Caso Odebrecht: Acuerdo bajo la mesa con Barata

Jorge Barata, convertido en el Canario de Bahía. Aproximaciones con Fiscalía se iniciaron hace cuatro meses.

Exdirectivo de Odebrecht espera en febrero sentencia condicional como delator en Brasil para venir a cantar al Perú. Un terremoto.

Escribe: Enrique Chávez

El último 8 de diciembre, Jorge Henrique Simoes Barata, hasta entonces presidente de Odebrecht Latinvest, salió de Lima rumbo a Brasil.

Dos semanas después, el 21, detonó la bomba del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que daba cuenta del histórico acuerdo de colaboración firmado con Odebrecht (CARETAS 2469) y por el que se reveló que la constructora reconoció haber pagado, entre los años 2005 y 2014, US$ 29 millones en coimas en el Perú.

El 23 de diciembre se presentó en Lima el relevo de Barata, Mauricio Crus López. Apenas dos meses antes, el ingeniero civil de 37 años había sido destacado al frente de Odebrecht en Angola. El precipitado curso de los acontecimientos demandó reacciones rápidas.

El anuncio del Departamento de Justicia cayó de sorpresa en las oficinas de la constructora en Lima. Pero tras bastidores se movía el engranaje del Ministerio Público. El jueves 5 de enero se produjo el anuncio de su propio “convenio preliminar” con Odebrecht, el primero tras los celebrados con Brasil, Estados Unidos y Suiza. En su calidad de persona jurídica, la empresa se comprometió a entregar “información y/o documentación relevante que le sea requerida, aunque se encuentre en un país diferente al Perú” y pagar “en los próximos días la suma de S/ 30 millones, como adelanto de la devolución de las ganancias ilícitas a determinarse dentro del proceso penal”.

Fiscal de la Nación Pablo Sánchez presentó acuerdo preliminar y viajó a Brasil.

Si bien el comunicado de la Fiscalía describió once horas de conversaciones previas a la firma del acuerdo, la historia viene de atrás. CARETAS accedió a los detalles de la trama. Barata ya no estaba en el Perú, pero es el actor principal. 

  
DETRÁS DE LA DELACIÓN

La onda expansiva del caso Lava Jato tuvo un día D con la condena a 19 años y cuatro meses de prisión por corrupción, lavado de dinero y asociación criminal que recibió Marcelo Odebrecht, CEO de la transnacional, en marzo del año pasado.

Recluido en Curitiba, Marcelo se resistió durante meses a sumarse a un proceso de delación. Su padre y predecesor, Emilio, fue madurando la idea y los ejecutivos de la empresa se dieron cita en Brasil durante el segundo semestre del 2016 para discutir la posibilidad. Les ofrecieron asistencia financiera y legal.

Fiscal Martín Salas investiga a PPK.

Hasta entonces, la línea oficial era la del negacionismo. Barata, según la información recabada en los predios de la empresa, no se inclinaba por ahí. Una fuente que estuvo cerca al proceso lo califica como muy inteligente y extremadamente racional, “una persona que comienza cada día con la idea de costo-beneficio”. Natural de Salvador, Bahía –la cuna de Odebrecht y lugar de origen de la mayoría de sus ejecutivos, su reemplazo Crus incluido–, Barata ya había asistido en febrero de ese año a la comisión que presidía el excongresista Juan Pari. Su informe en minoría, considerado una pieza importante del rompecabezas, llegó en julio a la Fiscalía. No tenía pruebas duras, pero sí información concreta.

Los contactos entre Barata y el Ministerio Público peruano, representado en el fiscal Hamilton Castro, se iniciaron en septiembre último. Los abogados que desarrollaron su estrategia central fueron Luis Bramont Arias Torres y Arsenio Oré Guardia.  Pero antes de oficializar la colaboración Barata debía aterrizar el proceso en Brasil.

En noviembre la prensa de ese país anunció que el ex CEO Marcelo Odebrecht saldría de la cárcel en diciembre de 2017 en virtud del acuerdo de delación premiada alcanzado. Al comenzar diciembre, una semana antes de que Barata dejará el Perú, siguió la avalancha. Su nombre fue incluido en el gigantesco acuerdo de delación firmado por 77 ejecutivos de la empresa con el Ministerio Público de Brasil.

Mauricio Crus, relevo de Barata, había sido destacado a Angola en octubre.

Aunque no podrán volver a trabajar en la empresa, se acordó que las penas para los delatores como Barata fueran condicionales y no penales. A cambio, ellos deben sustentar documentalmente toda la información que brinden.

Ahí está la clave.

El 19 de diciembre, el procurador general de Brasil, Rodrigo Janot, envió al Tribunal Supremo Federal los acuerdos de delación premiada. El magistrado supremo, Teori Zavascki, es el encargado de validar jurídicamente el material –comprobar la coherencia entre lo declarado y lo documentado– para luego proceder a sentenciar a los delatores.

