ESCRIBE:
Jorge Manco Zaconetti (Investigador UNMSM)
“Se debe
ir a su casa, no se puede aceptar que un señor que ha sido un lobista sea
ministro” Congresista García Belaunde, Gestión 22/04/14
El lunes
28 de abril del presente el ministro de energía y minas, Ing. Eleodoro Mayorga
asistirá en carácter de invitado a la Comisión de Energía y Minas del Congreso
de la República para exponer a sus miembros las razones por las cuales se ha
firmado un nuevo contrato con una vigencia de doce meses a la empresa noruega
Interoil que opera indebidamente los lotes III y IV ubicados en la región
norteña de Talara/Piura.
Asimismo,
deberá absorber las diversas interrogantes y preocupaciones de los señores
congresistas de las diversas bancadas sobre lo que constituye un escándalo que
supera la ficción y demuestra una vez más la falta de política energética, la
debilidad institucional en las más altas decisiones de gobierno, y la fortaleza
de los intereses privados en detrimento del interés público en el gobierno del
presidente Ollanta Humala.
El
ministro deberá responder sobre lo que constituye un evidente conflicto de
intereses, obviando el principio ético que debiera regir la política donde “la
mujer del César no solo debe ser honesta sino también parecerlo”
Hasta el
24 de febrero el consultor y accionista del estudio Laub & Quijandría
visitaba con frecuencia las oficinas de PeruPetro, PetroPerú y del propio
Ministerio de Energía y Minas para abogar por las tantas empresas que dicho
estudio asesoraba. Hasta aquí no habría ningún problema ético pues como
profesional del sector tiene el derecho de ejercer en el mercado de trabajo.
Formalmente
el ministro una vez invitado a formar parte del gabinete renuncia como
accionista en uno de los estudios más exitosos, y se da comienzo a una serie de
declaraciones públicas para resolver los problemas de las empresas del sector,
con decretos supremos incluidos que apuestan a la reprivatización de los
activos, yacimientos, terminales que alguna vez pertenecieron a la petrolera
estatal PetroPerú.
La lista
es larga y van desde como exonerar a las empresas petroleras de las exigencias
de los estudios de impacto ambiental en la etapa exploratoria, a reglamentar la
privatización del 49 por ciento del capital social de PetroPerú, a la indebida
extensión por diez años a la empresa Maple Gas Corporation en la explotación de
los lotes de Maquía y Aguas Calientes (Aguaytía), a la interesada prórroga por
diez años de los lotes del noroeste II (Petrolera Monterrico), VI/VII (Sapet),
como a la firma de un nuevo contrato a la empresa Interoil que demandó al
estado peruano ante la Corte Internacional de Arbitraje de París etc.
Así, ante
una pregunta del diario en referencia en la larga entrevista sobre la materia:
“¿En qué aspectos asesoraba Laub & Quijandría a Interoil? Todo el
proceso de la medida cautelar y el arbitraje lo llevan adelante los
representantes legales de Interoil. Nosotros les asistíamos con el
asesoramiento técnico, económico, financiero”(Subrayado nuestro)
Es decir,
el actual ministro reconoce los servicios prestados a una empresa petrolera que
asumió los contratos firmados con Perúpetro en el 1993 y que legalmente
vencían en marzo del 2013; es más desde el 2011 ésta buscaba una prórroga
contractual por diez años como había sido el caso de Graña y Montero por el
lote I, graciosamente extendido en su plazo contractual durante el
segundo gobierno del presidente García Pérez, cuya vigencia debía vencer el
2011 y se le extendió hasta el 2021, con mínimos compromisos de inversión.
En el
caso de Interoil se debe reconocer que se trata de una decisión interesada, de
parte a favor de una empresa noruega que demandó y amenazó al estado peruano
con una paralización de las operaciones a las 24 horas si el fallo les era
adverso y en su defecto exigía una fuerte indemnización en el caso de resultar
favorecido por el laudo arbitral, cifra que superaba los US$ 70 millones de
dólares.
Así, ante
la inopia de Perúpetro, la incapacidad de sus funcionarios y la falta de voluntad
política del presente gobierno, el organismo público bajo cuestionables
argumentos ha firmado un nuevo contrato con un período de vigencia de doce
meses (abril 2014 hasta abril 2015), pasado el cual se convocará a una
licitación internacional, cuando de acuerdo a derecho y por respeto al interés
público, dichos lotes debieran ser adjudicados directamente a PetroPerú en el
marco de la ley de fortalecimiento y la integración vertical.
A pesar
de resultar ganador el estado peruano en el litigio ante la Corte Internacional
de Arbitraje de París, generosamente se firma un nuevo contrato por un período
adicional de doce meses bajo el argumento que no se puede paralizar la
producción y afectar a la región con el canon y sobrecanon petrolero.
