de las licencias de funcionamiento y la
acreditación, se necesitan auditorías
académicas que evalúen periódicamente el funcionamiento de
las universidades.
"Este sistema de auditoría no existe y por eso
tenemos una situación
caótica, no solo en el Perú sino en América Latina",
sostuvo.
Aunque remarcó que la calidad debería garantizarse desde
un inicio, es decir, al momento de entregar la licencia de funcionamiento,
porque si no los estudiantes y sus padres tendrían que esperar cuatro o cinco años para la
acreditación. En pocas palabras, estudian en un lugar sin
garantía.
Plazo
para licencia debe ser de 5 años
El vicepresidente de la ANR, Enrique
Bedoya, explicó que las universidades institucionalizadas responden a esta
entidad y tienen plena autonomía, mientras que las no institucionalizadas se
encuentran en el ámbito del Conafu, que es el encargado de evaluarlas.
Señala que lo ideal es que máximo en cinco años las
universidades logren su licencia
de funcionamiento definitiva.
La ANR advierte que la entidad que
usa las denominaciones "Universidad Privada Los Ángeles",
"empresa universidad Los Ángeles SA" o "empresa universidad Los
Ángeles SRL", carece de valor
legal, por lo que sus títulos no tiene validez.
Precisaron que la sede que sí tiene
validez es la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote.
En cifras
76 universidades tienen la condición
de institucionalizadas.
64 universidades funcionan con una licencia provisional.
16 casas de estudios superiores fueron creadas en el
gobierno anterior.
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