Magistrado supremo Teori Zavascki es el encargado de validar la delación.

Se espera que esto ocurra en febrero. La sentencia de Barata en Brasil tendrá el efecto de un maremoto en el Perú. A partir de ese momento, él podrá volver al país y presentarse en calidad de testigo, pues ya no correría el riesgo de ser procesado en el Perú por una cosa juzgada en Brasil

Eso explica por qué el  lunes 9, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, anunció que al día siguiente viajaba a Brasil para “sellar un mecanismo de colaboración” que permita pisar el acelerador en las investigaciones. Tenía pactados encuentros con el ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, el mencionado procurador general Janot y el secretario de Cooperación Internacional, Vladimir Aras.

Sánchez insistió con que “no tengo los nombres (de los involucrados en las coimas). No miento, digo la verdad”. Y, a juzgar por la información recabada, eso es efectivamente cierto.

Arsenio Oré Guardia, clave en el acuerdo.

Según las fuentes consultadas, el bahiano Barata se encuentra resuelto a volver al país y cantar como un canario. A Odebrecht llegó en 1984, pero ha vivido en el Perú durante más de 20 años. Si bien su esposa es brasileña, su familia tiene una vida hecha aquí.  

ESTRUCTURA INCIPIENTE

Como la misma Fiscalía lo reconoció, el acuerdo es preliminar. El martes 10, la presidenta del Consejo Jurídico de Defensa del Estado, Julia Príncipe, y el nuevo procurador anticorrupción, Amado Enco, declararon a la prensa haber solicitado formalmente al Ministerio Público acceder al documento.

“No se nos ha dado detalles, no se nos está brindando información”, criticó Príncipe.

Luis Bramont Arias Torres, también.

Enco añadió que debían corroborar que no se limite el derecho del Estado para fijar los términos de la reparación civil. “Es una atribución exclusiva y excluyente de la Procuraduría Anticorrupción”, advirtió.

Lo cierto es que la estructura legal del acuerdo es todavía incipiente. El premier Fernando Zavala y la titular de Justicia, Marisol Pérez Tello, han declarado en el sentido de prohibir la participación futura de Odebrecht en licitaciones. La ministra dijo que la posición del Ejecutivo es “no permitir nuevos contratos”.

Sin embargo, los acuerdos alcanzados con Brasil y Estados Unidos han sido calificados como los más grandes de la historia en materia de lenidad. Las penalidades suman más de US$ 3.5 billones.

Crus López, el reemplazo de Barata, confirmó al diario La República que “nuestra lucha es por existir y pagar reparaciones”.

Fiscal Hamilton Castro. Contactos con Barata desde hace cuatro meses.

Si el acuerdo llega a cristalizarse, las consecuencias pueden ser imprevisibles en el terreno político y empresarial. En Brasil y Estados Unidos ya se entregó completa información referida al Departamento de Operaciones Estructuradas –el de las coimas– que funcionó entre 2006 y 2015. Una excepción notable es el caso de la Interoceánica durante el gobierno de Alejandro Toledo. Entonces, en 2005, el referido departamento no operaba y lo que describe el documento del Departamento de Justicia es en realidad un episodio de extorsión, donde “el intermediario del alto funcionario” de gobierno exige la coima de US$20 millones.

Al respecto, la semana pasada la Fiscalía confirmó que una cuenta de Yosef Maiman recibió dinero de Camargo Correa, la otra constructora brasileña que ejecutó la carretera (CARETAS 2469). Adicionalmente, el congresista Juan Pari confirmó a CARETAS que los US$ 24 millones en coimas detectados en su informe “es un tema totalmente diferente al de los US$ 29 millones identificados por el Departamento de Justicia”. El mismo informe que señala que Odebrecht pagó las coimas con sus “co-conspiradores”. La situación de los socios peruanos es un capítulo que recién se abre (ver recuadro de Graña y Montero).

Si a ello se añade el tira y afloje de la comisión reinstalada en el Congreso y la decisión pendiente de ir más atrás en la investigación –como lo reclamó Julia Príncipe, que propone 2001 como punto de partida–, el caso recién empieza. Las responsabilidades de las gestiones de Ollanta Humala y Alan García, además de las regionales, siguen por determinarse. Por el bien de la institucionalidad, lo responsable será imitar al juez brasileño Zavascki. Revisar caso por caso, cotejar prueba por prueba.
¿Cómo afectará al actual gobierno? En diciembre, el fiscal anticorrupción, Martín Salas, incluyó al presidente Pedro Pablo Kuczynski en la investigación reabierta sobre la Interoceánica. Busca determinar si favoreció a las empresas brasileñas cuando fue titular del MEF durante el quinquenio toledista. PPK ya debería tener una estrategia política en marcha. Y respuestas detalladas.