Es más,
en el colmo de la arbitrariedad y del abuso transnacional la referida empresa a
pesar de haber perdido en el laudo arbitral no reconoce ninguna reparación
económica al estado por el uso, posesión y usufructo indebido de la riqueza
extraída de los lotes III y IV desde marzo del 2013 a marzo del 2014, que
representaría más de 20 millones de dólares.
¿QUÉ
SIGNIFICA INTEROIL?
Si bien
el promedio de la producción de las operaciones de Talara bordean los 38 mil
barriles diarios, en su mejor momento la producción de los lotes III y IV
representaban el 8 por ciento de la producción local, de allí su importancia
productiva, con una infraestructura “ad hoc” para abastecer a la refinería de
Talara.
Con la
información correspondiente para el 2012 Interoil opera en los lotes III y IV
extrayendo crudo ligero que abastece a la refinería de Talara, explotando 423
pozos productores a través de empresas subcontratistas, y las reservas probadas
y probables superan los 33 millones de barriles que con los precios del crudo
vigentes al 2013 equivalentes a los 105 dólares el barril determinan un
potencial de riqueza que supera los 3,400 millones de dólares a los cuales
habría que deducir las regalías, impuestos y los costos de producción.
Si se
considera la producción de crudo en los lotes III y IV desde el 2000 al 2013 se
puede observar un ciclo productivo que empieza en los 717 barriles diarios en
el lote III y de 554 barriles en el lote IV, para alcanzar un pico entre los
años 2008 y 2009 cuando la producción fiscalizada en el lote III arribó a la
cifra de 4,002 barriles diarios en el (2009) y de 1,637 barriles en el IV
(2008).
Así, a
partir del 2011 es evidente la tendencia decreciente de la producción de crudo
en ambos lotes por la falta de inversiones necesarias para re trabajos,
mantenimiento de la producción, perforaciones, un número mayor de pozos de
desarrollo, por la simple razón que la economía de los proyectos a pesar de los
altos precios del crudo no aseguraba una mayor rentabilidad privada.
Por ello,
ante la cercanía de los términos contractuales en marzo del 2013, simplemente
se dejó de invertir, y la producción conjunta de ambos lotes pasó de 4,143
barriles diarios en el 2011, a 3,012 barriles en el 2012 para disminuir a los
2,654 barriles diarios en promedio en el 2013.
La lógica
era simple, había que presionar a Perúpetro y aprovechar las debilidades de un
organismo débil, errático y entregista que había acordado en octubre del 2013
prorrogar por diez años los contratos que caducaban en las operaciones del noroeste,
salvo los operados por Interoil por haber interpuesto un recurso de amparo en
el 2012 para seguir operando después de marzo del 2013, y demandado
internacionalmente al estado.
Es decir,
Perúpetro estaba al tanto de la política de la empresa en relación a sus
inversiones y las múltiples presiones para obtener una prórroga contractual por
10 años adicionales, así obtuvo un recurso de amparo en el 2012 para operar por
dos años adicionales (2013/2014) y demandó al estado peruano ante la Corte
Internacional de Arbitraje de París por una supuesta afectación de sus
operaciones durante los Fenómenos del Niño, cuestión que no hicieron otras
empresas que pretendían similares beneficios.
REGALÍAS
PAGADAS
Si bien
las tasas de regalías en ambos lotes bordea el 49.20 por ciento, lo cual le
permite al estado participar en la renta petrolera, se debe reconocer que tales
tasas se fijaron en razón que la empresa titular de los contratos de los lotes
III y IV no pagó por las reservas probadas y probables que transfirió PetroPerú
en el proceso de privatización llevado a cabo a inicios de los noventa del
siglo pasado.
Por ello
las regalías que captó el estado desde el 2000 representaron valores de 7.3
millones de dólares para sumar los 21 millones de dólares en el 2006. Es
evidente que con el boom de los precios del crudo, se incrementaron los
ingresos y las utilidades de la empresa como las regalías obtenidas por el
fisco, que llegaron al pico de los 80.4 millones de dólares en el 2011 para
representar los 50.9 millones en el 2013.
Así, no
se entiende que el organismo estatal responsable de preservar el interés
público haya firmado un nuevo contrato con una empresa que ha demandado al
estado peruano, perdiendo ésta el laudo arbitral. Por ello, es legítima la
afirmación que el estado cuando gana pierde, gracias a las evidentes presiones
al más alto nivel, que apuntan hacia Palacio de Gobierno.
Se aduce que la extensión por doce meses se hizo para no
perjudicar a las regiones que perciben canon y sobrecanon, y que PetroPerú no
está en condiciones de asumir la responsabilidad productiva de las operaciones
de los lotes III y IV. Cuando resulta evidente la tendencia decreciente de la
producción desde el 2011 a la fecha por la falta de inversiones, lo cual
realmente afecta los intereses del canon y sobrecanon.
