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| Metro de Lima |
Unidad de
Investigación
Escriben: Martín Calderón y Melissa Goytizolo. Diario La República
La Contraloría
General de la República detectó presuntas irregularidades en tres
obras públicas en las que la compañía brasileña Odebrecht ganó las licitaciones en consorcio con otras
empresas.
De comprobarse que se cometieron ilícitos con la finalidad de obtener
los contratos con el Estado, o durante la ejecución de las
edificaciones, todos los componentes del consorcio serían los responsables y
pagarían solidariamente las eventuales reparaciones económicas que fijen las
autoridades judiciales, dijeron las fuentes del ente fiscalizador.
Las firmas peruanas que se consorciaron con Odebrecht son Grupo Graña y Montero, Compañía San Martín, y la de capitales españoles,
Enagás Perú. Estas empresas se encuentran involucradas en las auditorías
practicadas por la Contraloría, informaron las fuentes.
Odebrecht y sus asociados causaron un perjuicio económico en agravio del
Estado que supera los 250 millones 975 mil dólares, como resultado
de las irregularidades que se identificaron en las tres obras públicas en las que
intervinieron, precisaron las fuentes.
Las auditorías de la Contraloría se aplicaron antes de que los
directivos de la constructora Odebrecht aceptaran haber pagado
sobornos a funcionarios públicos para ganar contratos, y se sometieran a
acuerdos judiciales para entregar información.
En consecuencia, la Contraloría ha iniciado una nueva investigación en
otros 6 proyectos en los que Odebrecht participó en consorcio con otras firmas (ver
infografía).
Al difundirse que Odebrecht reconoció el pago de
coimas, su socia Graña y Montero en
comunicado público afirmó que no conocía de dichos pagos.
Aospechosos comunes
El Grupo
Graña y Montero, Compañía San Martín y Enagás estuvieron consorciadas con
Odebrecht en los proyectos Gasoducto Sur Peruano, Tramo 1 del Metro de Lima e Interceptor Norte.
La Contraloría detectó deficiencias en dichas obras y elaboró informes
incriminatorios que fueron enviados al Ministerio Público y al
Poder Judicial.
Con Grupo Graña y Montero, Odebrecht formó el consorcio Tren
Eléctrico Lima, y obtuvo la buena pro del proyecto Metro de Lima, Tramo 1,
Línea 1, 2009, durante el segundo gobierno de Alan García.
Esta obra requirió una inversión de 410 millones de dólares, y el
presunto perjuicio económico detectado fue de 111 millones 296 mil
dólares (ver infografía), según los auditores de la Contraloría.
El órgano de control público enumeró seis irregularidades en la obra que
ejecutaron en consorcio Odebrecht y Grupo Graña y Montero. Alertó
que el Estado les reconoció sin sustento técnico mayores costos en el techado
de andenes, el cambio de luminarias y el reemplazo de cerco perimétrico por un
monto que bordea los 6 millones de dólares, y mayores costos en la construcción
de un viaducto por 47 millones de dólares.
Además, el Estado favoreció a Odebrecht y Grupo Graña y Montero con la exoneración indebida
del pago de penalidades por incumplir acuerdos en dos ocasiones, la primera por 915,325
dólares y la segunda por 50 millones 921 mil dólares, según reportes de la
Contraloría a los que tuvo acceso La República.
El órgano de control elaboró siete informes sobre las anomalías
detectadas en ese proyecto. Los documentos se encuentran en el 10°, 29°, 31°,
34° y 36° Juzgados Civiles de Lima.
Daños y perjuicios
Por su parte, Compañía San Martín obtuvo junto a Odebrecht la
buena pro del proyecto Interceptor Norte en el 2004, mediante el consorcio
Colectores del Callao.
La obra demandó una inversión de 160 millones 256 mil soles.
La Contraloría determinó que el consorcio Colectores del
Callao generó un presunto perjuicio económico al Estado de 3 millones
678 mil dólares.
