Alan García: #FactorNarco

Escribe: Claudia Cisneros

El Derecho es un invento del hombre para asegurar la justicia y la convivencia social. Pero también lo usan los corruptos para delinquir. Bastan dinero, desvergüenza e influencia suficiente para asegurarse impunidad. Y esto es lo que acaba de pasar con el caso Narcoindultos y su protagonista confeso, Alan García. Es un escándalo. Es inconstitucional, ilegal e inmoral: un juez con probados vínculos apristas pretende salvarle el pellejo al paladín de la antipolítica (http://goo.gl/UNdjrI). Un juez cuyos probados nexos apristas lo obligaban por ley a abstenerse de participar en este caso. Un juez que no merece ese título por la desfachatez, el favoritismo desvergonzado y el desprecio a la justicia que ha mostrado votando para que se anulen todos los informes de la Megacomisión del Congreso que investigó a García. Entre ellos, el dictamen del proceso constitucional aprobado por el Congreso del caso Narcoindultos.

El voto del juez Jesús Manuel Soller Rodríguez es de tal descaro aprista, que jamás podrá considerarse resolución definitiva. Es ilegal e inconstitucional, en forma y fondo, y lejos de ayudar a García, debería terminar por ponerlo en su lugar.

Estos son los *vínculos apristas de Soller que lo descalifican: fue nombrado juez por el propio Alan García cuando los nombramientos eran políticos. Alan García fue su padrino de doctorado en la U. San Martín de Porres. La esposa de Soller y sus 3 hermanos son militantes apristas. Su hermano Luis Felipe Soller es incluso dirigente. Pero hay más. Según ley, un juez con parientes hasta el 4to grado de consanguinidad que estén relacionados a una de las partes del proceso, está prohibido de intervenir en él. Igual si sus parientes hasta el 4to grado tienen o han tenido algún interés o vínculo con una de las partes del proceso *(Art. 40, inciso 11, Ley de la Carrera Judicial). De hecho, es precisamente por zurrarse en esa ley que la OCMA le *abrió un proceso disciplinario el 8 de setiembre de este año, luego de la queja presentada por el IDL.

Han tenido también el desparpajo de zurrarse en el Tribunal Constitucional, cuyos fallos son precedentes que todo juez debe aplicar de manera obligatoria. Y el TC ya había fallado sobre las funciones y alcances de las comisiones investigadoras del Congreso, en el caso Alejandro Toledo (que también buscaba librarse de la investigación). Pero pese a que el fallo del TC se aplica incluso a procesos en trámite como el de García, esto ha sido olímpicamente ignorado.

¿Pero por qué Alan García se ha atrevido a tanto esta vez para desaparecer los hallazgos de la Megacomisión? Es el #FactorNarco, su Waterloo. Recordemos que en una sesión reservada de la Megacomisión, Alan García dijo que pondría las manos al fuego por Miguel Facundo Chinguel, ex presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales y aprista amigo suyo más de 30 años (http://goo.gl/SWrr3n).

Acusado de ser coautor de una red de indultos a narcotraficantes a cambio de dinero, Chinguel entró a prisión en junio del 2013 por los delitos de cohecho pasivo propio y asociación ilícita. Mientras que quien firmó cada uno de esos indultos, Alan García, sigue impune. García dijo en apremiada conferencia de prensa al reventar el escándalo: “He trabajado miles de horas durante cientos de noches solamente con el secretario del consejo de ministros que me alcanzaba los expedientes porque esto es responsabilidad del presidente…”(https://goo.gl/btVlMZ).

Y ahora un juez de probados nexos apristas lo ayuda a hacer lo de siempre: que la justicia no sirva para hacer justicia, sino para salvarlo.

García interpuso un amparo aduciendo que la Megacomisión no le detalló los tipos penales que se le imputaban y que esos eran “requisitos mínimos”. Pero el TC *(Exp. N° 04968-2014-PHC/TC) ya ha fijado posición respecto de la naturaleza procesal de los mecanismos de control político: “no se puede exigir a una comisión investigadora que emita una notificación tipificando delitos” por ser “una entidad de indagación inicial” *(F.J. 55).

Por todo esto el voto del juez Soller que salva a García es una afrenta a la justicia, a la Constitución y a la democracia que no se debe conceder. El Congreso debe interponer un proceso de amparo por la violación a la imparcialidad e independencia de este proceso. El TC debe hacer valer su fallo vinculante y los políticos que dicen estar en contra de la corrupción deben expresar públicamente su más alta condena a esta afrenta contra los peruanos, la justicia y la calidad de nuestra democracia.

(*) Con información legal del IDL.