Si alguien
esperaba encontrar en el plan de PPK el recetario acabado de la ‘derecha
peruana’, mejor busque en otro lado.
Empresario
Si alguien esperaba
encontrar en el plan de Peruanos por el Kambio (PPK) el recetario acabado de la
‘derecha peruana’, mejor busque en otro lado. Va a tener dificultad de
encontrar allí una defensa cerrada de la economía de mercado, la reducción del
Estado inoperante y el impulso del sector privado.
Una alerta temprana fue la
posición reciente de su fundador respecto del famoso SNIP. Hay que decirle
chau, declaró. Una mutación respecto de su pensamiento anterior, cuando
escribió, por ejemplo: “Para evitar estos despilfarros se creó el SNIP. Es absolutamente
esencial mantener este control previo [...] El SNIP, lo quieran o no los
políticos, es una parte esencial...” (“Perú por venir”, Aguilar, 2010).
Luego está el asunto de la
reforma laboral y la reducción de la informalidad. Sobre este tema, el candidato
de PPK se ha pronunciado hace años en contra de los costos laborales, como las
altas indemnizaciones por despido y el exceso de regulación. Pero el plan de
gobierno es sumamente tímido y solo propone cambiar la CTS por un seguro de
desempleo y establecer incentivos tributarios. Nada más.
Pero lo que más sorprende
del plan es la profusión de nuevas entidades y programas públicos. Una
colección de propuestas para agrandar el Estado, crear más burocracia y enredar
aun más la telaraña institucional.
Ojalá solo fueran las
recientes ideas sobre los ministerios de juventud y turismo. En la página 141
se habla también de un ministerio de infraestructura (que luego no se vuelve a
mencionar), además del polémico ministerio de apoyo a las regiones que seguramente
será un enredo cuando se enfrente a las direcciones regionales de los 19
ministerios que ya tenemos.
Luego hay nuevos entes para
todo. Un observatorio judicial, muy similar al Consejo Nacional de la
Magistratura, y una procuraduría general de la República. Una oficina encargada
del cumplimiento del análisis del impacto regulatorio; un centro de gobierno,
adscrito a la presidencia; y una autoridad nacional para la transparencia y
acceso a la información.
Faltan más, como el banco
de fomento minero, la comisión nacional de cultura, la entidad autónoma de
planeamiento urbano y gestión de suelos de Lima Metropolitana, el sistema
nacional de prevención y solución pacífica de conflictos sociales, el organismo
nacional de gestión de riesgos de desastres, una cosa que se llamará Serviagro
(para impulsar la “revolución de la productividad” agraria) y otros varios
entes que se sumarían a la constelación de 150 entidades públicas que hoy
componen el organigrama estatal.
Y luego los programas con
los que se transmite esa misma vocación para poner el énfasis de las
iniciativas de desarrollo en manos estatales. Por ejemplo, De Vuelta a la
Cancha, para la reinserción laboral de la gente mayor; Perú Ponte a Leer, para
fomentar la lectura; Oro Limpio, para apoyar a la pequeña minería; Perú Produce
Limpio, para apoyar la producción con parámetros de responsabilidad ambiental y
social; y el programa Sierra Azul, para hacer represas y microrreservorios.
Es decir, un bufet
completísimo de nueva burocracia, gasto y regulación. Muy difícilmente lo que
propondría un defensor del mercado y la libertad. Tal vez el candidato se
ablandó con los años o ha preferido descafeinar sus ideas para ganar la
elección. Ojalá le funcione. Si se trata de relajar el control del gasto público,
mantener invariable el mercado laboral y agrandar el Estado, su plan trae
munición suficiente para derrotar a todos los demás
Diario El Comercio
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