Una queja de la
Procuraduría Anticorrupción muestra que el propio personal del Ministerio
Públicó notificó una cédula adulterada que se imprimió con el usuario de un
fiscal. A pesar de eso, la investigación de de la Fiscalía de Control Interno
de esta institución duerme “el sueño de los justos”
13 de Julio del 2016 -
09:28 » Textos: William
Adrianzén » Fotos: Correo
La
adulteración de documentos para simular el archivo de un caso de presunta
corrupción de funcionarios de la Caja Sullana,
pondría al descubierto que algunos fiscales que se supone deberían investigar
para que se sancione a los que delinquen, serían parte de estos actos
deshonestos.
En la última sesión de la Comisión
Regional Anticorrupción de este año, fue evidente que el presidente de la Junta
de Fiscales Superiores de Sullana, Javier Aguilar Cosme, quiso esquivar una
queja expuesta por el representante de la Procuraduría Pública Anticorrupción,
Víctor Zapata.
Lo serio de esta acusación llevó a que
nos preguntemos ¿qué podría ser tan grave para que una autoridad del Ministerio
Público quiera que se trate en otro momento?
LENTITUD. Correo decidió investigar
y descubrió que se trataba de un caso que lleva dos años y medio en la Fiscalía
Superior de Control Interno de Sullana, sin que se haya realizado una sola
diligencia al respecto.
Es así que tuvimos acceso a documentos
que muestran que el 4 de febrero de 2014, a la Procuraduría Pública
Anticorrupción de Sullana, llegó una notificación supuestamente emitida por el
entonces fiscal Waldo Benites, en la que se disponía el archivo del mencionado
caso, la cual se habría emitido el 19 de diciembre de 2013. Esto resultó
contradictorio para Zapata, quien tuvo acceso a la carpeta fiscal 648 - 2012,
pero no observó el documento que acaba de recibir; más aún cuando se supone que
al día siguiente iba a sostener una reunión con Benites, para conocer el estado
del caso.
FALSIFICACIÓN. Esta notificación no se
ajustaba a las que emite la Fiscalía. A simple vista se apreciaba que no tenía
código de barras ni se señala el personal que la emite. Solo se registraba la
supuesta firma del magistrado, pero el sello -que no era el original- solo se
colocó junto a la rúbrica en la última página y no en todas como solía hacerlo
Benites. Era una burda imitación.
Según la queja por inconducta
funcional contra la Primera Fiscalía Provincial Corporativa de Sullana, se
pidió que se investigue esta irregularidad. Zapata, extrañado por esta
notificación, decidió verificarla en el archivo de la carpeta fiscal del caso
en mención, lo cual no pudo ser posible, pues el personal de esta oficina le
dijo que el expediente estaba en la oficina Manuel Anicama, quien ahora estaba
a cargo de la investigación, pero no se encontraba en ese momento. Nadie sabía
qué pasó.
QUEJA. Anicama confirmó que no
conocía de dicha orden de archivo. Tres días después, la Procuraduría emitió la
queja 12- 2014 ante el Órgano de Control Interno de la Fiscalía de Sullana, no
solo contra el personal administrativo, sino también contra los fiscales.
Las primeras investigaciones
determinaron que la impresión de la notificación falsa fue realizada con el
usuario del magistrado, Edwin Ramos, adjunto del fiscal titular del caso de
corrupción contra funcionarios de la Caja Sullana, quien tenía acceso a dicho
expediente. Además, se concluyó que el personal administrativo no había
participado de esta falsificación.
Esta situación no hace más que
demostrar lo manifestado por el Aguilar Cosme en la asamblea de la Comisión
Regional Anticorrupción, donde admitió que habían problemas internos en la
institución que él dirige, pero no habían sido abordados de manera oportuna.
SIN
RESULTADOS.
Esta investigación sigue durmiendo el sueño el sueño de los justos, a pesar que
se comprobó que esta notificación fue enviada a todas las partes de este
proceso e incluida de manera irregular a la carpeta en mención, recién un mes
después de la supuesta fecha de emisión. Asimismo, para legitimar este acto
irregular, la disposición de archivo fue subida al sistema de casos penales de
la Fiscalía.
A pesar de estos indicios, Edwin Ramos
es ahora fiscal titular de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de
Casma.
En tanto, en la queja presentada por
la Procuraduría Anticorrupción se solicitan diversas pericias como un prueba
que determine la veracidad de la firma del fiscal Waldo Benites y se determine
qué personal fue el que realizó la notificación y quién la ordenó.
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