Ello demostraría una vez más la falta de vocación nacional de
desarrollo en una burocracia estatal que sirve a los intereses privados en
detrimento del interés público, cuando es de conocimiento que empresas como
Unipetro empresa de carácter público hubiese podido operar dichos lotes en una
alianza estratégica con PetroPerú. Por no mencionar a Graña y Montero y la
estatal china Sapet que tenían intereses en ambos lotes que tienen reservas
probadas para más de 22 años.
Igualmente es de conocimiento público que la mayoría de las
empresas operan a través de empresas subcontratistas que realizan las distintas
operaciones productivas cobrando tarifas de mercado. Ello lo hubiese realizado
PetroPerú en alianza con Unipetro en el marco del fortalecimiento de la
petrolera estatal.
LOS RESULTADOS DE INTEROIL
A pesar de la tendencia decreciente de la producción en los
lotes III y IV como se ha podido observar en el primer cuadro, resulta evidente
los mayores ingresos netos que obtiene la noruega Interoil sobre todo en el
período 2006 al 2012 cuando los mismos transitan de los 25 millones en el 2006
para pasar a los 86 millones de dólares en el 2011 y alcanzar casi los 63
millones en el 2012.
Se debe reconocer que tales ingresos corresponden a los
ingresos netos al margen de las regalías abonadas al estado. Así, para el 2011
los ingresos netos sumaron los 83.4 millones de dólares, con una utilidad bruta
de 33.4 millones y utilidad neta de 11.8 millones de dólares, abonando por
concepto de regalías que se deducen como gasto la suma de 80 millones de
dólares y pagando como impuesto a la renta aproximadamente 7.7 millones de
dólares.
Así, como ejemplo para el 2010 Interoil obtuvo ingresos netos
de 58 millones de dólares, abonó por concepto de regalías 53.8 millones y un
impuesto a la renta de 5.5 millones de dólares. Con un excedente positivo de 37
millones de dólares a pesar de las pérdidas netas de (7.7 millones)
En el 2013 según el cuadro en referencia “Resultados de
Interoil Perú S.A.” la empresa obtuvo ingresos del orden de 53.3 millones de
dólares, con utilidades operativas de 25.3 millones y netas de 15 millones de
dólares, con un abono de impuesto a la renta de 11 millones de dólares.
Sin embargo el mejor indicador de la rentabilidad de las
operaciones de Interoil está determinado por la generación interna de recursos
(GIR) que consiste en la suma de las utilidades operativas más las
partidas que se cargan al costo por concepto de depreciaciones y
amortizaciones, que representan recuperos de las inversiones efectuadas.
Utilizando la generación interna de recursos para el 2011 con
una utilidad operativa de 26.5 millones de dólares más las depreciaciones y
amortizaciones se arriba a los 60.3 millones de dólares de excedente que
reflejan en mejores términos su rentabilidad. En esa misma lógica el excedente
en el 2013 ha sido de 66 millones de dólares.
Es más, cuando la empresa declara haber obtenido pérdidas
netas como en los años de 2010 por valores equivalentes a los 7.7 millones de
dólares y resultados negativos de 28.3 millones de dólares en el 2012, la
generación interna de recursos (GIR) resulta altamente positiva con montos del
orden de 37.2 millones de dólares en el 2010 y de 36 millones en el 2012.
En verdad, con la interesada prórroga son estos montos los
que están en juego, pues la empresa desde el 2011 está en un acelerado proceso
de descapitalización a vista y paciencia de Perúpetro, pues sus activos después
de alcanzar los 124 millones de dólares en el 2009, disminuyen a 98 millones en
el 2011 para reducirse a los 11.7 millones en el 2012.
EPÍLOGO
El escándalo provocado por affaire Interoil supone del
Congreso de la República la más exigente investigación por la afectación de los
intereses nacionales para favorecer a una consultora privada y los privilegios
de una transnacional noruega que nos recuerda las malas artes de Petrotech Peruana,
y la debilidad institucional de Perúpetro para preservar el interés público
ante la voracidad de las empresas privadas.
Es
verdad, que el actual ministro como tal tuvo poco que ver con el nuevo contrato
con la noruega Interoil, salvo la firma del decreto supremo conjuntamente con
el ministro de economía y finanzas que sería el verdadero factótum de este
desaguisado. Como lo señala el mismo Eleodoro Mayorga en unas confusas
explicaciones, la negociación la ha llevado a cabo Perúpetro en el marco de sus
atribuciones, sin embargo, se reserva de decir, las veces que los consultores
de Laub & Quijandría, y él mismo han visitado las instalaciones de
PerúPetro, y el MEM realizando un efectivo lobby con presiones para la
promulgación de un decreto favorable a la empresa noruega.
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