En la auditoría, la Contraloría encontró al menos cuatro
deficiencias en la obra. La primera, originada por la postergación en la
suscripción del contrato, generó gastos adicionales por 6 millones 840 mil soles.
La auditoría también permitió detectar que el contrato entre Sedapal
y el consorcio Colectores del Callao se realizó sin contar con
autorización sanitaria de vertimientos de aguas residuales, lo que provocó el
pago de mayores gastos por 1 millón 785 mil soles.
Además, en las bases del concurso se modificó sin sustento el inicio del
plazo de ejecución de obras en perjuicio del Estado por 630,294 soles.
Y, por último, otra irregularidad se identificó en la construcción de un
sistema de tratamiento de aguas residuales, lo que ocasionó un gasto
innecesario al Estado de más de tres millones de soles.
Los cuatro informes sobre las irregularidades detectadas en este caso
fueron enviados al 2° Juzgado Civil de Lima, la Sexta Sala Civil de
Lima y la Sala Civil de la Corte Suprema.
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| Gasoducto del Sur |
Inversión mayor
El Gasoducto Sur Peruano generó el perjuicio más grande
detectado hasta hoy por la Contraloría en proyectos vinculados con Odebrecht.
El monto involucrado en la obra es de 7 mil 328 millones de dólares, y
el presunto perjuicio económico asciende a 136 millones de dólares, revelaron
en este caso fuentes del Ministerio Público.
Odebrecht Latinvest obtuvo la buena pro del Gasoducto Sur Peruano en
consorcio con Enagás en el 2014. Un año después, Grupo Graña y Montero tomó una participación del 20% en el capital social
del consorcio, con una inversión aproximada de 215 millones de dólares.
El consorcio tiene bajo su responsabilidad el diseño, la construcción y
la operación del sistema de ductos para el transporte de gas natural a la
región sur del país, y se encuentra en etapa de pre operación.
La Contraloría señaló que la Agencia de Promoción de la
Inversión Privada (Proinversión) cometió irregularidades en el proceso
de promoción del gasoducto.
La primera de estas fue la descalificación en la licitación del
Consorcio Gasoducto Peruano del Sur, integrado por las empresas GDF
Suez, Sempra, Techint y TGI, así como la aprobación de bases que no permitieron
determinar propuestas técnicas superiores.
Además, detectó que una modificación de cláusulas del contrato permite
el cambio de operador calificado en beneficio del consorcio que formaron
inicialmente Odebrecht y Enagás, al que luego se sumó Grupo Graña y Montero.
El informe de la Contraloría sobre este caso fue remitido a la Segunda
Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de
Funcionarios de Lima.
Al respecto, el contralor de la República, Édgar Alarcón Tejada,
presentará y sustentará el informe ante la comisión Lava Jato del
Congreso, presidida por el legislador fujimorista Víctor Albrecht
Rodríguez.
La Contraloría estará atenta a las delaciones de los directivos de las
constructoras brasileñas, porque pueden gatillar nuevas investigaciones.
Contralor irá a Comisión Lava Jato para sustentar
auditorías
El vicepresidente de la comisión Lava Jato del Congreso, el
legislador Jorge Castro Bravo (Frente Amplio), informó que el contralor de la
República, Edgar Alarcón Tejada, sería citado al Parlamento el jueves de la
próxima semana.
“El miércoles debe presentarse el fiscal de la Nación, Pablo
Sánchez, que viene de un viaje a Brasil. Estimo que la reunión con él será
bastante larga, así que la cita con el contralor Alarcón sería para el jueves.
Esperamos mucha información de ambos lados, para delinear tendencias y darnos
cuenta del modus operandi de las empresas brasileñas involucradas en el caso Lava
Jato”, explicó a La República.
El legislador Castro aseguró que todo apunta a que en el Perú se creó un
andamiaje jurídico para favorecer a Odebrecht y otras empresas
vinculadas al caso Lava Jato para protegerlas de la acción de la justicia.
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