El
debate para aprobar una nueva ley universitaria, debe ser la oportunidad para
discutir y proponer que tipo de universidad necesitamos para que nuestro país
alcance su modernidad y competitividad, donde la educación resulta fundamental
para lograr este objetivo. Siendo necesario, que la universidad en sus misiones
tradicionales como son la generación de ciencia y tecnología y de formación profesional,
desarrolle su tercera misión como es la transferencia de conocimientos a la
sociedad, para ser agente activo del cambio y contribuir al desarrollo del
país.
En
circunstancias de una profunda crisis moral y ética, que corroe los cimientos
de nuestra sociedad como consecuencia de la corrupción generalizada, es
necesario que la universidad sea el faro que alumbre la ceguera social agravada
con la perdida de confianza y credibilidad que puede conducirnos a ser una
sociedad inviable; por lo que, la nueva ley universitaria no solo debe ser la respuesta
a mejorar la educación superior tan venida a menos, con la exigencia de la
acreditación académica de la universidad a los estándares internacionales, sino
que también la universidad debe estar a altura de las exigencias actuales para
alcanzar el ansiado desarrollo económico y social, que cancele progresivamente
la pobreza y dependencia estructural en nuestro país.
Resulta
fundamental que el nuevo texto legislativo sobre la universidad, recoja e
interprete la voluntad de los miembros de la comunidad universitaria como son
los docentes y estudiantes, sino que también deber ser tomada en cuenta la
opinión nacional que demanda y exige instituciones educativas de calidad y competitivas.
Los países que hoy muestran niveles de desarrollo que se reflejan en mejores
estándares de vida para su población, son el resultado de políticas de Estado
estables y permanentes en materia de educación a todo nivel, donde le educación
superior es el soporte de un plan de desarrollo nacional, que lamentablemente
en nuestra país gobierno tras gobierno no establecen un compromiso serio e institucional con la
educación.
Los
legisladores deben entender que la universidad, no solo requiere una nueva ley
para ejercer control acerca del rumbo de la educación superior, en el ámbito
académico como parte del sistema educativo del país; sin embargo, este
propósito no debe colisionar o afectar su genuina autonomía, que significa su
total independencia frente al poder de turno y con plena libertad para crear y generar
ciencia y tecnología y el desarrollo de
sus ideas y pensamiento crítico, alejado del temor de su sometimiento por la
fuerza de la ley o el imperio de la fuerza política del gobierno de turno.
La
nueva ley universitaria que espera la comunidad universitaria y el país, debe
responder a la exigencia de adecuar la educación superior a los retos y
desafíos que nos plantea la sociedad del conocimiento, donde los países
alcanzan su desarrollo no por la riqueza de recursos naturales en su territorio; sino, como consecuencia de la
investigación y desarrollo con innovación. El conocimiento nos permitirá tener
la capacidad de dar respuesta a los desafíos de los nuevos tiempos. La economía
mundial registra altos estándares de bienestar humano, en países que han
privilegiado la inversión y recursos en
educación.
Después
de tres décadas de vigencia de la actual ley universitaria, resulta imperioso
que se reforme la legislación universitaria no para satisfacer caprichos de los
que creen que pueden controlar la
libertad del pensamiento, como tampoco
de los que ven a la universidad como un medio para medrar de sus recursos y
perpetuarse en el cargo sin aportar nada nuevo a su renovación y cambio.
Lima,
Noviembre 06 de 2013
No hay comentarios:
Publicar un comentario